Málaga: Los activistas juzgados por luchar por la defensa de Arraijanal, Leti González y Fali Doblas, obligados a firmar un acuerdo judicial

Los activistas que luchan por la defensa de Arraijanal, Leti González y Fali Doblas, firman un acuerdo para evitar que Doblas, con una condena atrasada, pudiera entrar en prisión de seguir el juicio adelante y ser condenado.

Leti González y Fali Doblas se encontraron el martes con una inesperada situación. Sin conocimiento previo el fiscal les ofreció llegar a un acuerdo y aceptar penas de 6 y 21 meses de prisión respectivamente que quedarían en suspenso, para que así el juicio no tuviera lugar

El fiscal pedía dos años y medio de prisión para los ecologistas. Doblas tiene otra pena suspendida por una detención en una acampada durante el movimiento 15 M. De no haber aceptado el acuerdo su futuro era incierto y de haber seguido el juicio adelante y ser condenado, habría entrado en prisión

Los activistas, que se vieron desbordados ante las prisas y la inesperada proposición, accedieron a firmar el acuerdo para evitar una posible condena que hubiera supuesto el ingreso en prisión de Doblas. Cosa que no explican algunas informaciones, como la publicada por J.J Madueño en el diario ‘ABC’.

Los activistas que luchan por la defensa de la última playa virgen de Málaga, Arraijanal, donde el jeque Al Thani construye ‘su’ ciudad deportiva, Leti González y Fali Doblas, firman un acuerdo judicial para evitar que Doblas, con una condena atrasada, pudiera entrar en prisión de seguir el juicio adelante y ser condenado en firme. Fue el martes, cuando los ecologistas acudieron al Juzgado de lo Penal Número 2 de Málaga para la celebración de las cuestiones previas al juicio. Entonces se encontraron con una inesperada situación. El fiscal les ofreció llegar a un acuerdo y aceptar penas por un delito de lesiones leves y atentado a la autoridad de 6 meses de prisión para González (condena suspendida durante dos años) y de 21 meses para Doblas –una pena mayor por ser reincidente- (suspendida durante tres años), para que  el juicio no siguiera adelante.

El fiscal pedía dos años y medio de prisión para los ecologistas acusados de atentado, desobediencia y resistencia a la autoridad. Doblas tiene otra pena suspendida de seis meses de prisión por una detención en una acampada durante el movimiento 15 M. De no haber aceptado el acuerdo su futuro era incierto y de haber seguido el juicio adelante y ser condenado, habría entrado en prisión. Los activistas también tendrán que hacer frente, según explica González,  a una sanción de 720 euros y a una pena de multa de entre 20 y 60 euros por cada día de inhabilitación del Policía Local que presentó baja por las supuestas lesiones de los activistas. “Calculamos que puede ascender a un máximo de 1.800 euros”, indica González.

Los ecologistas, que se vieron desbordados ante las prisas y la inesperada proposición, accedieron a firmar el acuerdo para evitar una posible condena en firme que hubiera supuesto el ingreso en prisión de Doblas. Ambos han transmitido a EL OBSERVADOR su malestar ante los acontecimientos. Teniendo que acceder al acuerdo para evitar un posible mal mayor. Cosa que no explica la información publicada por algunos medios, como la de J.J. Madueño en el diario ABC, que da una visión sesgada del los hechos, titulada “Prisión por pegar a la Policía en una protesta contra la ciudad deportiva del Málaga”.

Los ecologistas fueron detenidos el 24 de mayo en torno a las 18:00 horas cuando se encontraban en una concentración pacífica en la playa de Arraijanal, junto al vallado de las obras de la ciudad deportiva del jeque Al Thani (ver otra información de hoy). Esta revista se hizo eco de la desmedida actuación de la Policía Local de Málaga. (Ver noticia: Reacciones contra la actuación desmedida de la Policía Local del alcalde De la Torre (PP) que dirige el concejal Mario Cortés (PP) durante la detención de los activistas Fali Doblas y Leti González en Arraijanal el pasado jueves). Los activistas siempre han negado que pegasen a las fuerzas de seguridad. Y denunciaron a la Policía por el trato recibido en el parking de la Comisaría Provincial de Málaga. Una causa judicial que continúa abierta.

(Fuente: revista El Observador)

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