Francia: La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa exige “se respeten mejor los derechos humanos” de los “chalecos amarillos”

Recientemente el Centro Europa -Tercer Mundo (CETIM) alarmado por la feroz represión contra el movimiento de los “chalecos amarillos” franceses, sometió el asunto al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Poco tiempo después a finales de febrero la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, advirtió a las autoridades francesas que “se respeten mejor los derechos humanos” de los “chalecos amarillos” a la hora de mantener el orden en sus manifestaciones señalando que la labor de las fuerzas del orden es “proteger a los ciudadanos y sus derechos humanos.

Por otra parte, destacó en su memorando con recomendaciones, donde cuestionó los métodos empleados por el dispositivo policial en las protestas semanales de ese movimiento contestatario, iniciadas a mediados de noviembre 2018. La comisaria criticó además las detenciones preventivas, practicadas por la policía sin que se haya cometido un delito, y consideró que constituyen “graves injerencias en el ejercicio de las libertades”.

Contraria a la impunidad en materia de violencia policial, invitó igualmente a las autoridades a vigilar que las víctimas de abusos puedan presentar una demanda judicial y solicitar una indemnización. Mijatovic pidió también que en la propuesta de ley con la que el Ejecutivo pretende frenar los disturbios en esas protestas no haya “restricciones excesivas a la libertad de reunión pacífica” y no se considere un delito cubrirse el rostro en esos actos.

Mijatovic visitó París el 28 de enero para recoger información sobre las manifestaciones y, en su respuesta al memorando, las autoridades le contestaron que vigilan que el uso de la fuerza sea “proporcionado y controlado, como prevé la ley”, y destacaron que quien se sienta víctima de una violencia injustificada puede denunciarlo.

Posteriormente la Alta Comisaria de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet realizó una declaración en el mismo sentido. En ambos casos la arrogancia por parte de las autoridades francesas predominó, sobre las cuestiones de fondo en una especie de “non lieu”.

La contracara de la democracia formal

Tal vez una de las paradojas más desafiantes de nuestro tiempo sigue siendo la contradicción observable entre el bienintencionado discurso sobre los derechos humanos que producen las instituciones internacionales y los Estados nacionales y la desdichada realidad que prevalece en muchos países.

Claro que es más fácil evidenciarlo, denunciarlo y materializarlo con medidas coercitivas cuando se trata de los países del tercer mundo, que cuando las injusticias y represión se producen en las potencias del mundo industrial y “civilizado”.

Por eso cuando se contrastan la teoría, la legislación y la práctica de los derechos humanos, surgen varias cuestiones fronterizas que pueden contribuir al esclarecimiento de las situaciones y paradojas planteadas aquí, donde la conclusión más evidente es que ningún país escapa a la violencia del Estado.

Es obvio, que Francia se encuentra en una zona de fuertes turbulencias desde hace varios meses. La virulencia de los conflictos sociales ha sido durante mucho tiempo una característica importante que ha marcado la vida política de este país.

Como dato histórico debemos recordar que Francia es una nación que se cimentó, fundamentalmente después de 1789, sobre la base de una revolución de alcance universal, cuyas huellas –junto con las conquistas sociales de 1936, 1945 o las del 1968 –siguen presentes en la memoria colectiva, en las instituciones, independientemente de los intentos de borrarlas, en una pertinente amalgama de resistencias, que va más allá del resultado.

Sin embargo, pronto se cumplirán 40 años desde que Francia, así como otros países del Norte, sin excepción, quedó atrapada bajo el yugo letal de las políticas neoliberales demoledoras. Estas solo se pueden interpretar como una violencia social extraordinaria contra el mundo del trabajo. Sus efectos destructivos, para las personas y la sociedad, pero también para el medio ambiente, se propagan gracias a la complicidad del Estado con los poderosos del momento.

La situación empeora aún más por la enajenación de la soberanía nacional y el sometimiento a la Unión Europea, rechazada por los ciudadanos franceses en el referéndum de 2005 y que, a pesar de un resultado inapelable, se les impone mediante una denegación de la democracia. Esta es una violencia adicional infligida a todo un pueblo. En esta perspectiva singular, y en el contexto general de una crisis sistémica del capitalismo globalizado, se explican las oleadas de levantamientos populares.

El movimiento de los chalecos amarillos es el resultado de movilizaciones previas y huelgas que se multiplican en casi todos los sectores (público y privado) para protestar contra la flexibilización del mercado laboral. La respuesta de las autoridades francesas es la represión y la obstrucción de las actividades sindicales.

