APDHA denuncia más de mil muertes de migrantes en el mar. Los rescates gracias a ONG hostigada. G. Civiles en barcos de Salvamento

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado las políticas criminales del Estado español que han causado que las personas muertas o desaparecidas durante el año pasado se multipliquen por cuatro, respecto a 2017. Al menos 1.064 personas han perdido la vida intentando alcanzar territorio español, “una cifra horrible” solo superada en 30 años de migración en 2006, con la “crisis de los cayucos”.

Los datos se desprenden del Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019, que se ha presentado esta mañana, con motivo de la celebración, ayer, del quinto aniversario de la muerte de quince personas, tras la acción de la Guardia Civil, en la playa El Tarajal de Ceuta.

“Es una situación desgarradora, intolerable para cualquier sociedad democrática”, aseguran desde la organización, que consideran como únicas soluciones el establecimiento de vías legales y seguras y la reacción de una ciudadanía que no tolere como normal esta barbarie.

La organización informa de que en 2018, el número de personas que han logrado alcanzar suelo español fue de 64.120, más del doble respecto al año anterior y el número más alto desde que existen registros. De ellas, 57.537 lo han hecho por vía marítima, la gran mayoría a las costas andaluzas, con 51.711 personas.

No obstante, explican, las personas llegadas en 2018 “ni siquiera llegarían a completar el aforo del Estadio Santiago Bernabeu. ¿Qué son 64.120 personas para un país de 46 millones de habitantes y cuarta economía de la eurozona? Es una cifra perfectamente gestionable que en nada se parece a una invasión. Tenemos una invasión del 0,1%”, denuncia la APDHA en alusión al infundado discurso alarmista que alimentan determinados políticos, “en busca de réditos electorales”.

Además, señala la organización, un porcentaje muy alto de estas personas no llega a residir en España, que constituye solo un país de tránsito hacia otros Estados de la Unión Europea. De hecho, ningún país del África Subsahariana, que aportó el 62% de las llegadas en 2018, figura entre las principales nacionalidades de personas extranjeras residentes en el Estado español, según los últimos datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística.

La asociación ha analizado las causas que han provocado el incremento de los flujos hacia España, radicadas en el cierre de las rutas del Este y Centro del Mediterráneo, “por los vergonzosos acuerdos de la UE con Libia y Turquía”. Esto ha provocado que en el conjunto de la frontera meridional de Europa se haya producido un descenso del 90% en los flujos migratorios, pasando de 1.015.078 en 2015 a 116.295 en 2018. A ello se suma la grave crisis social, económica y política que atraviesa Marruecos, que provoca la huida de miles de jóvenes.

En cualquier caso, afirma la organización, el incremento se había anunciado por esta asociación en  febrero de 2018 y por organismos internacionales, y “era sobradamente conocido”. Por ello, la APDHA considera “aún más inmoral” que el Gobierno no se pusiera los medios para evitar el trato indigno que han recibido miles de migrantes. El caos, la falta de recursos y la improvisación han provocado gravísimas violaciones de derechos humanos en nuestra frontera sur. Este año, sentencian, ha sido “el año de la decepción”.  A pesar de algunos gestos positivos, el tratamiento deplorable a las personas en los puertos deja en evidencia la falta de un sistema de acogida y la improvisación de un aparato volcado en la detención y expulsión.

Además, la organización constata gravísimas vulneraciones a la infancia migrante, que supone un 11% del total de llegadas. “Hemos llegado a ver a menores atados con bridas, durmiendo en las cubiertas de los barcos, retenidos en instalaciones no acondicionadas, trasladados en furgones de detenidos a altas horas de la madrugada, tratados como mercancía, llegando incluso a solicitar la repatriación sin garantías, incumpliendo la debida protección a la infancia”.

El Gobierno de Sánchez, argumenta la APDHA, “ha continuado una política criminal que provoca miles de muertos en toda la UE y España y cuya falta de respeto a los derechos humanos se materializa en el control y la limitación de Salvamento Marítimo, el proyecto de expulsión de miles de personas en situación irregular o de deportación de la infancia migrante, el bloqueo del barco Open Arms y Aita Mari mientras siguen muriendo decenas o centenares de personas en el Mediterráneo,  el desmantelamiento de las concertinas en tanto se encarga su montaje a Marruecos, la cooperación condicionada al blindaje de las fronteras, la continuidad sin vergüenza de las devoluciones en caliente, entre otros, representan otra vuelta de tuerca de las mismas políticas inhumanas que vienen practicando los sucesivos Gobiernos españoles y la propia UE”.

