La APDHA rechaza la experimentación psiquiátrica con presos en las cárceles de Córdoba y Huelva. El Defensor del Pueblo lo investigará

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha rechazado la experimentación llevada a cabo desde el año 2016 con 41 personas presas en las cárceles de Huelva y Córdoba y que ha sido paralizada cautelarmente por el Ministerio del Interior tras recibir un informe solicitado a la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria.

Para la organización defensora de los derechos humanos esta «experimentación» con los presos vulnera el principio de trato humano y “va contra nuestro ordenamiento jurídico y el derecho internacional”.

El experimento utiliza técnicas de estimulación transcraneal con corriente eléctrica que se aplica a los internos participantes. Estas técnicas, denuncia la APDHA, son invasivas ya que afectan a un órgano interno como es el cerebro. Además, tal investigación, sentencian, no cumple las condiciones imprescindibles que establece el Reglamento Penitenciario, por lo que esperan que no se reanude.

Así, desde la APDHA celebran que el Defensor del Pueblo Español (DPE) haya iniciado una investigación de oficio al respecto y ponen en duda, al igual que el DPE, “la voluntariedad” para participar en el proyecto de una persona que se encuentra dentro de una institución cumpliendo condena.

En este sentido, desde el colectivo andaluz recuerdan que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece en su artículo 7 que “nadie puede ser sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”, una prohibición que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reiteró en su Observación General nº 21 sobre el trato humano a las personas privadas de libertad.  Por ello, la asociación advierte de que la investigación desarrollada en las dos prisiones andaluzas “no solo sería contraria al ordenamiento internacional, sino que puede ser considerada como una vulneración del principio de trato humano de las personas privadas de libertad”.

El colectivo andaluz señala que esta investigación “también puede vulnerar nuestro Reglamento Penitenciario” ya que, según sostienen desde el área de cárceles de la asociación, “el artículo 211 del reglamento establece dos condiciones para realizar investigaciones médicas a las personas que se encuentran dentro de prisión”. En primer lugar, afirman, dicha investigación “debe tener un efecto directo y significativo en la salud de la persona” y, en segundo lugar, “la experimentación debe llevarse a cabo con idénticas garantías que las personas en libertad”.

En este sentido, apuntan desde la asociación, “no es suficiente con la mera obtención del consentimiento informado ya que, debido a la coerción o a la influencia indebida dentro de la prisión, es necesario asegurar que dicho consentimiento es totalmente voluntario y verdaderamente informado”. Desde de APDHA consideran que no se dan ninguna de las dos condiciones por lo que esperan que no se reanude la investigación.

(Fuente: Málaga al Día)

El Defensor del Pueblo investigará el experimento para “reducir la agresividad” de los presos

Los centros penitenciarios de Huelva y de Córdoba realizaron en 2016 y 2017, respectivamente, pruebas de estimulación cerebral mediante corrientes eléctricas a sus reclusos que formaban parte de un experimento pionero en el mundo. El Ministerio de Interior suspendió esta semana los ensayos.

Los centros penitenciarios de Huelva y Córdoba han participado en un experimento pionero que ahora ha paralizado el Ministerio de Interior y que investigará de oficio el Defensor del Pueblo. El tratamiento consistía en aplicar corrientes eléctricas a reos con delitos de sangre para averiguar si la estimulación cerebral calma las conductas agresivas.

El Defensor del Pueblo ha solicitado información a Instituciones Penitenciarias sobre estos ensayos llevados a cabo en 2016 y 2017, ya que consideran que la condición de «persona bajo custodia» de los presos elimina la voluntariedad para participar en el proyecto, según ha adelantado El País y han confirmado a Europa Press fuentes de la institución.

Según informaron fuentes de Instituciones Penitenciarias a Europa Press, el Centro Penitenciario de Huelva y el Centro Penitenciario de Córdoba realizaron en 2016 y 2017, respectivamente, pruebas de estimulación cerebral a 41 presos considerados violentos con el fin de calmar las conductas más agresivas.

Este proyecto, que fue autorizado por el anterior Gobierno, ha sido suspendido por Interior, por lo que no tendrá continuidad hasta que se conozcan las conclusiones de un informe de salud penitenciaria que se está elaborando.