Discriminación salarial contra sindicalistas, despidos abusivos de huelguistas, presiones por amenazas o sanciones disciplinarias, restricciones a los derechos sindicales o al derecho de huelga, o incluso criminalización de la acción sindical…… Por no mencionar las recientes reformas gubernamentales del código laboral que penalizan aún más a los movimientos sociales.

Desde la elección a la presidencia de la República de Emmanuel Macron, ex-accionista gerente del banco de negocios Rothschild, ministro de Economía del presidente François Hollande y autor de leyes epónimas que imponen la flexibilización del mercado laboral, el mundo sindical se ha vuelto a movilizar.

Las manifestaciones y las huelgas se han multiplicado, especialmente en los sectores del transporte público (SNCF, Air France…), energía (gas y electricidad), automotriz (Peugeot, Renault), telecomunicaciones (Orange), la gran distribución (Carrefour), servicios de salud (hospitales públicos, residencias de ancianos, seguridad social), educación (escuelas secundarias, universidades), cultura (museos), justicia (abogados, magistrados), recogida de basuras, e incluso auditorías financieras y de cuentas.

Estos diversos movimientos sociales, muy seguidos, ocurrieron a lo largo de la primavera de 2018. La reacción del poder fue intensificar la represión, lo que afectó dramáticamente a los estudiantes (evacuación de los campus), los activistas ambientales que ocupaban las “Zonas a defender” y, en especial, los manifestantes en contra de las leyes de flexibilización del mercado laboral.

Este movimiento representa otro levantamiento, pero se enfrenta al peor recrudecimiento de la violencia policial desde la guerra de Argelia. Ante los distintos llamamientos a la justicia social, las autoridades han optado por responder con más represión, hasta el punto de retroceder de forma extremadamente preocupante en los derechos humanos.

En su declaración, el CETIM hace un llamamiento al gobierno francés para que ponga fin inmediatamente a la represión de los manifestantes. También exhorta a que cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y derecho laboral. De hecho, el movimiento “chaleco amarillo” se enfrenta al peor aumento de la violencia policial desde la guerra de Argelia. Por ejemplo, el 1º de diciembre de 2018, se dispararon 7.940 granadas de gas lacrimógeno, 800 granadas de desembalaje, 339 granadas del tipo GLI-F4 (municiones explosivas), 776 cartuchos LBD, etc.

Según las cifras provisionales, hay más de diez muertes accidentales, varios miles de heridos, entre ellos un centenar de heridos graves, varios centenares de condenados y/o encarcelados. El presidente Macron optó por “mantener el rumbo”. A expensas del sufrimiento y las expectativas de los trabajadores, su gobierno exacerba las políticas neoliberales y profundiza cada vez más en la violencia social y la represión policial. El resultado, una pesadilla, indigno de un país que dice ser democrático y tolerante.

El balance provisional, y seguramente no exhaustivo, correspondiente solo el periodo que comprende desde el 17 de noviembre de 2018 al 7 de enero de 2019, muestra 6.475 arrestos y 5.339 detenciones preventivas. Los tribunales dictaron más de mil condenas en todo el territorio nacional.

Aunque la mayoría de estas condenas terminan en trabajos comunitarios, muchas son sentencias de cárcel. Además, existen 153 órdenes de arresto (lo que implica encarcelamientos), 519 citaciones judiciales y otras 372 en correccionales… En París, 249 personas fueron juzgadas en comparecencia inmediata, 58 condenadas a prisión, 63 a penas de prisión condicional…

La legitimidad de las reivindicaciones populares

En muchos aspectos, las reivindicaciones de los chalecos amarillos son similares a las de los trabajadores. Exigen la mejora inmediata y concreta de las condiciones de vida, la revalorización del poder adquisitivo de los ingresos (salarios, pensiones, subsidios…), el fortalecimiento de los servicios públicos, la participación del pueblo en las decisiones relativas a su futuro colectivo.

Dicho de otra manera, una puesta en marcha efectiva, sobre todo, de los derechos económicos, sociales y culturales, así como el derecho del pueblo a decidir sobre su futuro. Al exigir más justicia social, respeto a los derechos humanos y democracia económica y política, estas reivindicaciones son rotundamente legítimas y cuentan con un gran apoyo de la población.

En realidad, la rentabilidad del capitalismo es la madre de todas las violencias, la que debe cesar urgentemente y contra la cual las personas se ven obligadas a defenderse, tal y como lo recoge la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.

