El TS anula de nuevo la inclusión del dragado del Guadalquivir en el Plan Hidrológico, tras el recurso interpuesto por WWF-ADENA

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha anulado el Plan Hidrológico de Guadalquivir, en lo que se refiere al dragado del canal de navegación del río, al considerar que dicha medida requiere una justificación de mayor grado de intensidad que la realizada por la Administración, al afectar a un espacio especialmente protegido como es el Parque de Doñana.

El tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por WWF-ADENA y declara nulo parte del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos, en lo que atañe al Plan Hidrológico del Guadalquivir.

En su recurso, alegaban, entre otros motivos, que la inclusión del dragado del río Guadalquivir en dicho Plan no cumplía con las condiciones exigidas en el artículo 39 del Reglamento del Plan Hidrológico (RPH) para realizar nuevas modificaciones físicas o alteraciones de masas de agua. Los recurrentes sostenían también que se anteponía el dragado a los objetivos medioambientales de un espacio protegido como Doñana y que, además, no cumplía con la Directiva Habitats ni con la sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de febrero de 2015, que ya anuló la anterior planificación de 2013 en cuanto a la actuación del dragado, debido a que los motivos de las modificaciones de agua no se consignaron ni explicaron específicamente en el Plan del Primer Ciclo de Planificación de 2009-2015.

Tras analizar la Memoria de dicho Plan, la Sala concluye que no se reflejan con la necesaria precisión todas las condiciones que han de cumplirse para llevar a cabo la actuación del dragado en cuestión. En este caso, afirman los magistrados, la justificación de dichas condiciones exigidas por el artículo 39 de RPH requiere “el mayor grado de intensidad atendiendo a la especial protección medioambiental del Parque de Doñana y los riesgos que la actuación supone para la funcionalidad del mismo, que ya han sido valorados en informes previos y considerados por esta Sala en sentencia de 26 de febrero de 2015, acreditando en su caso que dicha situación del estuario ha mejorado y permite la actuación del dragado en las condiciones legalmente establecidas”.

Ello exige, afirma el tribunal, que la Administración lleve a cabo “una valoración precisa y circunstanciada de las condiciones establecidas (medidas paliativas, motivos de las modificaciones, interés público superior y compensación de los beneficios medioambientales e imposibilidad de consecución por otros medios) en relación con los concretos efectos negativos y riesgos para el ecosistema afectado que goza de la mayor protección medioambiental, que no puede entenderse satisfecha en los términos que se reflejan en el planeamiento y que se han transcrito antes”.

En su sentencia, la Sala constata la falta de una evaluación concreta y precisa de las medidas necesarias para llevar a cabo el pretendido dragado en relación con los concretos riesgos que conlleva para los objetivos medioambientales de las masas de agua afectadas y el Parque de Doñana. Agrega que el plan recoge medidas imprecisas y no incluye el contraste necesario con los efectos y riesgos que el dragado representa para el ecosistema afectado, que resultan de los informes emitidos.

Así, el tribunal destaca que el planeamiento se limita a referir “una serie de medidas a realizar, planificadas, en estudio, de seguimiento, además de consideraciones sobre los efectos de salud pública, seguridad pública y otras de naturaleza social y económica, las alternativas consideradas y los beneficios obtenidos, con una genérica e imprecisa referencia a los negativos efectos medioambientales, que minimiza sin una fundamentación que resulte respaldada por informes o documentos contratados”.

WWF España ha celebrado el fallo que estima parcialmente el recurso presentado por esta organización en 2016. A juicio de WWF, el dragado suponía una “grave afección ambiental” a Doñana. En ese aspecto, recuerda que lleva más de 15 años trabajando contra este proyecto y denunciando que el Plan no especificaba las condiciones en las que se debería realizar el proyecto de dragado para evitar la afección al Parque Nacional de Doñana y para cumplir la Directiva Marco de Agua. A juicio de la ONG, no es posible justificar su realización apoyándose en una evaluación ambiental realizada en 2003 y que ya “ha sido superada”.

