Melilla: Racismo y apartheid encubierto contra niños musulmanes. 200 están sin escolarizar con el pretexto de no estar empadronados

l curso escolar 2019/2020 podría comenzar en la ciudad autónoma de Melilla con una ausencia importante en las aulas de sus 12 centros públicos de Educación Infantil y Primaria: la de unos 200 niños y niñas a quienes no les dejan ir a clase por no estar en el padrón municipal.

Para que esta discriminación no llegue a suceder, la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) ha presentado casi 100.000 firmas en las oficinas de Madrid del Defensor del Pueblo y en el Ministerio de Educación, “para recordarles la obligación que tienen de escolarizar a los chavales”, comenta su portavoz, José Palazón.

La entrega de las firmas es un paso más en la campaña que Prodein viene desarrollando para garantizar que estos chicos puedan comenzar el curso yendo a clase como corresponde, ya que, según Palazón, el motivo por el que se les impide la escolarización es ilegal: la falta de empadronamiento.

Palazón recuerda que las leyes educativas en toda España implican dos requisitos para la escolarización, “que el niño tenga la edad y que resida en España”. Ambos son cumplidos por todos estos chavales en Melilla. “Muchos son nacidos en Melilla, algunos que no han nacido allí llevan viviendo seis o siete años, las madres llevan 30 o 40 años. Hay un arraigo muy fuerte, son niños de la ciudad”.

Lo que les falta para poder ser escolarizados es el padrón, una exigencia que, en opinión de Palazón, es un invento que sitúa a estos niños fuera del colegio y en un círculo difícil de romper: “Para conseguirlo, un extranjero tiene que ser residente en Melilla, y para ser residente, tienes que estar empadronado”. El portavoz de Prodein contrapone esta exigencia extra para escolarizar, que rige en Ceuta y Melilla, a la universalización de la educación que prima en el ordenamiento jurídico: “La legislación española dice que la escolarización no depende de la situación documental de la familia. Los hijos de un marroquí nacionalizado español van a ir al colegio, los de uno con residencia también, y los de uno que no tiene nada, también. Sobre eso no hay duda”.

Prodein responsabiliza de esta situación, que califica como política orientada a que los niños no entren en el colegio, al Ministerio de Educación y a la consejería de Administraciones Públicas de Melilla: “Los gobiernos de Melilla en los últimos 20 años han sido de la ultraderecha más recalcitrante y racista de España. En la última década no se ha construido ningún colegio, siendo una ciudad con un crecimiento demográfico muy alto. Entonces la solución que proponen es que aquí sobran niños”.

Palazón espera que en la primera semana de septiembre se produzca una reunión con la consejería de Educación para encontrar una solución satisfactoria para unos chicos a los que, desde la Administración, no se les ofrece ninguna alternativa. “La escolarización es de obligado cumplimiento y es incomprensible que tengan que ser organizaciones civiles y no las instituciones quienes se ocupen de que ningún niño se quede sin ir al colegio”, concluye el portavoz de Prodein.

El año pasado, Prodein ya recogió firmas e impulsó otra campaña para garantizar la escolarización en Melilla de otros 200 menores. Se consiguió a medias, ya que aunque la gran mayoría consiguió ir al colegio, algunos de ellos se han encontrado con que figuran como no admitidos en los listados provisionales para el nuevo curso, pese a haber sido escolarizados en el anterior. Es otro de los asuntos pendientes en este conflicto.

(Fuente: El Salto)

Los niños y niñas que tienen vetado el acceso al cole en Melilla

«Queremos ir al cole», corearon durante meses, una vez a la semana, niños y niñas ante la Delegación del Gobierno de Melilla a lo largo de 2018. Sus madres les ayudaban a hacer las pancartas para que no se repitiese su historia: el analfabetismo, la indocumentación, la pobreza y la exclusión. Muchas de ellas habían nacido en Melilla, o habían llegado a la ciudad fronteriza hacía muchos años e, incluso, décadas. Viven, como contamos en un reportaje en nuestra revista LaMarea71, en una especie de régimen de ‘apartheid‘: no pueden acceder a un permiso de residencia porque tienen vetado el acceso al padrón municipal, por lo que tampoco tienen derecho a la tarjeta sanitaria… Una espiral de barreras administrativas excepcionales, que no se dan en ningún otro territorio español, dirigida a obstaculizar la regularización de la población de origen musulmán.

Sus hijos e hijas también son castigados de manera colectiva, negándoles su derecho universal a la educación. Lo que en cualquier otra ciudad española es un deber para los padres y madres, que en caso de incumplirlo puede acarrearles la retirada de la custodia de los menores, aquí es un deseo inalcanzable. Les exigen la tarjeta sanitaria o estar empadronados, requisitos que se les niega sistemáticamente cuando intentan solicitarlos.

Por ello, el año pasado, la ONG Prodein puso en marcha una campaña para exigir la escolarización de los más de 400 menores excluidos del sistema educativo. Además de las manifestaciones semanales, la entidad recogió más de 100.000 firmas en apoyo a su exigencia a través de Change.org y el aval del Defensor del Pueblo. Finalmente, el Ministerio de Educación autorizó en julio de 2018 la inscripción en sendos centros educativos de 200 niños y niñas que contaban con la tarjeta sanitaria.

Pero, a un mes de que comience un nuevo curso escolar, otros 243 menores han visto cómo sus nombres no aparecen en ninguno de los listados de alumnado admitido en los centros educativos melillenses. Por ello, este verano, miembros de Prodein han vuelto a acompañarles a manifestaciones para exigir su derecho a ir al colegio y a recoger firmas: más de 80.000 entregó ayer su fundador, José Palazón, en el Ministerio de Educación.

“Ningún niño debería dedicar su verano a manifestarse para que le dejen ir al cole”, escribía Palazón en su petición en change.org. “Deberían estar disfrutando de sus vacaciones y alegrándose de no tener que ir a clase por unos meses. Pero no, es más bien al revés, ellos están reclamando que les dejen ir al colegio porque el Gobierno sigue sin garantizar que a la vuelta de verano estos niños tendrán un pupitre en el que sentarse…”.

Francisco Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo, lleva desde 2018 manifestándose a favor de las exigencias de Prodein e instando a las Administraciones Públicas, a través de comunicados y declaraciones públicas, a que “encuentren una solución permanente que acabe con estas situaciones de marginación, invisibilidad y exclusión”.

(Fuente: La Marea)

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