Cádiz: La Junta de Personal Docente no Universitario continuará su lucha en defensa de la educación pública y su profesorado

La Junta de Personal Docente no Universitario gaditana ha informado que continuará con lo que considera su lucha en defensa de la educación pública y su profesorado.

Ha denunciado las consecuencias de las políticas educativas de la Junta de Andalucía, dado que, según han comentado, el cierre de unidades a consecuencia de la caída de la natalidad y el descenso demográfico trae sobre sí que 34 docentes de la provincia hayan visto suprimidas sus plazas o hayan sido desplazadas de ellas. Esto en primaria e Infantil.

En Secundaria, FP y Bachillerato, habría que sumar la modificación de plantillas habida cuenta de la ampliación de horas de Inglés, Educación Física o religión y todo ello una vez finalizados los concursos de traslados.

La consecuencia de esto es que algunas personas que obtuvieron su plaza este año la han visto, repentinamente desaparecer, al ser suprimidas o desplazadas, sin poder regresar ya a las que ocupaban anteriormente, según han informado desde la Junta de Personal.

A todo esto habría que sumar, según la Junta de Personal, la denuncia de falta de garantía de equidad del proceso de escolarización. También las reuniones de la comisión de escolarización, que según han comentado será convocada para el 25 de septiembre, una vez finalizado el proceso.

Este colectivo, finalmente ha informado que permanecerá vigilante y denunciará los casos en los que se incumpla la normativa de escolarización.

(Fuente: OCádiz Digital)

Las exigencias de la Junta de Personal Docente no universitario de Cádiz

En un documento registrado en la delegación de la Consejería de Educación el pasado 12 de junio, que a continuación reproducimos, realizaban un compendio de sus demandas

La escuela pública gaditana está en peligro y por ello, la Junta de Personal Docente exige:

-. 1 El mantenimiento de todas las unidades de la Enseñanza Pública en la capital gaditana. Tanto el IES Columela, como el IES San Severiano y el CEIP La Inmaculada podrían mantener sus unidades si se atendiesen a criterios de calidad de enseñanza y no meramente economicistas. No estamos dispuestos a tolerar que alumnado de Bachillerato que eligió matricularse en el IES San Severiano sea dirigido a otros centros, incluso alguno concertado. Ni que un centro histórico como el IES Columela sea condenado a desaparecer en un futuro más o menos próximo ante la desidia de quienes deberían velar por su mantenimiento. Se incluyen las unidades anunciadas en el IES Drago y el IES Alberti.

-. 2 La creación de unidades en aquellos centros donde ha existido demanda suficiente, como se nos prometió que sucedería en esa reunión celebrada ante el delegado territorial, como son el CEIP El Juncal, de El Puerto de Sta Mª; el CEIP San Francisco de Arcos de la Fra; El CEIP Almirante Laulhé, de San Fernando o el CEIP Carmen Sedofeito de Chiclana, por citar algunos ejemplos.

-. 3 Que se evite la unión de grupos de edades diversas en toda la Sierray se respeten los criterios de escolarización recomendados por el Servicio de Planificación de no unir grupos de niveles diversos con más de 12 alumnos/as, ni del mismo nivel de más de 15, como ocurre en CEIP Maestro Gálvez de Villaluenga,o el CEIP Fernando Hué de Zahara de la Sierra. Mantener en las zonas rurales, como ocurre en el CRIPER de Benamahoma/La Muela/Algodonales o el CEIP Antonio Machado de Grazalema, las unidades necesarias para que esos centros no se conviertan en las antiguas escuelas unitarias, y poder invertir en progreso y dinamización de esas zonas rurales con el mantenimiento de la población y familias más jóvenes.

-. 4 Que se evite la masificación y se construyan los centros públicos prometidos en Jerez, Puerto Real, etc, y no se incumpla la normativa de escolarización que prohíbe ratios por encima de 25 en Infantil y Primaria,y de 30 en Secundaria, como se está haciendo en multitud de zonas de esta provincia, como pueden ser Castellar de la Frontera, Medina o Jerez, por citar algunos ejemplos.

-. 5 Que se tengan en cuenta criterios que vayan en beneficio de la Enseñanza Pública y de su calidad, como garantes de un servicio y derecho fundamental equilibrador de las diferencias sociales y de la diversidad, que apuesten por la bajada de las ratios especialmente en las aulas donde haya escolarizado alumnado de NEAE/NEE.

-. 6 El blindaje de la Educación Públicay la revisión, sin esperar a los cuatro años que restan para finalizar el acuerdo realizado con la Enseñanza Privada Concertada, para equilibrar los efectos del descenso demográfico y la caída de la natalidad.

-. 7 Exigimos, asimismo,coherencia en los gestores de la Administración Públicacomo garantes de los bienes públicos que se les han encomendado, tarea que, consideramos desde esta Junta de personal Docente, están desarrollando de manera contraria a lo que se les encomendó.

-. 8 La inmediata convocatoria de la Comisión Provincial de Garantías de Escolarización y la facilitación de la información sobre planificación de unidades solicitada desde la Presidencia de esta Junta de Personal Docente, a las que tenemos derecho como parte interesada.

-. 9 Exigimos que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía aplique medidas que eviten la pérdida de unidades y que permitan la mejora de la calidad de la enseñanza en los centros educativos, como la bajada de la ratio a 20 alumnos/as en todos los cursos de Infantil y Primaria, y a 25 en Secundaria, Bachillerato, FP y EREs; los desdobles en las materias troncales en Secundaria y Bachillerato y la dotación de personal suficiente a los centros de Infantil y Primaria para que l@s maestr@s de refuerzo sean realmente de apoyo y no l@s encargad@s de sustituir al personal docente ausente. Así como dotar del Personal de Administración y servicios (monitores/as de educación especial, monitores/as administrativ@s, ordenanzas,…), que tanta importancia tienen para el buen funcionamiento de los centros; medidas que además supondrían la creación de puestos de trabajo.

De igual manera, la Junta de Personal Docente entiende que los gestores de la Administración Pública son y deben ser garantes de los bienes públicos que se les han encomendado. Por ello, y por la opacidad que muestra esta Delegación, a la que reiteradamente se le ha solicitado información sobre escolarización, sin obtener respuesta, exigimos la dimisión del responsable del área de Planificación Educativa, D. Joaquín Mateos.

(Fuente: Portal de Cádiz)

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