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, subraya que este fallo es “el golpe definitivo para uno de los proyectos más dañinos que amenazan Doñana”. “Tras más de 15 años luchando contra este proyecto injustificable, hoy es un gran día para Doñana, la naturaleza y para todas las personas que viven del rico Estuario del Guadalquivir”, concluye.

(Fuente: Sevilla Actualidad)

Nueva estrategia de la Autoridad Portuaria

El segundo varapalo al dragado del Guadalquivir en cuatro años no supone un contratiempo para los planes del Puerto de Sevilla, que lleva un tiempo trabajando en una nueva estrategia marcada por un criterio ambiental que permitirá mejorar la navegabilidad del río sin tocar el fondo gracias a seguir profundizando en el estudio de las mareas, la modelización del tapón salino, el origen de la turbidez y el estado biológico del estuario.

La Autoridad Portuaria entiende que la decisión del Tribunal Supremo, que anula el plan hidrológico del Guadalquivir en lo que se refiere al dragado del canal de navegación del río, no modifica la estrategia que se está llevando a cabo en la actualidad, e invita a participar a los arroceros, universidades y ecologistas para crear un nuevo modelo de trabajo. En un desayuno coloquio organizado por la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla, Rafael Carmona dejó claro que la mejora de la navegabilidad de la ría pasa por un trabajo en común con los distintos sectores, y subrayó que el camino que actualmente se desarrolla “va por un lado muy distinto a ese dragado de profundización, trabajando en la mejora ambiental”.

“La sentencia del Tribunal Supremo no trastoca nuestros planes”. El presidente del Puerto apuntó que la nueva estrategia conocida como Working with nature (trabajando con la naturaleza) está dando buenos resultados, aunque no son suficientes. Los técnicos ya cuentan con más información de las mareas gracias a los acuerdos de investigación impulsados con diversas universidades y con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), lo que ha permitido acompasar la entrada y salida de buques de mayor calado después de un trabajo que ha proporcionado incrementar la escalilla de calados en 20 centímetros, pasando de siete metros a siete metros con 20 centímetros, lo que supone a nivel de carga unas 300 toneladas más por trayecto.

El Puerto interpreta que necesita un conocimiento más profundo del estuario. Por ello, continúa trabajando para abordar temas como las mareas, la modelización del tapón salino, el origen de la turbidez y el estado biológico del estuario. “No se está hablando de rebajar 50 centímetros en toda la ría, sino en puntos clave y analizarlo para ver qué podría suceder y si podía afectar o no la salinidad”. La idea es mejorar la navegabilidad sin tocar el fondo. “Mientras haya más agua, habrá más profundidad y más calado”, comentó el presidente de la Autoridad Portuaria.

Los arroceros plantearon al Puerto en la última reunión que la salinidad del río estaba disparada, algo que achacaban a la realización del dragado de mantenimiento que se realiza periódicamente para eliminar sedimentos. Sin embargo, Carmona les trasladó que no se ha dragado desde hace un año y medio porque aún no se ha iniciado el último programado. “El agua está turbia y eso no lo provocan los barcos. El río tiene sal por la ría, porque las mareas llegan hasta Alcalá del Río a diario dos veces”.

Los técnicos abogan por analizar los mejores momentos para que los buques accedan al Puerto, cómo influyen los sedimentos en la parte final del estuario, qué esta pasando con la fauna del río y si pueden sobrevivir con tanta turbidez. El objetivo es favorecer la entrada de barcos, aunque no se plantea la entrada de grandes cruceros de 4.000 personas como ocurre en Málaga, ni grandes cargueros de petróleo o gas como en Huelva. “Han pasado 19 años y el dragado no se ha hecho porque se ha enfocado mal, sólo con una visión economicista”, destacó el presidente de la Autoridad Portuaria.

Un nuevo dragado en el Guadalquivir para retirar hasta 1,4 millones de metros cúbicos de sedimentos con el objetivo de evitar los aterramientos que se vienen produciendo de forma habitual en la canal de navegación, que comienza en la desembocadura del río en Sanlúcar de Barrameda y termina en Sevilla, y que reducen el calado y aumentan la peligrosidad de la travesía de los buques. Los trastornos son graves, ya que conllevan retrasos en la navegación y perjuicios económicos a todos los clientes del Puerto de Sevilla.

