Colombia: El caso de la periodista “secuestrada” Salud Hernández

Un año atrás, la periodista española había sido repudiada por las organizaciones campesinas de la misma región en la que ahora se desconoce su paradero. “Actúa sin ética profesional, carece de objetividad y veracidad”, señalaron en su momento en un comunicado, a raíz de un artículo de la periodista titulado “¿Ratas Humanas?”

“Satélites de las FARC y el ELN”, “pupilos de Timochenko”. Así describe a las comunidades campesinas la periodista Salud Hernández en su artículo publicado en el diario El Tiempo en mayo de 2015 sobre la región del Catatumbo. De conocida filiación uribista y crítica del proceso de paz, la periodista siempre mantuvo una línea de estigmatización del movimiento social colombiano.

Para las organizaciones campesinas el rol de la periodista no es inocente: “Salud Hernández desconoce la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario de las que ha sido víctima el pueblo catatumbero durante más de 50 años (…) Se está poniendo una lápida al cuello a las miles de mujeres, hombres y niños y niñas de la región”, le respondieron las organizaciones de la región, en un comunicado público difundido ampliamente hace un año.

Sin embargo hoy, más allá de ese antagonismo, las organizaciones campesinas reclaman su aparición y el respeto de su integridad.

El paradero de la mujer se desconoce desde el domingo. Desde el gobierno no descartan que la periodista se encuentre reunida con los mandos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región, aunque otras versiones indican que habría sido retenida contra su voluntad, después de una discusión con campesinos que la increparon por los mismos motivos que alimentan una rivalidad que no es nueva. Por su parte, el ELN no se expedirá al respecto “hasta no recibir los reportes semanales”, situación que se podría demorar unos días más.

El caso de la periodista Salud Hernández

Este cuento ya nos lo conocemos de antemano pues es el mismo caso de Ingrid Betancourt y su amiguita Clarita Rojas cuando se fueron a realizar su campaña política en el Caguán. Como por entonces se desarrollaban las elecciones presidenciales quisieron aprovechar el impacto mediático de su captura a manos de las FARC para utilizarlo de propaganda electoral.

Ahora esta señorita Salud Hernández, distinguida falangista de armas tomar, dotada de una personalidad arrogante y pretenciosa ha desaparecido en la manigua del Catatumbo- ¡oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, júbilo inmortal!

¿Tal vez se encuentre retenida o secuestrada por algún grupo insurgente o quizás por las bandas paramilitares y delincuenciales que hacen presencia en la zona? Pero todas son especulaciones porque a ciencia cierta no hay ni rastro de su presencia.  A la amiguita de pacho Santos (La familia de Salud Hernández lo acogió en su casa mientras estaba exiliado en Madrid) del presidente Uribe y de Juan Manuel Santos se la tragó la vorágine.

El presidente Santos ha ordenado que se movilice el ejército, la policía,  los helicópteros y la aviación en su búsqueda. Ella, que también detenta la nacionalidad colombiana gracias a un decreto extraordinario del gobierno, debe ser rescatada en el menor tiempo posible pues es una figura de reconocido prestigio y valía.

Esa chapetona racista y tirana que trata a los colombianos como si fueran sus criados no disimula para nada su ideología de ultraderecha criminalizando la justa lucha de los movimientos populares en pos de la justicia y la igualdad. Desde hace tiempo la señorita Salud Hernández se juega el pellejo irresponsablemente por las zonas más peligrosas de la geografía colombiana creyéndose intocable. Una actitud que refleja a todas luces su desmesurado ego y vanidad.

Recordemos que a Clarita Rojas le pasó lo mismo en el Caguán  y al final el resultado de esa “inolvidable aventura” fue su hijo Emmanuel nacido de un apasionado idilio con  uno de sus captores. No se sabe si también Salud Hernández a estas alturas de la vida este buscando “emociones fuertes”

La periodista Salud Hernández como corresponsal de corresponsal del Mundo de Madrid y el Tiempo de Bogotá se ha distinguido por ser una defensora a ultranza de la política de Seguridad Democrática patrocinada por Uribe Vélez.  Tal es su inquina y el odio hacia las clases mas bajas y empobrecidas que calificó  a los campesinos del Catatumbo como “satélites de las FARC y el ELN”. Y para rematar:  “pupilos de Timochenko”. Es decir, los señaló como objetivos legítimos de las “gloriosas” Fuerzas Armadas de Colombia que suelen utilizar el terrorismo de estado para imponer los sagrados principios de libertad y el orden.

