Euskal Herría: El informe sobre la tortura identifica 4.009 casos desde 1960

El informe sobre la incidencia de la tortura en Euskadi entre 1960 y 2013 elaborado por el Instituto Vasco de Criminología (IVC) ha identificado 4.009 personas que han sufrido estas prácticas, aunque calcula que el número puede ascender a 4.810 porque algunas de ellas han dado cuenta de más de un episodio.

La ‘Investigación de la Tortura en el País Vasco entre 1960-2013’, encargada por el Gobierno vasco en el marco de su Plan de Paz y Convivencia al Instituto Vasco de Criminología, estima que el número de casos de tortura en Euskadi puede ascender a 4.810 tras haber identificado ya 4.009 personas (17% mujeres y 83% hombres) que han denunciado haber sufrido torturas y haber estudiado “en profundidad” dos mil de esos casos. Según este estudio un 5% de casos analizados presenta secuelas psicológicas y recomienda “medidas asistenciales específicas y especializadas”, evitando la “revictimización” de los afectados.

El secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, y el antropólogo forense Paco Etxeberria han presentado este lunes en San Sebastián las primeras conclusiones de este estudio en el marco del Congreso de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ‘Verdad y reconocimiento para las víctimas de tortura, tratos inhumanos y degradantes’. Las conclusiones finales del análisis se harán públicas antes de que finalice el presente ejercicio.

Fernández ha explicado que el objetivo de este estudio, que proviene de la Iniciativa 6 del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, es “desvelar la incidencia de este fenómeno en Euskadi en estos 50 años”, establecer las conclusiones “en materia de reconocimiento, reparación y prevención que pudieran tener lugar” y “avanzar” en el proceso de “normalización de la convivencia” en Euskadi. El Gobierno vasco “fijará” en la clausura de este Congreso, el miércoles, una posición que hará una referencia a la reflexión “crítica sobre el pasado” en esta materia.

La investigación ha tomado como punto de partida el contenido del Informe de Abordaje Científico sobre la tortura que la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco entregó al Parlamento vasco en marzo de 2009 y recoge información generada en publicaciones e informes internos e internacionales. Los trabajos se están desarrollando en tres etapas, en este momento se concluye la segunda, y cinco estudios complementarios.

En la investigación, en la que han tomado parte más de 40 expertos, se han identificado 4.009 personas identificadas que han denunciado tortura o malos tratos, con 3.577 de esos casos insertados en la base de datos con información básica. Además, dos mil de esos casos se han analizado en profundidad y se estima que el número de personas afectadas podría alcanzar las 4.810.

Etxeberria ha apuntado, como primeras conclusiones, que entre 1960 y la actualidad “varios miles los ciudadanos que han denunciado de forma pública o judicial haber sido objeto de malos tratos y/o torturas por parte de funcionarios públicos policiales” y “medidas como la incomunicación de los detenidos han favorecido de forma clara estos malos tratos y torturas”.

 

A ello ha añadido que “muchas” instituciones y observadores nacionales e internacionales “han llamado la atención respecto” a esta “realidad”, con base en sentencias judiciales, a través del “firme convencimiento del fondo de verdad de las denuncias públicas que se han producido y han sido evaluadas con criterios profesionales” y de la bibliografía generada.

Al respecto, ha indicado que en total ha habido nueve sentencias condenatorias que corresponden a la Policía Nacional y 21 a la Guardia Civil, condenando a 50 funcionarios (una mujer y 49 hombres) por hechos cometidos a 32 personas (4 mujeres y 28 hombres) detenidas entre los años 1979 y 1992, y ninguna contra la Ertzaintza.

Etxeberria ha señalado que la década de los años 80 destaca “por el elevado número de denuncias y por las primeras condenas de los tribunales de justicia ratificadas por el Tribunal Supremo” y, posteriormente, “se produjeron algunos cambios en los métodos de tortura para tratar de dificultar la prueba forense que los acreditase”, disminuyendo las denuncias desde 2004 de manera que desaparecen totalmente desde 2014 hasta la actualidad, una “buena noticia”.

