Huelva: La Fiscalía abre investigación a Ercros por los vertidos

Las denuncias han dado sus frutos. La Fiscalía General del Estado, a través del Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, ha abierto una investigación penal a Ercros por posibles filtraciones de contaminantes a aguas subterráneas, siendo una de las plantas afectadas la de Palos de la Frontera (Electroquímica Onubense). Hay que recordar que en 2015 esta planta fue transferida a Salinas del Odiel.

Fuentes judiciales han confirmado que en la Fiscalía de Huelva se abrieron diligencias de investigación por esta causa, que se archivaron por existir otras investigaciones abiertas del mismo índola y contra la misma compañía en otros puntos de España, como Tarragona.

La denuncia de un ex trabajador sobre presuntas prácticas delictivas de la compañía ha sido la que ha derivado en las investigaciones. Posteriormente, organizaciones como Facua e IU Huelva acudieron a la Fiscalía para denunciar los mismos hechos, aportando documentación al respecto. La Fiscalía Provincial archivó el pasado mes de mayo estas diligencias al haber transcurrido el plazo legal de seis meses y existir además otra investigación abierta por la Fiscalía de Sala.

El pasado mes de noviembre, tanto Facua-Consumidores en Acción como IULV-CA dieron traslado a la Fiscalía de Huelva de la documentación que pone de manifiesto estas supuestas filtraciones. Estas denuncias se referían a posibles irregularidades acaecidas entre los años 2007 y 2013 en las instalaciones de la empresa en la citada planta onubense, que ocupa unas 33 hectáreas dedicadas a la elaboración de sosa y cloro a partir de sal marina.

Los denunciantes refieren posibles delitos medioambientales así como delitos contra la salud pública haciendo referencia a una “trama empresarial” consistente en resumen en ocultar y falsear información ambiental del funcionamiento de la instalación a la Administración Ambiental competente, en este caso a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el marco de la labor de control e inspección derivada de la concesión de Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada en 2008 y actualizada en 2014.

En concreto se denunciaban posibles filtraciones tóxicas -de hidrocarburos y clorados volátiles- a las aguas subterráneas del lugar y a la ría del Odiel situada a unos 500 metros, emisiones de mercurio a la atmósfera superando los límites legales, transportes de dicha sustancia falseando los datos de la cantidad transportada y posibles daños a la salud de los trabajadores derivados de la presencia de productos cancerígenos y tóxicos.

La denuncia de Facua a la Fiscalía por “ocultación de filtraciones contaminantes”

Facua-Consumidores en Acción trasladó a la Fiscalía de Huelva en noviembre de 2015 la documentación que ponñia de manifiesto “las filtraciones de elementos tóxicos a aguas subterráneas” desde la planta de Electroquímica Onubense, propiedad en el momento en que se produjeron las citadas filtraciones de la empresa Ercros.

Según informó Facua en una nota de prensa, la asociación había tenido conocimiento de dicha documentación a través de la información publicada en eldiario.es, que recogía que la empresa era “plenamente consciente de la contaminación que estaba produciendo y decidió ocultarlo a las administraciones competentes”.

“Todos los hechos relatados en la noticia mencionada, así como la documentación a la que esta asociación ha tenido acceso, implica que pueda interpretarse que nos encontremos ante la posible comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, recogía el escrito remitido por la asociación a la Fiscalía.

“Y todo ello sin mencionar los posible delitos contra la salud pública que la supuesta adulteración de aguas subterráneas pudiera haber producido en el caso de que se hayan destinado a consumo humano o al tratamiento de productos alimenticios”. Continuaba afirmando Facua.

Señalaba que Ercros tuvo conocimiento de que “la contaminación había pasado de los terrenos de la planta química a las aguas subterráneas, al menos, dos años antes de notificarlo a la Junta de Andalucía en 2013”, de manera que “la fábrica no hizo caso a la Consejería de Medio Ambiente cuando le requirió por vía oficial que le indicara cuál era su red de medición y se limitó a facilitar una información parcial que no reflejaría los vertidos al acuífero”.

La planta, pegada a la ría del curso fluvial y rodeada por espacios naturales como el parque nacional de Doñana o las Marismas del Odiel, ya no pertenece a Ercros; es propiedad de la sociedad Salinas del Odiel desde julio de 2015.

Facua recordaba en su escrito que los vertidos a aguas subterráneas están penados por cárcel, multas e inhabilitación de acuerdo a los artículos 325 y 327 del Código Penal y pide a la fiscalía, por tanto, que investigue las actuaciones que se desprenden de la documentación publicada para establecer si existe o no delito en este caso.

(Fuentes: Diario de Huelva / Huelva 24 / Andalucía Información)

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