A 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, líder de la Revolución Mexicana y de la lucha campesina por la tierra y la libertad
Emiliano Zapata Salazar Nació en Anenecuilco (estado de Morelos), un 8 de agosto de 1879. Aquí, un esbozo de la vida del hombre que luchó para que la tierra sea de quien la trabaja.
En 1911, tras la ruptura con Francisco Madero, Zapata junto con otros líderes revolucionarios, lanzaron el Plan de Ayala, que postulaba la expropiación de los latifundios y cuestionaba la legalidad burguesa.
Uno de los hitos más avanzados de la gesta del Ejército Libertador del Sur, liderado por Zapata, fue la Comuna de Morelos, cuando los campesinos pobres liquidaron la propiedad capitalista y destruyeron el latifundio, y llevaron a cabo el reparto agrario.
Un día aciago, el 10 de abril de 1919, fue asesinado en una trampa orquestada por Jesús Guajardo, aliado de Pablo González, uno de los líderes del ala constitucionalista contrarevolucionaria. Fue en la Hacienda de Chinameca. Lo fusilaron a sangre fría. Murió el hombre y nació un referente de los campesinos pobres.
En el inicio. La Revolución
En 1910, al estallar la Revolución mexicana, las masas rurales se precipitaron a la lucha tras sus demandas postergadas. El desencadenante de la insurrección fue una crisis política a raíz de la sucesión presidencial. Francisco Madero, líder del Partido Antireeleccionista, cuya consigna principal era “sufragio efectivo y no-reelección”, fue proscrito y encarcelado. Logró fugarse y convocar a un levantamiento armado contra la dictadura de Porfirio Díaz, quien gobernaba el país desde 1876. Madero proclamó el Plan de San Luis Potosí (octubre de 1910), centrado en modestas reformas políticas, pero cuyo artículo tercero aludía vagamente a la restitución de las tierras usurpadas, punto que inmediatamente atrajo la atención de las masas rurales. Es así como irrumpió la insurgencia campesina en la grieta abierta por los políticos liberales y las clases medias urbanas.
El zapatismo constituyó una de las expresiones populares más notable de este proceso. Surgido en Morelos, un Estado donde las comunidades indígenas eran expropiadas cada vez más por la expansión de las haciendas azucareras, mantuvo durante casi diez años el principal centro político de masas de la revolución, que no interrumpió la lucha ni se rindió, constituyendo un bastión de intransigencia revolucionaria que resistió los ataques militares y las maniobras políticas de la reacción.
La primera fase de la lucha contra Porfirio Díaz terminó exitosamente en mayo de 1911, con los acuerdos de Ciudad Juárez. Díaz renunció a la presidencia, se convocaron nuevos comicios, se pactó el cese de la lucha y el desarme de los insurgentes. En octubre de ese año Madero fue proclamado nuevo presidente de México. Todos los rebeldes entregaron sus armas, menos el Ejército Libertador del Sur, dirigido por Zapata. Los zapatistas sostenían que sólo iban a dejar las armas cuando les entregaran las tierras. El 25 de noviembre de 1911 aprobaron solemnemente el Plan de Ayala, en el cual plasmaron sus objetivos programáticos fundamentales.
El Plan de Ayala expresaba el objetivo central de los campesinos sureños, la recuperación de las tierras sustraídas por terratenientes y haciendas. Y lo hacía en términos revolucionarios: los campesinos ocupaban las tierras usurpadas y procedían a su reparto, si los terratenientes o los hacendados tenían algún reparo, tendrían que presentarse ante los tribunales que se crearían tras el triunfo de la revolución, y demostrar los derechos que alegaban tener. Es lo que un jurista denominaría la “inversión de la carga de la prueba”: no eran los campesinos los que debían esperar a que la revolución triunfara y sancionase una ley que les permitiera acceder a la tierra, previo paso por los tribunales para probar sus derechos. Por el contrario, a medida que las fuerzas campesinas avanzaban, ocupaban la tierra con las armas en la mano y la restituían a las comunidades.
En febrero de 1913, Victoriano Huerta, jefe del ejército federal, depuso a Madero y ordenó su fusilamiento. Inmediatamente se levantó en armas el movimiento constitucionalista, del cual formaban parte Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Francisco Villa. Los constitucionalistas acordaron encarar la cuestión agraria una vez derrotado Huerta y el ejército federal. Carranza y Obregón no tenían interés alguno en repartir tierra, Villa consideraba dificultoso distribuirla antes de concluir la guerra.
En julio de 1914 Victoriano Huerta fue finalmente derrotado, jugando un papel decisivo la División del Norte de Pancho Villa. Las fuerzas campesinas, dueñas de la situación, ocuparon la ciudad de México, en tanto las tropas constitucionalistas, dirigidas por Obregón y Carranza, quedaron arrinconadas, en ostensible minoría, en el puerto de Veracruz. La reunión cumbre de Villa y Zapata en Xochimilco, el 4 de diciembre, marcó el punto culmine del ascenso campesino en el proceso revolucionario.
Pero negros nubarrones se cernían sobre el futuro de la revolución. Los jefes campesinos tuvieron grandes dificultades para entenderse con los sectores urbanos, y fracasaron en la concertación de alianzas con éstos. Particularmente importante fueron las desavenencias con el movimiento obrero de la ciudad de México.
Aquí cabe un balance necesario sobre el rol del anarquismo en la Revolución Mexicana. En la ciudad de México existía la Casa del Obrero Mundial, un agrupamiento laboral de orientación anarcosindicalista, obligado a decidir su posición ante los choques cruciales que se avecinaban en la nueva fase de la revolución. Parece ser que para los estrictos cánones morales del anarcosindicalismo mexicano, los soldados de Pancho Villa tomaban demasiado alcohol mientras los insurgentes de Zapata eran seguidores de la Virgen de Guadalupe, de modo que nada bueno podía esperarse de esa gente. Es así que el 17 de febrero de 1915 los anarcosindicalistas de la Casa del Obrero Mundial y el movimiento constitucionalista firmaron un pacto por el cual, a cambio de la promesa nunca cumplida de satisfacer un pliego de reivindicaciones, los anarquistas organizaron los denominados “batallones rojos” enrolados en el ejército constitucionalista, que bajo el mando de Obregón retomó la ciudad de México, y entre abril y junio de 1915 derrotó a las fuerzas de Pancho Villa, inclinando el fiel de la balanza hacia la restauración burguesa.
Así como señalamos el papel nefasto de los anarquistas de la ciudad de México, también queremos remarcar que otras facciones libertarias lucharon heroicamente con los campesinos y sectores populares, corriendo su misma suerte frente a la represión estatal. Es el caso de Ricardo Flores Magón y el periódico Regeneración, el único que durante todo el transcurso de la Revolución mantuvo una línea de impugnación de la propiedad privada y del Estado burgués en forma consecuente.
Carranza y Obregón convocaron la Convención Constituyente de Querétaro (febrero de 1917) para reorganizar el Estado. Conscientes que sin dar alguna respuesta a la demanda por la tierra no podían gobernar México, aceptaron inscribir los reclamos campesinos en el famoso artículo 27 de la Constitución aprobada en Querétaro. Es así como se inauguró el “constitucionalismo social” en América Latina, mediante la incorporación de las reivindicaciones fundamentales de la Revolución dentro de los marcos institucionales del Estado burgués ahora remozado.
A lo largo de estos años son muy importantes los logros políticos de los campesinos zapatistas. Desde la consigna inicial del levantamiento: Abajo haciendas, arriba pueblos, (cuando en todos lados se decía Abajo Porfirio, arriba Madero) hasta el Plan de Ayala, con su célebre formulación: primero se reparte la tierra, y después, en todo caso, se discute, sustancialmente distinto a todas las reformas agrarias emprendidas desde el Estado. La culminación de este proceso fue la Comuna de Morelos, el experimento social impulsado por el zapatismo en tierra morolense entre 1914 y 1917. De lejos la experiencia agraria más radical de la historia de México: fueron expropiadas las haciendas y los ingenios azucareros y puestos a producir bajo control de los campesinos, al tiempo que el territorio se organizó a partir del “gobierno de los pueblos”. Una experiencia revolucionaria duramente reprimida por las fuerzas estatales, que culminará con el asesinato de Zapata, pero quedará inscripta en la memoria colectiva de la nación mexicana.
¿Pero como fue posible esta extraordinaria experiencia? Entre 1910 y 1920 había en México muchas facciones políticas que tenían armas, programas y dirigencias comprometidas con sus objetivos. Pero el zapatismo tenía algo más: una organización propia e independiente del Estado a partir de la cual expresarse y tomar decisiones en forma colectiva. En Morelos, esta organización independiente se basó en los pueblos, el antiguo órgano democrático campesino. Estaba constituido por un Consejo integrado por cuatro o cinco miembros de la comunidad, que se ocupaba de la defensa de la tierra, la resolución de los litigios entre los vecinos y la atención de los asuntos comunes, rindiendo cuenta de sus actos a la asamblea general del pueblo. Los pueblos habían perdido la mayor parte de sus tierras, pero su organización autónoma nunca fue destruida: en ella se apoyó el zapatismo para desplegar su increíble resistencia.
Esta es la gran verdad de la historia de la revolución en el siglo XX: los programas, las armas, la misma dirección revolucionaria, son necesarias pero no suficientes, lo decisivo, lo que marca la diferencia, es la existencia de los organismos autónomos en los cuales las masas en lucha puedan deliberar y tomar decisiones con independencia del Estado y demás instituciones de la clase dominante.
¿Pero cómo pudieron estos humildes campesinos protagonizar semejante proceso? Es Carlos Marx quien nos ofrece algunas pistas para responder a este interrogante. En su célebre respuesta a Vera Zasulich del 8 de marzo de 1881 –y en el Prefacio a la edición rusa del Manifiesto Comunista de 1882, redactado conjuntamente con Federico Engels– afirmó que la obschina –forma superviviente de la antigua comunidad rural rusa– podría convertirse en el punto de partida para la reorganización comunista de la sociedad, si lograba sobrevivir hasta que estallase la revolución social. Esto es lo que sucedió en Morelos: la revolución estalló cuando aún subsistían las antiguas formas de organización de los campesinos sureños. Pero al no poder confluir el movimiento insurgente con el proletariado urbano, se crearon las condiciones para el triunfo de las fuerzas que propugnaban la reorganización de la sociedad y el Estado bajo la égida del capitalismo.
Sin embargo, los vencedores no pudieron aplastar totalmente la revolución. Debieron de alguna manera integrarla a un discurso histórico: la propia clase dominante pretende justificar su dominación en el gigantesco cataclismo social que dio nacimiento al México actual. Por eso para los explotados es necesario apropiarse del proceso iniciado en 1910, pero esta vez sí, a partir de la unidad revolucionaria de los obreros, campesinos, estudiantes, mujeres, trabajadores, pobres de la ciudad y del campo, explotados todos, hoy como ayer, por la dictadura del capital y los lacayos a su servicio.
Emiliano Zapata y el Plan de Ayala
Este plan, fechado el 28 de noviembre de 1911, se lanzó luego de la primera agresión militar ordenada por Francisco Madero contra el Ejército Libertador del Sur. Este documento atacaba a Francisco Madero por haber dejado en pie “la mayoría de los poderes gubernativos y elementos corrompidos de opresión del Gobierno dictatorial de Porfirio Díaz” así como por no cumplir el Plan de San Luis, postergado por la transacción de Ciudad Juárez.
Denunciaba la persecución y opresión sobre los pueblos que reclamaban sus derechos, y la imposición de gobiernos estatales en contra de la voluntad de las mayorías, como fue el caso del general Ambrosio Figueroa, calificado como verdugo y tirano de Morelos.
Finalizaba planteando que Madero había entrado en “contubernio escandaloso con el partido científico, hacendados-feudales y caciques opresores, enemigos de la Revolución proclamada por él, a fin de forjar nuevas cadenas y seguir el molde de una nueva dictadura más oprobiosa y más terrible que la de Porfirio Díaz”, a partir de lo cual llamaba a continuar la lucha contra el gobierno de Madero, a quien denunciaba como traidor a la Revolución. A partir de invocar como propio al Plan de San Luis, se introducían una serie de “agregados” a éste, que en realidad cambiaban de forma radical el contenido y el carácter social del Plan maderista, expresados en los puntos 6 a 9 del Plan de Ayala (1), y que a la letra planteaban:
6º. Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar: que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles; desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos, correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en las manos, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derechos a ellos, lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución.
7º. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos, las tierras, montes y aguas; por esta causa, se expropiarán previa indemnización, de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellos a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.
8º. Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente Plan, se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras partes que a ellos correspondan, se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en las luchas del presente Plan.
9º. Para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán las leyes de desamortización y nacionalización, según convenga; pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez a los bienes eclesiásticos, que escarmentaron a los déspotas y conservadores que en todo tiempo han querido imponernos el yugo ignominioso de la opresión y el retroceso (2).
Como han sostenido diversos autores (3), el Plan de Ayala descansaba en dos principios fundamentales.
En primer lugar, la expropiación y nacionalización de las tierras, en beneficio de los “pueblos de México”; lo cual en el artículo 6º se orientaba a “los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal”, en el artículo 7º al conjunto de la gran propiedad, y en el artículo 8º “a los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente Plan”.
El punto más radical, porque englobaba en los hechos a todas las clases propietarias en el campo y dejaba fuera cualquier indemnización, era el punto 8º. Esto suponía una inversión tajante de lo planteado por Madero y los intelectuales y políticos antes mencionados –quienes aún en sus propuestas más “progresistas” se basaban en la intocabilidad de la gran propiedad– y un cambio de fondo respecto al punto 3 del Plan de San Luis, el cual se limitaba a la situación de la pequeña propiedad y no se orientaba a resolver la situación de las mayorías agrarias desposeídas por los latifundistas.
El otro pilar sobre el que descansaba el Plan de Ayala era la transgresión de la juridicidad burguesa, ya que:
[…] dispone que los campesinos despojados de sus tierras entrarán en posesión de ellas desde luego, es decir, las tomaran inmediatamente ejercitando su propio poder. Esa posesión será mantenida ‘a todo trance, con las armas en la mano’. Y serán los terratenientes usurpadores quienes, al triunfo de la Revolución, tendrán que acudir ante tribunales especiales para probar su derecho a las tierras ya ocupadas y recuperadas en el curso de la lucha por los campesinos (4).
La lucha por la tierra y su preservación en manos de los campesinos estaba entonces asociada, no a la confianza en la acción de los tribunales, sino al poder armado de los pueblos insurrectos.
Aunque el Plan de Ayala se pudo imponer de forma generalizada solamente en 1915, durante el periodo de la Comuna de Morelos, en los años previos se intentó implementar en las zonas bajo control del Ejército Libertador del Sur. Un testimonio de esto lo encontramos en la siguiente resolución de 1912, que fue la primera expropiación acordada por la dirección zapatista, en medio de la ofensiva militar:
[…] los que suscriben, en nombre de la Junta Revolucionaria del estado de Morelos, teniendo en consideración que ha presentado sus títulos correspondientes a tierras el pueblo de Ixcamilpa, y habiendo solicitado entrar en posesión de las mencionadas tierras que les han sido usurpadas por la fuerza bruta de los caciques, hemos tenido a bien ordenar conforme al Plan de Ayala, que entren en posesión de tierras, montes y aguas que les pertenecen y les han pertenecido desde tiempo virreinal y que consta en títulos legítimos del tiempo virreinal de Nueva España, hoy México (5).
El sustento profundo del Plan de Ayala y de los intentos por llevarlo a cabo, fue la irrupción violenta de amplios sectores de las masas agrarias de Morelos y otros estados, quienes nutrieron el ejército campesino liderado por Emiliano Zapata. Eso fue lo que permitió soportar la política de tierra arrasada del mando militar federal y sustentó las varias ofensivas del Ejército Libertador del Sur contra el gobierno central.
(Este texto es parte del ensayo Senderos de la Revolución, incluido en el libro México en llamas).
Notas:
(1) Plan de Ayala
(2) Adolfo Gilly, La Revolución interrumpida / México 1910-1920: una guerra campesina por la tierra y el poder, México, Ediciones El Caballito, 7ma. ed., 1980 y Francisco Pineda Gómez, La Revolución del sur 1912-1914, México, Era, 2005.
(3) Adolfo Gilly, op. cit., p. 64.
(4) Ibidem, p. 68.
(5) Ibidem, p. 43.
A cien años de la Comuna de Morelos: tomar el cielo por asalto
Reproducimos este artículo de Jimena Vergara, originalmente publicado en la compilación “México en llamas”, del sello editorial Armas de la Crítica.
En enero de 1915, después de haber ocupado la Ciudad de México junto con la División del Norte de Francisco Villa, el Ejército Libertador del Sur alzó sus pertrechos y partió hacia Morelos. Durante todo este año, las fuerzas de Obregón se abocaron a enfrentar y derrotar a los bandidos de Villa, lo cual dio un importante respiro al zapatismo que, localmente, se dedicó a poner en práctica los contenidos esenciales del Plan de Ayala. Carranza y Obregón no consideraron efectivo abrir dos frentes militares y por ello, mientras persiguieron a Villa, se dedicaron sólo a contener al ejército campesino del Sur a las puertas de la Ciudad de México. Poner en práctica el Plan de Ayala significó intentar llevar hasta sus últimas consecuencias las reivindicaciones que para Emiliano Zapata eran el fin de la Revolución, como quedó expresado en la Ley agraria de 1915 decretada por la Convención: “En el Plan de Ayala se encuentran condensados los anhelos del pueblo levantado en armas, especialmente en lo relativo a las reivindicaciones agrarias, razón íntima y finalidad suprema de la Revolución”.
La tierra es de quien la trabaja
Si bien la salida de la Ciudad de México y la división de los ejércitos campesinos del Sur y del Norte abrió el camino al retroceso de la Revolución, a escala local los postulados del zapatismo llegaron a su máximo desarrollo justamente durante 1915, cuando los campesinos pobres de Morelos profundizaron lo que venían haciendo desde 1911, liquidando la propiedad capitalista y destruyendo el latifundio. El reparto agrario se realizó con el objetivo de devolver a los dueños originarios sus propiedades ancestrales, a través de las comisiones agrarias, que levantaron los planos topográficos y los linderos de todos los pueblos del estado, asignándoles la posesión de las tierras fértiles para el cultivo, los recursos como los pozos de agua, los manantiales, las fuentes y los bosques.
Esta entrega generalizada de la tierra expropió a las haciendas, liquidando a los terratenientes como clase económicamente dominante en el estado. Esta expropiación de los hacendados se realizó sin indemnización, por tratarse de tierras de interés público y también porque, según la legislación zapatista, todo aquel propietario contrario a la Revolución, o que tuvo vínculos con el régimen de Díaz, debía ser expropiado sin pago, no sólo de su propiedades rurales sino también de las urbanas.
Junto a la expropiación, el gobierno convencionista puso en pie el Banco Nacional de Crédito Rural, dispuso la creación de Escuelas Regionales de Agricultura y trabajó en la construcción de una Fábrica Nacional de Herramientas Agrícolas. Estas medidas tenían el objetivo de estimular a los pueblos con créditos baratos, instrumentos de trabajo e instrucción para conseguir que el cultivo y la explotación de la tierra se hicieran de manera sustentable. Según John Womack Jr., la idea de Zapata y Palafox era superar la producción agrícola de autoconsumo a la que estaban acostumbrados los campesinos, para modernizar la siembra de productos destinados a la venta a gran escala a través de una planeación colectiva de la agricultura. Aunque el proceso de expropiación de tierras llegó más allá del clásico reparto agrario de las revoluciones burguesas –ya que el reparto se realizó entre los pueblos, considerándolos como colectividades organizadas– los campesinos aún estaban acostumbrados al laboreo de pequeñas porciones y a la explotación individual, a la que habían sido orillados por el creciente acaparamiento de los hacendados.
Tanto Manuel Palafox como Emiliano Zapata, ahí donde tuvieron oportunidad, convencieron a los campesinos de abandonar el cultivo individual y aprovechar la posesión comunal de vastas hectáreas, lo cual significaba dar un primer paso en el camino de la colectivización. Esta tensión entre la pequeña producción y los intentos por avanzar en la explotación colectiva se expresó durante todo el año de 1915 y fue consecuencia de las particularidades estructurales de la estructura agraria que describimos en el ensayo titulado “El país de Don Porfirio: estructura social y desarrollo capitalista”. Es decir que las tierras comunales en manos de los pueblos no llegaron a ser plenamente tierras de producción colectiva, pero tampoco respetaron las formas burguesas del reparto agrario; en un sentido y de forma embrionaria, con las tierras comunales en Morelos, se dio un proceso que ya Marx había teorizado en relación a la propiedad comunal en Rusia.
Consideramos que en México “gracias a una combinación única de las circunstancias”, surgidas de la Revolución, la comunidad rural en Morelos se estaba desarrollando de tal modo que, de haberse sostenido en el tiempo, habría podido evolucionar hacia una forma de producción colectiva en gran escala. Para concretarse esta perspectiva, habría sido fundamental que la clase obrera garantizase, a nivel nacional, tanto la expropiación de las clases dominantes y la ruptura de la subordinación al imperialismo, como el control del comercio exterior para otorgar créditos baratos y medios de producción necesarios para industrializar el campo. Zapata y Palafox fueron conscientes de la necesidad de avanzar hacia la colectivización, e intentaron llevarla a la práctica sorteando múltiples vicisitudes, incluyendo la negativa de sectores campesinos a dejar el cultivo de autoconsumo.
A pesar de que esta emancipación de las comunidades rurales, a partir del reparto agrario bajo la forma de propiedad comunal de los pueblos, no llegó a consolidarse en un proceso de colectivización generalizada, sí combinó elementos de avanzada que fortalecían la posibilidad histórica de que así fuera. La mayor parte de los historiadores coinciden en que, por la vía de la práctica, el zapatismo se superó a sí mismo, estableciendo un conjunto coherente de acciones encaminadas a reorganizar a toda la sociedad.
Las tierras que no fueron reclamadas por los pueblos, quedaron bajo el control de la administración zapatista –su cuartel general– a través de la dirección de Manuel Palafox, es decir, pasaron a manos del control estatal con la intención de ser puestas a producir para satisfacer las necesidades sociales. Aún más, las unidades productivas más avanzadas del estado de Morelos, por su tecnificación y productividad, y por su concentración de fuerza de trabajo asalariada, fueron nacionalizadas sin pago: nos referimos a los ingenios y destilerías. Según Adolfo Gilly y John Womack Jr., Palafox se dio a la tarea de reparar los ingenios devastados por la guerra y para marzo de 1915 se pusieron cuatro de ellos en funcionamiento, bajo la administración directa de los principales líderes zapatistas. Los ingenios, además de las haciendas, eran el principal sustento económico del estado.
Al estallar la Revolución había 24 ingenios establecidos, que operaban con maquinaria de punta y un sistema de riego bien sofisticado. El grado de desarrollo de la industria azucarera se puede medir si consideramos que Morelos proveía la tercera parte de la azúcar que se consumía a nivel nacional, y era la tercera región productora de azúcar en el mundo. El plan de Zapata y Palafox residía en que las ganancias obtenidas por la producción de azúcar estuvieran destinadas a la obra pública y a la manutención del Ejército Libertador del Sur.
En pequeña escala, estamos ante un cambio radical en las relaciones entre trabajo y capital, y que la nacionalización de la tierra, los ingenios y las refinerías en el estado de Morelos, devela la dinámica crecientemente anticapitalista del proceso revolucionario de 1910. Comprueba que avanzar en la resolución de las demandas agrarias, motoras de la Revolución, sólo podía venir de la mano del trastocamiento radical de la propiedad privada en el campo. Lo cual, en el caso que nos ocupa, supuso realizar un reparto agrario que, por la relación entre condiciones objetivas y subjetivas, llegó más allá del que, en el pasado, llevó a cabo la burguesía en otras latitudes del planeta al momento de hacerse del poder. En ese contexto, el elemento más subversivo de la expropiación de tierras y la nacionalización de los ingenios consistió en la tendencia a la unidad del proletariado agrícola cohesionado en los ingenios con los campesinos pobres organizados alrededor de las comunidades agrarias. La liquidación del latifundio, la eliminación de los terratenientes como clase, la nacionalización de los ingenios y refinerías, la propiedad comunal de la tierra restituida a los pueblos, todo ello, son los elementos estructurales que dieron sustento a la Comuna de Morelos, como Adolfo Gilly denominó acertadamente el poder de los campesinos pobres y proletarios agrícolas zapatistas.
El poder de la Comuna
La comuna zapatista de Morelos, que se mantuvo no en la tregua sino en la lucha, es el episodio más trascendente de la Revolución Mexicana. Por eso, para intentar borrar hasta sus huellas, el ejército burgués del carrancismo tuvo después que exterminar la mitad de la población de Morelos, con la misma saña desplegada por las tropas de Thiers contra el París obrero de 1817.
La expropiación y nacionalización de la tierra en Morelos tuvo su correlato en formas de poder específico que preservaron las conquistas y la consecución de los mandatos programáticos del Plan de Ayala. Según Adolfo Gilly y John Womack Jr., la toma de decisiones y la organización colectiva de los pueblos, sirvió para recrear un tipo de poder democrático en el estado, que fue sustento de las medidas anticapitalistas que llevaron a cabo los zapatistas. La representación política de cada pueblo, se daba a través de los municipios –una forma sincrética de empalmar el poder colectivo con formas más modernas de representación– de tal suerte que los municipios debían a su vez acudir a las asambleas distritales convocadas los días primeros de cada mes.
Los presidentes municipales, eran elegidos mediante sufragio universal, con previa convocatoria electoral y eran sancionados permanentemente por dos representantes de las asambleas, que no contaban con salarios y eran votados ex profeso, para vigilar la acción y decisión de los funcionarios. Pero la representación popular rebasó por mucho, por la vía de los hechos, a las representaciones municipales. Las leyes agrarias, posteriores a la puesta en marcha de la Comuna, plasmaron en el papel la experiencia vital de las masas campesinas.
En muchas localidades del estado, surgieron policías comunitarias que trabajaban bajo la sanción permanente de las asambleas. Es decir que el poder político estaba en manos de los pueblos e implicaba el concurso voluntario de cada uno de sus habitantes mediante órganos de democracia directa, donde se tomaban la mayor parte de las decisiones. La relación que establecieron estas formas de poder político con el Ejército Libertador del Sur, es sintomática del grado de desarrollo que alcanzó la organización de las masas rurales durante 1915 en el estado de Morelos.
De tal suerte que el Ejército Libertador de Sur tenía la obligación de defender militarmente a la Comuna, enfrentando al ejército constitucionalista y las provocaciones de los terratenientes, pero estaba subordinado a la decisión, sanción y vigilancia de los pueblos organizados, entendidos como comunidades agrarias que, a través de la expropiación y la autoorganización, ejercían el poder en el conjunto del territorio morelense. El hecho de que la Comuna se basara en el poder de los pueblos y su defensa armada estuviera sancionada por la decisión de las comunidades, no demerita la importancia del Ejército Libertador del Sur y la acción de su cuartel general, no sólo en el terreno militar y la autodefensa, sino como dirección política del proceso.
En última instancia, fue el cuartel zapatista quien centralizó y encabezó de forma directa la nacionalización de los ingenios. Coincidimos con John Womack Jr. cuando plantea que, en realidad, el ejército zapatista era una “liga armada entre los pueblos”, que no era una entidad separada de éstos. La soberanía de los pueblos estaba encarnada en el poder armado y no se puede entender la implementación del Plan de Ayala sin el acompañamiento de una fuerza militar. El ejército se nutrió de los pueblos y dependió económicamente de los mismos. Sólo una relación equilibrada entre los mandos militares y el poder civil pudo garantizar el mantenimiento de la guerra y la autodefensa:
El Ejército del Sur no sólo era de los pobres, sino que era él mismo muy pobre. Los altos jefes militares tenían privilegios sobre el resto de las tropas y sin duda hubo excesos, como se percibe a través de la correspondencia. Pero bien porque no existiera la oportunidad o porque el control fue muy efectivo, los privilegios nunca se transformaron en riqueza permanente […]. Para explicar esta situación tiene importancia el celo fanático por parte del Zapata para evitar y reprimir todo exceso sobre la población civil, sobre los pueblos, la única fuente de riqueza de los pueblos.
El cuartel general zapatista fungió como la dirección política del proceso, bajo el mando indiscutible de Emiliano Zapata y el asesoramiento político de “los secretarios” –como los llamó Womack Jr.- Manuel Palafox, Antonio Díaz Soto y Gama, y Gildardo Magaña.
El ocaso de la Comuna
En las postrimerías de 1915, los ejércitos constitucionalistas habían logrado desintegrar las fuerzas insurrectas de la División del Norte. En noviembre, Carranza se aprestaba para hacer lo propio con el Ejército Libertador del Sur. La liquidación del ejército de Villa había requerido de la pericia militar de Obregón. Pero aniquilar al zapatismo implicaba no sólo arremeter contra su ejército, sino desmantelar la Revolución social que se había emprendido en Morelos; de ahí que Obregón se hiciera a una lado para dejar al mando de la operación al general Pablo González Garza, quien el año de 1916 cercó el estado de Morelos con 30 mil hombres.
El ejército zapatista no estaba en condiciones de enfrentar una fuerza militar de estas proporciones, pero contaba con la fortaleza de los pueblos que se replegaron al monte para organizar la defensa. Las fuerzas de Pablo González entraron a Morelos como un verdadero ejército de ocupación. Robaron a los pueblos, incendiaron, saquearon y aprehendieron a cientos de combatientes, masacrando y barriendo a su paso con la población civil, incluyendo a mujeres y niños que también defendieron su poder comunal. En el mes de junio de 1916, cayó el cuartel general de Tlaltizapán, y Emiliano Zapata se vio obligado a replegarse hacia el monte para reorganizar la resistencia. La lucha del Ejército Libertador del Sur pasaba a un momento claramente defensivo y en un territorio ocupado. Pero la profunda Revolución social que había acaecido en Morelos, no podía ser desintegrada de tajo. No se trataba sólo de exterminar combatientes resueltos sino de apaciguar a una población insurrecta y preparada para la defensa de su revolución.
Como dice Adolfo Gilly: “Pero el ejército carrancista, contra su creencia, no había dominado al estado. Tenía bajo su control, por el terror, nomás a las poblaciones. Después de seis años en que repartieron todas las tierras a los pueblos, liquidaron los latifundios completamente y convirtieron a los ingenios en “fábricas nacionales” administradas por sus representantes en beneficio de la población, es decir, después de haber establecido su Comuna campesina, las masas de Morelos se dispusieron a defender sus conquistas contra la ocupación militar burguesa. Estas conquistas estaban arraigadas en las relaciones sociales campesinas. Habían dado un nuevo sentido fraternal y colectivo a toda la vida social, y esa relación se había convertido en la norma del estado organizado por los campesinos. Era imposible que una invasión, una acción puramente militar, destruyera ese tejido social en unos pocos meses.”
La ofensiva constitucionalista trajo como consecuencia la diferenciación de las filas zapatistas. Las distintas alas representadas por algunos jefes y secretarios comenzaron a realinearse entre un sector intransigente encarnado por Zapata y Palafox, y un ala conciliadora representada por Magaña y Lorenzo Vázquez. La fervorosa resistencia de las masas rurales fortalecía el mando y la preponderancia de Emiliano Zapata. Pero la lucha campesina se encontraba en un callejón sin salida, que finalmente se impuso a la intransigencia de las masas rurales insurrectas. Por una parte, a nivel nacional, el poder de los constitucionalistas comenzaba a fortalecerse, luego de la victoria sobre Villa y la represión contra el movimiento obrero en julio y agosto de 1916.
Internamente, el avance de las tropas de Pablo González provocó la liquidación paulatina de las disposiciones revolucionarias de la Comuna a la vez que obligó al zapatismo a implementar la guerra de guerrillas. En el seno de la dirección, la situación adversa y las disputas internas llevaron al fortalecimiento del ala centro, encarnada en la figura de Conrado, que como dice Gilly, era la continuidad de la tendencia antes representada por Antonio Díaz Soto y Gama. Conrado intentó negociar con el naciente poder nacional para preservar algunas de las conquistas de la Comuna; pero, al centrarse en las que se encontraban en el terreno de la democracia formal, ponía en cuestión los fundamentos anticapitalistas que la habían nutrido. Se puede decir que con la ocupación militar de Pablo González en 1916, el constitucionalismo no asestó una derrota definitiva al zapatismo, pero sí liquidó la Comuna de Morelos.
Durante el año de 1916, el zapatismo tuvo distintas iniciativas políticas e incluso logró recuperar coyunturalmente algunas zonas del estado19. En el país, Carranza y Obregón se preparaban para convocar al Constituyente de 1917 y el zapatismo se hizo más consciente que nunca de su constricción territorial. Para este año, el aislamiento político fortaleció enormemente la línea conciliadora de Gildardo Magaña, quien intentó múltiples vías de acercamiento con el gobierno. El Constituyente del 1917 materializó el proceso de institucionalización de la Revolución y posibilitó la derrota definitiva de los revolucionarios de Morelos. El 10 de abril de 1919 fue asesinado, en la hacienda de Chinameca, Emiliano Zapata, el máximo jefe del Ejército Libertador del Sur. De esta forma, la reacción dejó a los aguerridos campesinos de Morelos sin la figura emblemática que le dio cauce y dirección a sus aspiraciones.
Conclusiones
La Comuna de Morelos constituye la experiencia más rica del campesinado latinoamericano en toda su historia y es contemporánea a la experiencia histórica más importante del proletariado: la Revolución Rusa de 1917. Para entender a profundidad sus características, es menester concluir este ensayo enumerándolas:
1) Desde el punto de vista de su composición social, la Comuna evidenció la potencialidad de la unidad de clase entre el proletariado agrícola de los ingenios y los campesinos pobres.
2) El gobierno comunal se diferenció de todos los que se sucedieron durante la Revolución, en que, a nivel local, destruyó el estado capitalista, expropió y nacionalizó la propiedad privada, y extinguió a los terratenientes como clase. Es decir liquidó todo atisbo del régimen de dominación burgués en la zona controlada por los zapatistas.
3) Las expropiaciones se realizaron sin indemnización y algunos ingenios fueron puestos a funcionar con el concurso de los trabajadores, administrados por el poder estatal, es decir, por los jefes campesinos revolucionarios.
4) Sobre esta base y a partir de sus formas tradicionales de organización, las masas rurales del estado de Morelos pusieron en pie su propio poder.
5) El poder de la Comuna se sostuvo gracias a la eficacia del Ejército Libertador del Sur, como brazo armado de los pueblos; el reparto agrario era concebido como un proceso ejercido por el pueblo pertrechado para su defensa y sustento.
6) El zapatismo se erigió como la corriente política y militar de la Revolución que alcanzó mayor grado de independencia de los programas, ejércitos y componendas de las direcciones burguesas y pequeño burguesas.
La Comuna de Morelos evidenció la tendencia más profunda de la Revolución Mexicana, al establecer, en forma embrionaria, un poder de los explotados y oprimidos del estado sureño. Una vez enunciados sus alcances, es necesario detenernos en sus limitaciones. Es fundamental plantear que, a pesar del sentido tendencialmente socializante de las medidas tomadas por la Comuna, no asistimos a un proceso generalizado de colectivización en el estado de Morelos. Esto fue el resultado de que primaron las costumbres individuales de usufructo de la tierra del campesinado, a pesar de los intentos de Zapata y Palafox por revertir esta situación. El carácter social del zapatismo y su política también limitó la experiencia de la Comuna, y sólo fue posible hacer efectivos los planteamientos del Plan de Ayala en el territorio de Morelos.
Más allá de que los zapatistas propusieran extender su legislación a nivel nacional, en su estrategia política –durante los momentos claves de la Revolución– primó el profundo regionalismo de un movimiento con base campesina. Esto planteó una contradicción. Fue la fortaleza territorial y el arraigo comunal los que permitieron que la Comuna subsistiera y se convirtiera en patrimonio de los pueblos organizados democráticamente. Pero fue también la negativa de Zapata (y de Villa) a mantener el control sobre la ciudad de México y su incapacidad para establecer un proyecto político nacional alternativo al constitucionalista, el que condenó al aislamiento a la que fuera la experiencia más avanzada de la Revolución, lo cual abrió el camino para su posterior derrota.
Consideramos que el zapatismo expresó el punto más avanzado que alcanzó el accionar del campesinado por su propia cuenta y, a la vez, el hito más alto del proceso revolucionario iniciado en 1910, por las características que describimos antes. Para este análisis, partimos del punto de vista metodológico que llevó a Trotsky a enunciar, en su ya célebre escrito titulado “Tres concepciones de la revolución rusa” la siguiente advertencia:
El marxismo nunca dio carácter absoluto e inmutable a su estimación del campesinado como una clase no socialista. Marx dijo hace mucho que el campesino es tan capaz de juicio como de prejuicio. La naturaleza misma del campesinado cambia bajo condiciones cambiantes. El régimen de la dictadura del proletariado descubrió grandísimas posibilidades de influir al campesinado y reeducarlo. La historia todavía no ha explorado hasta el fondo los límites de estas posibilidades.
De forma poco clara y persistente se ha infiltrado la idea, casi el dogma, de que los grupos campesinos, o más estrictamente la clase campesina, no pueden generar un proyecto global para la transformación de la sociedad compleja. Los orígenes de este prejuicio pueden rastrearse con precisión hasta los modelos evolucionistas decimonónicos, aunque se encuentran antecedentes previos. En esos paradigmas, el campesino fue concebido como el remanente de una etapa evolutiva previa, sin otro destino histórico posible que la extinción. La aparición del fenómeno urbano-industrial, en crecimiento acelerado en los países hegemónicos, se supuso y proyectó como universal y total. […] el zapatismo generó un proyecto político radical y coherente para la transformación global de la sociedad compleja desde una posición de clase.
El programa zapatista, aún en su forma más avanzada, sancionado en las leyes agrarias, no se planteaba expropiar a la gran industria en manos de los imperialistas. Pero aún de haberse expresado en forma explícita un programa nacional de expropiaciones, se requería, para realizarse, del concurso del proletariado de las ciudades y los centros industriales. Los campesinos insurrectos de Morelos carecieron de su aliado natural para lograr estos objetivos: la clase obrera urbana. La huelga general de 1916, que irrumpió en el México revolucionario al mismo tiempo que el constitucionalismo ahogaba en sangre la Comuna de Morelos, señalo la potencialidad de la alianza obrera y campesina en caso de que ésta se hubiese hecho efectiva.
Encasillar al ascenso campesino de 1910 en el archivero de las revoluciones burguesas (como hacen algunas interpretaciones de corte estalinista) implica negar su carácter anticapitalista y minimiza la gran experiencia histórica que fue la Comuna de Morelos. Por otro lado, negarse a comprender sus límites, obscurece la posibilidad de pensar como, en un país donde se ha profundizado la pobreza de las masas rurales y ha surgido un poderoso proletariado que continúa siendo explotado por empresarios nativos y extranjeros, se puede –parafraseando a León Trotsky– luchar por retomar la obra de Emiliano Zapata y llevarla hasta sus últimas consecuencias.
(Fuente: La Izquierda Diario / Autores: Juan Luis Hernández y Pablo Oprinari)
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