Huelva: El Seprona constata contaminación por mercurio en suelos y aguas subterráneas. Ecologistas señalan a Aragonesas y Ercros

La Guardia Civil, bajo la instrucción de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, investiga a 21 personas relacionadas con empresas del sector cloroalcalino de la provincia de Huelva por la contaminación producida tanto en la atmósfera como en el subsuelo por productos como el mercurio y determinados compuestos organoclorados que presentan toxicidad elevada y están clasificados como sustancias peligrosas y cancerígenas según la normativa vigente.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la investigación relacionada con la denominada operación ‘Flixanco’ se inició en 2017 a raíz de una información recibida sobre irregularidades que se vendrían produciendo en la actividad realizada en distintos centros dedicados al sector cloroalcalino en la provincia de Huelva. Dichas irregularidades podrían haber contaminado aguas subterráneas por vertidos y emisiones de mercurio utilizados en el proceso productivo y haber puesto en riesgo la salud de los trabajadores por posibles exposiciones a dichas sustancias.

Entre los productos fabricados por la empresa investigada se encuentra el cloro, obtenido a través de distintos tipos de electrolisis. Hasta el 11 de diciembre de 2017, uno de los procesos productivos se basaba en la utilización de celdas de mercurio, tecnología que ha sido sustituida por otras alternativas que no utilizan mercurio para su producción. Según la Guardia Civil, como consecuencia de ello se habrían producido efectos medioambientales adversos provocados por supuestas fugas de mercurio y otros contaminantes, así como a causa de deficiencias en la producción, en la gestión de residuos, vertidos y emisiones a la atmósfera de gases contaminantes.

Riesgos no admisibles

Tras un estudio documental, unido a informes aportados por distintas administraciones como la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se observaron diversas discrepancias en los datos analizados, por lo que se realizó un muestreo de suelos y aguas en distintos puntos de las instalaciones de la planta. Tras ello, los investigadores hallaron sustancias contaminantes compatibles con la actividad de la empresa que “superaban ampliamente los parámetros establecidos” y con una concentración suficiente para determinar la existencia de “riesgos no admisibles para la salud humana y los ecosistemas”, según la Guardia Civil.

El Instituto Armado también destaca que esta operación ha confirmado la existencia de contaminación en suelos y aguas subterráneas causada por sustancias peligrosas producidas por la actividad industrial anterior de la planta cloroalcalina y de plantas asociadas que componían el complejo investigado. Asimismo, se han detectado concentraciones de estas sustancias muy por encima de los valores de referencia legalmente establecidos que habrían estado acumulándose en terrenos ocupados por el complejo industrial y en las aguas subterráneas.

Entre los contaminantes detectados se encuentran el mercurio y determinados compuestos organoclorados que presentan una toxicidad elevada y están clasificados como sustancias peligrosas y cancerígenas según la normativa vigente.

Según la Guardia Civil, el mercurio se utilizaba en celdas de electrolisis en la obtención de cloro y de sosa cáustica, un contaminante de “alta movilidad” que puede transformarse rápidamente en compuestos orgánicos más tóxicos cuando se libera al medio ambiente. En el proceso productivo este compuesto se somete a elevadas temperaturas lo que puede provocar su volatilización con la consiguiente contaminación de la atmósfera, los suelos y las aguas superficiales y subterráneas, “poniendo en riesgo la salud de los trabajadores de la industria”.

No obstante, el Instituto Armado destaca que este sistema de producción ha sido reemplazado por otras tecnologías menos contaminantes a través de la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea, que aprueba mejores técnicas disponibles para el sector cloro-álcali. Esta normativa pretende garantizar y mejorar el comportamiento ambiental de estos procesos productivos para reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de sistemas de prevención y control de la contaminación. Asimismo, se trata de proteger a los trabajadores contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de la presencia de agentes químicos en el lugar de trabajo o de cualquier actividad con agentes químicos.

