Chile: A 46 años de la muerte de Allende. “Sólo asesinándome a balazos podrán apartarme de mi compromiso con el pueblo” (vídeos)

‘Sólo asesinándome a balazos podrán apartarme de mi compromiso con el pueblo’, advirtió en su momento Salvador Allende tras su elección como presidente de Chile el 4 de septiembre de 1970, hace ya 49 años. Y así fue efectivamente.

El más grande líder de la Izquierda chilena de toda nuestra historia y el mejor presidente que jamás hayamos tenido, permaneció en su puesto de lucha hasta el último minuto y sólo acribillándolo a balazos por la patrulla que dirigía el general de ejército Javier Palacios en la toma del Palacio de La Moneda pudieron poner fin a su heroica resistencia al criminal golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, hoy hace 46 años.

Es efectivo que Salvador Allende también se disparó un balazo con el fusil AKA que le obsequiara el comandante Fidel Castro. Pero es un dato de la historia que, al abrir la puerta de su oficina, los militares dispararon abundante y cobardemente sobre Allende que se encontraba sentado en su sillón de trabajo.

¿Cuál fue el disparo que en definitiva le causó la muerte? Tal vez nunca lo sepamos y las pericias hasta hoy son contradictorias y discutibles. Lo objetivo es que ese mediodía se puso fin al mejor gobierno de la historia de Chile.

Las realizaciones del gobierno de la Unidad Popular llevaron alegría y entusiasmo a las chilenas y chilenos que, en la pampa, la cordillera o el litoral, en el norte centro y sur del país, en el campo, la fábrica, el liceo, la oficina, la universidad, por todas partes construíamos junto a nuestro presidente un Chile bien diferente.

Un gobierno que cumplía su palabra y sorprendía al mundo por el surgimiento de una nueva sociedad por medios legales y pacíficos. Se recuperaba las riquezas fundamentales del país hasta entonces en manos extranjeras, se realizaba una Reforma Agraria a fondo, se levantaban escuelas, hospitales, viviendas dignas para el pueblo, salarios justos.

Todo lo que era insoportable para las transnacionales y sus aliados locales y comenzó la conspiración, la sedición ese mismo 4 de septiembre; al punto que tres meses después se reunían Agustín Edwards con Richard Nixon y Richard Helms en las oficinas de la CIA, como relata el propio Senado de los Estados Unidos en su conocido ‘Informe Church’.

Hasta que lograron derribar a nuestro gobierno con el apoyo de los mandos de las Fuerzas Armadas y de los grupos empresariales y la prensa a su servicio. Y vendrían los sangrientos años de la dictadura de ese general traidor, ignorante y cobarde llamado Augusto Pinochet bajo cuya gestión los ‘Chicago Boys’ instauraron en el país el modelo de sociedad y la Constitución Política actuales.

Pese a la valiente lucha del pueblo que empleó todas las formas necesarias, Pinochet no fue derrotado. Y no lo fue porque su salida fue negociada en acuerdos vergonzosos por políticos burgueses, ya adaptados y felices con el modelo neoliberal impuesto mediante balazos y torturas. Era eso que llamaron Concertación de partidos por la democracia?¿¿??

Si hasta un actual senador del Partido Socialista, en aquel tiempo ministro del gobierno que sucedió al dictador, viajó raudo a Londres para exigir la libertad del tirano cuando el juez español Baltasar Garzón había logrado su detención en Londres.

¿Alguien puede dudar todavía de la traición que implicaba negociar con Pinochet y no luchar hasta derrotarlo? ¿Qué más pruebas del miserable acuerdo que la circunstancia real de que hasta hoy Chile viva bajo el mismo modelo económico de la dictadura y con la misma Constitución Política?

Y ahí están los excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas procesados hoy por sus multimillonarios robos a los recursos estatales, mientras a la par decenas de oficiales han sido procesados y varios encarcelados como autores de crímenes contra la humanidad perpetrados en dictadura. ¿A estos son los que llaman ‘valientes soldados’ y les aplauden en estas Fiestas Patrias?

Nuestro poder judicial tampoco ha sido un ejemplo de trasparencia. Al contrario: la Corte Suprema de la época apoyó con entusiasmo el golpe y durante años no se hizo justicia alguna y se abrió paso a una cruel impunidad que sólo se pudo romper con la querella que los abogados comunistas presentáramos junto a Gladys Marín el 12 de enero de 1998. Esa fue la puerta que abrió paso a los más de mil procesos judiciales hasta hoy en curso por casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados y secuestrados.

