Desde la reforma laboral del PP, mantenida por el PSOE, los accidentes de trabajo han aumentado un 12,8% en el Estado Español

Entre 2012-2018 han aumentado tanto el número de accidentes de trabajo como la siniestralidad relativa expresada en índices de incidencia (nº de accidentes por cada 100.000 trabajadores). Dichos índices han acumulado unos incrementos del 12,8% en los accidentes en jornada y del 5,7% en los in itinere.

Así se desprende de un informe elaborado por la secretaría de Salud Laboral de CCOO donde se analizan los accidentes de trabajo en España desde 2012, momento en el que coincidieron el repunte de la siniestralidad y la entrada en vigor de la reforma laboral del PP.

A juicio de CCOO, este incremento de la siniestralidad durante un periodo continuado de 6 años se debe a la “extensión de un modelo de relaciones laborales cada vez más determinado por la precariedad, por el deterioro de la negociación colectiva y por la debilidad del sistema preventivo español”. Además, la recuperación de la actividad productiva a partir de 2014 no ha ido aparejada de una mejora de los niveles de seguridad en las empresas.

Por sectores

Por sectores, el mayor aumento se ha producido en la construcción con un 22,9%. Le siguen el sector agrario (19,8%); la industria (16,7%); y servicios (10,5%). Significativo ha sido el aumento del 22% de las actividades sanitarias y de servicios sociales.

La siniestralidad mortal, sin embargo, muestra un equilibrio en el periodo estudiado, compensando el descenso en la industria los ligeros aumentos en el resto de sectores, señala el sindicato.

La siniestralidad in itinere ha aumentado en todos los sectores desde 2013 (primer año del que se dispone de índices de incidencia para este tipo de accidentes): destaca el incremento acumulado del 23,3% de la industria, frente al 17,4 % del agrario, el 14,9% de la construcción y el 3,2% de los servicios.

Por territorios

Las diferencias entre las CCAA son menos acusadas que a nivel sectorial. El índice de incidencia de accidentes de trabajo en jornada más elevado se produce en Baleares, seguida por Castilla-La Mancha y Extremadura. Los mayores incrementos acumulados desde 2012 se producen en Navarra, Baleares y Extremadura.

Perfil de los accidentes de trabajo

El perfil de los accidentes es marcadamente masculino: dos tercios de los accidentes de trabajo en jornada los sufren los hombres, llegando hasta el 95% en el caso de los mortales.

Sin embargo, el 55% de los accidentes de trabajo in itinere los sufren las trabajadoras, probablemente -señala CCOO- por su mayor presencia en la contratación a tiempo parcial y por su mayoritaria asunción de las tareas de cuidados de la familia y del hogar, fenómenos que aumentan el número y la duración de los desplazamientos para ir o volver del trabajo.

Los contratos indefinidos a tiempo completo aumentaron su siniestralidad un 6%, por un 12% si se firmaron a tiempo parcial. Pero si el contrato es temporal a tiempo completo el incremento alcanzó un 25%, disparándose hasta el 33% para los temporales a tiempo parcial.

La mayor probabilidad de sufrir un accidente de trabajo en jornada la tienen los trabajadores más jóvenes. Los mayores incrementos en el número de accidentes se producen en los trabajadores con menos de 2 meses de antigüedad.

En el caso de las trabajadoras hay un repunte de la siniestralidad a partir de los 35 años, muy probablemente a causa de los sobresfuerzos y los trastornos musculoesqueléticos.

La clase social influye en la siniestralidad: la única ocupación en la que ha descendido el número de accidentes desde 2012 es la de directores y gerentes.

La nacionalidad es otro factor clave. Las personas procedentes de Ecuador, Marruecos y Argelia son los trabajadores con un índice de siniestralidad más elevado, llegando casi a duplicar al de las de nacionalidad española. Todos los países africanos superan el índice general, algo que también sucede en algunos países de Latinoamérica y tres países europeos: Portugal, Rumanía y Bulgaria.

En un tercio de los accidentes en jornada la empresa no cuenta con evaluación de riesgos, obligación legal desde 1996.

(Fuente: Nueva Tribuna)

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