El nuevo gobierno de la Junta (PP-C´s-VOX) se alinea con las tesis del PSOE en la juicio de los EREs

Perro no come carne de perro. El nuevo gobierno de la Junta (PP-C’s-Vox) se ha alineado con las tesis que el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ha mantenido en el juicio de la pieza política de los ERE.

La cuestión podría considerarse lógica con el anterior Gobierno socialista de Susana Díaz, que en su momento solicitó el archivo de la macrocausa del denominado “procedimiento específico” de los ERE por el que han sido enjuiciados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a 6 ex-consejeros (Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández) y a 14 altos cargos de la Junta. Todos ellos acusados de prevaricación y malversación de fondos por haber desviado unos 855 millones de euros de dinero público desde 2000 a 2011. Lo que resulta más llamativo es que seis meses después del cambio de peones de la oligarquía en el Palacio de San Telmo y de que acabara el juicio de los ERE la Junta de Andalucía haya avalado las tesis del PSOE respecto a que los beneficiarios de las ayudas sociolaborales son los ex trabajadores y no las empresas para las que trabajaban antes de acogerse a esos Expedientes de Regulación de Empleo.

El caso viene a demostrar como los distintos representantes de la burguesía andaluza y la oligarquía estatalista escenifican desacuerdos en cuestiones de poca importancia para coincidir en la defensa de los intereses de la burguesía frente al Pueblo Trabajador Andaluz. En este caso el abono de pólizas con dinero público a los trabajadores que debían de haber sido abonadas por las empresas para las que trabajaban.

Las contradicciones entre las distintas facciones políticas que aspiran a controlar el gobiernillo de la Junta y a gestionar nuestra dominación -apropiándose los beneficios que esta actividad traidora a Andalucía proporciona a aquellos que la practican- motivaron la apertura de las investigaciones judiciales. Ahora, una vez producido el cambio de gobierno, parece que interesa cerrar el caso ERE cuanto antes.

En Andalucía la corrupción une la necesidad de la burguesía de mantener el dominio colonial y la explotación del Pueblo Trabajador Andaluz con aquellos individuos que están dispuestos a asegurar ese dominio. Un dominio que a lo largo de la historia nacional andaluza se ha ejercido unas veces de forma legal y otras veces (la inmensa mayoría de ellas) violando las leyes y acuerdos que establecía la nobleza conquistadora primero y luego la burguesía españolista. El caso “EREs” como otros tantos ha venido a reflejar una realidad: la forma en la que el Estado español coloniza en la actualidad al Pueblo Trabajador Andaluz requiere de tal grado de corrupción que entra en contradicción y es sancionable por la propia legalidad española. Hasta el punto de que esta corrupción sea insostenible incluso para una democracia neofranquista como la española.

La cuestión aparece ampliamente tratada en el escrito de la Junta presentado en la macrocausa de los avales de IDEA aunque haya intentado ser silenciada con insistencia por el Gobierno andaluz. En ese escrito, los abogados del gabinete jurídico señalan que la financiación de las pólizas de prejubilación por parte de la Junta en ves de ser abonadas por la empresa “instituyen en beneficiario de la ayuda al trabajador despedido y no a la empresa”, en contra de lo que sostienen en su informe pericial los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Por su parte, el representante de la IGAE Ángel Turrión mostró su disconformidad con el perito de Griñán y señaló que el acuerdo alcanzado en el ERE establece una indemnización, lo que supone la “exclusión de cualquier otra indemnización” por parte de la empresa.

Carlos Ríos para La Otra Andalucía

 

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