En cuanto a la presunta autoría de los hechos denunciados, 1.561 corresponderían a la Policía Nacional, 1.589 a la Guardia Civil y 310 a la Ertzaintza.

Sobre los métodos de tortura, ha señalado que “existe una diferencia significativa entre los distintos cuerpos policiales”, destacando “la utilización de la bolsa según alegan los detenidos por la Guardia Civil, el plantón y la extenuación física se muestra como una técnica alegada por los detenidos de los tres cuerpos policiales analizados, en contraposición a los electrodos y la bañera que dicen haber sufrido un número importante de personas detenidas por la Guardia Civil y la Policía Nacional”.

Medidas correctoras

Además, el experto ha recordado que, en las últimas décadas, diferentes organismos internacionales han condenado a España por incumplimiento de las obligaciones contraídas en contra de la tortura y su prevención, y ha denunciado que la incorporación de medidas correctoras “ha sido reclamada constantemente durante todo este tiempo por organizaciones de Derechos Humanos y entidades públicas sin que se haya producido una suficiente intervención administrativa que garantice de manera efectiva”.

En este sentido, ha apuntado “no se ha cumplido” el protocolo establecido en el Estado en 1997 para el reconocimiento médico forense a los detenidos con el objetivo de que la información médica sea “más clara y concisa como elemento de prueba fundamental ante los tribunales”, y el instaurado por el Gobierno vasco en 2003 para la ‘Coordinación de la Asistencia a Personas Detenidas en Régimen de Incomunicación’ se cumple “solo en las detenciones practicadas por agentes de la Ertzaintza”.

Tras apuntar que ese protocolo “también puede ser mejorado de conformidad a lo que ha sugerido el Ararteko (Defensor del Pueblo) en su informe del 2011, Etxeberria se ha mostrado sorprendido por la información generada en esta investigación, con más de 22.000 documentos analizados, más de 900 testimonios registrados en audio y en vídeo y el Protocolo de Estambul de las Naciones Unidas aplicado a 202 personas (76% del periodo democrático, 20% del periodo predemocrático y 4% en ambos).

“Credibilidad”

A su juicio, todas estas pruebas arrojan “resultados concluyentes en lo que respecta a la credibilidad de los relatos y, por lo tanto, de los hechos denunciados”. En este sentido, ha sostenido que “lo que no puede ser es que, después de realizar esta tarea, alguien diga que esto es todo mentira, hay cuatro mil personas que son unos mentirosos”.

“Tenemos testimonios recogidos de todo tipo de gente, sacerdotes, cirujanos, directores de cine, jóvenes, catedráticos de la universidad, responsables políticos, sindicalistas”, ha incidido. Por ello ha esperado que las críticas que se hagan en este sentido a la investigación sean “desde una perspectiva técnico-científica” y ha incidido en que “la sociedad vasca sabe que esto es así”.

Preguntado por el papel que han jugado los médicos forenses que atendieron a personas que han denunciado ser víctimas de torturas durante todo este año, Etxeberria ha indicado que “el 42%” de esas personas quedaron en libertad, a veces sin pasar ni siquiera delante de un juez, tras diez días de incomunicación y en algunos casos con varios días de baja médica.

En este contexto, ha apuntado que no se ha estado “a la altura de las circunstancias, más unos que otros, y en particular los médicos de la Audiencia Nacional”. A su juicio, “es increíble” que, existiendo un protocolo en el Boletín Oficial del Estado para acreditar las torturas, “no se haya utilizado”. “Hay una autocrítica que hay que hacerla y de la que no escapamos nadie”, ha señalado, para añadir que se ha sido “insuficientemente beligerantes con toda esta cuestión”.

