El Colegio de Registradores cifra en 30.000 las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1998, pero excluye datos de veinte años atrás

El listado de los bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre en las últimas dos décadas asciende a 30.000 propiedades, según los datos que el Colegio de Registradores entregó al Gobierno de Pedro Sánchez hace justo un año. Ese listado, que se elaboró en cumplimiento de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados, permanece desde entonces oculto. El Gobierno asegura que la relación de bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica sigue “en elaboración” y aún no se ha enviado al Congreso porque se están corrigiendo posibles errores y ultimando un informe jurídico sobre las “posibles actuaciones” que se puedan llevar a cabo.

La cifra de 30.000 propiedades, que ha llegado a EL PAÍS de fuentes conocedoras del encargo, responde a todo tipo de bienes: desde lugares de culto (catedrales, iglesias, ermitas…) a casas parroquiales o de maestro, plazas, fuentes, frontones y todo tipo de parcelas. Hasta ahora ningún Gobierno ha querido hacer público este listado, que entidades como la Coordinadora Recuperando, que agrupa a varias asociaciones de toda España que luchan por el patrimonio público, llevan años reclamando.

Su publicación permitiría iniciar el proceso de impugnación que el propio Gobierno anunció el verano pasado que emprendería en caso de que se compruebe que la Iglesia inscribió “bienes de dominio público”. El listado abriría la puerta también a que los afectados, sobre todo los Ayuntamientos, pero también particulares, recurran la titularidad de los inmuebles. La tan esperada transparencia de las inmatriculaciones daría paso a una complicada batalla legal en juzgados de toda España.

Cuando el Ejecutivo finalmente envíe al Congreso el listado estará cumpliendo con una proposición no de ley que presentó el PSOE cuando estaba en la oposición, que fue aprobada en abril de 2017 con los votos en contra del PP y Ciudadanos, y que daba seis meses de plazo. El texto instaba al entonces Gobierno de Mariano Rajoy a elaborar una relación de todos los bienes inmatriculados desde 1998, fecha en la que el Ejecutivo de José María Aznar reformó la Ley Hipotecaria, cambio que facilitó estas anotaciones registrales.

El anterior Ejecutivo no cumplió, pero hizo el encargo al Colegio de Registradores y llegó a reclamar varias veces a esta entidad que le entregara los datos, según demuestran varios oficios enviados entre octubre de 2017 y julio de 2018 a los que accedió EL PAÍS gracias a distintas solicitudes de información amparadas en la ley de transparencia. En octubre, el director general de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia escribió al Colegio para “reiterar la remisión del informe solicitado a la mayor brevedad posible”. Para entonces, el plazo de seis meses ya había vencido, como recordaba la misiva.

El director tuvo que insistir en diciembre de 2017 ante nuevas iniciativas parlamentarias que “reclaman al Gobierno la publicación del listado”, dice el oficio. Ya en enero de 2018 el tono fue cortés pero mucho más firme. El colegio envió el 21 de diciembre un listado preliminar, pero faltaban datos. Algunos registradores no facilitaron información. En enero, el Ministerio de Justicia instó a enviar “requerimiento urgente a cada uno de los registros de la propiedad que no hayan informado sobre las inmatriculaciones”. Se puso serio. La respuesta debía darse en el plazo máximo de tres días y “bajo apercibimiento de poder incurrir en responsabilidad disciplinaria”.

Una ley franquista

La última comunicación oficial del Gobierno con el colegio es del 12 de julio de 2018. Para entonces Justicia ya disponía de una versión completa del informe, pero pidió a los registradores que hicieran un desglose de las propiedades por regiones para que la estadística fuese más fácil de consultar. A preguntas de EL PAÍS, el director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, Fernando Acedo–Rico, asegura que la versión definitiva del listado se envió a finales de agosto de 2018. ¿Por qué no se ha hecho pública? “No lo sé. Pensaba que ya se había enviado al Congreso. Nosotros cumplimos”.

