Huelva: Las temporeras migrantes de la fresa que denunciaron ser violadas denuncian ahora abandono y que han arruinado sus vidas

Según informa el periódico británico «The Guardian», diez temporeras marroquíes que hace un año denunciaron haber estado sometidas a  explotación y abusos sexuales en plantaciones de fresas en la ciudad de Huelva, denuncian ahora que las autoridades españolas han hecho caso omiso a la situación en la que se encuentran, convirtiendo sus vidas en una ruina.

El periódico británico dice que España  se ha convertido en el mayor exportador europeo de fresas, una industria  que hoy mueve 580 millones de euros. Con toda razón se le llama ahora el «oro rojo»

El periódico británico dice que en el curso de los últimos años las denuncias por malos tratos, condiciones laborales vejatorias  y   abusos sexuales contra las temporeras marroquíes, está deteriorando el prestigio  del sector  que se dedica a la explotación de las fresas .

De acuerdo con el periódico, tanto las autoridades españolas como las marroquies han restado importancia al problema,  aunque como efecto de las graves denuncias que se han formulado,  ahora han puesto en marcha  controles con los que intentan paliar  situaciones como las  del tipo que denuncian las trabajadoras marroquíes .

El periódico británico cita el caso de dos de las diez trabajadoras marroquíes  que habían sido contratadas como asalariadas temporales  en una plantación la ciudad de Huelva. Según la reportera  autora del artículo, la vida de estas dos mujeres ha  resultado devastadoramente arruinada.

Como ilustracion, «The Guardian» describe el caso de Samira Ahmad. Samira se despidió con un beso a su bebé y  subió a un autobús,  abandonando su hogar en Marruecos.  Su destino eran los campos de fresas  ubicados en el sur de España. En su bolso  llevaba su visa española y un contrato de 40 euros por día, más la comida y el  alojamiento. Tenia la esperanza de que  lo que recibiría por tres meses de duro trabajo en los campos de fresas, la iba compensar del dolor  que habia sufrido  por estar separada de su bebé y de  su familia. Cuarenta euros por dia trabajado es, ciertamente, una miseria, pero  en Marruecos una cantidad así se convierte en una fortuna.

Ha transcurrido un año desde que Samira salió de su país.  Pero estos doce meses han sido suficientes para convertir la vida de  Samira Ahmad  en puro escombro. En la actualidad vive como una indigente. Su marido se ha divorciado de ella y durante los últimos 10 meses ha permanecido escondida, tratando de sobrevivir con las limosnas que recibe ella y otras nueve mujeres marroquíes.

Todas  tuvieron que enfrentarse a similares circunstancias durante su permanencia en los  campamentos del «oro rojo»: trata de personas,  agresión sexual y sometimiento a una brutal explotación en la granja donde desempeñaban su trabajo. Ahmad  confiesa que su mayor error, aparte de venir a España, fue dirigirse a las autoridades españolas para contarles las vejaciones sexuales a las que había sido sometida y en petición de ayuda.

“Antes de dejar mi hogar, era considerada por mis vecinos como una heroína… Nadie en mi pueblo había tenido la oportunidad de ir y trabajar a un país rico como España… Pero ha resultado ser la peor decisión de mi vida», se lamentó con amargura.

El reportaje del periódico británico  destaca que España es en la actualidad el mayor exportador europeo de fresas. Este año se espera recolectar 400.000 toneladas, en una industria de 580 millones de euros.  Muchos beneficios pero también una explotación sin límites.

La mayoría  de las mujeres víctimas de los abusos sexuales, han tenido que pasar por el rechazo y el divorcio de sus respectivos maridos, cuyo efecto  en Marruecos  es dramático. Algo similar ha sucedido con sus padres y familiares. Fueron repudiadas por sus progenitores  cuando estos se enteraron de las denuncias por violación y agresión sexual, entendiendo, además, que equivalia a que se habian convertido en prostitutas.

Ninguna de ellas desea retornar a sus hogares hasta que sus nombres  se vean «limpios» de la ofensa por una sentencia judicial, pues esa es la única fórmula que les permitirá volver con la cabeza alta  y poder  ver nuevamente a sus hijos.

