Sevilla: Denuncian que la empresa minera Cobre las Cruces de Gerena quiere despedir al 10% de sus 250 trabajadores. La empresa lo admite

La sección sindical de CGT en la empresa minera Cobre las Cruces, de Gerena (Sevilla), ha anunciado que la empresa quiere despedir al 10 % de sus 250 trabajadores fijos tras la crisis provocada en la compañía por el derrumbe en su corta minera el pasado 23 de enero.

El sindicato afirma en un comunicado que así se lo dijeron en una reunión informativa con los empleados, en la que la empresa comunicó que «en breve convocaría reunión negociadora con los representantes de los trabajadores para el despido definitivo de menos de un 10 % de la plantilla, y que éstos estarían repartidos entre los diferentes departamentos».

La misma central sindical informa de que el motivo de esta decisión «era para solidarizarnos con las contratas suspendidas», debido al descenso de la actividad de la empresa por el derrumbe. Además, comunicó que se ha procedido a la cancelación del contrato con ALS, dedicadas a labores de laboratorio, por la subida de precios unitarios, «después de que CLC le comunicara la suspensión de su contrato por la declaración de Estado de Fuerza Mayor», como denomina a la situación excepcional sufrida en la empresa desde el 23 de enero.

Tras ese derrumbe, la mina reanudó la producción de cátodos de cobre en su planta, suspendida «por decisión de la compañía». La planta utilizará el mineral que se encontraba ya almacenado, que permitirá alimentar la producción durante un periodo de seis o siete meses, ha informado este viernes la empresa en un comunicado. Mientras tanto, se trabajará para estabilizar y reacondicionar la corta minera con el objetivo de reanudar la normalidad de la actividad extractiva una vez que cuente con la autorización de las administraciones competentes.

Los sindicatos entienden que la propuesta de despidos estaría relacionada con la decisión de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de estimar en parte el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción y anular la segunda modificación del plan especial de la mina.

La sentencia, según un comunicado de la organización ecologista, pone en cuestión todos los planes aprobados en los últimos años por la Junta de Andalucía «por vulneración de la Evaluación Ambiental Estratégica».

El plan especial ahora anulado tenía por objeto la ampliación del ámbito de la mina para la ejecución de nuevas escombreras, ubicadas al suroeste y al norte del complejo minero, las denominadas El Chamorro y El Esparragal, así como la regularización de su zonificación.

La empresa lo admite

La empresa Cobre Las Cruces (CLC), que gestiona la mina de Gerena (Sevilla) en la que el sindicato CGT ha anunciado que se despedirá al 10 % de su plantilla, ha admitido hoy que se negociarán unos despidos por las «circunstancias excepcionales» que atraviesa la empresa.

En un comunicado, la empresa ha confirmado que negociará los despidos «a causa del importante deslizamiento de tierras ocurrido el pasado 23 de enero en la corta minera», que ha provocado que «en estos momentos la actividad extractiva se encuentra suspendida y sólo se realizan labores de estabilización de la zona». CLC señala que la actividad de la planta productiva ha podido reactivarse empleando mineral almacenado previamente, que podrá alimentar la producción durante 6 o 7 meses.

Sin embargo, «la dirección de la compañía está analizando las medidas necesarias para garantizar la continuidad y supervivencia del proyecto, uno de los más importantes de Sevilla y Andalucía en términos de creación de riqueza, innovación y empleo». Así, se está llevando a cabo «un reajuste de la actividad de las empresas contratistas que prestan servicios en el complejo minero para redimensionar sus servicios a las necesidades actuales».

En cuanto al personal directo de CLC, «la dirección ha comunicado al comité de empresa y a los propios trabajadores, en una asamblea el pasado viernes, el inicio de negociaciones para valorar un posible ajuste, que no debería superar el 10% de la plantilla».

Señala también que la dirección de la compañía «apuesta por el diálogo permanente, abierto y constructivo con los trabajadores y sus representantes para contribuir entre todos a resolver la situación por la que atraviesa la empresa y garantizar su continuidad en el futuro».

El TSJA anula el modificado del Plan Especial de Cobre Las Cruces

El Plan Especial anulado por el TSJA tenía por objeto la ampliación del ámbito de la mina para la ejecución de nuevas escombreras, ubicadas al suroeste y al norte del Complejo Minero, denominadas Escombreras El Chamorro y El Esparragal respectivamente, así como la regularización de su zonificación.

Precisamente, parte de la escombrera norte es la que se derrumbó el pasado 23 de enero, sin que la ampliación denominada el Esparragal, autorizada en mayo de 2016, haya servido para evitar su desplome. Ecologistas en Acción, desde octubre de 2015, aconsejaban depositar dentro de la corta minera todos los nuevos escombros inertes (no contaminantes) que estaba produciendo la ampliación de la actividad minera. De esa manera se hubiera evitado la sobrecarga de la escombrera norte que, que junto a la sobreexplotación ilegal del acuífero subyacente, son las causas más probables del derrumbre.

Desde el punto de vista de la legalidad urbanística, esta nueva sentencia, se une a otras muy recientes en recursos instados por Ecologistas en Acción, que anularon, entre otros, el Plan Parcial de Valdevaqueros (Tarifa), que pretendía urbanizar una playa situada en el Parque Natural del Estrecho, el PGOU de Bormujos (Sevilla) y el PGOU de Jaén, por el mismo motivo, la ausencia de EAE.

