Cuatro malagueños son desahuciados cada día

La crisis sigue golpeando con saña las economías familiares más modestas y si hace unos días se conoció que Málaga había registrado en 2015 más de 4.300 desalojos por impago de hipotecas, cuatro veces el volumen de Sevilla, ahora salen a la luz los datos de los desahucios, es decir, los lanzamientos que se producen porque las familias no pueden hacer frente al abono de los arrendamientos: una media de 3,9 desahucios al día en la provincia, casi cuatro por jornada, según las cifras que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Antes de analizar las causas, indagaremos en el universo estadístico: en 2015 se produjeron 1.450 desahucios, un 2,4% más que en 2014, cuando se produjeron 1.416 desalojos de esta naturaleza, un dato que suponía un 3% menos que los 1.460 de 2013.

Los abogados expertos en este tipo de trámites judiciales explican que la primera causa del incremento es, cómo no, la crisis económica y la situación de desempleo sobrevenida que deja durante años en el dique seco a muchos hombres y mujeres en edad de trabajar. Cuando se acaban los salarios de desempleo y las ayudas sociales muchas de estas familias son carne de cañón. «Antes que pagar el alquiler está comer todos los días», precisa el abogado Carlos Cómitre, socio director del despacho Ley 57. Además, otra causa podría ser una modificación legal que se produjo allá por 2011 que instauró el Desahucio Exprés, lo que hace que sea un proceso sencillo que puede iniciarse prácticamente desde que hay una mensualidad impagada. También, explican Cómitre y otros profesionales consultados por La Opinión de Málaga, tienen aquí algo que decir los ocupadores profesionales de pisos, que alquilan viviendas, pagan la primera mensualidad y la fianza y nada más vuelve a saber el propietario de ellos. Por este colectivo, precisamente, se arbitró el desahucio exprés.

En esta realidad, como en otras, hay dos caras: las de las familias al borde de la exclusión social que no pagan porque no pueden, lo que hace que muchos jueces, al ver la situación en la que se encuentran, pongan en conocimiento de los servicios sociales estas situaciones; y las de los jubilados que quieren complementar una paga casi irrisoria con lo que ingresan alquilando su segunda vivienda. Es la otra cara del drama.

«Hay mayor número de impagos porque la gente no tiene dinero. Los desahucios por impago de alquiler son un reflejo fidedigno de la situación económica de la gente en general; cuando las familias están bien no hay impagos de alquiler, pero cuando no se llega a fin de mes, el alquiler es menos importante que comer», precisa el letrado Cómitre, quien advierte de que hay un pequeño grupo de «profesionales de la ocupación inmobiliaria, los hay, aunque la gente no deja de pagar el alquiler por pura voluntad».

El procedimiento es complicado y lento pese a sus simplificaciones, opina Cómitre, porque mucha gente luego es técnicamente insolvente.

«Cuando se da el impago de un recibo, se puede presentar una demanda de desahucio, no necesitas que haya más cuotas. El juzgado requiere al inquilino para que pague o se oponga. Sólo si se opone al pago se señala una vista y ahí se retrasa el asunto», especifica este abogado, quien recuerda que ahora el inquilino tiene un plazo preclusivo para solicitar un abogado de oficio. «Mucha gente antes alargaba lo que podía el asunto y pedía su abogado de oficio el último día del plazo», aclara.

Hoy, este procedimiento está «desjudicializado» porque son los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios, los que tramitan el 95% de los expedientes. Una vez más, hay sobrecarga de asuntos en los 16 juzgados de Primera Instancia de la capital encargados de impulsar estas demandas y la velocidad es distinta en cada negociado. En su opinión, es necesario mejorar la ejecución de la sentencia. «Muchas veces el propietario está indefenso, porque después de que se le notifique la sentencia, para reclamarle el pago al inquilino hay que presentar otra demanda, una ejecutiva. Al que alquiló hay que notificarle por tanto la sentencia y la ejecución», apunta.

La abogada Carmen Lozano dice que hay gente que se ha convertido, como opina Cómitre, en profesional de la ocupación. «He tenido casos de gente que alquila pisos por encima de sus posibilidades, caros, por ejemplo en primera línea de playa en Benalmádena, paga un mes y la fianza y no vuelven a hacer frente al arrendamiento. Luego, antes de irse, destrozan el piso», indica. En su opinión, el procedimiento es razonablemente rápido, en torno a cuatro meses. Legalmente no debe durar más de 70 días pero la sobrecarga de trabajo deja ese plazo en papel mojado.

(Fuente: La Opinión de Málaga / Autor: José Antonio Sau)

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