¿Fajín? ¿Qué fajín?… Junta, gobierno estatal y partidos del régimen se ponen de perfil ante el desafío a la ley de la Hemandad de El Baratillo

Finalmente, la retrógrada Junta de Gobierno de la Hermandad de El Baratillo (foto adjunta) se salió con la suya y la imagen de la Virgen de la Caridad procesionó este miércoles por las calles de Sevilla con el fajín de Francisco Franco ceñido a la cintura, en un obvio e innegable desafío a la legalidad vigente. Y lo hizo en la más visible e indiscutible de las impunidades.

El ex presidente del Gobierno José María Aznar acudió para estar presente  en la salida de la Virgen con el fajín, lo que subraya el carácter político de la decisión de la Hermandad. En un balcón junto a la capilla desde donde producía la salida de El Baratillo, Aznar, acompañado por Ana Botella, el ex presidente de Castilla-La Mancha José María Barreda y el ex Ministro del Interior y ex alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoilo, apoyaban con su presencia el desafío.

Un asunto sobre el que ni la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, ni el gobierno del Estado o el propio Ayuntamiento de Sevilla, ambos en manos del “progresista” PSOE, se han pronunciado para exigir a la Hermandad que cumpla la Ley de Memoria Histórica, que prohíbe exhibir en público símbolos franquistas como el citado fajín. Tampoco lo ha hecho el Consejo de Hermandades, principal autoridad de la Semana Santa de la ciudad.

Aunque muy alejados y aun contrarios en sus posiciones doctrinales sobre memoria histórica, en esta ocasión todos los partidos e instituciones del régimen han coincidido en ponerse de perfil, mirar hacia otro lado, y pasar como sobre ascuas por un contencioso que evidencia hasta qué punto los dirigentes de las cofradías son un poder factico, y entre los más determinantes, tanto en la ciudad hispalense cómo en el resto del país.

Parece que esa estricta e intransigente defensa del cumplimiento de la legalidad vigente que manifiestan en otros casos, cómo con respecto a la cuestión catalana, en éste no lo han considerado necesario. ¿Donde está aquí ese «rasgarse las vestiduras» con respecto a los que se saltan la legalidad? ¿O es sólo una cuestión de votos y no de legalidad en ambos casos, pues en uno les suma y en otro les restaría?

Para la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, el asunto está subjúdice y por tanto “hay que dejar que siga su curso” el procedimiento judicial que se ha incoado para investigar si hay «infracción penal» en la decisión de la cofradía. «Habida cuenta de que, en este momento, es un asunto que está subiudice, vamos a dejar que siga su curso el proceso judicial», ha dicho Delgado, quien ha declinado valorar la resolución del Juzgado de Instrucción 7 de Sevilla de abrir diligencias previas.

No menos de perfil que Delgado se ponía el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Al ser cuestionado al respecto, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha “escurrido el bulto” manifestando que «es una decisión de la cofradía». También declaró: «soy tremendamente respetuoso con todas y cada una de las decisiones de las juntas de gobierno de cada una de las cofradías. Hay sentencias que han dado la razón a la propia cofradía, respeto su decisión y la decisión de la justicia».

Por su parte, la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, también se inclinaba por «esperar a que la justicia se pronuncie», ya que, al no pesar medidas cautelares por parte del juzgado, quedaba «en el ámbito privado de la hermandad» que la Virgen luciera o no fajín. Del Pozo recordó que la imagen lleva años procesionando con el fajín y se preguntó “qué ha cambiado para que ahora se haya generado este problema”. ¿Tal vez que ha habido una denuncia que un juez ha admitido a trámite y ha abierto diligencias al apreciar posibles indicios de delito? ¿Tal vez la existencia ahora de una Ley de Memoria Histórica, hace hace años inexistente?

Curiosamente la consejera utiliza el mismo pretexto argumentario que la propia Junta de la Hermandad. Preguntado por una radio local uno de sus miembros pocas horas antes de la salida procesional, éste justificó también su utilización en que lo venían haciendo hace veinte años y no comprendían el por qué actual de la polémica. Y en una manifestación de prepotencia, ante la pregunta del entrevistador acerca de si no estaban preocupados por las consecuencias judiciales, declaró que sólo estaban preocupados por el tiempo.

Por otro lado, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, terciaba la semana pasada en la polémica, pero lo hacía también con pies de plomo. “Al final, está en la mano de todo el mundo tener un poco de sentido común y cumplir la Ley de Memoria Histórica», se limitó a decir la presidenta, eludiendo cualquier reproche explícito a la junta cofrade que preside el hermano mayor Marcelino Enrique Serrano Cantalapiedra.

