Almería: 18 años después de la gran huelga general de trabajadores migrantes en El Ejido gran parte de los acuerdos no se han cumplido

No solo los medios de comunicación apuntaron su foco hacia El Ejido durante el conflicto. A un mes de las elecciones generales de ese año, en las que el PP sacó mayoría absoluta, representantes de distintas administraciones, asociaciones empresariales, de migrantes o sindicatos mantuvieron reuniones para intentar calmar los ánimos y tomar medidas para evitar más enfrentamientos.

El 8 de febrero de 2000, tras varios días de ataques racistas, los trabajadores migrantes marroquíes convocaron una huelga por las precarias condiciones de trabajo y vivienda en las que estaban obligados a vivir. Y el 10 de febrero fue desconvocada después de que los sindicatos, la patronal y los portavoces de los migrantes llegaran a un preacuerdo que luego fue ratificado por las asambleas de afectados.

En el Acuerdo El Ejido 2000 —que contó con el visto bueno del delegado de la Junta de Andalucía (PSOE) y el subdelegado del Gobierno (PP)— se proponían una serie de medidas vinculadas con la normalización, es decir, la vuelta a la situación previa y al trabajo, y otras destinadas a la integración, para solucionar los problemas que habían llevado al conflicto.

El acuerdo establecía que una comisión, formada por los firmantes —empresarios, migrantes, ONG y sindicatos—, la Junta de Andalucía y el Gobierno central se reuniría periódicamente para evaluar si se estaban tomando las medidas oportunas y analizar cómo iba evolucionando la situación en El Ejido.

“Aquello fue un acuerdo para salvar la situación y las pérdidas sufridas debido a la huelga, pero no ha habido voluntad de cumplir nada”, señala José García Cuevas, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Almería. Para García Cuevas, desde entonces poco se ha hecho para fomentar el diálogo y disminuir los elementos que generan problemas de convivencia, entre ellos los bajos salarios o las situaciones de infravivienda.

El hogar pendiente

El acuerdo recogía numerosas medidas relacionadas con los problemas de vivienda que sufren los migrantes en El Ejido, entre ellas algunas con carácter de emergencia para alojar a las personas que se habían quedado sin casa por los disturbios —entre 400 y 600 personas migrantes—, unida a una propuesta de erradicación de los asentamientos para convertirlos en vivienda normalizada. Sin embargo, tal como señala Juan Miralles, presidente de Almería Acoge, gran parte de las promesas no se han cumplido y los asentamientos siguen existiendo.

Un año después del acuerdo, en un informe para la Junta de Andalucía, el entonces Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, señalaba: “Una de las políticas sectoriales que, no es que haya fracasado, sino que, sencillamente, no se ha puesto en marcha, es una política eficaz de vivienda, no solo para construir viviendas y alojamientos públicos a los que puedan acceder, además de los nacionales, los inmigrantes extranjeros, sino de sensibilización y fomento para que los agentes privados oferten estos bienes básicos de los que tan necesitados están los inmigrantes”.

El problema de la vivienda sigue de actualidad en El Ejido. Persiste una notable segregación residencial. Aunque la mayoría de los migrantes trabajan, buena parte de ellos no lo hacen de forma continuada y, muchas veces, sus ingresos no alcanzan para vivir dignamente. Aun disponiendo de los recursos, la escasa oferta hace que el acceso a la vivienda sea muy limitada. Las infraviviendas, cortijos y autoconstrucciones muy deterioradas, lejos del núcleo principal urbano, siguen formando parte del paisaje de El Ejido.

Condiciones laborales

Otra de las medidas del acuerdo fue el cumplimiento del convenio colectivo vigente en ese momento. Hoy, el convenio sigue siendo papel mojado: el 30% de las empresas pagan salarios similares a los de 2002, cuando el último acuerdo colectivo es de 2013, según señala José García Cuevas. En lo que sí parece que ha cambiado la situación es en la regularización y los contratos de trabajo en la zona del poniente almeriense.

“La inmensa mayoría de los empresarios agrícolas tienen a sus trabajadores regularizados, lo que significa solo contrato de trabajo, pero ni pagas, ni horas extras, ni indemnización por despido, ni vacaciones. Están dados de alta en muchos casos con contrato de obra y servicio, aunque muchas veces no se pague convenio”, afirma Francisco Checa, catedrático de Antropología de la Universidad de Almería (UAL).

Teniendo en cuenta el último convenio de 2013, como auxiliar de producción —el puesto más bajo de la escala— un empleado fijo debería cobrar 767,31 euros al mes y un empleado eventual 46,8 euros por ocho horas de jornada. Sin embargo, José García Cuevas señala que muchas empresas “están pagando entre 32 y 35 euros” por jornada, esto siempre hablando de trabajadores con contrato.