En un artículo intitulado “ratas humanas”  la sinigual periodista opusina expresó: “Esos campesinos son sembradores de coca y por lo tanto terroristas”. Tan irresponsables acusaciones en muchos casos se convierten en una condena a muerte. Sin duda alguna  ella también es cómplice e inductora de crímenes de lesa humanidad. En consecuencia no es de extrañar que la Asociación Campesina del Catatumbo, el Comité de Integración Social del Catatumbo, y las asociaciones de derechos humanos de Santander la hayan declarado “persona non grata”.

Esas crónicas y reportajes que escribe con genialidad y maestría Salud Hernández-Mora están manchados de sangre de los campesinos y trabajadores colombianos.

La desaparición de esta “monja alférez”  ha causado un gran revuelo tanto a nivel nacional como internacional hasta el punto que el gobierno colombiano ha ofrecido 100 millones de pesos a quien informe de su paradero.

Si sale indemne de este trance con toda probabilidad se convertirá en una heroína pero, si por el contrario, su desaparición tiene un desenlace fatal, los diálogos de paz con las FARC y el ELN -por el impacto en la opinión pública y en la oposición- sufrirían un golpe demoledor que los pondría al borde de la ruptura.

A Salud Hernández se le reconoce como una de las más radicales opositoras a la firma de la paz con las FARC. Ella más bien apuesta por una solución militar que extermine de una vez por todas a los “guerrilleros narco-terroristas enemigos del pueblo colombiano”.(como habitualmente los describe en su lenguaje más reaccionario)

Para Juan Manuel Santos, la periodista Salud Hernández no fue secuestrada

El presidente colombiano dice “haber recibido informaciones” que señalan que la mujer “se internó en la selva con la guerrilla del ELN para hacer un informe”

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos , apuntó ayer por primera vez a la posibilidad de que la periodista española Salud Hernández-Mora, desaparecida desde el sábado pasado, no esté secuestrada. El mandatario señaló que la periodista se internó en la selva con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para realizar una nota.

Salud Hernández, periodista del diario El Mundo de España y El Tiempo de Colombia, desapareció el sábado cerca del municipio de El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, cuando realizaba una nota sobre cultivos de hoja de coca.

La desaparición de Hernández, de 59 años y quien reside en Colombia desde hace casi dos décadas, provocó temores de que hubiera sido secuestrada .

“La información que tengo, que estoy verificando, (es que) ella se fue a hacer un trabajo periodístico por su propia voluntad, que se reunió con el ELN. Que el ELN está esperando a ver cómo puede regresarla a la libertad o regresarla a su trabajo normal”, dijo Santos a periodistas.

Las Fuerzas Militares lanzaron una operación por aire y tierra para ubicar a la periodista. En tanto, dos periodistas de un canal de televisión que viajaron a la zona para cubrir la noticia habrían sido retenidos por un grupo armado, al parecer rebeldes del ELN, y todavía se desconoce su ubicación.

Otros tres periodistas que también llegaron a la zona para cubrir la situación de Hernández aparecieron sanos y salvos el lunes en la noche, después de permanecer retenidos por hombres armados.

(Fuentes: Colombia InformaResumen Latinoamericano)

Colombia 2

Colombia: Tensión en el Catatumbo. Buscan prohibir las movilizaciones campesinas

Rodeado por el Ejército y la Policía, el gobernador de Norte de Santander afirmó que “no se van a autorizar desplazamientos” en Tibú, Ocaña y Cúcuta, como respuesta al anuncio de movilizaciones que descalificó llamándolas “paro armado”. Un libro de reciente publicación recupera la memoria del “Paro del Nororiente” de 1987 en esa región, historia que las autoridades deberían tener presente para no repetir las consecuencias trágicas que genera la estigmatización del movimiento social.

El próximo 30 de mayo iniciará una Minga Nacional con movilizaciones en todo el país, según lo dispuso la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que congrega a gran parte del movimiento social en Colombia. El campesinado del Catatumbo es parte de la iniciativa, que pone eje en las demandas incumplidas por parte del gobierno con las comunidades.

Movilizaciones de este tipo ocurrieron en 2013 y 2014, cuando surgió la Cumbre. Esa coordinación nacional se convirtió en una plataforma unitaria de diálogo con el gobierno, aunque las gestiones no avanzaron lo suficiente. Desde entonces las protestas cuentan con mayor previsión y organización: nadie puede poner en duda la legitimidad de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, o las organizaciones campesinas del Catatumbo (CISCA, ASCAMCAT), como legítimas expresiones del movimiento social.

Sin embargo el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, lanzó duras amenazas que prefiguran violación de las garantías constitucionales y graves riesgos para los liderazgos sociales en la región.