La investigación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que han contado con el apoyo de miembros de la Unidad Técnica Adscrita a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y del Instituto Nacional de Toxicología.

Detectan un software manipulado para ocultar la contaminación por mercurio

Las investigaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid han destapado en Huelva una presunta red de empresas y particulares del sector químico cloroalcalino que llevaban un amplio espacio de tiempo contaminando la atmósfera, el subsuelo, pozos, acuíferos y la ría onubense.

Las irregularidades detectadas en la denominada ‘operación Flixanco’ y que obran en poder del Juez de Instrucción habrían provocado peligrosos vertidos, emisiones de mercurio, un potente tóxico y cancerígeno, que podrían haber puesto en peligro la salud de los trabajadores, las personas y el medio ambiente e incluso provocado lluvia ácida.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha detectado en varios centros dedicados al sector del cloroalcalino de Huelva fugas de mercurio y otros contaminantes dañinos para la salud y el medio ambiente, deficiencias en el sistema productivo, en la gestión de los residuos, además de vertidos y emisiones de gases y partículas malignas.

Durante las pesquisas y comprobaciones, los investigadores han constatado la superación de valores de emisiones recomendados por las normativas en vigor en Europa y en España lo que puede provocar daños para trabajadores que operan en esas fábricas y para las personas del entorno próximo.

Según los expedientes que maneja la Guardia Civil, se habrían producido episodios contaminantes, escapes e incidencias no comunicadas. Las empresas implicadas en los hechos que se investigan incumplían la normativa en vigor, produciendo vapores tóxicos que no eran captados y tratados por lo que se producía una libre circulación del aire contaminado por mercurio y otras sustancias químicas hasta llegar al entorno habitado, suelo, acuíferos y ría de Huelva.

Los investigadores han encontrado serios indicios de connivencia en red, incluso manipulando presuntamente el software y el control de datos para simular resultados y parámetros correctos que no sobrepasaban los valores legales permitidos.

Entre el listado de contaminantes detectados están potentes cancerígenos y residuos tóxicos para las personas, las aguas, la agricultura y el medio ambiente en general. Entre ellos se cita el tetracloruro de carbono, clorometano, cianuro; y en el caso de los organoclorados el cloroformo, diclorometano, cloruro de metilo y otros agresivos compuestos volátiles.

El hecho de que las plantas investigadas se encuentren a escasa distancia de zonas urbanas muy pobladas y agrícolas ha generado una gran alarma social. La situación de los vertidos se ha producido en dos fases, una hasta 2009 en el caso de los organoclorados y hasta 2017 en el caso de la contaminación por mercurio.

Los informes periciales definen la situación de forma drástica: De la consulta de datos y análisis toxicológicos se desprende la (presunta) intención de las industrias implicadas en construir una realidad legal ficticia, un proceso simulado que nada tiene que ver con la verdad. El Seprona ha analizado comunicaciones internas, mensajes, llamadas y correos electrónicos.

La denuncia investigada por el Seprona y la autoridad judicial competente parte de un grupo de personas anónimas que aportaron y documentaron los procedimientos que luego se han ido comprobando. Otra de las hipótesis que barajan los investigadores es que se ocultaran datos y accidentes a las autoridades.

Fuentes de Medio Ambiente del anterior Gobierno socialista en Andalucía entre 2009 y 2017 han explicado que la Fiscalía solicitó varios informes a la Administración y algunos derivaron luego en expedientes informativos o sancionadores. Según estas fuentes, constan varios expedientes derivados del seguimiento realizado a estas empresas además de citar la expedición de Autorizaciones Ambientales para Ercros y Electroquímica y se han realizado inspecciones ambientales programadas desde la Consejería de Medio Ambiente durante los distintos gobiernos.

La Junta asegura que el proceso de desmercurización tras el cambio de tecnología en membranas de electroquímica ya ha concluido y se han aportado los informes periódicos de la empresa en relación a suelos y agua y respondido a la Fiscalía en los últimos años.