La cautela de Díaz se encuadra en el historial de extrema prudencia de los socialistas a la hora de enfrentar desde la Transición asuntos relacionados con la cuestión religiosa, especialmente los andaluces, que no sólo no apuestan por una laicidad, tan siquiera formal,  sino que, por el contrario, no pierden ocasión para dejarse ver delante de las imágenes o presidir actos religiosos. Susana Díaz lo, por ejemplo, suele hacerlo frente a la Virgen de la Esperanza de Triana. Así lo ha hecho también este año, mientras por el centro de la ciudad procesionaba El Baratillo.

Otra muestra ha sido cómo las redes sociales de la hermandad de El Baratillo, agradecían el ramo de flores dejado por el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), a los pies de la imagen, pero, eso sí, sin foto del edil, sólo del ramo. El propio alcalde, en Twitter, daba cuenta del recorrido por las distintas hermandades durante la mañana, con fotos ante sus imágenes, pero no publicaba ninguna de la Virgen de dicha Hermandad, ni de él ante ella ni solo de la imagen.

Tampoco se carecterizaron por su radicalidad las manifestaciones al respecto del portavoz de Adelante Andalucía (Podemos – IU – Izquierda Andalucista – Primavera Andaluza), Pablo Pérez Ganfornina, quien se limitó a declarar que “la ley está para cumplirla” y que la Semana Santa “es del pueblo y no de los franquistas”, mostrándose convencido de que los hermanos de esta hermandad “no se sienten representados por símbolos franquistas”, por lo que entiende que “se buscará una solución” para cumplir con la ley.

Incluso Joaquín Urías, miembro del denunciante grupo de juristas, tras la decisión de la hermandad de mantener el fajín en la imagen y sacarla con ella procesionalmente, manifestó que «lo que toca es respetar a los hermanos del Baratillo y su estación de penitencia, pese al empecinamiento franquista de su Junta de Gobierno», así como que, no obstante, posteriormente la asociación «ya verá si toma medidas».

La asociación en su escrito de denuncia había reclamó que se «ordene en el caso de procesionar la mencionada prenda militar, la identificación de quienes la porten u ordenen portarla a efectos de deducir las correspondientes acciones penales». Algo que finalmente no fue llevado a cabo y sobre lo que tampoco se ha pronunciado hasta ahora.

El fajín de Franco fue donado en el año 2000 por la hija del dictador a la hermandad sevillana, que la ha exhibido en procesión en otras ocasiones, aunque ha sido este año cuando la Asociación de Juristas Andaluces 17 de Marzo ha denunciado el caso, primero ante la Fiscalía y después en el juzgado, al entender que la hermandad estaba enalteciendo al autor de atroces crímenes de lesa humanidad, un hecho tipificado en el artículo 510.1 del Código Penal.

La denuncia sobre la utilización del fajín por la hermandad es la segunda que presentaba el Grupo de Juristas 17 de marzo, después de que la Fiscalía archivase, con rapidez inusitada la primera de ellas, al no encontrar indicios de delito. En su argumentación, el Fiscal-Jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, afirmaba para justificarlo lo siguiente: “La legislación contempla que para que un objeto o símbolo se repute contrario a la Memoria Democrática, no basta el parecer muy respetable de una asociación privada [en referencia al grupo de abogados], sino su catalogación como tal por la Administración Pública con competencia ejecutiva en la materia”.

Agrega el fiscal: “Su retirada debe venir precedida por una orden o requerimiento de retirada del símbolo o efecto en cuestión. Solo entonces el incumplimiento de la orden podría determinar consecuencias jurídicas tales como retirada por las Administraciones del símbolo, pérdida de subvenciones y ayudas, e incluso la aplicación del régimen sancionador contemplado al efecto –art. 52.3.f) de la Ley 2/2017 precitada [la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía]”. Agregaba el fiscal: “El Ministerio Fiscal no puede entenderse como Administración Pública a efectos de esa eventual retirada del objeto cuestionado”.

Por tanto, según el Ministerio Público, o bien la Junta de Andalucía, o bien, el Gobierno del Estado Español, en aplicación de la ley, serían los competentes para decidir qué hacer con el fajín atribuido al dictador Francisco Franco. Sin embargo, la decisión del juez de abrir diligencias ha permitido a ambos gobiernos parapetarse en el juzgado para no meterse en camisa de once varas, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina.

La Otra Andalucía

(Fuentes: andaluces diario / Correo de Andalucía / Andalucía Información /  eldiario.es / Público)

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