El Estado Francés aplicará a los “chalecos amarillos” su “ley mordaza”. El Senado aprueba la ley contra los disturbios en las protestas
El Parlamento francés aprobó ayer una polémica ley dirigida a evitar los disturbios durante las protestas, una normativa considerada por los detractores como contraria al derecho de los ciudadanos a manifestarse y que constituye una versión francesa de la conocida “ley mordaza” española, a la que se asemeja en muchos de sus apartados.
Tras el visto bueno de la Asamblea Nacional (parlamento) en febrero, el Senado dio su luz verde esta pasada madrugada, con el apoyo de 210 integrantes (la derecha y del movimiento gubernamental La República En Marcha), mientras 115 (socialistas, comunistas y de izquierda) votaron en contra.
El proyecto aprobado es una respuesta a la continuación de las protestas de los manifestantes antigubernamentales conocidos como los “Chalecos Amarillos”, marchas que empezaron en noviembre del pasado año en rechazo al alza de los combustibles, pero que luego desembocaron en expresiones más amplias que se oponían al mandato del presidente Macron.
De acuerdo con el gobierno de Macron, impulsor de la misma, la ley busca “reforzar y garantizar el mantenimiento del orden público durante las manifestaciones”, con disposiciones como permitir los registros a los participantes en demostraciones en busca de armas u otros objetos que constituyan una amenaza.
Jean Francois Eliaos, miembro del partido de gobierno, defendió el proyecto de ley, dijo que serviría para detener la violencia que ha resultado de los choques entre las fuerzas policiales y los manifestantes de los Chalecos Amarillos. Va dirigida contra quienes hayan cometido actos graves contra la integridad física de personas o “daños graves” contra bienes en manifestaciones precedentes, afirmó.
Según la norma aprobada, manifestarse encapuchado ya no sería una falta sino un delito que podría ser castigado hasta con un año de cárcel. Además, aquellos que oculten voluntariamente su cara en una manifestación para no ser identificados, salvo que puedan alegar un “motivo legítimo”, serán susceptibles, admás de ser condenados a un año de cárcel, a pagar 15.000 euros de multa.
El proyecto de ley le da poderes a la Policía para arrestar a los manifestantes que considere agresivos y le permite a las autoridades locales prohibir que manifestantes individuales participen de las mismas. Para los críticos y los partidos de oposición de izquierda es una ley que corta derechos civiles.
La policía también podrá llevar a cabo, si lo solicita la Fiscalía, registros de bolsos y vehículos donde se organicen manifestaciones o en los alrededores para buscar armas u objetos que pudieran servir para causar daños
Igualmente, uno de los puntos más polémicos es que los prefectos (delegados del Gobierno) podrán prohibir la participación en manifestaciones a personas que representen “una amenaza de particular gravedad para el orden público”, con una pena para los incumplidores de hasta seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa. Las personas a las que se prohíba acudir a manifestaciones serán inscriptas en el fichero de personas buscadas por las fuerzas del orden.
De acuerdo con los detractores, este tipo de medida constituye una afrenta contra el derecho de manifestación, por lo que presentarán una demanda ante el Consejo Constitucional. Según fuentes gubernamentales, el presidente Emmanuel Macron también decidió someter la ley a examen en el Consejo Constitucional, para “despejar todas las sospechas”, pero con el claro interés de legitimarla frente a las críticas recibidas desde colectivos sociales y sindicatos.
(Fuentes: AFP / Reuters / Prensa Latina)
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