Nuevo desalojo de Somonte. Cañamero y Mari Carmen García imputados

Nuevo desalojo de la finca Somonte, situada en el término municipal de Palma de Río (Córdoba). Por segunda vez en tres semanas, agentes de la Guardia Civil han desalojado a la decena de jornaleros que se encontraban en la misma (en la foto adjunta un momento del desalojo). Los guardias cumplen así la orden judicial de desalojo que atiende la petición realizada por la Junta de Andalucía, dueña de los terrenos, ocupados desde 2012.

Hacia las diez de la mañana, varios coches con agentes de la Guardia Civil y uno de la Policía Judicial han entrado en la finca de Somonte para desalojar a estas diez personas sin que se haya producido ningún altercado al respecto. El nuevo desalojo se ha realizado hacia las 11:00 de forma pacífica. A diferencia de la vez anterior, ayer el desalojo se produjo repentinamente, sin aviso previo al sindicato. Los inquilinos, sin embargo, tuvieron una hora para alimentar el ganado y recoger sus enseres. La intervención fue exhaustiva, de manera que los agentes precintaron puertas y ventanas, describió Reyes.

La finca de Somonte, perteneciente a la Junta de Andalucía, se encontraba abandonada y en proceso de venta en subasta cuando se produjo su primera ocupación por jornaleros del SAT en 2012. La Junta de Andalucía ya había subastado la finca en 2011 por 1,5 millones de euros, pero no encontró comprador. La ocupación evitó que se malvendiera en una nueva subasta. El argumento del SAT, entonces y ahora, para ocuparla ha sido que la Junta de Andalucía no la malvenda y su explotación revierta en la creación de puestos de trabajo y riqueza en la zona.

Desde entonces han invertido en ella miles de euros y horas de trabajo han convertido aquella finca abandonada en 400 hectáreas de cultivos de trigo, avena, habas, girasol y colza. También se han empleado en la creación de un huerto, un gallinero, compra de maquinaria, mejoras de las instalaciones de riego y reparación de caminos y edificaciones.

Durante este tiempo la Junta de Andalucía ha cobrado casi medio millón de euros de la Política Agraria Común por la finca de Somonte, que según denunciaba el líder del SAT Diego cañamero, se podrían haber empleado en contratar más empleados en la finca con buenas condiciones laborales.

A los 56 días de ocupar la finca, un fuerte dispositivo de la Guardia Civil los desalojó por primera vez. A las 24 horas volvieron los jornaleros y reocuparon la finca, y ya no se volvieron a marchar hasta que el 2 de junio de este año de nuevo fueron desalojados. Esta vez tardaron tres días en volver.

Desalojados e imputados

La Guardia Civil volvió ayer a la finca de Somonte con un nuevo auto judicial de desalojo por un procedimiento de presunta usurpación en el que imputa a 14 personas, entre ellas el número uno de Unidos Podemos por la provincia de Jaén, Diego Cañamero, y a la parlamentaria andaluza de Podemos – CUT María del Carmen García Bueno, según el auto judicial al que ha tenido acceso el Día.

El lanzamiento de ayer se produce en virtud de un atestado instruido por la Guardia Civil el pasado 5 de junio, tres días después de que los agentes desalojaran la finca, propiedad del Instituto Andaluz de Reforma Agraria de la Junta de Andalucía, y tuvieran conocimiento de hechos que, de nuevo, podrían ser constitutivos de un presunto delito de usurpación inmobiliaria. Tras este escrito, el 13 de junio el letrado de la Junta de Andalucía solicitó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas que librara oficio a la Guardia Civil para un nuevo desalojo, una medida cautelar a la que no se opuso la Fiscalía y que se ejecutó ayer.

En el nuevo auto del 16 de junio, el juez se basa en el atestado policial para determinar que el pasado 5 de junio, un grupo de personas “dirigidas” por el líder del SAT Diego Cañamero y la diputada andaluza de Podemos María del Carmen García Bueno “se dirigieron a la finca teniendo pleno conocimiento de que tres días antes se había producido el desalojo, por lo que pudieran existir indicios de un presunto delito de desobediencia a la autoridad”. El auto judicial relata que, “tras violentar los candados de las puertas de acceso a la finca, accedieron a su interior y permanecieron allí, a sabiendas de que el desalojo judicial se había producido tres días antes”. E insiste en que “los imputados y demás personas que ocupan la finca tienen conocimiento de que es propiedad ajena y que la ocupan contra la voluntad de sus propietarios”, lo que, según el juez, “se desprende claramente de los hechos”.

En el nuevo auto del 16 de junio, el juez se basa en el atestado policial para determinar que el pasado 5 de junio, un grupo de personas “dirigidas” por el líder del SAT Diego Cañamero y la diputada andaluza de Podemos María del Carmen García Bueno “se dirigieron a la finca teniendo pleno conocimiento de que tres días antes se había producido el desalojo, por lo que pudieran existir indicios de un presunto delito de desobediencia a la autoridad”.

El auto judicial relata que, “tras violentar los candados de las puertas de acceso a la finca, accedieron a su interior y permanecieron allí, a sabiendas de que el desalojo judicial se había producido tres días antes”. E insiste en que “los imputados y demás personas que ocupan la finca tienen conocimiento de que es propiedad ajena y que la ocupan contra la voluntad de sus propietarios”, lo que, según el juez, “se desprende claramente de los hechos”.

El juez, por otra parte, expresa su temor porque “la situación de ocupación ilegal se prolongue en el tiempo, con el consiguiente perjuicio para la Junta de Andalucía, que se vería privada de la posibilidad de ejercitar sus facultades y el enorme riesgo de que, aparte de la rotura de la cadena y puertas de acceso, se ocasionen daños materiales”. El magistrado, por último, apercibe a los imputados “de que en caso de incumplimiento podrían incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial”.

Volverán a ocuparla

A la pregunta de que si volverán a ocuparla, uno de sus dirigentes, José Caballero indicó que “Para nosotros Somonte va a seguir siendo una prioridad pero esta tarde tendremos una asamblea en el SAT y decidiremos” Por su parte, el responsable del sindicato en la zona, Francisco Ruíz, declaró que dicha asamblea se llevaba a cabp precisamente para dbatir “una próxima entrada” en la misma.

Por otro lado, Ruíz afirmó que “el SAT siempre está dispuesto a hablar de un proyecto público para Somonte” con La Junta de Andalucía, añadiendo que “lo que queremos saber es la disposición del PSOE cuando en vez de mantener con nosotros reuniones nos desaloja”.

El SAT asegura que ha tratado de mantener varias reuniones con la Consejería de Agricultura, pero “siempre las posponen”, y lamenta que la Administración autonómica no les ha respondido acerca de qué proyecto tiene para estas tierras situadas en la carretera de La Campaña, en la provincia de Córdoba pero cerca también a la de Sevilla. En una de las zonas más deprimidas y con más paro.

(Fuentes: diario Córdoba / El Día de Córdoba / Cordópolis / Córdoba Hoy)

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *