La Junta cede y entrega a Vox los datos de los trabajadores contra la violencia de género. Vox exige el despido de los no colegiados

El presidente del grupo parlamentario de Vox en la Cámara andaluz, Francisco Serrano (foto adjunta), ha asegurado que el miércoles recibieron de la Junta de Andalucía todos los datos de los trabajadores, médicos y psicólogos de los equipos de lucha contra la violencia de género y que se confirma lo que sospechaban. «Es escandaloso, el 50% no están colegiados».

Durante su participación en el programa de 7TV “Acento Andaluz” que dirige Fernando P. Monguió, Serrano confirmó que han recibido toda la información sobre datos personales que habían estado solicitando a la Junta de Andalucía sobre la preparación de los trabajadores de los equipos de violencia de género de la administración andaluza. «Es escandaloso», aseveró, asegurando que el 50% de ellos «no están colegiados».

En su opinión, el hecho de que existan trabajadores no colegiados en un ámbito tan delicado como la lucha contra la violencia de género supone que personal “no cualificado sin ningún control ni responsabilidad deontológica” está prestando este servicio que además es “contratado a empresas externas dedicadas por ejemplo a la peritación inmobiliaria”, por lo que ha defendido la necesidad de corregir esta situación para que no siga “en manos de no profesionales”, de personal “no cualificado sin ningún control ni responsabilidad deontológica”, que además es “contratado a empresas externas dedicadas por ejemplo a la peritación inmobiliaria”, por lo que ha defendido la necesidad de corregir esta situación para que no siga “en manos de no profesionales”.

“Si para ser médico hay que pasar un MIR, para ser psicólogo igual y no puede bastar con haber seguido un curso de violencia de género”, ha argumentado Serrano, que ha subrayado que Vox nunca ha pretendido hacer “listas negras” como ha denunciado el PSOE, al que ha acusado de “no querer que se conocieran” estos datos para ocultar su “enchufismo y clientelismo”.

En su segundo intento, Vox logró los datos de los trabajadores de la violencia de género. El presidente del grupo parlamentario minoritario en la Cámara, Francisco Serrano, ha revelado que la Administración les ha remitido ya la información que solicitaron sobre los médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las unidades de violencia de género en la región.

Primero pidieron los nombres y apellidos de los trabajadores que evalúan los casos de violencia de género, una «relación detallada de nombres y apellidos», decía la petición, para «depurar casos ideológicos», reconocieron entonces. Ese fue el motivo por el cual la Mesa del Parlamento no admitió a trámite la petición de información, pues incumplía la Ley de Protección de Datos.

Lo que obra ahora en poder de Vox es información sobre el número de trabajadores, su titulación y el dato sobre su colegiación. Se trata de un listado de 130 trabajadores propios y externos de la Junta, que no incluye nombres, lugares de trabajo ni puestos concretos que ocupan, como solicitaron en un principio desde Vox. La lista, además, está desglosada por provincias, algo que en un principio desde de la Junta dijeron que no harían.

Se les ha entregado los perfiles profesionales, la condición laboral y el número de colegiación de los trabajadores de la Unidades de Valoración de Violencia de Género, adscritas a la Consejería de Justicia; así como los mismos datos de la plantilla de la empresa que realiza servicios de peritación judicial para la Junta y de los empleados de la Asociación Andaluza de Defensa de la Infancia y Prevención al Maltrato Infantil (ADIMA) contratados por la Consejería de Igualdad.

Ahora Serrano no descarta ampliar su petición de información para conocer su distribución por categorías profesionales. En opinión del diputado de Vox, el hecho de que existan trabajadores no colegiados en un ámbito tan delicado como la lucha contra la violencia de género supone que personal «no cualificado sin ningún control ni responsabilidad deontológica» está prestando este servicio

Por otro lado, Serrano también aseguró que les comunicarán el Gobierno andaluz que debe despedir a aquellos trabajadores de la Junta de Andalucía y de sus empresas públicas que no sean funcionarios. «A los funcionarios con oposición, no, pero a los enchufados y a los que han entrado por ser afiliados o palmeros del PSOE, deben ir a la calle», apuntó.

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y responsable de Justicia (Cs), ha  declarado que «Serrano se está confundiendo. Una cosa es tener la titulación y otra es no estar colegiado. Por supuesto, todos los profesionales tienen la preparación y capacidad necesaria para realizar su trabajo. En el documento que se le ha trasladado a Vox le informo de las personas que no están colegiados pero bajo ningún concepto se puede decir que estas personas no están cualificadas para hacer su labor», insiste.

No obstante, Fuentes de la Consejería de Justicia han reconocido que «se ha informado a todos los profesionales que no están colegiados que lo hagan y se está llevando a cabo un informe jurídico sobre el tema».  Según los sindicatos, los trabajadores se sienten perseguidos. La Junta asegura que deberían haberse colegiado cuando cambió la ley en 2013. Vox se agarra precisamente a esto para pedir más información y seguir investigando a estas personas.

(Fuentes: Andalucía Información / Diario de Sevilla / La Voz del Sur / el diario.es)

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