Cabe recordar que ya en 2006, Ecologistas en Acción denunció que la mayoría del cloro-sosa que se producía en España se obtenía utilizando el método de las celdas de mercurio, “a pesar de que existen tecnologías más limpias y baratas”. Y tanto Naciones Unidas como la Unión Europea reconocían la urgencia de adoptar medidas a escala nacional e internacional para proteger la salud humana y los ecosistemas, y en este sentido recomendaban reducir al máximo las emisiones de mercurio y buscar un sistema de almacenamiento seguro.

Ecologistas en Acción aseguró entonces que las emisiones de mercurio a la atmósfera procedentes de las plantas de cloro eran unas cinco veces superiores a lo que las propias empresas reconocían y podían incluso igualar las emisiones de las grandes centrales eléctricas europeas alimentadas con carbón. Ese documento ya citaba a las empresas Aragonesas y Ercros.

Ercros desmiente que haya “riesgo” para la salud en su antigua fábrica de Huelva

La empresa Ercros, propietaria desde 2005 a 2015 de la fábrica de cloro-álcali de Palos de la Frontera emitó un comunicado en el que asegura que “siempre” ha actuado de acuerdo “con la legislación ambiental y que en ningún momento, mientras ejerció la propiedad de la fábrica, estuvo en riesgo la salud de las personas o del medioambiente”.

La empresa Ercros ha declarado la “ausencia de riesgo para la salud de las personas y el medioambiente en su antigua fábrica de Palos de la Frontera”, a raíz de la nota emitida este martes por la Guardia Civil en la que se informa de que se están investigando empresas onubenses del sector del cloro por una presunta contaminación química producida tanto en la atmósfera como en el subsuelo.

Esta contaminación vendría dada por productos como el mercurio y determinados compuestos organoclorados que presentan toxicidad elevada y están clasificados como sustancias peligrosas y cancerígenas según la normativa vigente, tal y como ha explicado la Guardia Civil en una nota.

De esta forma, Ercros –como propietaria de 2005 a 2015 de la fábrica de cloro-álcali de Palos de la Frontera, objeto de una investigación de este cuerpo por orden de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, por una supuesta contaminación de los suelos y aguas subterráneas de la fábrica– ha puesto de manifiesto en un comunicado que la empresa “ha actuado siempre de acuerdo con la legislación ambiental y que en ningún momento, mientras ejerció la propiedad de la fábrica, estuvo en riesgo la salud de las personas o del medioambiente”.

“Esta afirmación –continúa el escrito– se basa en los datos y análisis que contienen los informes preceptivos periódicos que Ercros ha reportado”, que “a su vez confirman los informes emitidos por las administraciones competentes en materia ambiental y de salud laboral”. Por todo esto, la empresa muestra su “convencimiento de que todo ello será acreditado oportunamente en sede judicial”.

Cabe destacar que según informa el Instituto Armado en un comunicado, la investigación relacionada con la denominada operación ‘Flixanco’ se inició en 2017 a raíz de una información recibida sobre irregularidades que se vendrían produciendo en la actividad realizada en distintos centros dedicados al sector cloroalcalino en la provincia de Huelva.

Dichas irregularidades podrían haber contaminado aguas subterráneas por vertidos y emisiones de mercurio utilizados en el proceso productivo y haber puesto en riesgo la salud de los trabajadores por posibles exposiciones a dichas sustancias contaminantes.

Entre los productos fabricados por la empresa investigada se encuentra el cloro, obtenido a través de distintos tipos de electrolisis. Hasta el 11 de diciembre de 2017, uno de los procesos productivos se basaba en la utilización de celdas de mercurio, tecnología que ha sido sustituida por otras alternativas que no utilizan mercurio para su producción.

(Fuentes: Diario de Huelva / Huelva Hoy / Huelva Información)

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