Una norma franquista, la Ley Hipotecaria de 1946, permitió a la Iglesia inscribir cualquier bien, excepto los templos destinados al culto, sin documentación, simplemente con la firma de un obispo, que actuaba casi como un notario. Pese a esa excepción, en los años ochenta se inscribieron numerosas iglesias y ermitas, según han podido averiguar Ayuntamientos y asociaciones que defienden el patrimonio. En 1998 el Gobierno de José María Aznar permitió que también se inscribieran los templos, es decir, legalizó la práctica. El privilegio de la Iglesia estuvo en vigor hasta 2015, periodo durante el que se inmatricularon lugares como la mezquita-catedral de Córdoba por 30 euros. Hoy uno de los monumentos más visitados de España lo gestiona la diócesis de Córdoba, que cobra cada entrada a 10 euros. La Coordinadora Recuperando reclama que el listado incluya todas las inscripciones desde 1946.

Un grupo de expertos en el que participó la vicepresidenta del Gobierno en funciones Carmen Calvo, concluyó en 2018 que la mezquita-catedral de Córdoba fue de titularidad pública hasta hace 13 años y que la Iglesia se apropió de este monumento gracias a la reforma de la ley franquista que permitía a la Iglesia Católica inscribir una propiedad sin demostrar que fuera suya. El comité, en el que Calvo formó parte como constitucionalista, recomendó al Gobierno que impugnara en bloque todas las inmatriculaciones entre 1998 y 2015, años en los que los obispos inscribieron catedrales e iglesias hasta entonces consideradas bienes públicos.

«La Conferencia Episcopal no hace valoraciones sobre la posibilidad de que se publiquen los datos del registro (datos de los que la propia Conferencia Episcopal no dispone)», aseguró Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. «Siempre que dicha publicación se haga conforme a la legislación vigente y siempre que opere el principio de no discriminación», añadió.

El Congreso de los Diputados no solo instó al Gobierno a elaborar el estudio, también le pidió reclamar la titularidad del dominio “si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo”, es decir, sin que hubiera algún documento que demostrara la propiedad. También lo solicitó en el caso de que el bien no fuera “susceptible de propiedad privada por ser de dominio público”, es decir, incluso aunque el bien no esté catalogado ahora formalmente como tal, si históricamente se le consideró así. La Iglesia reconoce en su memoria de actividades que posee más de 3.000 bienes de interés cultural. Las catedrales de Burgos, Sevilla y Toledo, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, están a su nombre. “Es una maraña en la que el Gobierno no quiere meterse y menos antes de la exhumación de Franco”, asegura el portavoz de la coordinadora, Juan José Picó.

La dificultad de definir qué es Iglesia católica en el registro

Dar respuesta al encargo que le hizo el Gobierno al Colegio de Registradores en 2017 supuso meses de trabajo, explica Fernando Acedo–Rico, director de Relaciones Institucionales de esta entidad que aglutina el registro de la propiedad, el mercantil y el de bienes muebles. En concreto, fueron los más de 1.000 registradores de la propiedad los que tuvieron que remitir los bienes que detectaran a nombre de la Iglesia católica, la diócesis o la parroquia correspondiente, así como a nombre de las entidades u órdenes religiosas de las que tuviera conocimiento.

Este fue el principal problema al que se enfrentaron, explica Acedo-Rico: “No fue nada sencillo saber qué se considera Iglesia católica. Hablamos de parroquias, arzobispados, capellanías… Localizar todos esos entes y las propiedades inscritas por cada uno fue una labor difícil”, asegura. Muchos registradores hicieron consultas al Colegio para saber en qué supuestos podía considerarse que una entidad religiosa era Iglesia Católica a efectos de propiedad. “Tuvimos que hacer aclaraciones. Era un tema novedoso, tanto para nosotros como para el Ministerio y la sociedad civil”, añade.

“La elaboración de este listado ha estado en una nebulosa desde que salió la proposición no de ley del Congreso”, asegura Juan José Picó, de la coordinadora Recuperando. “No se sabe si se publicará el listado completo ni lo que el Gobierno pretende hacer con esos datos”, añade.