Además, el informe analiza además la situación de las temporeras en la agricultura de la provincia de Huelva, las personas refugiadas y el cambio climático, las recientes estructuras de atención de personas migrantes, el ascenso de la ultraderecha y las nuevas formas de activismo ante el racismo institucional.

(Fuente: Tercera Información)

El Gobierno admite que los rescates de pateras los realiza una ONG hostigada

El ministro de Fomento ha reconocido el papel de la ONG Caminando Fronteras en la función de Salvamento Marítimo de rescatar personas en peligro en el mar. Sin sus llamadas de alerta, por las que su fundadora ha sido procesada en Marruecos e investigada en España, sus efectivos no habrían salido a buscar la mayoría de las vidas salvadas en el Mar de Alborán. Según las cifras de Ábalos, el “70%” de los avisos de pateras en riesgo recibidas por Salvamento Marítimo en este punto proceden de la activista Helena Maleno, hostigada desde hace años.

Para justificar la ausencia de radares en los aviones de Salvamento Marítimo, revelada por eldiario.es, el titular de Fomento ha respondido que la función de la institución de salvamento no “es avistar” sino rescatar embarcaciones en peligro tras recibir una alerta en su torre de control. “En el Mar de Alborán, el 70% [de los avisos] se dan desde territorio marroquí, por una ONG, avisando de que van a salir. Y por responsabilidad humanitaria, Salvamento acude, muchas veces fuera de la zona”, ha enfatizado Ábalos.

La organización Caminando Fronteras cuenta con un sistema de alertas a través de un número de teléfono al que los migrantes en peligro en el mar llaman para avisar de su situación de riesgo. “Llaman cuando están en el agua en peligro y cuando se están ahogando”, responde la activista Helena Maleno (foto adjunta), quien lee las declaraciones de Ábalos como un “ataque encubierto” hacia su labor.

Un ataque más, dice, que se suma al hostigamiento sufrida desde hace años desde España y Marruecos. En diciembre de 2017, la oficina de instrucción del Tribunal de Apelación de Tánger llamó a declarar a Maleno, la principal defensora de derechos de los migrantes en la frontera sur española, en el marco de una investigación penal. Estaba acusada de un supuesto delito de tráfico de personas por las llamadas a Salvamento Marítimo con las que trata de alertar de vidas en peligro en el mar.

El pasado 30 de enero, el juez marroquí encargado de la instrucción de la causa dio por finalizada la investigación. Desde entonces, continúa pendiente la difusión de su pronunciamiento.

El proceso judicial marroquí se basa en una investigación iniciada por la Policía Nacional española durante el Gobierno del Partido Popular, a través de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF). En abril de 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española archivó de forma provisional las diligencia policiales que relacionaban la labor de Helena Maleno con el tráfico de personas.

Fuentes del actual Ministerio del Interior confirmaron la existencia de esa investigación, pero aclararon que en la actualidad  “no hay” ningún expediente contra Helena Maleno abierto por la Policía Nacional.

El Gobierno de Mariano Rajoy había asegurado hasta en dos ocasiones “no tener constancia” del informe policial que derivó en la causa judicial marroquí que  mantiene en vilo a Maleno. “Ni a Marruecos, ni a las autoridades marroquíes, la Policía Nacional ni el Gobierno de España ha enviado ningún informe que vincule a Helena Maleno con nada, ni uno, ni cuatro”, afirmó el exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Senado. Meses después, el Ejecutivo del PP reconoció en una respuesta parlamentaria la existencia del expediente.

Desde el colectivo  Caminando Fronteras , Helena Maleno y su equipo reciben numerosas llamadas desde las propias pateras. El trato cercano mantenido con las comunidades migrantes residentes en Marruecos impulsa a los pasajeros a llamarles a ellos cuando se encuentran en peligro. No saben si saldrán embarcaciones o no, indican siempre desde el colectivo.

Cuando el móvil de Helena Maleno suena, ese mismo teléfono que aparece intervenido en el expediente judicial, la activista trata de obtener toda la información posible de quienes piden auxilio con un objetivo: trasladársela a Salvamento Marítimo, el organismo dependiente del Ministerio de Fomento español encargado del rescate de personas en riesgo. También a las autoridades marroquíes, con menos recursos y menor capacidad de reacción.

El caso de la activista Helena Maleno ha llegado a la ONU. El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Frost, expresó  su preocupación por la “criminalización” y la “estigmatización” de los activistas por los derechos de migrantes y refugiados el pasado mes de marzo.