Pero la gran novedad de esta sentencia es que es la primera que anula un Plan urbanístico tramitado en base a la modificación de la ley ambiental promulgada en marzo de 2015 por el Gobierno andaluz, entonces en funciones, de Susana Díaz. Desde entonces Ecologistas en Acción advirtió repetidamente que dicha modificación no se ajustaba a la Ley de evaluación ambiental estatal 21/2013 ni a la Directiva Europea de evaluación de planes y programas, y que por tanto, todos los planes urbanísticos que se tramitaran usando esa modificación estarían viciados de nulidad.

Y así ha sido, la sentencia considera que el procedimiento ambiental usado para el Plan Especial de Cobre las Cruces, una evaluación de impacto ambiental, convertida de manera fraudulenta en evaluación ambiental estratégica mediante una resolución de sujeción y un anexo al Estudio de Impacto Ambiental, no satisface las exigencias de la ley estatal.

La Junta de Andalucía no adaptó, en lo referente a los planes urbanísticos, la normativa ambiental autonómica a la estatal (leyes 9/2006 y 21/2013, trasposición de una Directiva europea), hasta marzo de 2015, casi diez años después. También estableció un procedimiento especial para los 450 planes en trámite, que se habían iniciado con la normativa no adaptada, procedimiento que la sentencia considera insuficiente para dar satisfacción a la normativa estatal y europea. Esta sentencia pone en evidencia el manifiesto fraude con que se han aprobado esos 450 planes urbanísticos, y abre las puertas a su anulación.

Ya en septiembre de 2015 Ecologistas en Acción advirtió de la presunta ilegalidad del procedimiento mediante una carta dirigida al entonces Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio José Fiscal. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha seguido con la política de “sostenella y no enmendalla”. Las consecuencias son evidentes, continuos varapalos judiciales que ponen en cuestión toda la política urbanística de la Junta de Andalucía en estos últimos años, y evidencia su desastrosa gestión de la prevención ambiental.

(Fuente: Andalucía Información)

Ecologistas consideran que el TSJA cuestiona la política urbanística de Susana Díaz

La Junta de Andalucía podría haber estado saltándose la ley de forma sistemática durante años en lo que respecta a la aprobación de planes urbanísticos. Lo habría hecho ignorando la normativa ambiental y obviando la exigencia de una Evaluación Estratégica Ambiental, como requiere la ley estatal y la europea a la hora de dar luz verde a un proyecto urbanístico, desde un plan especial -es el caso de la mina sevillana- a un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

Es lo que hizo para aprobar la ampliación de las escombreras del yacimiento de Cobre Las Cruces y no es, según Ecologistas en Acción, una excepción en el modus operandi de las autoridades urbanísticas autonómicas en los últimos cuatro años, bajo el gobierno de la socialista Susana Díaz.

Si eso es así -el nuevo ejecutivo aún no se ha pronunciado al respecto-, eso supondría que todos los planes urbanísticos en los que se ha esquivado la obligatoriedad de una Evaluación Estratégica Ambiental -disfrazando como tal un simple Estudio de Impacto Ambiental, mucho menos exigente- son susceptibles de ser anulados. O, lo que es lo mismo, que el planeamiento urbanístico en Andalucía desde 2015 hasta hoy está en cuestión y la seguridad jurídica ha desaparecido.

En el caso de Cobre Las Cruces, tal y como relata la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Sevilla, la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio aprobó la segunda modificación del Plan Especial de Actuación Minera Las Cruces a pesar de que el estudio ambiental no cumplía los requisitos que exige la normativa vigente. En realidad, como señala la sentencia del Alto Tribunal andaluz, no era más que un estudio de impacto ambiental al que se le había añadido un anexo.

Y es ahí donde la resolución cobra una dimensión mucho mayor, ya que al tratarse de un fallo del TSJA podría ser esgrimido en una hipotética demanda contra los planes urbanísticos que se tramitaron con la misma irregularidad, de manera que podrían ser anulados.

Más de 400 planes

Según los cálculos de Ecologistas en Acción, en 2015 -cuando se trasladó a la normativa autonómica la ley estatal y la directiva comunitaria en la materia- había unos 450 planes urbanísticos en tramitación, de los que hoy en día podrían haberse aprobado unos 150. Esto quiere decir que alrededor de 300 podrían tener que reiniciarse y que los ya aprobados son susceptibles de ser anulados judicialmente.

En ese año 2015, el gobierno de Susana Díaz, entonces en funciones, aprobó la modificación de la ley ambiental sin ajustarse, según los conservacionistas, a la Ley de Evaluación Ambiental estatal, la 21/2013, ni a la directiva europea sobre evaluación de planes y programas. Ecologistas en Acción ya advirtió entonces de que todos los planes urbanísticos que se tramitaran usando esa modificación estarían «viciados de nulidad».

La Junta de Andalucía no adaptó, en lo referente a los planes urbanísticos, la normativa ambiental autonómica a la estatal hasta marzo de 2015, casi diez años después y estableció un procedimiento especial para los 450 planes en trámite, que se habían iniciado con la normativa no adaptada, procedimiento que la sentencia del TSJA considera ahora insuficiente para dar satisfacción a la normativa estatal y europea.

Ya en septiembre de 2015 Ecologistas en Acción advirtió de la presunta ilegalidad del procedimiento mediante una carta dirigida al entonces Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio José Fiscal.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, señala la organización, siguió con la política de “sostenella y no enmendalla” y las consecuencias “son evidentes” con continuos varapalos judiciales que ponen en cuestión toda la política urbanística de la Junta de Andalucía en estos últimos años.

Tras esta resolución, Ecologistas en Acción, por boca de su portavoz Isidoro Albarreal, ha pedido al nuevo gobierno de Juanma Moreno que no mire hacia otro lado y no recurra la sentencia, iniciando en lugar de eso una nueva política urbanística.

(Fuente: El Mundo – Andalucía / Autor: Chema Rodríguez)

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