Tortura Francisco Etxebarria (Rubén Plaza)

Más de 3.500 denuncias de torturas en medio siglo en Euskadi

El proyecto de investigación de la tortura en el País Vasco entre 1960 y 2013, que arrancó a mediados de 2014 por encargo del Gobierno vasco al Instituto Vasco de Criminología y lidera el antropólogo forense Paco Etxeberria, ha identificado a 4.009 personas, una cifra que podría rondar los 4.800 o 5.000 a final de año, cuando se prevé ofrecer las conclusiones definitivas del informe.

Etxeberria, acompañado por el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, explicó ayer en Donostia cómo se encuentra la investigación, que continúa recabando testimonios, verificando casos y completando una base de datos en la que se hallan ya 3.577 denuncias, de las que 2.000 se han analizado en profundidad. A 202 de ellas se les ha aplicado el protocolo de Estambul, una “herramienta diagnóstica aprobada por la ONU”.

“Todo el mundo ha confiado en la bondad de la iniciativa”, subrayó Etxeberria en referencia a las instituciones políticas, sociales, económicas y civiles a las que se han dirigido estos meses en búsqueda de documentación él, el psicólogo social Carlos Martín Beristain y la jurista Laura Pego junto a los cerca de cuarenta investigadores implicados en el trabajo. Etxeberria incidió además en que las víctimas de los malos tratos también están respondiendo de manera positiva.

“Las personas afectadas han creído que esta era la oportunidad”, señaló para resaltar el elevado “nivel de confianza en la institución”, en referencia al impulsor del estudio -Gobierno vasco-, aunque advirtió de que hay personas que, tras acudir a ofrecer testimonio, no han podido hacerlo al revivir lo ocurrido décadas atrás y han pedido un tiempo.

Con la esperanza de sumar estos casos en los próximos meses y aquellos que el equipo de investigadores tiene noticia por, entre otros, mociones de ayuntamientos, recortes de prensa, un sobre que envió la semana pasada un centro “de referencia” danés con cincuenta casos vascos que ha investigado durante años y hasta historiales clínicos -un médico “que se está jubilando” ha cedido documentación-, el equipo trabaja bajo un deber de confidencialidad que abarca a más de 22.000 documentos y grabaciones de los testimonios de las víctimas que así lo están queriendo: “Tenemos pruebas que no podemos enseñar. Créanme que es cierto”.

Perfiles

“Hablamos de sacerdotes, cirujanos, directores de cine, jóvenes, catedráticos de la universidad, responsables políticos, sindicalistas…”, perfiló Etxeberria, que aseguró que el 42% de los casos quedó en libertad y ni siquiera pasó por delante de un juez durante su incomunicación.

Una de esas denuncias, relató el director de la investigación, se ha contrastado con la baja laboral de “cuatro o cinco días” que el médico de la empresa en la que trabajaba la víctima recomendó al empleado tras diez días de incomunicación.

Ni en ese caso ni en muchos otros hubo cauce judicial para las denuncias de unos malos tratos que no se han registrado ni en 2015 ni en 2016 “para alivio de todos”. Del censo de 4.009 casos solo 32 víctimas de torturas (0,7%) tuvieron el reconocimiento judicial, mientras que cincuenta funcionarios fueron condenados.

“Lo que no puede ser es que, después de realizar esta tarea, alguien diga que esto es todo mentira, hay 4.000 personas que son unos mentirosos”, zanjó Etxeberria -abierto a críticas “desde una perspectiva técnico-científica”- antes de ejemplificar que, tras ser puesta en libertad, una persona se fotografió el cuerpo. Una imagen con las secuelas de las torturas que ha estado décadas guardada.

El antropólogo forense también detalló que los investigadores se toparon con una cinta magnetofónica con el testimonio de una persona torturada en la década de los 80 y que ahora ha ofrecido su testimonio. No supo hasta que acabó que existía la cinta. Los dos relatos eran idénticos. En palabras de Etxeberria, “las personas cuentan lo que han vivido”.