“Sabíamos que no podíamos volver a casa porque todavía no nos habían pagado y teníamos que demostrar que las cosas que le habíamos dicho a la policía eran ciertas”, dijo Aicha, cuyo bebé ahora tiene nueve meses. Como todas las demás mujeres, sufre ataques de pánico y depresión, y el miedo le impide abandonar el apartamento que ocupa.

De acuerdo con la información del periódico británico, el Gobierno español está tratando de mitigar las críticas  por  el tratamiento recibido por estas mujeres marroquíes Las autoridades anunciaron que aumentarán los controles e inspecciones en las fincas, utilizando además mediadores culturales, – otras mujeres marroquíes -, para tratar de resolver disputas e informar cualquier incidente de explotación o  maltrato.

Por su parte, los tribunales dicen que el caso de las mujeres marroquies permanece en trámites (*). La semana pasada el gobierno les otorgó visas de trabajo temporal por «motivos humanitarios»,  hecho que les permitirá encontrar otros  trabajos para lograr mantenerse económicamente  hasta que no se resuelvan definitivamente los contenciosos judiciales.

(Fuente: Canarias Semanal)

La in-justicia española les da la espalda: Archivada la causa contra un empresario denunciado por temporeras al no ver indicios de delito

La juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores contra un empresario de una finca ubicada en la localidad onubense de Almonte que fue denunciado el pasado año 2018 por diez trabajadoras temporeras de origen marroquí por supuestas irregularidades laborales.

Mediante auto de 20 de junio de 2018, la juez incoó diligencias previas “por un delito contra los derechos de los trabajadores contra el empresario” y acordó que prestaran declaración tanto el investigado como la trabajadora que denunció inicialmente los hechos, quien se personó como acusación en julio del pasado año, tras lo que, posteriormente, se personaron en la causa otras nueve trabajadoras, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota.

En un auto dictado el 12 de abril, la juez considera que, de las diligencias practicadas durante la instrucción, “no resultan indicios de la comisión de delito alguno”, ya que “ni de las inspecciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo ni de las llevadas a cabo por la Guardia Civil con motivo de la denuncia se aprecian indicios de las irregularidades denunciadas” inicialmente por una de las trabajadoras en cuanto a las condiciones de trabajo, “que son negadas por el investigado en su declaración”, llevada a cabo el día 10 de octubre de 2018.

De este modo, la instructora manifiesta que “consta la contratación en origen” de esta trabajadora y “también el alta en la Seguridad Social” por parte de la empresa del investigado, “habiendo verificado la Inspección de Trabajo que no apreciaron incumplimientos ni en lo relativo a las condiciones en origen ni en materia de prevención, concluyendo que no existía ningún incumplimiento ni irregularidad relevante”.

En el auto, la juez señala que la Inspección de Trabajo tampoco apreció “indicios de trato vejatorio o discriminatorio alguno, constatando también el estado correcto de las instalaciones y alojamientos”, mientras que los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo las visitas a la finca y la inspección ocular “no encontraron nada anormal”.

Así, subraya que tanto la Guardia Civil como la Inspección de Trabajo “llaman la atención sobre la existencia de un numeroso grupo de trabajadoras que hacían alusión a la falta de veracidad de las imputaciones que las denunciantes realizaban al empresario”, lo que “se corrobora” por la declaración prestada por un testigo “que precisó que en realidad estaban todas las trabajadoras a favor de la empresa y solamente las ahora denunciantes en contra”.

La instructora considera que, en este contexto, la declaración de la primera denunciante, “que modificó parcialmente en sede judicial lo declarado inicialmente en su denuncia, no se considera suficiente, sin que los vídeos aportados corroboren ninguno de los abusos o infracciones que denuncia”.

“Después de meses de instrucción no se aprecian indicios delictivos, no considerándose procedente, visto el resultado de lo actuado y el desarrollo y estado de las actuaciones, la práctica de las diligencias solicitadas” por las denunciantes, pone de manifiesto la instructora, que subraya que, “de lo actuado hasta el momento, no se desprenden indicios suficientes para continuar el procedimiento, debiendo acordarse el sobreseimiento provisional por considerar que no está suficientemente justificada la comisión del delito objeto de la presente causa”.

En un escrito elevado al Juzgado el pasado día 11 de febrero, la defensa del empresario investigado “solicitó a la juez el sobreseimiento de la causa”, lo que ha acordado la juez en este auto que no es firme y contra el que cabe interponer recurso.

(Fuente: Diario de Huelva)

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