El SAT abandona la huelga de hambre y traslada su campamento a Somonte

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A media tarde del domingo, y entre los campos de cereales del valle del Guadalquivir, se celebró la Asamblea Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores en la finca ocupada de Somonte (Córdoba). En ella se decidió abandonar la huelga de hambre que 16 personas llevaban desde hace 27 días y trasladar el campamento por la libertad Andrés Bódalo a la finca como respuesta al desalojo del pasado 2 de junio, uniendo así las dos luchas históricas del campesinado andaluz: tierra y libertad.

Presidida por los huelguistas de hambre y su grupo de apoyo, recién llegados de la acampada por la libertad de Andrés Bódalo en Madrid (foto inferior adjunta), comenzó la asamblea en un ambiente emotivo y autocrítico. Durante la Asamblea Nacional se expresaron abiertamente las razones por las que la huelga no había cumplido su objetivo: “Con una campaña electoral que acapara todo el foco mediático y la apertura de un segundo frente con el desalojo de Somonte, el sindicato necesita recuperar fuerzas y concentrarlas para defender la finca mientras se relanza la campaña por la libertad de Andrés Bódalo”, comentó uno de los huelguistas.

La Comisión Permanente recogió las diferentes propuestas para relanzar la campaña por el sindicalista encarcelado y quedó encargada de elaborar un nuevo calendario de movilizaciones. El reto de abarcar estas dos luchas de forma simultánea se asumió como ineludible pero como una prueba de fuego de la capacidad del sindicato. Unir sus dos frentes abiertos en un solo punto mientras se diseña una nueva estrategia y se activan las bases del sindicato fue el objetivo que se marcó la asamblea.

María Bódalo, hija de Andrés Bódalo, explicó las razones de este cambio de estrategia: “El cerco mediático ha sido absoluto; la huelga sólo estaba sirviendo para deteriorar nuestra salud sin que nos hiciesen caso. Volver a comer es un paso para recuperar fuerzas y seguir con la lucha por la libertad de mi padre”. Dos días antes, María había sufrido una crisis de ansiedad ante la perspectiva de volver de Madrid sin haber conseguido la liberación de su padre.

La decisión de trasladar el campamento llega una semana después de que la Guardia Civil desalojase a los jornaleros que recogían la patata y precintase las naves y viviendas de la finca, siguiendo una orden judicial que llevaba 4 años emitida esperando a ser ejecutada. El dirigente sindical Diego Cañamero expresó durante la asamblea las dudas sobre la motivación del desalojo: “Este desalojo puede ser una medida de presión para que abandonásemos la huelga y volviéramos de Madrid, una medida de presión del Partido Popular a la Junta de Andalucía o una represalia de la Junta de Andalucía hacia la lucha del sindicato”.

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Reimpulso del proyecto de Somonte

Somonte es una finca pública de más de 400 hectáreas situada al sur de la provincia de Córdoba que lleva ocupada desde 2012. Durante estos 4 años, la Junta de Andalucía ha recibido 200.000 € al año en subvenciones debido a la productividad por hectárea generada por los jornaleros que hacen vida en la finca. A pesar de este dinero, la administración andaluza se ha negado continuadamente a hacer cualquier inversión pública en la infraestructura necesaria para que Somonte vuelva a estar a pleno rendimiento.

Uno de los ocupantes explica a cuartopoder.es las dificultades que han tenido para poner en marcha Somonte: “A la falta de recursos, ha habido que añadir un sinfín de trabas que han dificultado mucho la puesta en producción de las cuatrocientas hectáreas. Por ejemplo, el retraso durante más de 2 años de la legalización de la cooperativa; la incertidumbre que han causado los desalojos y las promesas incumplidas de la Junta, como la de crear un banco de tierras, han sido la tónica general de estos años”.

Otro de estos parados nos cuenta las razones por las que ha decidido recuperar Somonte: “Es una vergüenza que estas tierras estén baldías mientras sufrimos la mayor tasa de paro de Europa y miles de jornaleros tienen dificultades para cumplir las peonadas necesarias para cobrar el PER (Subsidio Agrario), estas tierras pueden dar mucho empleo y no vamos a permitir que sigan abandonadas”.

El SAT aspira a recabar el apoyo de entidades sociales y municipales en la defensa de la cesión de la finca, por parte de la Junta de Andalucía, a la cooperativa que está poniendo las tierras en producción, y así conseguir una estabilidad que haga viables mayores inversiones que puedan poner más hectáreas en regadío y generar más empleo. Mientras multiplica los contactos con todo tipo de organizaciones con este fin, organiza el trabajo de la finca para sacarle el máximo provecho pese a la precariedad técnica. De esta manera, este nuevo frente que se le abre al sindicato pretende convertirse en lugar de referencia; tratando de hacer llegar a las ciudades y a la opinión pública general la lucha por la ocupación de tierras.

(Fuente: Cuarto Poder / Autor: Darío Unai)

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