En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Forst especifica el caso de la activista española. “La situación irregular de algunas personas en movimiento puede provocar que los defensores que trabajan con ellos sean acusados de facilitar su presencia irregular. Algunos defensores, como Helena Maleno Garzón, incluso han sido acusados del delito internacional de tráfico de personas como resultado de su lucha contra prácticas ilegales, como las ‘devoluciones en caliente’, y la solidaridad con las personas en movimiento”, señala el documento.

En una entrevista con eldiario.es, Forst explicó que la criminalización de estos defensores es ” un fenómeno global que tiene que ver con el cierre de las fronteras”. Del mismo modo, en su informe recalcó la misma idea.  “Con el aumento del número de personas que se desplazan, cada vez más defensores tratan de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan”. Unos ataques que, dice, sufren en mayor medida que la sociedad civil en general.

En agosto de 2017, la defensora de los derechos de los migrantes denunció haber recibido amenazas tras criticar en televisión el intento de la Policía de frenar a patadas y porrazos a 187 personas que entraron en la ciudad de Ceuta de forma irregular. “Le sugiero el silencio o va a morir. Está incomodando a las autoridades”, indicaba el mensaje privado recibido, acompañado de una fotografía de una pistola y una bala.

A través de un comunicado, la ONG Caminando Fronteras explicó que, aunque estas intimidaciones “vienen marcando” actividad “desde hace años”, las amenazas se han agravado en las últimas semanas, sobre todo a raíz de la entrevista que la Sexta realizó a Maleno la pasada semana con motivo de una actuación policial en la frontera de Ceuta durante la entrada de 187 migrantes, a los que intentaron frenar con patadas y porrazos.

Fue también la fundadora de Caminando Fronteras quien dio la voz de alarma sobre el uso de pelotas de goma y botes de humo hacia un grupo de migrantes en la frontera del Tarajal el 6 de febrero de 2014. Murieron 14 personas. A través del testimonio de los supervivientes los medios de comunicación conocieron el uso de material antidisturbios en el operativo de la Guardia Civil, negado por el Ejecutivo de Rajoy en un primer momento.

El día después de los hechos, el entonces director de la Guardia Civil anunció querellarse contra las ONG que “difaman” a los agentes o que “presentasen denuncias falsas”. Finalmente la Guardia Civil no denunció a estas organizaciones, mientras que la causa que investiga el operativo del Instituto Armado llevado a cabo el día de las muertes del Tarajal continúa abierta en un tribunal ceutí.

(Fuente: el diario.es / Autora: Gabriela Sánchez)

El Gobierno culmina su giro en inmigración al embarcar guardias civiles con Salvamento

En ocho meses, el Gobierno de Pedro Sánchez ha virado su discurso en materia de inmigración. De acoger al ‘Aquarius’ a impedir que zarpe del ‘Open Arms’. La última medida en esta línea es la de embarcar a la Guardia Civil en el buque de Salvamento Marítimo ‘Clara Campoamor’, un gran barco civil destinado al rescate de inmigrantes en el Mar de Alborán, según denuncian los sindicatos de Salvamento Marítimo (Sasemar). Interior afirma que no se trata de un plan generalizado. En medio, la irrupción de Vox y su discurso de mano dura contra la inmigración.

Sasemar ha reunido a los sindicatos para explicarles los planes de las próximas campañas. Según fuentes de CGT, el sindicato mayoritario, una de las principales novedades es tener el buque ‘Clara Campoamor’ como centro de operaciones en el mar de Alborán usando como puertos Almería, Motril o Málaga. Este buque tendrá un refuerzo de tripulación y dará apoyo a las distintas Salvamares, lanchas más pequeñas.

El ‘Clara Campoamor’ es un buque de 80 metros de eslora con base en Cartagena previsto para luchar contra la contaminación, pero ya ha participado en operaciones de rescate de personas en alta mar. La novedad es que a partir de ahora a bordo irán tres guardias civiles, según documentación a la que ha tenido acceso este diario. Fuentes de CGT denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez “militarice un servicio civil de salvamento” y temen que el mando real corresponda a estos agentes armados. Sobre todo, porque en agosto el Gobierno creó un mando único en materia de inmigración y puso al frente a un general de la Guardia Civil. El ‘Clara Campoamor’ desde entonces sigue órdenes de este mando único.

Las patrulleras de la Guardia Civil trabajan también en tareas de salvamento y en ocasiones los responsables de Sasemar les han pedido ayuda para que guardias civiles vayan en sus barcos si auguran problemas con alguna patera. Pero fuentes sindicales insisten en que es distinto que poner el centro de operaciones con tres guardias civiles a bordo. El año pasado España rescató a casi 50.000 personas en 2.300 embarcaciones.