Este tratamiento basado en sesiones de estimulación cerebral de unos 15 minutos de duración y que se realizó tanto a reos con delitos de sangre como los que no lo tenían -como grupo de control-, se prolongó durante tres días y, tras este tiempo, se concluyó que estos estímulos sirvieron para bajar la agresividad en parámetros como violencia verbal, violencia física, rabia y hostilidad.

(Fuente: Público)

Así era el experimento con presos suspendido que utilizaba electricidad para eliminar su agresividad

Andrés Molero Chamizo, profesor de la Universidad de Almería y principal autor de la investigación, afirma que la corriente eléctrica utilizada es muy baja y no produce ningún daño físico.

El Ministerio del Interior de España ha decidido la suspensión temporal de las pruebas con presos que, mediante estimulación eléctrica del cerebro, pretendía reducir los niveles de agresividad de los internos.

El experimento, que fue autorizado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, y que también tenía el visto bueno del actual Ejecutivo –que dio el permiso para su renovación este enero–, fue llevado a cabo en dos centros penitenciarios de Andalucía: en Huelva, en 2016, y en la provincia de Córdoba, en 2017.

Según Andrés Molero Chamizo, profesor de la Universidad de Almería y principal autor de la investigación, se trata de «un estudio de investigación básica con el objetivo de conocer las áreas del cerebro relacionadas con la agresividad». Para ello, activaban un área concreta mediante la estimulación cerebral a través de corrientes eléctricas suaves de unos quince minutos de duración.

La repetición de este proceso durante tres días dio como resultado la confirmación de su eficacia para disminuir la agresividad a nivel de violencia verbal, violencia física, rabia y hostilidad, aunque aún no se sabe si la terapia tendrá resultados a largo plazo: «Si bastaron solo tres sesiones para reducir las puntuaciones en los cuatro parámetros, se podría esperar que una utilización más frecuente tenga resultados duraderos», afirma Molero.

Presos voluntarios

Los presos participantes son voluntarios y entre ellos se encuentran internos tanto con delitos de sangre como otros sin estos antecedentes. Fueron excluidos aquellos con enfermedades psiquiátricas, neurológicas o adicción a las drogas. Los 41 participantes fueron divididos en dos conjuntos, uno de los cuales actuaba como grupo de control y no recibía la estimulación.

Este trabajo científico fue aprobado por Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y por un comité de ética de la Universidad de Almería.

Poco invasivo

Según explica el experto, la corriente eléctrica utilizada es muy baja y no produce ningún daño físico, tan solo se nota calor en la piel, por lo que este procedimiento no tiene nada que ver con el “electroshock” o el tratamiento anticonvulsivo.

Además, esta técnica lleva años usándose en centros sanitarios para el tratamiento del dolor, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo o los efectos secundarios del ictus.

Polémica

La suspensión actual decretada por el Ministerio se mantendrá a la espera de conocer las conclusiones del informe de Salud Penitenciaria, que está en desarrollo, para decidir la continuidad de este programa o su eliminación definitiva.

Molero afirma que recibieron la noticia con «sorpresa» y que se enteraron de la cancelación del tratamiento, que debía volver a llevarse a cabo este mes, a través de los medios de comunicación: «A nosotros, hasta el momento, nadie nos ha comunicado nada», sostiene.

Pero lo cierto es que la trascendencia de este experimento a la opinión pública se ha producido rodeada de polémica. El Defensor del Pueblo investigará de oficio lo sucedido en estas dos cárceles del sur del país, puesto que considera que la condición de personas bajo custodia de los presos elimina la voluntariedad para participar en el proyecto.

Molero opina que la movilización de los sindicatos de prisiones y del Defensor del Pueblo, que son los dos colectivos que más críticas han formulado, sobre todo alrededor de la potestad para decidir libremente de los reclusos, ha estado impulsada por la aparición de la noticia en los medios nacionales y por otras cuestiones circunstanciales, como que el país se encuentra en campaña electoral ante las elecciones nacionales que se celebrarán el 28 de abril.

(Fuente: Russia Today – RT / Autora: Nuria López)

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