Procesan por el caso EREs a Chaves, Griñán y seis ex consejeros
El momento que todos en el PSOE estaban temiendo ha llegado. Era, en realidad, una simple cuestión de tiempo desde que en junio de 2015 el Tribunal Supremo ratificó la tesis de la juez instructora Mercedes Alaya de que había indicios suficientes para sostener que el Gobierno de la Junta de Andalucía había ideado y aplicado un procedimiento ilegal para otorgar ayudas sociolaborales a empresas en crisis.
Los dos expresidentes de la Junta procesados han renunciado este mismo miércoles a su militancia en el PSOE. Se adelantan así a la decisión del partido, cuyo Código Ético establece que los militantes a los que se les abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia.
Ahora, el juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha dictado auto de procedimiento abreviado contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos seis exconsejeros. La novedad que ha sorprendido a las defensas es que el juez también le atribuye a Griñán el delito de malversación, que sí está penado con cárcel, al contrario que el de prevaricación, que únicamente conlleva inhabilitación para cargo público.
Como se recordará, el alto tribunal abrió causa a finales de 2014 con el informe favorable de la Fiscalía contra los dos expresidentes y contra los consejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, entonces diputados en el Congreso. A la hora de admitir este caso, el Supremo se hacía eco de la exposición razonada de Alaya para afirmar que los indicios contra los aforados “derivan de su posición de alta y especial responsabilidad política” dado los cargos que desempeñaban y su intervención en las decisiones de “creación o mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder e incluso, respecto a alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación del referido sistema”.
Dos expresidentes y seis ex consejeros
En el auto de un centenar de páginas, el juez Martín procesa a los expresidentes de la Junta y a los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, la denominada pieza ‘política’ de la causa. El juez atribuye a todos ellos un delito continuado de prevaricación, mientras que también atribuye un delito continuado de malversación de caudales públicos a Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y Vallejo.
Otros procesados por prevaricación y malversación son los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá Salvador y Justo Mañas Alcón; el exviceconsejero de Innovación Jesús Mª. Rodríguez Román; tres directores generales de Trabajo (Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez), un secretario general de Empleo, Juan Francisco Sánchez García; dos secretarios generales técnicos de Empleo (Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo); un Interventor General de la Junta, Manuel Gómez Martínez; y tres directores de la Agencia IFA/IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso, y Antonio Valverde Ramos.
854,8 millones de euros
La tesis del juez es contundente: “Entre los años 2000 y 2011 –dice el auto– se implantó y mantuvo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse ‘procedimiento específico’, cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros, destinados en principio a ser distribuidos a través de subvenciones a empresa para financiar el coste de despido colectivo de trabajadores, o de subvenciones a empresas con fines distintos a aquél, o de subvenciones a personas físicas afectadas por un expediente de regulación de empleo, y que fueron objeto de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario”.
“Total discrecionalidad”
Al igual que en su momento la juez Alaya y más tarde el Supremo, el juez Martín entiende que los procesados eran conocedores de los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía que advertían de las deficiencias del procedimiento, si bien nunca alertaron de que este fuera ilegal. Precisamente porque tendrían que haber alertado de ello y plantear un informe de actuación es por lo que también será procesado el interventor Manuel Gómez.
Así lo argumenta el auto conocido hoy: “No era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada [el director general de Empleo Francisco Javier Guerrero] para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía”.
Veinte se libran
En esta pieza permanecían imputados 51 ex altos cargos y ex miembros del consejo rector de la agencia IDEA, pero el juez ha decidido archivar la causa contra una veintena de ellos, entre los que destacan los exconsejeros Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila o el presidente de Unicaja, Braulio Medel.
En un auto dictado el 17 de noviembre de 2015, la juez María Núñez Bolaños acordó formar la pieza separada del denominado procedimiento específico contra un total de 52 personas, aunque el ex director general del antiguo IFA Francisco Mencía falleció durante la instrucción de la pieza.
De este modo, la magistrada incoó diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada por “la posible existencia de un delito continuado de prevaricación”, por hechos relativos a la participación “activa y consciente” de todos ellos en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico “en todas sus variantes, con las importantes consecuencias que se derivan de los informes elaborados por la Intervención General de la Junta en el seno del Control financiero permanente del IFA/IDEA”.
(Fuente: andaluces.es / Autor: Antonio Avendaño)
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