En el preámbulo de la constitución francesa, es aquella como señala la declaración del CETIM, que genera la imposición de las medidas neoliberales desleales, despiadadas, antisociales y antidemocráticas; aquellas que, en el silencio de los ajustes de precios de los mercados capitalistas, hace que las personas sin hogar mueran de frío, empuja a los agricultores endeudados al suicidio, destruye a las personas y a sus familias al privarlos de empleos, cortándoles la electricidad, expulsándolos de sus hogares.

Aquella que, por falta de recursos, obliga a los jubilados a dejar de calentar sus hogares o a sus hijos a saltarse una comida; aquella que acaba con toda solidaridad, cierra las escuelas, centros de maternidad u hospitales psiquiátricos, sumerge en la desesperación a pequeños comerciantes y artesanos que se hunden bajo las cargas, ahoga a los trabajadores que no pueden llegar a fin de mes… La verdadera violencia está aquí, en este sistema extraordinariamente injusto e insostenible.

(Fuente: Resumen Latinoamericano / Autor: Eduardo Camin)

Represión macronista contra los Chalecos Amarillos: estado de emergencia sin nombrar

Según Vincent Brengarth, abogado del Colegio de Abogados de París, hemos sido testigos de una preocupante tendencia en la represión policial en Francia en los últimos años, más precisamente desde noviembre de 2015, cuando se declaró el estado de emergencia y se prolongó en varias ocasiones, antes de ser incorporado al derecho común. Por lo tanto, ahora estaríamos sujetos a un “estado de emergencia que no dice su nombre”, con detenciones preventivas basadas simplemente en la sospecha, sin ninguna prueba concreta de un delito.

CIFRAS DEL MINISTERIO DE LAS FUERZAS DEL ORDEN

El sábado 8 de diciembre, el movimiento de los Chalecos amarillos siguió creciendo, con un total de 136.000 manifestantes en todo el país —incluidos casi 10.000 en París—, un nivel comparable al del sábado 1 de diciembre. El fin de semana anterior se había contado con 106.301 personas, según las cifras habitualmente a la baja del Ministerio del Interior.

Tras la movilización del 1 de diciembre, el ministro del Interior, Christophe Castaner, se apresuró a revisar al alza las cifras del 24 de noviembre, revalorando el número de manifestantes en 166.000 personas, en lugar de las 106.000 anunciadas anteriormente. Este salto de 60.000 personas que de repente apareció en las estadísticas del Ministerio se podría interpretar como una manipulación contable para afirmar que el movimiento está disminuyendo.

PARÍS EN ALERTA INSURGENTE

Para este cuarto sábado de movilización de los Chalecos amarillos se movilizaron 89.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, entre ellos 8.000 en París apoyados por 14 VBRG —vehículos blindados de la Gendarmería—. La tensión era palpable. En la capital, 36 estaciones de metro fueron cerradas al público, muchas tiendas no levantaron la persiana y las puertas de una docena de museos —entre ellos el Louvre, el Museo de Orsay, el Grand Palais, el Museo de l’Homme y el Museo de Arte Moderno—, así como otros lugares turísticos emblemáticos como la Torre Eiffel, las catacumbas y el Arco del Triunfo, han permanecido cerradas. Las salas de espectáculos, desde la Ópera hasta la Comédie-Française, el teatro Marigny y el teatro de los Champs-Élysées, cancelaron sus espectáculos.

1.723 INTERPELACIONES

El sábado 8 de diciembre —cuarto sábado o Acto IV de movilización de los Chalecos amarillos— tuvo lugar una oleada masiva de denuncias. Denuncias de que la policía había confiscado frascos de suero fisiológico —traídos para ayudar y aliviar a personas asfixiadas por gases lacrimógenos—, máscaras protectoras, cascos de bicicletas, etc. El robo de equipos de protección a manifestantes despierta indignación y alimenta el fuego. Siempre que no sean violentos, con la legítima intención de protegerse contra la violencia de las armas utilizadas por la policía, estas intimidaciones terminan empujando a no “permanecer en paz, porque es inútil”, como confía Jean-Philippe en Mediapart .