En el caso concreto de las 202 personas que se han mostrado dispuestas a que se les aplicara el protocolo de verificación de Estambul (aprobado por la ONU en el año 2000), los resultados son “concluyentes en lo que respecta a la credibilidad de los relatos y, por lo tanto, de los hechos denunciados”: el 9% de las peritaciones son de “máxima consistencia”; el 40%, muy consistentes; el 49%, consistentes, y el 2%, “inconsistentes para tortura, aunque consistentes con tratos inhumanos o degradantes”.

Etxeberria advirtió de que “no menos del 5% de los casos” presentan hoy, incluso décadas después de las torturas, “secuelas psicológicas”. El grupo de expertos instó al Gobierno Vasco a “implementar medidas asistenciales específicas y especializadas, evitando en todo momento la revictimización”.

Datos diversos

El estudio, presentado ayer en el marco de un curso de verano, arrancó en febrero de 2015 con una primera cuantificación de las denuncias. Los expertos han partido desde numerosa bibliografía, entre la que Etxeberria citó Tortura: una aproximación estadística, del exdirector de Derechos Humanos del Gobierno vasco Jon Mirena Landa; el informe que el propio Landa, Manuela Carmena, el obispo Juan María Uriarte y Ramón Múgica presentaron en 2013 sobre Vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (que abría la puerta hasta a 5.500 casos de malos tratos); y una publicación reciente de Argituz sobre la incomunicación y la tortura.

Tras estudiar la información existente y recibir los testimonios, el grupo ha investigado 200 casos representativos y en las próximas semanas estudiará de manera cualitativa cuarenta casos antes de elaborar las conclusiones, previstas para final de año.

De los 4.009 recogidos, 3.577 ya están debidamente documentados en la base de datos, que también enlaza a los documentos asociados a cada caso. La “sorpresa” de Etxeberria, más que el número de casos ha sido la cantidad de información que han podido encontrar, así como pruebas documentales, periciales y testificales, que son las que están recogiendo, más de 900, en audio o vídeo.

Todo se ordena en una base de datos, confidencial, que servirá para radiografiar los casos de torturas en función de distintas variables como el cuerpo policial responsable, un perfil de la víctima y la evolución de los casos por décadas.

Por décadas

En este sentido, el año con más denuncias (265) fue 1975, con el estado de excepción, y los que menos, los dos últimos (0) y 2013 (1). Junto a ello, los años en los que ETA declaró una tregua también presentan una caída de las denuncias de malos tratos. Los números muestran diferencias entre las denuncias contra los cuerpos policiales, pero Etxeberria insistió en no mezclar. Ante los 1.589 casos que se le imputan a los agentes de la Guardia Civil y los 1.561 de la Policía, la Ertzaintza presenta 310, los funcionarios de prisiones, 19; los municipales, cuatro, y otros, 39. La diferencia también se da, según las denuncias, en el tipo de malos tratos.

La justicia llegó a condenar a 50 funcionarios policiales entre 1979 y 1992 por torturar a 32 personas (el 0,7% de lo investigado hasta la fecha). El Tribunal Supremo ratificó varias condenas y “se produjeron algunos cambios en los métodos de tortura para tratar de dificultar la prueba forense que los acreditase”.

Luego no ha habido un número de sentencias acorde a las denuncias porque, pese a existir desde 1997 un protocolo para el reconocimiento médico forense a los arrestados con el fin de que la información médica sea “más clara y concisa como elemento de prueba fundamental ante los tribunales”, no se ha aplicado “salvo excepciones. Es increíble”. “Si no se reconoce la realidad”, zanjó Etxeberria, es “imposible introducir un factor de mejora en la gestión”.

El Gobierno vasco, por su parte, aprobó en 2003 un protocolo para la Coordinación de la Asistencia a Personas Detenidas en Régimen de Incomunicación que, aunque puede ser “mejorado” como sugirió el Ararteko en 2011, según Etxeberria lo aplica solo la Ertzaintza.

(Fuente: Deia)

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *