Colombia: Miembros de comunidades indígenas y campesinas bloquean las principales vías del país por la defensa de la vida
Más de 12.000 indígenas, campesinas y miembros de sectores populares están sosteniendo movilizaciones sociales desde hace más de dos semanas, la llamada Minga. Entre las reivindicaciones, exigen el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados entre el Estado y las FARC, en un país donde, desde inicios de 2019, el Gobierno ha sido testigo pasivo de al menos 30 asesinatos de líderes sociales.
La Minga (comunidad, colectividad) por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Pau empezaba el pasado 10 de marzo al norte del departamento del Cauca. Con el bloqueo de la panamericana, una de las principales vías del país que conecta con Ecuador, más de 12.000 indígenas, campesinas y miembros de sectores populares, principalmente rurales, de al menos seis departamentos ya han superado la semana de movilización social. Cura, protección y defensa de la “nuestra Madre Tierra”, garantías por la vida y los derechos humanos, desmontaje del paramilitarismo y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en Colombia, parada de la guerra como imperativo ético y político y como única posibilidad de futuro para Colombia, cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Estado y las FARC, restablecimiento de la tabla de diálogos con el ELN y reconocimiento del colectivo campesino como sujeto de derechos, son algunas de las reivindicaciones principales.
Según la ex consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Emilse Paz, es alarmante la situación de “las leyes regresivas a los derechos colectivos étnicos”. “Se hace necesario defender la vida de los pueblos, del agua, de la naturaleza”, añade. Óscar Salazar, líder campesino portavoz del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente colombiano (PUPSOC) asegura que “el más central está a cuestionar las políticas del Estado y la situación de inconstitucionalidad en que se encuentran”. Según el campesino, miembro de la Marcha Patriótica, el gobierno actual está siendo “una punta de lanza de las políticas gringues ante la agresión en Venezuela”, está frenando todas las “limitaciones para poder imponer la política extractivista, desconociendo políticas constitucionales: por ejemplo, desfinançant silenciosamente las consultas populares”. Haciendo memoria regional, cada dos o tres años lo Cauca celebra grandes movilizaciones sociales con bloqueos de las vías, en esta ocasión pero, la fuerza rae en la capacidad de unidad –habitualmente imposible o muy difícil- entre organizaciones indígenas y campesinas que puede hacer que esta Minga pronto coja un carácter nacional.
A la espera del presidente
La estrategia del CRIC, consejo de diez pueblos indígenas nacido en 1971 que encabeza la movilización, ha estado citar desde un inicio y a través de una carta firmada por varias organizaciones populares de región sudoccidental del país, al presidente de la república Ivan Duque al epicentro de la Minga, en el territorio nasa de Sath Tama Kiwe, situado al municipio de Caldono. El objetivo de la comparecencia del mandatario del Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, relacionado recurrentemente con la creación de grupos paramilitares, era exigir, y no negociar, el cumplimiento de los más de 1.200 acuerdos incompletos con gobiernos anteriores que impliquen la mayoría de las reivindicaciones políticas de la movilización. A la cita, señalada por el martes 12 de marzo, apareció una delegación del gobierno liderada por la ministra del interior Nancy Patrícia Gutiérrez.
Las comunidades reunidas a Caldono se negaron a dialogar con esta delegación y exigieron la presencia de Duque. Pocos minutos después de que la ministra afirmara que “por agenda, es imposible que venga”, se entravessaven los primeros árboles y se colocaban las primeras rocas en medio de la vía panamericana, iniciando un bloqueo que algunas prevén que dure hasta un mes, teniendo en cuenta la poca voluntad política de diálogo del gobierno uribista. En las primeras referencias a la Minga que hacía Duque el viernes 15 de marzo, aseguraba que “con vías de hecho –acciones directas- de por medio, no habrá diálogo”. Desde Caldono, la respuesta ha sido clara por parte del consejero mayor del CRIC, Neis Lame: “recibiremos el presidente con las vías bloqueadas”. Duque también pasaba la pelota en el gobierno de Juan Manuel Santos a quien acusaba de “hacer acuerdos imposibles de cumplir”. Mientras los bloqueos de carreteras aumentan a todo el país –se han tapado las vías alternativas de acceso a Popayán, la capital del Cauca, y carreteras principales de los departamentos del Huila, el Valle del Cauca, Nariño y Antioquia-, la Organización Nacional Indígena de Colombia está mirando de establecer la “Hora 0 de una grande Minga Nacional”.
Represión y apoyo
Durante el primer día de parada del tráfico, se registraron enfrentamientos entre las comunidades indígenas que taponen la carretera a la altura de Caldono y la ESMAD, con el resultado de veinte personas heridas a causa del lanzamiento de gases lacrimógenos y varios proyectiles antireglamentaris. Jueves y viernes, las comunidades pudieron jugar a fútbol y hacer encuentros culturales sobre la vía. Sábado, la represión estatal golpeó el campamento donde se encontraban las comunidades campesinas del municipio de Cajibío. A través de un video, rápidamente viralizado, el campesino portavoz de Marcha Patriótica, Jhonatan Centeno, denunciaba que “a pesar de encontrarnos en dos kilómetros de la vía, en asamblea, organizando nuestro ejercicio pedagógico, el ESMAD ha subido y ha destruido el campamento, los alimentos.” El juego bruto de las fuerzas de la orden dejaba a Cajibío 19 heridos más. En las zonas de campamento de Caldono, donde se calcula que hay aproximadamente 6.000 indígenas, adultas, niños y viejas, se ha declarado una situación de emergencia y se vive en máxima alerta desde domingo 17 de marzo porque se teme un desalojo inminente.
Mientras tanto, a Popayán y a los departamentos localizados al sur del Cauca, ya se habla de una subida de los precios de todos los productos básicos, se ha restringido la venta de gasolina a vehículos oficiales y se prevé un desaprovisionament importando por los próximos días, condiciones que ayudan a estigmatizar la movilización social entre la población urbana. Los gremios empresariales, ganaderos y comerciales del Cauca y de Nariño ya han enviado una carta al presidente solicitando que se celebren las mesas de diálogo, “que no pueden tener como resultado la firma de nuevos acuerdos que nos sigan arrastrando, históricamente, a incumplimientos y demandas hacia el Estado colombiano”. Varias senadoras del bloque opositor también han dirigido una carta a Duque solicitante “atender de manera prioritaria el llamamiento al diálogo hecha por los pueblos”. Y entre la sociedad civil ya circula una convocatoria por el próximo 20 de marzo a la plaza Bolívar de Bogotá con el eslogan “Duque Ponga la cara a los mingueros del Cauca”.
Se hace difícil ver en el horizonte una ágil resolución de la situación atendidas las circunstancias de contradicción. Las demandas de la Minga contrastan de manera exagerada con las políticas e intenciones de un gobierno que durante la campaña presidencial afirmaba que haría “a miques” los acuerdos de paz, que ha situado el capítulo étnico al apartado de anexos del Pla Nacional de Desarrollo y que, desde inicios de 2019, ha sido testigo pasivo de al menos 30 asesinatos de lideresses sociales. La última gran polémica han sido las objeciones que el presidente ha hecho a la Jurisdicción Especial por la Pau. “Eso sí que es un crimen de lesa humanidad, una perfidia estatal integral: destruir las vestidas que conseguían que los acuerdos de paz anden desde unas castas politicoeconòmiques que no se están de nada para lograr sus propósitos”, denuncia Oscar Salazar.
Para poder seguir en resistencia, la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Pau está haciendo un llamamiento al “minguero solidario internacional” con el objetivo de apoyar económicamente para la alimentación de las comunidades movilizadas. Por otro lado, como reclama la ex consejera del CRIC, “a la comunidad internacional la convocamos a qué sea la veedora de nuestra exigencia al derecho a la vida”.
(Fuente: Directa.cat / Autora: Berta Camprubí)
¿Por qué la minga indígena resiste tanto tiempo?
Más de 15.000 indígenas y campesinos siguen apostados en la carretera Panamericana a la espera de que el presidente Duque confirme su presencia. El Gobierno suspendió los diálogos a raíz del secuestro de un soldado en la zona. La tensión entre la delegación del Gobierno y los voceros de la minga indígena creció ayer, cuando la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, suspendió los diálogos por el supuesto secuestro de un soldado en la zona. Aunque el militar fue entregado horas después por la Guardia Indígena a una comisión de la Defensoría del Pueblo, al cierre de esta edición la mesa no se había reanudado.
En 17 días de bloqueo de la carretera Panamericana por parte de 15.000 indígenas, campesinos y afros (negros), las negociaciones no han avanzado. Mientras los mingueros siguen exigiendo la presencia del presidente Iván Duque, el primer mandatario reitera que no irá si la carretera continúa bloqueada. Los voceros de la minga le han pedido definir una fecha para esperarlo a la orilla de la Panamericana, pero la ministra Gutiérrez insiste en que el Estado no va a pactar compromisos que no cumplirá posteriormente.
Justamente ese es el temor de los voceros de la minga, dijo Neil Lame, el representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quien expresó que los $10 billones incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo para todos los pueblos aborígenes del país son para cumplir con la oferta institucional de estas comunidades, pero no incluyen los compromisos de compra de tierras, planes colectivos de salud y educación propios, entre otros, los cuales están escritos en acuerdos con gobiernos pasados.
En la zona también está el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, intentando mediar en la negociación, pero, principalmente, diagnosticando la situación humanitaria de la minga. Hasta la fecha se registran más de 30 mingueros heridos en las confrontaciones con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), la muerte del patrullero Boris Alexánder Benítez durante una confrontación con un grupo desconocido y el ataque a una misión de la Defensoría, que verificaba la situación de derechos humanos en la vereda del Cairo (Cajibío).
Mientras tanto, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó ayer en Bogotá la agenda de la minga e hizo un llamado “a todo el movimiento indígena del país para que se sumen a la gran minga nacional por la defensa de la vida, el territorio y la paz”, dijo su vocero, Luis Fernando Arias, quien además presentó una carta, firmada por más de 490 organizaciones sociales, exigiendo al Gobierno el respeto por los derechos humanos de los mingueros y que no le dé un trato militar a la protesta.
Así se planeó la minga 2019
Mientras las pérdidas para el sector agropecuario y de comercio siguen creciendo y preocupando a los gremios y al Gobierno, los voceros indígenas anuncian que la minga está preparada para resistir en el tiempo. Y evocan la movilización del 2008, que duró más de 60 días e incluso llevó a Bogotá a más de 5.000 marchantes.
Hace un año, las 129 autoridades indígenas del Cauca realizaron cuatro encuentros para definir la agenda de lo que sería esta movilización planeada para resistir varias semanas, dijo el consejero del CRIC, Neil Lame. En ese entonces definieron que llamarían al presidente (sin saber quién sería elegido), “como lo hemos hecho con todos en el pasado”, para dialogar sobre los acuerdos incumplidos del Estado y sobre la política de paz, que afecta en gran medida los territorios de estas comunidades, en donde aún hay presencia de grupos armados ilegales, a pesar de que terminó el conflicto con las Farc.
Tras estos encuentros, las autoridades ancestrales se trasladaron a los 129 cabildos regados por el norte, centro, sur y Pacífico caucano, con el fin de socializar la agenda y definir cómo los territorios de clima frío, templado y caliente aportarían con los alimentos para sostener la minga durante varias semanas.
Así, se realizaron varias mingas en las veredas, aprovisionaron los comestibles y durante la primera semana de marzo de este año empezaron a trasladarse en cientos de chivas a dos puntos de la carretera Panamericana: La María (Piendamó) y La Agustina (Santander de Quilichao).
Una vez instalados en los puntos de la minga, la organización indígena del CRIC organizó los relevos. Esta práctica tiene como objetivo que la movilización resista el tiempo que sea necesario. “Si se retiran 10 chivas o buses, la misma cantidad debe ingresar al territorio donde están concentrados los mingueros. Por eso hay gente que permanece ocho días, pero llegan nuevas personas con alimentos y asumen responsabilidades”.
El 10 de marzo arrancó en firme esta movilización que está poniendo en aprietos al gobierno de Duque. El vocero del CRIC dice que, aunque no quisieran acudir a las vías de hecho, deben hacerlo “como una garantía para que el Gobierno nos escuche. Porque si enviamos una carta o una solicitud, nunca es tenida en cuenta”. Por eso, mientras unos asumen la tarea de bloquear el tránsito de los vehículos por la vía internacional, otros están en las carpas coordinando la alimentación, otros se encargan de la salud o de vigilar la seguridad de la zona, mientras las autoridades indígenas, bajo la protección de la guardia ancestral, debaten la agenda con voceros del Gobierno o con organizaciones internacionales para llamar la atención. Así, Lame y otros voceros de la minga han dicho que están preparados para permanecer un mes más, de ser necesario, hasta que el presidente Duque defina la fecha y la hora para el encuentro.
Las visitas presidenciales
Son más de 50 las mingas que el movimiento indígena y campesino del sur del país ha realizado en las últimas dos décadas. Si bien el reclamo de las comunidades ancestrales es de vieja data, solo a partir de 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana, el Estado adquirió compromisos firmados en papel, como el decreto 982 de ese año, que contiene políticas públicas en beneficio de estas comunidades.
Años después, en mayo de 2006, más de 18.000 indígenas y campesinos coparon ese territorio para rechazar el tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos y la reelección de Álvaro Uribe. Entonces, el clamor era la salida negociada al conflicto con las insurgencias, algo que sigue vigente, dice Lame. Fueron seis días de encuentro, calificados por el Gobierno como “una movilización del terrorismo, el narcotráfico y la guerrilla”. En esa movilización marcharon a Cali y también exigían un debate con Uribe en La María. Pero esto nunca sucedió.
Dos años más tarde, cuando Uribe ya era presidente por segunda vez, estas comunidades convocaron en la hacienda La María la Minga Nacional de Resistencia Social y Comunitaria, la cual se realizó desde el 12 de octubre de 2008. Más de 40.000 comuneros se desplegaron por la Panamericana para presionar el diálogo con Uribe y exigir el fin del conflicto armado. Luego de los enfrentamientos con el Esmad y de la muerte de un indígena, finalmente se acordó una reunión con el presidente en la Universidad del Valle. Uribe no estuvo de acuerdo con el lugar, los indígenas tampoco cedieron y la disputa se trasladó a una calle de Cali gritándose arengas sin llegar a acuerdos: Uribe desde un puente peatonal y los indígenas desde la carretera.
Aun así, la minga continuó sus actividades de protesta, aunque sin bloquear la carretera. El 2 de noviembre de 2008, finalmente, Uribe llegó al resguardo de La María y durante varias horas escuchó las denuncias de los nasas sobre la represión del Gobierno a estas comunidades, tildadas por el mandatario como auxiliadoras del terrorismo. En ese acto, los indígenas se quedaron sentados al escuchar el himno nacional y Aida Quilcué, entonces consejera mayor del CRIC y hoy una de las voceras de la minga, le dijo a Uribe que lo hacían como protesta ante las agresiones de la Fuerza Pública, que días antes había incursionado en el resguardo, cortado y quemado las banderas de Colombia y de la organización indígena.
La discusión no terminó en acuerdo y los indígenas llegaron caminando a Bogotá el 22 de noviembre. En diciembre de ese año, en un retén militar, fue asesinado Edwin Legarda, el esposo de una líder de la minga, Aída Quilcué. El diálogo político no prosperó, pero se pactó la adjudicación de 10.000 hectáreas al Cric, de las cuales, al final de su mandato, se habían entregado 9.000.
En la era de Juan Manuel Santos se convocó una nueva minga, ante los incumplimientos de gobiernos anteriores. Fueron nueve días de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los indígenas, que dejaron una decena de heridos. Al final, el presidente aceptó sentarse en el resguardo. El 15 de agosto de 2012, ad portas de conocerse el inicio de la negociación con las Farc en Cuba, Santos visitó La María y pidió perdón a las víctimas “que ha dejado este absurdo conflicto”, expresó.
A mediados de 2016, nuevamente la minga convocó al Gobierno a La María para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Entonces hizo presencia el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien selló “el pacto del chirrinchi”, como lo denominó la prensa caucana, en razón de que el ministro recibió un trago de esa bebida ancestral. Ahí, el Estado pactó que cumpliría con la adjudicación de tierras para los indígenas y campesinos. Ese acuerdo no se ha cumplido en su totalidad.
(Fuente: El Espectador / Autor: Edinson Arley Bolaños)
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