En la capital, la carrera de denuncias está en pleno apogeo. De las 121 a las 7.30h de la mañana a 575 a las 14h de la tarde. Las comisarías se saturan muy rápidamente. Solo el sábado 8 de diciembre, las fuerzas policiales denunciaron a 1.723 personas involucradas en el movimiento, de las cuales 1.082 fueron solo en París, lo que resultó en 820 casos de custodia policial. Una joven madre dio un testimonio abrumador sobre el tiempo que pasó bajo custodia policial sin haber sido denunciada de ningún hecho y sin poder amamantar a su bebé de cuatro meses. “Es un estado de excepción que no dice su nombre, un abuso de poder en favor del poder judicial”, insiste el abogado inscrito en el Colegio de Abogados de París, Vincent Brengarth. Desde el inicio del movimiento de los Chalecos amarillos a mediados de noviembre, la policía francesa ha detenido a 4.523 personas, 4.099 de las cuales estuvieron bajo custodia policial.

Florent Compain, presidente de Les Amis de la Terre France, y Denys Crolotte, del Mouvement pour une alternative non violente, fueron detenidos tras la Marcha por el Clima en la cuidad de Nancy. Su único delito fue haber organizado y participado en una manifestación a pesar de la prohibición de la Prefectura. A pesar de la prohibición, la convocatoria resultó ser un verdadero éxito, reuniendo a entre 1.000 y 1.500 personas. Parece que dar “una respuesta a los problemas del fin del mundo, así como a los problemas de fin de mes”, explican, recordando que estos hicieron todo lo posible para evitar esta convergencia sobre el terreno. Pero el apoyo ha aumentado y el comisaría se ha visto inundado por las llamadas telefónicas. Denys y Florent fueron finalmente liberados después de haber estado detenidos durante más de 21 horas bajo custodia policial. Se enfrentan a una pena de seis meses de prisión y una multa de 7.500 euros.

 

Mientras tanto, las denuncias presentadas se han acumulado a la vez que, el pasado 10 de diciembre se celebraba el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 9 estipula: “Nadie podrá ser detenido, encarcelado o exiliado arbitrariamente”.

LA VIOLENCIA, ¡HABLEMOS DE ELLA!

El sábado 1 de diciembre, mientras se celebran manifestaciones en toda Francia, Zineb Redouane, una mujer de 80 años, se encuentra en su apartamento en el cuarto piso del 12, rue des Feuillants, junto a La Canebière, en Marsella. Cuando estaba a punto de cerrar las persianas, recibió una lata de gas lacrimógeno en la cara, disparada durante los incidentes en la calle después de las manifestaciones. Su vecina Nadjia Takouche tomó su testimonio mientras la anciana era trasladada al hospital de La Timone y luego al Hospital de la Concepción para ser operada. “¿Pero cómo pueden disparar al cuarto piso? Los policías me apuntaron bien. Dispararon un arma, subieron al coche y se fueron. Tal vez pensaron que tenía un teléfono móvil para filmar”, se preguntó antes de morir unas horas después en la sala de operaciones del Hospital de la Concepción, el domingo 2 de diciembre. El fiscal pedirá una investigación judicial, otra más, a la Inspección General de la Policía nacional, la policía de las policías francesas.

Pocos días después, los jóvenes del instituto Simone-de-Beauvoir, de Garges-lès-Gonesse, se manifestaron el 5 de diciembre de 2018 contra la aplicación tecnológica Parcoursup —de educación educativa— delante de su escuela. Uno de ellos, Issam, un estudiante de bachillerato de 17 años, fue golpeado por una bola de Flash-ball y se derrumbó frente a su maestro Mathieu Barraquier. Su mejilla estaba destrozada. Ese mismo día, Oumar, de 16 años de edad, resultó gravemente herido por el tiro de un lanzador defensivo de bolas (LBD) en la puerta de la escuela secundaria Jacques-Monod de Saint-Jean-de-Braye, cerca de Orleans.

Al día siguiente, 6 de diciembre, el arresto de 151 jóvenes de Mantes-la-Jolie conmocionó a la sociedad. En las imágenes que circulan por internet, vemos a estudiantes de secundaria en fila, arrodillados en el suelo, con las manos sobre la cabeza o esposados con Rilsan (brazaletes de plástico), bajo la supervisión de agentes armados. Escuchamos claramente a un policía comentando la escena: “Esta es una clase que se está comportando sabiamente”. El mismo día, 6 de diciembre, unos 130 antiguos alumnos de secundaria que participaron en los movimientos de 1968, 1977, 1986, 1990, 1994, 2000, 2005 y 2013 bajo los gobiernos del general De Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard D’Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy o François Hollande hicieron sonar la alarma. “Se ha dado un paso” en la represión, alertan.