El Ministerio de Interior resta importancia al tema. En contraste con las órdenes dadas a los trabajadores, el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska asegura a este diario que “no hay ningún plan para que los guardias civiles vayan en barcos de Sasemar” y que solo en determinados rescates “puede haber supuestos en que la Guardia Civil tenga que subir, pero desde luego no con carácter general”.

El gesto de llevar de forma permanente guardias civiles embarcados en operaciones de Fomento se une a decisiones anteriores del Ejecutivo. Interior ha rescatado un acuerdo con Marruecos de los año 90 para devolver a 116 inmigrantes en 24 horas, Fomento ha impuesto un apagón informativo en redes sociales sobre las operaciones de rescate que realiza Sasemar y además ha negado el permiso de navegación a los buques ‘Open Arms’ y ‘Aita Mari’ de ONG que se dedican al rescate de inmigrantes en el Mediterráneo. La retirada de concertinas en la valla de Ceuta y Melilla aún no se ha concretado y los aviones de Salvamento llevan meses sin radar para detectar pateras.

El pasado jueves en el Congreso, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se defendió de las críticas de la oposición por haber cambiado radicalmente de política migratoria desde el ‘Aquarius’. “La decisión del Gobierno de España de acoger al ‘Aquarius’ el pasado verano, que tanto se utiliza, supuso lanzar un mensaje, que fue atendido por distintos Estados miembros que han participado en el reparto solidario de inmigrantes. El Gobierno sigue trabajando a nivel europeo para dejar de dar respuestas ‘ad hoc’ e institucionalizar y sistematizar el reparto de estos inmigrantes que llegan a nuestras costas”.

Sobre por qué Fomento no da permiso para zarpar al ‘Open Arms’ y al ‘Aita Mari’, respondió que estos “incumplen la normativa internacional de salvamento y, por ello, no obtienen el permiso para volver al Mediterráneo central”. Ábalos justificó que “el cierre de los puertos a buques de ONG en la zona en la que pretenden operar, junto con la negativa de estos buques de proceder al desembarco en Libia, hace que los buques de las ONG se vean forzados a tomar rumbo a España por ser su país de abanderamiento”.

El resultado, siempre según el ministro, es que eso convierte sus operaciones “en un transporte de personas de varios días hasta llegar a España en buques que no cumplen las condiciones de seguridad necesarias para ello, poniendo en riesgo la seguridad del buque, de su tripulación, de las personas auxiliadas a bordo e incluso de los posibles barcos que pudieran acudir en su ayuda en caso de emergencia”. Esos buques, añadió, “no cuentan con los certificados que garantizan el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima y prevención de la contaminación del medio marino para el transporte de un elevado número de personas a bordo”.

Las críticas al Gobierno por su política migratoria le llegan desde sus aliados. A Ábalos le contestó el diputado de Unidos Podemos Marcelo Espósito: “No tiene derecho a impedir que los buques españoles salgan al Mediterráneo a impedir que rescaten a migrantes y refugiados”. Y en su réplica añadió: “Nos toma por tontos. El Gobierno hace dibujitos con la mano izquierda y emborrona con la derecha”, en alusión a las relaciones entre Fomento e Interior. Marta Sibina, diputada de los Comunes, ha comenzado a votar sistemáticamente en contra de todo lo que llegue a la Cámara hasta que no zarpe el ‘Open Arms’. Sibina rompe la disciplina de voto de su grupo y genera una situación incómoda en Unidos Podemos.

Iñigo Barandiaran, portavoz de Fomento del PNV, reclamó a Ábalos que “reconduzca la situación” para que los buques de ayuda humanitaria ‘Aita Mari’ y ‘Open Arms’ puedan salir al Mediterráneo a salvar vidas. Barandiaran calificó como “inaceptable” que los dos barcos permanezcan amarrados e insistió en que “la acción del Gobierno no puede ser ajena a las consecuencias que respecto de los Derechos Humanos pueda producir”.

En el último barómetro del CIS, el 11,1% de los encuestados señaló la inmigración como uno de los tres principales problemas de España. En junio, ese porcentaje era solo del 3,5%. La irrupción de Vox en Andalucía y el discurso duro del Pablo Casado en el PP contra la inmigración ha influido en el cambio en Moncloa en el tema. Podemos ha señalado a los ministros Grande-Marlaska y Ábalos por el cambio pero el Ejecutivo asegura que busca una respuesta común europea.

(Fuente: El Confidencial / Autor: Rafael Méndez)

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