Sin embargo, ejemplos recientes demuestran que las cosas no han cambiado de modo radical y definitivo. Todavía falta justicia plena. Hay casos sin investigar y las condenas que se aplican son cada vez más leves. A lo que debemos sumar que las ‘prisiones’ en que cumplen su pena los asesinos y torturadores más bien parecen pensiones de lujo.

Por sus hechos del pasado, el Poder Judicial chileno carga con un peso enorme de responsabilidad respecto de lo sucedido en nuestro país desde el 11 de septiembre del 73 hasta nuestros días. Baste recordar que la Corte Suprema del año 1973 fue parte de la sedición al declarar -sin que tuviera atribuciones para hacerlo- que el gobierno de Allende violaba el orden jurídico. Un acto determinante encomendado a esos golpistas supremos.

Y en cuanto al presente judicial agreguemos que a la víctimas que sobrevivieron, sea que vivan en Chile o en los países de su exilio, se les exige cumplir el llamado protocolo de Estambul, es decir acreditar con servicios médicos especiales si sufrieron daño físico o moral al ser violados, o mutilados, o colgados días enteros de los pies, o ser torturados en presencia de sus hijos o de sus padres, o sufrir que a las mujeres se les introdujeran arañas o ratones en su vagina, aquellos tratos pudieran haber causado daño físico o moral a quien los sufría.

¿Cómo a alguien le puede pasar por la mente que tales torturas no causarían daño alguno? Estas exigencias siguen demorando los procesos, pasan los años y muchos de los asesinos van falleciendo en sus casas. Es decir, se vuelve a la impunidad de los primeros años. Y, claro, no es casual que esto suceda en el marco del gobierno de un personaje como Sebastián Piñera, entusiasta y agradecido admirador de Pinochet.

Por lo mismo vale referirse al caso del llamado ‘comandante Ramiro’, es decir el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena, condenado por su participación en la muerte de uno de los principales impulsores y protagonistas de la dictadura como fuera Jaime Guzmán y que ha sido recientemente extraditado desde Brasil a Chile.

Cabe preguntarse respecto de esta extradición, ¿por qué tanta súbita rapidez? ¿qué hay detrás de todo esto? Es indispensable plantearle al gobierno y al poder judicial y entonces ¿porqué no extraditan a Adriana Rivas, amante de Manuel Contreras y coautora entre muchos otros de los asesinatos de la dirección central del Partido Comunista de Chile, una delincuente que todos sabemos se encuentra hoy bajo arresto en Australia? ¿O por qué no extraditan al militar Pedro Barrientos que vive tranquilamente en Estados Unidos y que fue uno de los asesinos del inolvidable Víctor Jara?

Llega la hora de alzar la voz. ¿Hasta cuándo impunidad por los miles y miles de crímenes de Pinochet y de la derecha chilena? ¿Hasta cuándo la ciudadanía chilena hará posible gobiernos ultra derechistas como el actual? ¿Qué seguiremos esperando para conformar de nuevo la unidad del pueblo y luchar por un gobierno realmente de izquierda?

Chile necesita terminar con este modelo y además establecer otra organización política de la sociedad, es decir una nueva Constitución Política. Un gobierno que ponga fin a la dominación de los grupos económicos y financieros, extranjeros y nacionales, que democratice las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación.

Hace unos cuantos años, en 1961, un joven estudiante de Derecho hizo su Memoria de Título bajo la denominación de ‘La Concentración del Poder Económico’ y, ya concluyendo, escribió en la página 172: ‘La única y verdadera solución es entonces la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción, los cuales deben pasar al Estado. En la medida que dicha propiedad subsista, todas las leyes que se dicten serán sólo paliativos que jamás conseguirán la eliminación definitiva de las diversas formas de concentración’.

Ese joven abogado era Ricardo Lagos Escobar. Lamentablemente pocos años después habría de radicarse en los EE.UU. De regreso a Chile, hace otros tantos años, fue elegido Presidente. Pero para entonces había perdido la memoria de su Memoria e hizo exactamente lo contrario.

Lo he citado para finalizar esta nota porque creo que su afirmación sigue siendo correcta, pero a la vez para invitar a meditar a todos acerca de la consecuencia política y del autorrespeto que nos debemos los seres humanos.

(Fuente: Prensa Latina / Autor: Eduardo Contreras)

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