La Autoridad Portuaria ha adjudicado un dragado de mantenimiento durante cinco años de la canal de navegación de la ría del Guadalquivir para permitir el acceso del tráfico marítimo hasta los muelles de Sevilla en condiciones de plena seguridad y operatividad. El pliego destaca que se trata de mantener las cotas de las rasantes actuales, no de aumentarla. Esta primera fase de los trabajos serán realizados durante dos años.

(Fuente: Diario de Sevilla / Autor: Manuel Ruesga)

El Proyecto de Dragado del Guadalquivir: la historia de un timo a la ciudadanía

Casi dos décadas han hecho falta para acabar con el proyecto de dragar el río Guadalquivir para aumentar su profundidad en 8 metros y permitir el acceso de mayores buques hasta el Puerto de Sevilla. La última sentencia del Tribunal Supremo da ahora la puntilla a un proyecto que determinados intereses económicos querían mantener vivo y que aún permanecía en el Plan Hidrológico del Guadalquivir como una medida a realizar.

El inicio

Todo empezó en el año 1999, cuando por primera vez y bajo la firma contratada de profesores de la Universidad de Sevilla se hablaba de la importancia de hacer un dragado en el río Guadalquivir para la supervivencia económica de la ciudad de Sevilla. El ‘estudio’, que no tenía base científica, daba los mimbres y el aval necesario a la Autoridad Portuaria de Sevilla para lanzarse a aprobar, en el año 2000, el proyecto “Actuaciones de Mejora en los accesos marítimos al puerto de Sevilla”, basado en aumentar la profundidad del río en 8 metros para que entrasen hasta el puerto más buques de carga y grandes cruceros.

El proyecto faraónico empezó la casa por el tejado: construyendo la nueva esclusa del Puerto, que ya en 2004 era la mayor obra civil de toda Sevilla y que duplicó su coste superando los 163 millones de euros según estimaciones, porque ni siquiera el Puerto de Sevilla se atreve a dar la cifra final de esta faraónica obra.

Sin embargo, las alertas saltaron de inmediato. Estaba en juego la vida de Doñana, en lo ambiental, pero también de actividades productivas históricas y rentables, como el arrozal (Sevilla es la provincia con mayor producción de arroz integrada de toda España), el marisqueo en la desembocadura, la pesca… El 2 de octubre de 2003 se publicó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto del Puerto de Sevilla, que determinaba la constitución de una Comisión Científica que tras varias reuniones con la Autoridad Portuaria acordó encargar el Estudio “Propuesta Metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir” a un equipo investigador coordinado por Miguel Losada (Universidad de Granada) y Javier Ruiz (CSIC, Cádiz), para completar las lagunas de información detectadas en el proyecto.

Demoledor estudio

En 2010 el equipo investigador facilitó a los miembros de la Comisión científica los documentos con los resultados del Estudio, que incluyó el estuario del Guadalquivir y el Golfo de Cádiz sobre la plataforma litoral, en el sector comprendido entre Cádiz y la frontera con Portugal. La comisión de expertos redactó un dictamen el 12 de noviembre de 2010 que concluía que “la situación actual (del estuario) requiere la intervención rápida y coordinada de las administraciones implicadas en la planificación y gestión del estuario, de la cuenca del Guadalquivir y de la costa, de modo que se revierta la tendencia actual que lleva al colapso del estuario y a la costa que de él depende, y por tanto al Parque Nacional de Doñana, cuyas marismas forman parte del propio estuario”. El dictamen era claro: “recomendamos que se desestime definitivamente el dragado de profundización y que de mantener la autoridad portuaria de Sevilla su voluntad de realizar dicho dragado”.

Tras el demoledor informe, que empezó a llamarse ‘informe Losada’, el Puerto de Sevilla cambió de estrategia. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) aprobó su Plan Hidrológico en 2010, que establece la gestión de toda la cuenca del Guadalquivir, sin hacer referencia alguna a las actuaciones previstas en el estuario. En 2013 apueban el Plan Hidrológico y sorprendentemente en él se incluye entonces el dragado de profundización sin hacer mención a los nuevos conocimientos adquiridos sobre el estuario y a las recomendaciones hechas por los científicos y la Comisión creada al efecto. El timo a la ciudadanía está en marcha.

