Colombia: 320 líderes sociales asesinados en año y medio. Aumenta la persecución y las amenazas a defensores de derechos y tierras

El pasado día 4 de mayo a las cinco y media de la tarde, a la zona rural de Santander de Quilichao, al norte del Cauca, cuando Francia Márquez y otros líderes sociales de la Asociación de Comunidades Negras del Cauca (ACONC) se encontraban en una reunión comunitaria, irrumpieron en el espacio hombres armados disparando y tiraron una granate que dejó heridos a dos de los boy scouts de la líder afrocolombiana.

Dos semanas después, el sábado 18 de mayo por la tarde a la ciudad caribenya de Barranquilla, la camioneta blindada en la cual viajaba con su familia y escuchas la líder comunitaria Mayerlis Angarita fue atacada a rasgos por hombres desconocidos. A diferencia de ellas dos, que han salido ilesas de este y otros atentados contra su vida, al menos 320 lideresses sociales han sido asesinadas desde el mes de enero de 2018 en Colombia.

Según el Instituto de Medicina Legal colombiano, han perdido la vida 317 líderes y defensores de derechos humanos durante el año pasado y hasta el 30 de abril de 2019. De estas, 272 son hombres y 45 son mujeres. 88 son campesinas, 74 indígenas, debe afrodescendientes y de profesores. 44 luchaban por la implementación del Pla Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, un programa que vendía incorporado a los acuerdos de paz de La Habana para sustituir –no erradicar por la fuerza a través de fumigaciones de glifosat, como está empezando a hacer el gobierno de Ivan Duque– miles de hectáreas de plantaciones de coca y que –en términos generales– ha fracasado.

El documento del Instituto de Medicina Legal asegura que la cantidad más grande de asesinatos se han dado a los departamentos del Cauca (67), Antioquia (44) y Nariño (25). Desde el 30 de abril ya habrían muerto al menos tres líderes más, uno de ellos exguerrillero de las FARC asesinado por el ejército en circunstancias que son materia de investigación.

Ineficiencia y complicidad del Estado

Otra de las muertes volvió a ser al norte del Cauca. El pasado 14 de mayo, al municipio de Caloto, asesinaban a rasgos Daniel Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Lopezadentro y miembro de la Guardia Indígena. La misma semana, varios comunicados de organizaciones indígenas de la región denunciaban que algunas autoridades ancestrales y miembros de la guardia habían sido perseguidas en moto por hombres armados o intimidadas en casa suya con amenazas atribuidas a grupos de las disidencias de las FARC-EP.

Durante una intervención en el Senado, el líder del pueblo nasa Feliciano Valencia aseguraba que el crimen de Rojas, sumado al incremento de la persecución “revela un posible plan de exterminio de los líderes indígenas del Cauca”. “Hemos denunciado la presencia de gente armada, de civil, de día y por la noche (…) en un corredor que es uno de los más militarizados del Cauca”, denunciaba el senador. “La muerte de Daniel Rojas se da a escasos quince minutos de un punto del ejército desde donde aparentemente controlan este corredor”.

“Todo esto está siendo denunciado a la fiscalía, a la procuraduría, a la defensoría del pueblo, a Naciones Unidas, al ministerio de Defensa, a los mandos de la policía y el ejército, y no pasa nada, siguen matando a la gente ante las barbas de las fuerzas públicas”, denunciaba el senador del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) haciendo clara referencia a la impunidad –a veces complicidad– que se hace patente entre actores armados públicos y privados.

A esta alta cifra de muertes y amenazas se suma la preocupación por la publicación de una investigación del diario The New York Times donde se asegura que el ejército está exigiendo doblar las cifras de operaciones y resultados por parte de los soldados rasos. Las alarmas se han activado porque una exigencia como esta desde las altas instancias puede fácilmente suponer el retorno de los falsos positivos como práctica habitual del ejército; puede significar el que muchas ya denuncian como una realidad del país: el retorno a los tiempos de la política de Seguridad Democrática, es decir, del paramilitarisme y la violencia permanente a los territorios durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Las víctimas de atentado como Francia Márquez o Mayerlis Angarita, las cuales recientemente han visitado Barcelona dentro de su agenda activista, denuncian que el Pla de Acción Oportuna planteado por el ministerio de Interior para defender la vida de lideresses y defensoras de derechos humanos no está siendo eficiente. A pesar de que, según la ministra Nancy Gutiérrez, 4.500 lideresses sociales tienen actualmente la custodia de la Unidad Nacional de Protección (UNP), según Mayerlis Angarita “la estrategia de protección no puede ser únicamente material, no puede ser solo coches, escuchas, gasolina”.

Sea la que sea, no está funcionando si el número de homicidios sigue creciendo. Según el informe del programa Somos Defensores del 2018, entre este último año y el anterior se ha dado un incremento del 46% en los asesinatos de lideresses, pasando de 106 a 155. También afirma y demuestra la falta de voluntad política del gobierno de Duque para frenar el fenómeno sanguinario.

“Hasta cuando seguirá este baño de sangre a las comunidades?”, se preguntaba Feliciano Valencia ante el Senado, después de asegurar que el Estado “no está haciendo el que hace falta para dar con los autores materiales e intelectuales de la masacre de la cual estamos siendo víctimas”. A pesar de que hayan pasado dos años y medio de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, las cifras de asesinatos, el retorno de combates armados y masacres a regiones históricamente golpeadas por la violencia y la presencia de actores armados legales e ilegales a los territorios, dibujan claramente un escenario de continuidad de la guerra en Colombia.

(Fuente: Directa.cat / Autora: Berta Camprubí)

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