Los partidos del gobierno de la Junta dan largas a la exhumación de Queipo. Para el PP no es prioridad, Cs escurre el bulto y Vox en contra

A la pregunta de cuándo se exhumarán de la basílica de la Macarena los restos del criminal de guerra y hermano mayor de la cofradía Gonzalo Queipo de Llano, el Gobierno andaluz y los tres partidos que lo sustentan parecen responder como lo hacía el hermano lobo de la revista de humor del mismo nombre cuando le preguntaban para cuándo la democracia en España o en qué momento desaparecería la censura: su respuesta cada semana era “Uhhhhhhh…”.

En realidad, la respuesta del Gobierno conservador no difiere demasiado de la que venía dando su antecesor socialista o el propio Ayuntamiento de la ciudad, también gobernado por el PSOE. Aunque ambos procuraban disimularlo mal que bien, era bastante obvio que nunca se atrevieron a incomodar a la Hermandad de la Macarena, cuya junta de gobierno siempre se mostró reacia a exhumar los restos del general fratricida.

La ley «es clara»

Aun así, la ley autonómica es bastante clara a los efectos del caso Queipo. Su artículo 32.4 dice así: “Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.

La ‘controversia Queipo’ ha recuperado presencia en el debate público andaluz tras la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo respaldando por unanimidad la decisión del Gobierno de España de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos para trasladarlos al cementerio de la localidad madrileña de Mingorrubio.

Tras conocerse el dictamen del Alto Tribunal, la portavoz de Cultura de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico, Ana Naranjo, reclamaba a la Junta que se amparase en dicha sentencia para hacer lo mismo con el militar golpista.

El grupo de izquierdas va a registrar una nueva iniciativa –otra más– para que el Gobierno andaluz, en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática, «actúe de oficio de una vez para sacar a Queipo de Llano en la Macarena». Aun así, Naranjo no es muy optimista teniendo en cuenta que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, declaró esta semana en una televisión local que lo que le importaba “no es el Valle de los Caídos, sino el Valle de los Pedroches”.

En términos parecidos a los de Adelante se pronunciaba al delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández: “En el momento en que se abren las puertas para que Franco salga del Valle de los Caídos, se da el pistoletazo de salida para que Queipo salga de la Macarena; creo que la ley andaluza es clara e impide que genocidas y gente ligada a la dictadura de Franco estén expuestos en ligares públicos”.

«Es un tema delicado»

Las opiniones expresadas esta semana por el Gobierno andaluz y portavoces de PP, Ciudadanos y Vox no dejan lugar a dudas sobre el poco interés de las derechas andaluzas en abordar la exhumación de Queipo.

Para el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, este tema «no es prioridad». Y lo mismo parece opinar la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, para quien se trata de «un tema delicado, y recurrente desde hace varios años, sobre el que hay que dialogar muchísimo», pues “la basílica de la Macarena es una entidad privada, donde entran muchísimas personas».

Del Pozo también recordó las pocas prisas que tuvo el Gobierno de Susana Díaz, que en el verano de 2018 se quitaba de encima la patata caliente de Queipo prometiendo crear un “comité técnico” con el encargo de emitir «un informe preceptivo y vinculante determinando en su caso la retirada (de la tumba) o la eliminación si correspondiera».

Para Ciudadanos es “la justicia quien tiene que determinar” qué hacer con los restos. La posición del partido naranja la exponía su portavoz Sergio Romero en estos términos, no del todo exentos de hueca palabrería: «El Gobierno andaluz esta desarrollando un reglamento que le dé herramientas y el camino para trabajar en el logro de los objetivos de la Ley de Memoria, siempre en el máximo de concordia y conciliación para que miremos al futuro».

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, tiene igualmente claro que su partido no va a dedicar “ni tiempo ni energía” a este asunto.

Una moción olvidada

Aunque se trata de una reclamación antigua del movimiento memorialista andaluz, no fue hasta julio de 2016 que se reactivó la reivindicación, cuando el Ayuntamiento de Sevilla aprobó una moción promovida por Izquierda Unida y apoyada por el PSOE exigiendo a la Hermandad de la Macarena que dejara de acoger los restos del genocida. El PP votó en contra de la moción y Ciudadanos se abstuvo.

El portavoz del Gobierno socialista de Sevilla, Antonio Muñoz, recordaba esta semana la vigencia aquella moción de hace tres años, pero a renglón seguido enfatizaba que había que guardar el «debido respeto a los tiempos y a la manera que la hermandad necesite para hacerlo del modo más consensuado posible».

Al hilo de la sentencia del Supremo, también el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz terciaba en el debate. Su portavoz José Fiscal defendía que el Gobierno de Díaz ya “trabajaba en el reglamento” que debía desarrollar la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, pero con el nuevo Ejecutivo “no se ha avanzado absolutamente nada”.

La indulgencia socialista con la hermandad contrasta con las reservas de esta a cumplir la ley. El hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, no se mostraba el pasado martes muy dispuesto a quitar a Queipo de donde está: «No tenemos ninguna obligación con esa ley. No tenemos obligación de sacar los restos”, declaraba a Radio Sevilla.

La batalla judicial

Mientras tanto, la Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas ‘Andalucía Republicana’ mantiene viva su batalla judicial. Con el apoyo del grupo de juristas 17 de Marzo, en julio anunciaba la presentación de una denuncia por la vía contencioso administrativa contra la Junta de Andalucía para exigir que cumpla la Ley de Memoria Histórica y haga que los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez sean trasladados de la basílica.

El caso Queipo no ha logrado hasta ahora prosperar en los tribunales. En noviembre de 2016, el juez de lo Contencioso-administrativo número 10 de Sevilla, Luis Alfredo de Diego, inadmitía la demanda del letrado Eduardo Ranz y la derivaba a la jurisdicción civil porque estaba dirigida contra el Arzobispado de Sevilla y este “no es una administración pública”.

(En la imagen adjunta las tres lápidas de Queipo junto al Altar Mayor de la Basílica. De izquierda a derecha, primero la original, segunda la misma pero sin simbología, y tercera la actual).

(Fuente: andaluces diario / Autor: Antonio Avendaño)

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