Se pronuncia la UNESCO

Pero en junio de 2013 la 37ª Sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO determina “urgir al gobierno de España a no permitir ninguna profundización del dragado en el Bajo Guadalquivir”, en línea con las recomendaciones de la Comisión Científica y con anteriores decisiones de la Unesco . También recomienda al gobierno de España a asegurar que “todos los dragados de mantenimiento se optimicen ecológicamente en línea con las recomendaciones científicas”.

Procedimiento de infracción de la Comisión Europea

El día de la Hispanidad de ese año 2013, el Estado recibe como ’regalo’ la apertura un procedimiento de infracción contra España por parte de la Comisión Europea por el proyecto de dragado del Guadalquivir a raíz de la queja interpuesta por WWF España. Las autoridades europeas confirman así que el proyecto impulsado por la Autoridad Portuaria de Sevilla con la connivencia y apoyo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, puede vulnerar la normativa comunitaria de protección de la naturaleza, por los graves impactos que ocasionaría sobre Doñana y otros espacios de la Red Natura 2000.

“Si el comportamiento de la Autoridad Portuaria de Sevilla es censurable, el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que debe velar por los intereses no de una localidad sino de toda la cuenca, lo es en grado sumo”, asevera el catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Leandro del Moral. “Lejos de reflexionar sobre estas desautorizaciones técnicas, jurídicas y políticas, las máximas autoridades de la Confederación Hidrográfica y de la Autoridad del Puerto, junto a otras falsedades como que “los fondos europeos se perderán si no se aplican este año”, anunciaron en 2015 que se trataba de un problema formal que obligaba simplemente a “tintar el plan”, según palabras textuales del presidente de la CHG”, recuerda Del Moral.

En efecto, el juego de trileros que iniciaron los promotores del dragado, que contaban con el apoyo de la patronal y los sindicatos sevillanos, además de partidos en principio antagónicos como el PP y el PSOE, estaba en marcha. Daba igual que la ciudadanía se hubiera posicionado en contra, que ecologistas y arroceros se aliasen para salvar a Doñana y al arroz, que alcaldes ribereños diesen la voz de alarma… el proyecto iba a hacerse pese a todos. Sólo había que “tintarlo”.

Y así se hizo. La CHG volvió a incluir este proyecto, que seguía escrito en el Plan Hidrológico en vigor pese a que iba perdiendo apoyos por el camino. Hasta el Puerto de Sevilla dio una rueda de prensa asegurando que el dragado quedaba descartado, eso tras sacudirse a la anterior dirección ‘prodragado’ que recolocó en filas de mando del PSOE (como Carmen Castreño, que pasó a ser el fichaje estrella de Juan espadas en el Ayuntamiento de Sevilla).

Pero con todo el timo organizado había algo que chirriaba: el dragado de profundización seguía estando entre las medidas planeadas por la CHG. Por eso, la sentencia del Tribunal Supremo que se acaba de hacer pública levanta las cartas marcadas de estos tahures y anula la partida al anular la inclusión del dragado en el Plan Hidrológico del Guadalquivir que el anterior Gobierno central del Partido Popular introdujo en 2016. El tribunal sostiene que “no se reflejan con la necesaria precisión todas las condiciones que han de cumplirse para llevar a cabo la actuación del dragado en cuestión” y concluyen que no se ha realizado “una evaluación concreta y precisa de las medidas necesarias” para acometer la obra respecto a los “concretos riesgos que conlleva para los objetivos medioambientales de las masas de agua afectadas y el parque de Doñana”. Han dejado sin cartas a la CHG y al Puerto de Sevilla para seguir una partida trucada en contra de los intereses de Doñana, las actividades productivas ribereñas y de la propia ciudadanía. Fin de partida.

(Fuente: El Correo de Andalucía / Autor: Ricardo Gamaza)

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