Picó asegura que algunos inmuebles estarán correctamente inmatriculados, es decir, la Iglesia podrá demostrar con documentación que son de su propiedad. Para los demás, especialmente “para esos bienes seculares, construidos y financiados por el pueblo”, Picó asegura que las instituciones tendrán que actuar y reclamarlos. Menciona los bienes de patrimonio como catedrales, iglesias, monasterios o la mezquita-catedral de Córdoba. “Deberían ser de dominio público”, asegura.

(Fuente: El País / Autora: Elena G. Sevillano)


El registro del Gobierno deja fuera 20 años de inmatriculaciones de la Iglesia

Unos 30.000 bienes, entre catedrales, iglesias, garajes, frontones, jardines, apartamentos y campos de labranza. Esos son los bienes que, a falta de confirmación oficial, ha entregado el Colegio de Registradores al Gobierno, y que hacen referencia a los bienes inmatriculados –puestos a nombre de la Iglesia– gracias a la Ley Aznar entre 1998 y 2015. Un informe que, según ha podido confirmar eldiario.es, el Ejecutivo socialista tiene en sus manos desde hace más de un año y que todavía no ha decidido cómo hacer público.

Sin embargo, esa cifra –adelantada por El País– no refleja toda la realidad. «Es el chocolate del loro», lamenta el responsable de la plataforma Recuperando, Jorge García, que recuerda al Gobierno que la Iglesia «lleva inmatriculando bienes a su nombre desde 1946». «Es imposible saber cuánto», recalca este activista aragonés, que ha conseguido, después de muchos años de pelea, que Aragón diera una cifra concreta: 49 en la capital (Zaragoza) y 2.023 en toda la comunidad. Aunque sin decir cuáles, ni por supuesto hablar de los inmuebles puestos a nombre de la Iglesia con anterioridad.

Y es que, si solo contáramos los bienes apropiados por la Iglesia católica desde 1978 (año de la proclamación de la Constitución española), la cifra se incrementaría por tres o por cuatro. Distintos expertos en Patrimonio consultados por este diario cifran en más de cien mil los inmuebles inmatriculados desde la instauración de la democracia.

«Se han ‘afeitado’ las cifras»

«A mí no me gusta dar más cifras que las oficiales», apunta Jorge García, que no obstante ve «extraño» que el propio gerente de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, admitiera el pasado año que los bienes inmatriculados rondarían los 40.000, y que una primera estimación elevaba los datos a entre 40 y 60.000. «Da la impresión de que se han ‘afeitado’ las cifras», denuncia el responsable de Recuperando.

Y es que, por el momento, las únicas cifras oficiales (el Gobierno no ha confirmado ni desmentido que el dato de 30.000 bienes sea real) son las que distintas asociaciones han arrancado en algunos territorios.

Así, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra ha conseguido que el Gobierno hable de 1.087 propiedades públicas anotadas entre 1998 y 2007, que casi se triplicarían si se tiene en cuenta el periodo en que estuvo en vigor la ‘Ley Aznar’. Hace meses, la plataforma Recuperando anunció que había logrado documentar otros 1.500 registros anteriores a la reforma en el territorio foral, aunque, explicaban, en muchos casos una sola inmatriculación incluye varios bienes. En un mismo paquete se hablaba de parroquia, atrio, casa parroquial o huerto.

Sólo en la ciudad de León se registraron más de 2.000, y en la Iglesia vasca, apenas 530. En Córdoba, hasta 401 inmuebles, entre los que destaca la mezquita-catedral. Un templo registrado por 30 euros y que el nuevo alcalde de la capital andaluza ya se ha reunido con el obispo para confirmarle que el Consistorio no pone en duda la titularidad de la Iglesia.

Sea como fuere, lo cierto es que desde hace años, distintas plataformas en favor de la devolución de los bienes expropiados por la Iglesia denuncian el «negocio inmobiliario» de la institución católica en España, que tiene su máxima expresión en la inscripción a nombre de la Iglesia de todos aquellos terrenos, locales y edificios que considerara suyos, con la mera firma del obispo, que resulta tan válida como la de un notario. Algunos de esos bienes, con posterioridad, fueron vendidos para otros usos que no fueran meramente litúrgicos.

Una vez se conozca el listado de bienes puestos a nombre de la Iglesia, serán los posibles afectados, fundamentalmente ayuntamientos, pero también particulares, los que tendrían un registro oficial ante el que poder recurrir la titularidad del inmueble, cementerio o parque.

Batalla legal

A partir de ese momento comenzaría una batalla legal de difícil solución puesto que, en la mayoría de los casos, los bienes jamás estuvieron registrados oficialmente, de modo que el único papel oficial es el que pueda presentar el obispo de cada diócesis.

Esta es una de las razones por las que el Gobierno socialista aún no ha hecho público el listado de bienes, sin un informe jurídico anexo, en el que señalará las dificultades para la reclamación de propiedades, al tiempo que advierte de una posible parálisis del sistema jurídico español, sin olvidar los más que seguros recursos a la justicia europea. La Iglesia, que hace unos meses hablaba de «clima de desamortización encubierta», está preparada para una hipotética batalla legal.

Distintos expertos han apuntado que, una vez publicados los registros (si logra salvarse otro escollo, que es el de la Ley de Protección de Datos, a la que los Obispados podrían acogerse), tendría que verse qué instituciones o particulares podrían, llegado el caso, denunciar la titularidad de cada inmueble individualmente. «Nosotros no podemos hacerlo», apunta Jorge García, de Recuperando, que apunta a que debería ser cada Ayuntamiento, o particular, quien habría de intentar hacerlo. «Siempre y cuando tuviera algún título de propiedad anterior» lo cual, en el caso de los templos, se antoja sumamente complicado. Además, según la normativa, pasados dos años desde que el bien es registrado resulta casi imposible demostrar que la inscripción a favor de la Iglesia perjudicó a terceros.

Lo que sí podría plantear el Ejecutivo a la Iglesia sería negociar la titularidad de los más de 3.000 edificios reconocidos como ‘Bienes de Interés Cultural’, preservando el uso litúrgico y religioso de los inmuebles. Unos inmuebles que el Gobierno considera «bienes de dominio público» y, por lo tanto, falsas inmatriculaciones. La cifra es estimativa, teniendo en cuenta los datos de la propia Conferencia Episcopal, que en su última Memoria de Actividades afirmaba que «3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la Iglesia».

Entre ellos, 22 de los 44 bienes culturales declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, entre los que se encuentran varias catedrales. Hasta 31 de ellas, como ya adelantó eldiario.es, fueron nacionalizadas por el Gobierno de Niceto Alcalá Zamora en 1931, y ahora podrían volver a manos del Estado, tal y como sucede en Portugal o Francia.

En una respuesta de Justicia al diputado socialista Antonio Hurtado en la legislatura pasada, se avanzaba que «la Constitución española consagra los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público».

Esto quiere decir –afirmaba el Ministerio– que, «si a pesar del control por parte del Registrador, hubieran accedido a registro como bienes de propiedad privada bienes que efectivamente lo son de dominio público, deberá procederse a la correspondiente depuración física y jurídica». La decisión «correspondería a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si al Estado corresponde algún derecho sobre dichos inmuebles, sometido todo ello a la tutela judicial efectiva».

¿Qué bienes podrían verse afectados? Hasta 31 catedrales (entre ellas, la mezquita de Córdoba, o los templos mayores de San Sebastián, Valladolid, Granada o Málaga), u otros templos, como la Seo de Zaragoza o la Giralda de Sevilla. Del mismo modo, habría que valorar cuáles de esos 3.168 bienes calificados como ‘de interés cultural’ fueron puestos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015, para posteriormente proceder, en su caso, a la rectificación de la inmatriculación. Junto a ellos, muchos de los 616 santuarios existentes en España (desde Covadonga a Guadalupe, pasando por Caravaca de la Cruz, Loyola, El Rocío o Torreciudad).

(Fuente: el diario.es / Autor: Jesús Bastante)

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