Catalunya: Militantes de Arran enjuiciados. Supuestamente identificados por fotografías y acusados de desórdenes públicos y daños

Ocho miembros de la organización juvenil de la izquierda independentista catalana Arran fueron identificados de forma irregular a partir de fotografías donde aparecían sus caras y serán juzgados a la Audiencia de Barcelona los días 13 y 15 de mayo acusados de los delitos de desórdenes públicos y daños, que los pueden suponer penas de hasta 3 años prisión.

Ocho jóvenes de Arran sentarán al banquillo de los acusados por unos hechos que se remontan a la celebración del Primero de Mayo, Día internacional de la clase trabajadora, del año 2016 a la ciudad de Barcelona. En aquella jornada reivindicativa, la izquierda independentista formó su propio bloque en la manifestación de la tarde, convocada por diferentes colectivos anticapitalistas, y de nuevo reunió miles de personas en esta cita anual. La identificación de las personas encausadas no se hizo mediante el DNI o jefa otro documento oficial, sino que los Mossos d’Esquadra relacionaron imágenes y fotografías de sus caras con sus nombres y apellidos, a pesar de que la mayoría no tienen antecedentes y, por lo tanto, no tendrían que ser a ningún fichero policial.

El caso se ha dado a conocer bajo el nombre de Controladas y cayó en manos del Juzgado de Instrucción 5 de Barcelona, que después de tres años ha decidido solicitar la apertura de juicio oral. La decisión de la magistrada instructora, Maria Asunción González Ferrero, vino precedida por el escrito de acusación de la fiscalía, donde se hace un relato según el cual la marcha recorrió el centro de la capital catalana dejando a su paso desperfectos a los escaparates de algunas sedes de marcas de ropa y bancos.

En concreto, este sumario se centra en los pintados hechos en tiendas de grandes empresas del textil como Zara y Pull & Bear, así como las quebradizas a los vidrios de la sede central de Movistar a la plaza Cataluña, todas ellas multinacionales que acumulan denuncias públicas por vulneraciones de derechos laborales tanto en las plantillas de países occidentales donde venden sus artículos como en aquellos donde tienen deslocalizada la producción.

La fiscal Sabela Hondo Roca afirma que “dentro de la multitud había un grupo reducido de cinco personas que vestían ropa oscura, sudaderas con capucha, con la cara tapada y con pasamontañas”, a quien responsabilizaría de las acciones anteriormente descritas. Aun así, los Mossos d’Esquadra no pudieron identificar a ninguno de estas personas y paradójicamente no son ellas quienes sentarán ante el tribunal.

Las ocho procesadas son las jóvenes que presuntamente habrían hecho un perímetro de seguridad alrededor de las activistas encapuchadas para “obstaculizar el acceso al lugar donde se encontraban y su identificación, así como permitir que llevaran a cabo actos vandálicos”, en palabras de la misma fiscalía. En todo momento iban a cara descubierta y no habrían llevado a cabo ninguno hecho delictivo, motivo por el cual nunca fueron requeridas por los agentes que vigilaban la movilización.

A pesar de todo, después de la investigación policial, la fiscal los considera responsables en concepto de coautores de un delito de desórdenes públicos y otro de daños, que corresponderían respectivamente a tres años de prisión y quince meses de pena-multa a razón de doce euros al día, sustituibles por un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas. La petición viene motivada por una interpretación según la cual sin su ayuda no hubiera estado posible llevar a cabo las acciones punibles. Es por eso que los vuits acusados también afrontan el posible pago de una indemnización de 9.657 euros a Movistar, que reclama esta cuantía para compensar los daños ocasionados a su establecimiento.

A pesar de todo, una pregunta rodea este proceso: si los Mossos d’Esquadra no identificaron ninguno de los encausados el día que se produjeron los hechos, como puede ser que posteriormente hayan sido señalados y llevados a juicio? Su defensa y la campaña solidaria tienen clara la respuesta.

Piden explicaciones a Miquel Buch

Dos de los jóvenes tenían antecedentes policiales y a partir de imágenes que consten a las bases de datos de los Mossos d’Esquadra, los agentes de la División Central de Información (DCI) los relacionen con la manifestación del Primero de Mayo, de la cual disponen de las imágenes que ellos mismos tomaron así como de las grabadas por el grupo de comunicación Lavinia, quien provee a Barcelona Televisió (BTV). A los otros, en cambio, los identifican a partir de su supuesta amistad con uno de los dos primeros acusados, buscando imágenes en redes sociales como Facebook. “Entendemos que la división de información tiene ficheros donde se detallan relaciones entre personas en el ámbito de la militancia”, afirma David Aranda, letrado de Raíces Abogados, militante de la organización antirepressiva Alerta Solidaria y uno de los juristas a cargo de la defensa.

La portavoz nacional de Arran, Adriana Roca, y la diputada de la CUP-Llamamiento Constituyente, Maria Sirvent, comparecieron el pasado 2 de mayo a la sala de prensa del Parlamento de Cataluña para dar a conocer el caso y pedir la absolución de los jóvenes. “Somos ante un nuevo juicio político. Las ocho militantes de Arran fueron identificadas arbitrariamente a partir de ficheros policiales ilegales creados con criterios políticos, el que evidencia la persecución a la disidencia por parte del Departamento de Interior”, aseguraron ante los micrófonos.

Después de comparar este caso con algunos sucedidos durante la etapa de Felip Puig al frente de Interior –donde también se efectuaron identificaciones a partir de imágenes donde aparecían las caras de las manifestantes–, la diputada cupaire exigió explicaciones al actual consejero, Miquel Buch, a quién reclamó la eliminación de los “ficheros policiales”. A su vez, Roca explicó la represión que está recibiendo la organización a la cual representa y subrayó “nos quieren ahogar económicamente, pero esto no parará nuestra lucha”, al mismo tiempo que hacía un llamamiento a la solidaridad.

El apoyo a los jóvenes se visibilizó sábado 4 de mayo por las calles del barrio barcelonés de Huerta, de dónde son algunos de ellos. Centenares de personas participaron de una manifestación para denunciar este y otros casos represivos que llegarán a juicio próximamente. La campaña de apoyo a las encausadas y Arran han convocado concentraciones de apoyo a primera hora de la mañana de los días 13 y 15 de mayo ante el Palau de Justicia, ubicado al paseo de Lluís Companys de Barcelona, en paralelo a la celebración de la vista contra estos militantes de la izquierda independentista.

(Fuente: Directa.cat / Autor: David Bou)

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