Marruecos silencia a los últimos periodistas críticos aireando su vida privada y utilizándola para desprestigiarles y destruir su reputación

Ya no hay más casos como los de Ali Lmrabet, Driss Chahtane o Ali Anouzla, juzgados en Marruecos, entre 2003 y 2013, por sus publicaciones o sus caricaturas y encarcelados unos meses. La Justicia marroquí ya no mete en la cárcel a periodistas por sus artículos, por muy irreverentes que sean. El nuevo código de la prensa, promulgado en 2016, no prevé ya penas de cárcel para aquellos que hayan podido abusar de la libertad de expresión.

Desde el sábado 31 de agosto, una periodista marroquí, Hajar Raissouni, de 28 años, está, sin embargo, en prisión preventiva —el juicio empezó hace unos días— imputada por abortar y por depravación, es decir, por mantener relaciones sexuales sin estar casada. Raissouni escribía artículos incómodos para las autoridades marroquíes sobre, entre otros temas, la revuelta del Rif, duramente reprimida a partir de la primavera de 2017, en ‘Ajbar al Youm’, uno de los pocos diarios independientes y que goza además de cierta influencia. Pertenece a una gran familia islamista cuyo tío, Ahmed Raissouni, presidente de la Unión Mundial de los Ulemas, sostiene que Mohamed VI no puede ser también comendador de los creyentes, es decir, jefe espiritual de los musulmanes.

Las publicaciones de la periodista no son, en teoría, las que la han hecho dar con sus huesos en una celda de la prisión de Arijat, sino una habilidosa investigación de la brigada antivicio que la prensa marroquí afín a las autoridades narra al detalle. De los 600 abortos clandestinos que se producen a diario en Marruecos, los policías han ido a dar con el suyo. Algunos otros medios, menos cercanos al poder, sospechan que no fue una casualidad: “(…) en vez de ser perseguidos de inmediato por sus escritos, los periodistas como Raissouni son atacados más tarde echando mano de artículos del Código Penal”, denuncia en un editorial ‘Yabiladi’, un periódico digital independiente. (En la foto adjunta Hajar Raissouni en Alhucemas, con los padres de Nasser Zefzafi, el lícer encarcelado de la revuelta del Rif).

Tácticas de guerrilla informativa

Aunque es la primera mujer periodista perseguida, Hajar Raissouni no es una excepción. Un buen puñado de cronistas han acabado estos últimos años detrás de los barrotes condenados por múltiples motivos, ninguno de ellos relacionado con sus opiniones plasmadas sobre el papel o en páginas de internet.

Hamid Mahdaoui, del portal informativo ‘Badil.info’, fue uno de ellos. Condenado a tres años por haber omitido informar a las autoridades de un supuesto riesgo para la seguridad del Estado en el Rif. Mohamed el Hilali y Abdelouahed Kammouni, del digital ‘Rif Press’, pasaron, respectivamente, cinco y 12 meses en la cárcel, no por cubrir para su medio el Hirak rifeño (movimiento de protesta) sino por participar en él. A Hicham Mansouri, periodista de investigación, le cayeron 10 meses por “complicidad en el adulterio”, es decir, por mantener relaciones con una mujer que se había separado pero aún no estaba divorciada.

La Justicia no ha obrado solo contra periodistas relativamente poco conocidos. También ha actuado contra alguno de los pesos pesados de la prensa marroquí, como Toufic Bouachrine, director de ‘Ajbar al Youm’, el diario en el que trabajaba Hajar Raissouni. En noviembre de 2018, fue considerado culpable nada menos que de “trata de seres humanos”, “abuso de poder para fines sexuales” y “violación e intento de violación”. El tribunal le condenó a 12 años. La acusación se fundamentó, en buena medida, en las imágenes grabadas por cámaras colocadas en su despacho sin su conocimiento.

El prestigioso intelectual Maati Monjib, que encabezó la Asociación Marroquí de Periodismo de Investigación, ha sido también acosado estos últimos años, pero sus vínculos con el mundo académico europeo y quizá también su doble nacionalidad, francesa y marroquí, le han permitido sortear la cárcel. Su juicio por “atentar contra la seguridad del Estado” y no declarar subvenciones recibidas desde el extranjero por su asociación ha sido aplazado nada menos que 14 veces. La amenaza de una condena pende sobre él como una espada de Damocles si su activismo franquea las líneas rojas establecidas por el poder.

“Observamos estos últimos años un cambio de método por parte de las autoridades, aunque su objetivo sigue siendo el mismo: amordazar a la prensa que se esfuerza por ser independiente”, afirma Ali Lmrabet, condenado a tres años de cárcel en 2003. El ‘nuevo método’ al que alude fue primero aplicado a islamistas, como dos vicepresidentes del Movimiento para la Unicidad y la Reforma a los que la policía echó el guante, en agosto de 2016, cuando mantenían relaciones a bordo de un coche. Después, les llegó el turno a los periodistas.

Destruir la reputación de los periodistas

Hicham Mansouri, que estuvo encarcelado por adulterio, considera que recurrir al Código Penal en lugar del código de la prensa conlleva varias ventajas para aquellos que desean meter en cintura a los medios de comunicación. “El coste político-mediático es menor más allá de las fronteras de Marruecos”, porque al periodista no se le persigue por sus artículos, recalca. Es por tanto más difícil poner en pie campañas solidarias como las que reivindicaron en su día la libertad para Lmrabet o Anouzla.

“Se destruye además la reputación del periodista, desvelando su vida privada mediante filtraciones publicadas por la prensa oficialista”, prosigue Mansouri. Las élites marroquíes saben que se les difama, pero “el hombre de la calle, más bien conservador, se escandaliza”, según Mansouri. “Mi familia tuvo que mudarse a otro pueblo porque el ambiente se hizo irrespirable allí donde vivía cuando se supo de qué se me acusaba”, recuerda.

Al airear la vida privada supuestamente licenciosa o al describir al periodista como un traidor a sueldo del extranjero, “se envía además un mensaje que transciende la persona del cronista”, explica Mansouri. “Es una especie de advertencia dirigida a otros activistas o informadores que han podido tener deslices o recibido subvenciones para que comprendan que les conviene estar callados”, concluye. Y funciona. Mansouri menciona a algunos de bocazas que arremetían contra las autoridades pero que un buen día enmudecieron.

Defender a los periodistas imputados por abortar o por adulterio es, por último, una tarea más difícil para las ONG, locales o internacionales, que se dedican a los derechos humanos. En sus comunicados a propósito de Hajar Raissouni, Amnistía Internacional o Human Rights Watch hacen hincapié en la “flagrante violación de la vida privada”, una denuncia que tiene algo menos de impacto en la opinión pública que el cerrojazo a las libertades de prensa o de expresión.

En su editorial, ‘Yabiladi’ se queja de que “los poderosos servicios de seguridad no se privan de utilizar todo el abanico jurídico a su alcance cuando se trata de silenciar a los periodistas: desde las leyes más arcaicas hasta las supuestamente más modernas”. El poder de la seguridad en Marruecos no es autónomo y ni siquiera depende del jefe del Gobierno, el islamista Saadeddine el Othmani, cuyas ideas son en el fondo bastante cercanas a las del diario ‘Akhbar al Youm’, cuyo director se pudre en la cárcel. La seguridad en Marruecos está a las órdenes de palacio.

(Fuente: El Confidencial / Autor: Ignacio Cembrero)

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

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