Dos días después, Fiorina, una estudiante de 20 años de Amiens, y Thomas, también de 20 años de Nîmes, fueron heridos gravemente en la cara por balas de goma en los Champs-Élysées. El Front de mères (Frente de Madres), el primer sindicato de padres en los barrios populares, publicó inmediatamente un artículo en el que los padres denunciaban la “infame represión policial digna de una dictadura” sufrida por sus hijos. El Frente de Madres se declara “solidario con las legítimas reivindicaciones de nuestros hijos, que se niegan a restringir ‘reforma’ tras ‘reforma’ sus campos de posibilidades y de perspectivas de futuro, […] solidario con sus reivindicaciones contra Parcoursup, la ‘reforma’ del Bac [estudios de secundaria], la supresión de 2.600 puestos de trabajo desde septiembre y la discriminación en el sistema escolar”. Exige que se respete “el derecho de nuestros hijos a manifestarse y expresarse”, y apoya las denuncias presentadas por abogados de estudiantes de secundaria víctimas de la violencia policial. Finalmente, el Frente de Madres pide la protección de sus hijos interponiéndose como escudos contra la policía, porque: “Un país donde los niños están aterrorizados se dirige hacia la dictadura y el fascismo”.

Tras la manifestación del 8 de diciembre en Burdeos, a Antoine, de 26 años, le tuvo que ser amputada la mano derecha tras la explosión de una granada que intentaba devolver a las fuerzas policiales. Otros 32 manifestantes resultaron heridos. Antoine fue mutilado probablemente por una granada explosiva GLI-F4, un arma compuesta de 25 gramos de TNT y una carga de gas lacrimógeno, que emite 165 decibelios en el momento de la explosión —más que un avión en despegue—, y que solo Francia utiliza en Europa en sus operaciones de “mantenimiento del orden”. “No culpo necesariamente a la policía —explica Antoine—, pero sí a este sistema, que ha permitido a la gente armarse de tal manera contra otras personas que no están preparadas para enfrentar esto”.

El 30 de noviembre, un grupo de abogados que representaban a personas heridas por este tipo de municiones envió una carta abierta al ministro del Interior, Christophe Castaner, en la que le pedían que dejara de utilizar este tipo de granada en vista de la movilización prevista para el 1 de diciembre. “Mientras que desde 2016, tanto el Defensor de los Derechos Humanos como la Asociación Cristiana para la Abolición de la Tortura (ACAT) han estado advirtiendo sobre el uso de estas armas de fuego, el Estado ha persistido en hacer un uso masivo de estas granadas explosivas con el supuesto riesgo de mutilación o muerte”, denunciaron en su carta. Por el momento, la única respuesta a esta carta sigue siendo la represión indiscriminada de un gobierno desesperado. El colectivo tiene previsto interponer recursos ante el tribunal administrativo. “En un informe conjunto de 2014, la Inspección General de la Gendarmería Nacional, así como la de la Policía Nacional, indican que es probable que estas granadas mutilen o causen heridas mortales”, recuerda Raphaël Kempf, uno de los abogados del colectivo. “Ya sea en la zona que se defenderá en Bure (Mosa) o en Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), esta granada ya ha herido a muchas personas”, denuncia Aïnoha Pascual, abogada de Gabriel, otro manifestante al que le arrancaron la mitad de la mano el 24 de noviembre.

CONFISCADO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN, VULNERADO EL DERECHO DE PRENSA

Varios fotoreporteros informaron que sus equipos de trabajo fueron confiscados. La fotógrafa Véronique de Viguerie cuenta al periódico L’Express cómo la policía confiscó su protección, dejándola vulnerable durante las manifestaciones del sábado 8 de diciembre. “Llegué delante del Louvre y había cuatro chicos sentados en una acera. Acababan de ser arrestados por la policía. Tomé una foto y luego la policía vino a verme. Me controlaron, me dijeron que me diera la vuelta. Mostré mi tarjeta de prensa y les recordé que era periodista. Pero se llevaron mi bolso, en el que tenía dos cascos de snowboard, en los que estaba escrito ‘press’ con cinta adhesiva, dos máscaras de snowboard y dos máscaras de pintor”.