Respecto a las medidas específicas para la integración, la Junta de Andalucía puso en marcha distintos planes en este ámbito que se paralizaron en su mayoría cuando llegó la crisis de 2008. Sin embargo, para Pablo Pumares, director del Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales (CEMyRI), la cuestión no está en si hay o no políticas sociales: “Claro que hay políticas sociales, los servicios del Ayuntamiento y las ONG las hacen, pero eso no es suficiente, también hay que ver las peculiaridades de este entorno, la mentalidad no ha cambiado, la distancia con los marroquíes, africanos en general, no se reduce”.

El Ejido: Un mar de plástico en un desierto institucional

El 2 de diciembre de 2018, Vox obtuvo por primera vez representación en el Parlamento de Andalucía, tras presentarse desde 2014 a comicios europeos, estatales, autonómicos y municipales. En los 12 escaños conseguidos ha tenido un peso importante el poniente almeriense. Y dentro de este territorio, El Ejido ha sido el único municipio andaluz donde este partido de ultraderecha se convirtió en la formación más votada.

Su lema —“España, lo primero”—, su islamofobia y obligatoriedad de asimilación —“No es lo mismo una persona de Colombia, que tiene nuestra lengua, nuestra cultura, que una persona procedente de los países islámicos”—, sus rumores —“Pretenden ser atendidos los primeros en urgencias saltándose cualquier cola”— y un punto de vista utilitarista de la inmigración —“Hay muchos españoles en paro, por lo tanto, no necesitamos esa inmigración de gente para que venga a trabajar”— apoyan y fomentan en muchas personas la consideración del migrante como alguien que se aprovecha de los servicios públicos sin tener derecho para ello.

Han pasado casi dos décadas desde los sucesos del año 2000. Quienes tenían la edad suficiente en ese momento recuerdan lo que ocurrió en El Ejido (Almería) en ese convulso inicio de año: ataques xenófobos, barricadas, incendios de hogares de migrantes y de invernaderos, manifestaciones y huelgas… “El Ejido se está convirtiendo en el Far West, en la Sudáfrica del Apartheid o la Cuba esclavista del siglo pasado”, decía entonces el escritor Juan Goytisolo, que llevaba años denunciando la “situación de esclavitud” en la que vivían los temporeros migrantes. Un conflicto, calificado por la prensa como “uno de los brotes de violencia racista más importantes de las últimas décadas en la Europa occidental”, que monopolizó los medios de comunicación durante semanas y cuya huella aún perdura en una zona cuya economía está basada en la agricultura intensiva y que es responsable de buena parte de las exportaciones agrícolas de todo el Estado.

Estereotipos y prejuicios

José Gil, ejidense y comerciante de la zona, considera que los trabajadores marroquíes están integrados. El problema para él es el “descontento” de la población local: “Mi vecino fue al registro porque ha tenido una niña, dan cinco números al día, y cuando fue a las nueve de la mañana, ya había cinco marroquíes esperando. Tuvo que ir al día siguiente a las siete, y ya había uno esperando”. Este tipo de afirmaciones son a las que aluden los investigadores Francisco Entrena-Durán y José Francisco Jiménez-Díaz en la revista Mundo agrario como ejemplo de “discursos y opiniones basadas en estereotipos y prejuicios”.

Ambos autores señalan, en relación a los disturbios del año 2000, que “el gran impacto mediático de estas revueltas ha contribuido a propagar la imagen de una xenofobia arraigada en El Ejido, que parece estar en contradicción con el hecho de que la violencia contra los extranjeros ha sido excepcional en esta área”. Sin embargo, señalan que las tensiones han estado presentes “en estado latente” durante largo tiempo. Afirman que las actitudes preponderantes hacia las personas migrantes son “más bien negativas, pues para muchos habitantes de El Ejido, representan una competencia y amenaza para los salarios, los empleos y el acceso a servicios y recursos”.

Charlando sobre el mismo tema con José Gil, este reflexiona: “Sí, es verdad que siempre achacas al más débil lo que pasa, pero ves que hay ayudas, hablas con unos y hablas con otros… puede que sí, que haya un asunto sobre el que no se está hablando”.

Sobre “este asunto del que no se está hablando”, Pablo Pumares, director del Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales (CEMyRI), pone un ejemplo: “Estuve en la presentación de un libro de un compañero sobre la sostenibilidad del modelo almeriense de agricultura. En el auditorio había muchos agricultores de El Ejido, y yo hablé de la inmigración. Planteé, como crítica, que en el libro se veía la inmigración como un problema. El auditorio, que participó mucho en otros temas, no habló nada de la inmigración, no quiso tocar el tema, esta es la actitud. Por el contrario, se habló mucho de medioambiente, otro tema sensible, pero del que ya se está hablando. La inmigración sigue siendo un tema tabú”.

