Dependencia andaluza: El Gobierno español expresa “discrepancias” con las leyes frente a cambio climático y Audiovisual

En una nueva muestra de los escasos márgenes del régimen estatutario andaluz -mal llamado Estatuto de autonomía y denominado de manera más exacta Estatuto de la dependencia por la izquierda independentista andaluza- el Gobierno español (PSOE) ha expresado “discrepancias” sobre diversos artículos de la ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, así como de la ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, y declara “haber acordado” con la Junta “iniciar negociaciones” y designar sendos grupos de trabajo que propongan una solución para cada caso. 

En realidad dicho acuerdo no es tal sino que un instrumento de coacción política establecido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español previo a la presentación de recurso de inconstitucionalidad ante dicho tribunal por parte del gobierno estatal.

Evidentemente unas leyes redactadas por el anterior gobierno autonómico de PSOE-C’s no tienen ninguna intención soberanista, de afirmación nacional andaluza o siquiera de cuestionamiento de competencia alguna al Estado español. Sin embargo la actitud draconiana del Estado, inmerso en un proceso de recentralización que necesitan las oligarquías genera situaciones como esta y evidencian -una vez más- el carácter del Estatuto como instrumento para administrar la opresión del Pueblo Trabajador Andaluz. Ya en otras ocasiones el Tribunal Constitucional (TC) anuló el artículo 51 del Estatuto de dependencia 2007 que establecía las competencias exclusivas del gobierno andaluz sobre el río Guadalquivir, la disposición adicional primera de la Ley 4/2013 de Función Social de la Vivienda en Andalucía o el Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regulaba la reducción de jornada de trabajadores de empresas públicas.

El Gobierno español ha manifestado “discrepancias” sobre los artículos 3, 8, 10, 11, 16, 30, 35, 36, 41, 42 y 43 de la ley frente al cambio climático, y sobre los artículos 78.4, 82 y las disposiciones transitorias cuarta y quinta de la Ley Audiovisual de Andalucía. Ambas normas fueron aprobadas en el Pleno del Parlamento autonómico el 26 de septiembre del pasado año, por unanimidad en el primer caso y con la única abstención del PP-A en el segundo.

No nos cabe ninguna duda que, el actual gobierno de la Junta (PP-C’s-Vox) no tendrá inconveniente en anular todos los artículos que deban ser anulados coherentes con su rabioso centralismo. El Estatuto vuelve de nuevo a mostrarse como lo que es: el marco ideal donde administrar nuestra explotación como Pueblo Trabajador Andaluz para mayor beneficio de la burguesía.

Carlos Ríos para La Otra Andalucía.

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