El gobierno español aprueba la «mordaza digital»

Bajo una presentación que juega al despiste y que trata de aprovechar el anticatalanismo ambiente, al que desde los diferentes partidos se sigue dando coba, ayer veíamos cómo se aprobaba la que ya muchos llaman mordaza digital.

Este decreto ley «contra la república digital catalana», como lo presentó Sánchez en las vísperas electorales, en realidad no menciona a Catalunya, pero sí otorga mucha más capacidad al Estado para intervenir internet y los servicios de telefonía por motivos de “orden público” o de “problemas económicos”, a criterio del gobierno de turno y sin que sea necesaria ninguna orden judicial.

Detrás del «adoptar medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones», como reza el mismo, se amaga la concesión de un poder desmedido al Ejecutivo en materia de control digital y de las telecomunicaciones. El texto habla de censurar el acceso a Internet y “a cualquier nivel”, lo cual implica, dentro de la compleja red de redes que es internet, que se pueda intervenir granular, quirúrgica y selectivamente. Por ejemplo, cortando durante unas horas el acceso a datos móviles y cobertura en el área geográfica por donde transcurre una manifestación. O impidiendo que teléfonos considerados «sospechosos» (por ejemplo los de determinados dirigentes sociales o sindicales) tengan conectividad y acceso a la red en algún día señalado. Casi todas las formas de lucha podrían verse afectadas, como el parar desahucios, protestas de determinado tipo (acampadas, cortes de carreteras…) o huelgas generales. Sus posibles aplicaciones son prácticamente infinitas, dependiendo del criterio (subjetivo) del gobierno de turno para identificar «alteraciones del orden público» según su conveniencia.

El decreto ley ha contado con el voto favorable de PP, Ciudadanos y por supuesto de su impulsor, un PSOE que no hace tanto prometía derogar la Ley Mordaza original desde la oposición. Partidos como ERC votaron en contra, en vísperas de una reunión con el gobierno para la cual el mismo ya ha rebajado casi todas las espectativas que los republicanos catalanes pudieran tener. Más sorprendente fue la posición equidistante de Unidas Podemos, que después de pedir algunos cambios, se abstuvo frente a un decreto que sólo busca profundizar en la deriva represiva del Estado, esta vez en el campo digital. Quizás sólo se trate de alguna de las primeras concesiones que tendrán que hacer frente a sus nuevos socios de gobierno.

Fuente: www.insurgente.org

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