Responsabilidad mediática

El tema de la excesiva presencia de migrantes marroquíes en los servicios públicos es recurrente en las conversaciones. Si, como dice Juan Miralles, presidente de Almería Acoge, la mayoría de los trabajadores migrantes, documentados o no, están trabajando, y los no documentados no reciben ayudas, ¿por qué el descontento se dirige hacia los migrados y no hacia la administración, que no está ofreciendo mejores servicios para todos? Para Miralles, el discurso está “muy basado en los sentimientos, apoyados en estereotipos y bulos, no es racional, no responde a unos motivos, y, por lo tanto, es muy difícil de desmontar con razones. Hay que desmontarlo con sentimientos y estos se crean con la vecindad”.

El investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona Carlos Zeller señala la responsabilidad de los medios en la creación de estos estereotipos en El Ejido. Considera que el crecimiento de la agroindustria, que modificó sustancialmente la estructura económica, social y demográfica del poniente almeriense desde los años 80, “no presentó ningún interés”. Estas intensas transformaciones hicieron que El Ejido pasara de ser un páramo rural a un mar de plástico agroindustrial, convirtiéndose en uno de los municipios con más renta per cápita del Estado a principios del siglo XXI. En esa evolución, fue clave la mano de obra migrada, que en buena parte —la indocumentada—no contaba en las estadísticas de ingresos. Zeller detalla que, sin embargo, no fue hasta los disturbios del año 2000 cuando los focos de los medios se posaron en El Ejido. “La misma lógica periodística que durante largos años ignoró completamente ese hecho tan importante [la transformación agraria], focalizaba ahora toda su atención en esa localidad”, recuerda Zeller.

El comerciante ejidiense José Gil defiende que lo del año 2000 fue más un boom mediático que una realidad: “No es como lo que se ve ahora, las manifestaciones de Francia ni nada de eso. Lo que pasa es que aquí se dejó caer Antena 3 y Telecinco, que era lo que había. Hubo revuelos, había de vez en cuando alguna cosilla en el bulevar, pero no inseguridad, no era como se veía en televisión”. Pablo Pumares, del CEMyRI, no está de acuerdo con la lectura que se hizo entonces desde El Ejido y que, según su opinión, permanece. Cuando tras un conflicto no se admite responsabilidad alguna y no se abre un diálogo sobre lo que lo propició, afirma, es difícil comenzar a cambiar las cosas: “En mentalidad no se ha avanzado”, señala.

Mientras, el cartón-piedra de la especialización dictada desde Europa para la economía almeriense cayó y, tres lustros después de estar en la cúspide de la renta per cápita, El Ejido se encuentra ahora entre los diez municipios del Estado de más de 20.000 habitantes con menor renta media anual por habitante, según el Instituto Nacional de Estadística.

Un hilo de esperanza

Carlos Balaguer, arquitecto y vecino de El Ejido, publicaba un emotivo hilo en Twitter, a raíz de los resultados de los comicios andaluces: “El lunes, tras las elecciones, fue un día muy duro. Despertarse ese día en El Ejido y salir a la calle fue difícil. No es fácil asumir que tus vecinos han votado mayoritariamente en contra de los derechos humanos más fundamentales. Pero hoy, analizando los resultados por distritos, he encontrado un ápice de esperanza. La irrupción de Vox en El Ejido permite hacer una radiografía muy clara de la relación entre donde vives y lo que votas. Analizando el voto por distritos en términos convivenciales, me encuentro la agradable sorpresa de que, a más población inmigrante extranjera, menor voto de Vox”.

“Es una cuestión de corazón”, afirma Francisco Checa, catedrático de Antropología de la Universidad de Almería. Y sin facilitar la convivencia y diálogo, es complicado cambiarla. José Gil tiene tres hijos que estudian en colegios públicos de El Ejido: “Los niños no tienen ningún problema, ellos se integrarán siempre que, desde las familias, no les digamos que los otros son malos”, apunta.

Balaguer incide en ello. “Es mentira que no sea posible la convivencia. Donde se produce la coexistencia en un mismo espacio, Vox no es la opción mayoritaria”, subraya este vecino de El Ejido. “Y no lo es porque los que vivimos aquí sabemos muy bien que la inmigración no es un problema. Sabemos que son familias como nosotros, que tienen los mismos problemas, los mismos anhelos, las mismas necesidades”, continúa. Él tiene claras las necesidades de este municipio, de los vecinos con o sin DNI español: espacios públicos, inversión en los colegios más desfavorecidos, plazas, parques… “Si tras décadas de absoluta dejadez y trabajar exactamente en dirección contraria se ha conseguido parar en muchas zonas que Vox sea mayoritario, imaginen lo que se puede conseguir trabajando en este sentido”, concluye.

(Fuente: El Salto / Autor: María Usero)

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