Tras convocar a un Consejo de Seguridad y mostrarse junto a los mandos del Ejército y la Policía, el gobernador eligió desconocer los motivos de la protesta y hablar en cambio de “paro armado”, “depósitos de explosivos”, “material de guerra”, para concluir ofreciendo “recompensas por 100 millones de pesos para quien brinde información” y “multas a las empresas de transporte que faciliten el desplazamiento de campesinos” durante las fechas de movilización. [“Desautorizan paro campesino que se desarrollará en Catatumbo”, La Opinión, Cúcuta, 25 de mayo].

Hasta el momento la respuesta más contundente provino del senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Alberto Castilla, quien fue vocero del Comité de Integración del Catatumbo (CISCA) en sus tiempos de líder campesino: “Exijo a la gobernación brindar todas las garantías a los derechos a la protesta social, la libertad de expresión y la libre locomoción”, reclamó.  Pero el gobernador Villamizar, lejos de retractarse, ratificó las acusaciones contra el movimiento social.

Lejos, muy lejos de cualquier horizonte de paz, el gobernador de Norte de Santander anuncia la continuidad de la violencia, en la peor de sus expresiones: la que el Estado ejerce contra el pueblo cuando se propone reclamar por sus derechos negados.

Memoria

La estigmatización, la asimilación de protestas campesinas con el accionar de organizaciones armadas, históricamente ha sido el argumento que los gobernantes dieron para justificar el ataque al movimiento social.

La década del 80 fue pródiga en movilizaciones campesinas en el Catatumbo. A partir de 1985 se desarrolla un clima de efervescencia social que desencadena en cuatro grandes movilizaciones, la más notoria conocida como el “Paro del Nororiente” de junio de 1987.

“A partir de 1980 es cuando empieza a configurarse el campesinado del Catatumbo como sujeto político de importancia en la vida departamental y nacional”, narra Héctor C. López R., autor del libro “Colonización y primeras luchas campesinas en el Catatumbo”, recientemente publicado por La Fogata Editorial. El texto reconstruye los antecedentes históricos de lucha en la región, como la resistencia de la población Barí a las compañías petroleras (1931- 1964), las luchas de los trabajadores petroleros contra la multinacional Colpet (1931-1977), el Paro Cïvico de los estudiantes de Convención contra Chevron (1963) y el Paro Cívico departamental por la reversión de la Concesión Barco (1971). Ese caudal histórico desencadena en las movilizaciones de los años 80.

“El Paro del Nororiente logra que la opinión pública colombiana comience a interiorizar la magnitud de la riqueza petrolera de los Santanderes; los campesinos comienzan a tomar consciencia y a exigir planes de desarrollo e infraestructura para sus veredas, dada la miseria y pobreza de la población”, narra el autor, protagonista de aquellas gestas.

Durante el Paro del 87 se organizaron marchas a Ocaña, Tibú y Valledupar; tres meses después, otra movilización copó la ciudad de Cúcuta. El movimiento campesino forzó una negociación, que se dio en medio de una dura confrontación entre los marchantes y la Fuerza Pública.

Los campesinos lograron reivindicaciones urgentes: dispensarios de salud, escuelas rurales, mantenimiento de carreteras y acueductos, programas de caminos veredales, electrificación, ampliación de prestación de servicios de agua en barrios marginales… Todas cuestiones básicas, pero que solo comenzaron a ser tenidas en cuenta por el Estado a partir de las fuertes protestas.

Parecen lógicos los reclamos, resultan legítimas las movilizaciones…

Sin embargo, “después del Paro del Nororiente de mediados de 1987, fueron dinamitadas sedes sindicales y amenazados 77 líderes de la protesta a través de una ´Lista de la Muerte´, la mayoría de esos dirigentes fueron asesinados o desaparecidos”, relata el autor del libro que historiza aquellas luchas.

¿Por qué la persecución y muerte a los líderes de protestas legítimas, de reclamos urgentes? La estigmatización (similar a la que ejerce el actual gobernador de Norte de Santander) siempre precede a la acción. Puede leerse en los recortes de diarios de la época: “El Paro del Nororiente fue organizado y dirigido por grupos guerrilleros e izquierdistas” [Ramón Cárdenas Silva, columnista del diario La Opinión de Cúcuta]; “En Barrancabermeja la policía retuvo al dirigente sindical Manuel Chacón por su presunta vinculación con grupos armados de extrema izquierda” [Colprensa, 8 de junio de 1987]. Chacón, al igual que decenas de líderes sociales, fue asesinado un año después de las protestas en las calles de Barrancabermeja.

Las luchas del campesinado en el Catatumbo han sido por décadas un espejo donde el conjunto del campo popular puede mirar su destino. La historia enseña que señalamientos como los que acaba de hacer el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, solo pueden preanunciar más violencia contra el movimiento social. Aún faltan varios días para el inicio de las movilizaciones, ojalá las autoridades tomen consciencia de ello.

(Fuente: Resumen Latinoamericano / Autor: Pablo Solana)

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