Cuatro sindicatos de periodistas, el SNJ, el SNJ-CGT, la CFDT y la FO, pidieron el lunes 10 de diciembre ser recibidos “urgentemente” por Emmanuel Macron tras “deslizamientos inaceptables” de la policía, en particular en París, contra periodistas y fotógrafos sobre el terreno al margen de la manifestación de los chalecos amarillos. “A partir de las 8 de la mañana del sábado, a muchos fotógrafos de prensa claramente identificados se les confiscaron sus equipos de protección personal (cascos, gafas, máscaras de gas), a veces bajo amenaza de custodia policial”, escriben en una declaración conjunta.

Entre los periodistas heridos el sábado 8 de diciembre, dos fotógrafos del diario Le Parisien fueron disparados por Flash-Ball. Uno de ellos, Yann Foreix, fue disparado por la espalda desde dos metros de distancia por un policía. Lo mismo ocurre con Boris Kharlamoff, un fotógrafo del A2PRL, que también recibió un disparo por la espalda de un proyectil de goma disparado por un policía vestido de civil. Un fotógrafo del Journal du Dimanche, Éric Dessons, fue hospitalizado por una fractura en la mano después de haber sido golpeado dos veces, y un fotógrafo de la agencia Reuters fue golpeado por una bola de Flash-Ball en Burdeos. Todavía en París, este sábado 8 de diciembre, el reportero del famoso programa de radio Là-bas si j’y suis, Gaylord Van Wymeersch, fue atacado por un agente de la Brigadas Anticrimen de la Policía Nacional, que están desplegadas masivamente y vestidas de civil, con o sin brazaletes. El agente le dio un porrazo y rompió su teléfono. Su colega Dillah Teibi grabó la escena.

Finalmente, un policía republicano se dirigió a un fotógrafo independiente que cubría las manifestaciones en los siguientes términos: “¡Si quieres seguir vivo, vete a casa! ¡Esto no te importa una mierda!”.

Macron, en su discurso del 10 de diciembre, habló exclusivamente de la violencia de los manifestantes violentos —casseurs—, sin mencionar siquiera a los innumerables heridos por las armas letales de la policía. Sin embargo, el número provisional de víctimas del cuarto sábado de la manifestación del 8 de diciembre fue elevado: 264 heridos —de los cuales 39 fueron agentes de policía—, incluso más de los 229 heridos de la semana anterior —de los cuales 28 agentes de policía—. Los hospitales de París atendieron a 170 heridos, frente a los 162 del primero de diciembre. En total, desde el inicio del movimiento a mediados de noviembre, casi mil personas han resultado heridas y a veces de mucha gravedad. Una lista no exhaustiva de los heridos graves de estas últimas manifestaciones recopilada por el colectivo Désarmons-les! da escalofríos. Menciona tres manos arrancadas por granadas de GLI F4 y al menos cuatro ojos arrancados por disparos de LBD 40.

Lamentablemente, para hacer frente a esta afluencia de heridos, de la que solo hacemos una lista parcial, los servicios de salud adolecen de una flagrante falta de recursos con capacidad para movilizarse fácilmente. Tras la manifestación del 8 de diciembre, la Association des usagers et du personnel de la santé-AUP’S (Asociación de usuarios y personal sanitario) se rebeló en un comunicado contra la cantidad de personal y de recursos humanos que se reducen año tras año mientras “las personas mueren en la sala de urgencias o duermen en camas de campamentos por falta de espacio”. La asociación dice que se está preparando para salir de nuevo a las calles y movilizarse con los chalecos amarillos.

El fabricante de armas Jean Verney-Carron, director general de la empresa homónima que inventó el famoso Flash-Ball, afirma en una declaración que el Flash-Ball ya no es utilizado por la policía y pide a los periodistas que dejen de mencionarlo en relación con la represión del movimiento social actual. Sin embargo, la marca Flash-Ball se reproduce aquí en este texto según las fuentes periodísticas que la utilizan. Cabe señalar, sin embargo, que el Flash-Ball, utilizado desde 1995, ha sido sustituido por el LBD 40, un dispositivo similar pero mucho más peligroso porque es más preciso y potente. Además, Flash-Ball, después de haber herido gravemente a muchos manifestantes, entre ellos Alexandre y Bruno de Villiers-le-Bel, que perdió un ojo en 2009, se destina ahora a la exportación para operaciones policiales en el extranjero. Al igual que los métodos de guerra contrarrevolucionarios utilizados por el ejército francés durante la guerra de Argelia, que luego se enseñaron en los Estados Unidos y en América Latina para mantener las dictaduras, el equipo represivo y los conocimientos técnicos franceses cruzan las fronteras.

(Fuente: El Salto / Autor: Jérôme Duval)

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