Huelva: La denuncia de la CE sobre Doñana hace a CHG proponer el control directo del agua de regadío. Los “agropiratas” imponen la ley del miedo

La decisión de la Comisión Europea (CE) de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el deterioro ambiental que sufre Doñana y el incumplimiento de las leyes comunitarias de protección de la naturaleza ha obligado al Gobierno a reaccionar. Por eso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH) plantea abiertamente declarar como sobreexplotada la zona norte del acuífero que nutre la Reserva de la Biosfera.

Si se realiza esta declaración finalmente la Confederación Hidrográfica podrá adoptar las limitaciones correspondientes a las extracciones de agua y a la calidad de las aguas subterráneas. Tendrá todo el control. Falta por saber qué hará a este respecto la Junta de Andalucía, toda vez que el nuevo gobierno andaluz que preside el popular Juanma Moreno ha decidido disolver la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y diluir sus competencias entre varias consejerías, quedando las áreas de medio ambiente y aguas adscritas a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Cabe recordar que el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha anunciado que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía modificará el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana para que el agua llegue a todos los agricultores de la comarca del Condado de Huelva y para otorgarles seguridad jurídica. “La modificación de este Plan es un compromiso de Juanma Moreno, que lo incluyó en su programa electoral, para que el agua llegue a todos los agricultores que venían regando sus tierras históricamente y vamos a cumplir ese compromiso desde el Gobierno de la Junta de Andalucía”, ha remarcado. Puede ser el primer choque de importancia entre el Gobierno y la Junta. Con el futuro de Doñana en juego y una denuncia en los tribunales europeos como decorado internacional.

Sin embargo, en el Infome de Sequía y Diagnóstico de la situación publicado por la Confederación del Guadalquivir, el último el pasado 1 de febrero de 2019, no se califica la situación de esta zona como alarmante. Madre de las Marismas aparece en verde, en un escenario de normalidad. Eso sí, la CHG apunta a agua superficial y de lluvia en este caso, no al acuífero subterráneo.

La organización conservacionista WWF entiende que “la Comisión Europea interviene así para intentar salvar Doñana ante la inacción y los reiterados incumplimientos de las autoridades españolas, Ministerio de Transición Ecológica, Junta de Andalucía y ayuntamientos, que durante años no han hecho nada para evitar las extracciones ilegales que están secando el acuífero de Doñana”.

El procedimiento que acabará en los tribunales europeos tiene su origen en la queja presentada por WWF España el 5 de abril de 2010, en la que se denunciaba la extracción abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana con destino al cultivo intensivo de fresas y luego otros cultivos de frutos rojos. “Esta actividad está dañando gravemente el acuífero y los hábitats y especies protegidas por los que este espacio ha sido incluido en la red Natura 2000”.

Durante más de diez años, WWF España ha realizado un seguimiento exhaustivo y ha continuado aportando informes propios elaborados por expertos y de organismos públicos que demuestran la sobreexplotación y degradación progresiva del acuífero que alimenta Doñana y su grave repercusión en los hábitats y especies, sobre todo en la avifauna.

En un comunicado, la organización ecologista explica que a raíz de la queja de WWF, el 17 de noviembre de 2014, la Comisión Europea ya abrió un Procedimiento de infracción contra España, que terminó dos años después con un dictamen motivado el 28 de abril de 2016 por la evidente infracción de la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Hábitats y la Directiva de conservación de las Aves y que ante la alarmante situación del acuífero y la biodiversidad culmina ahora con la demanda de España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El motivo de la infracción de la Directiva Marco del Agua es el drástico descenso de los niveles de aguas subterráneas y superficiales temporales y el mal estado del agua debido a la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura intensiva para la producción de fresas y frutos rojos.

Respecto al incumplimiento de las Directivas de Hábitats y de Aves, WWF España también había denunciado como la degradación de determinados hábitats protegidos ha provocado la disminución y casi extinción de numerosas especies, algunas en riesgo crítico de extinción como la cerceta pardilla, explica en su último boletín informativo.

WWF España ha mapeado y denunciado durante años la existencia de más de 1.000 pozos ilegales y más de 3.000 hectáreas de cultivos ilegales de fresas y frutos rojos. Además, gracias al seguimiento regular mediante análisis de imágenes por satélite, WWF España ha demostrado recientemente cómo la superficie de cultivos ilegales y la proliferación de nuevas balsas y pozos ha vuelto a crecer ante la falta de control y la impunidad con que se expande la agricultura ilegal en el entorno de Doñana.

Durante más de una década, WWF ha alertado ante organismos internacionales como UNESCO, UICN, el Convenio de Ramsar y la Unión Europea la degradación de Doñana y la pasividad del Gobierno, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos que “en lugar de perseguir las ilegalidades, las han consentido”.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España es rotundo: “La agricultura que se practica en Doñana es insostenible y en buena medida ilegal y está poniendo en riesgo la viabilidad del espacio protegido más importante de Europa a la vista de las administraciones españolas que lo ha consentido durante muchos años”. A su juicio, “la situación es cada día más alarmante y la Comisión Europea ya no se conforma con medidas cosméticas; es hora de que el MITECO asuma su responsabilidad y cierre los cientos de pozos que tiene identificados y de que la Junta de Andalucía elimine las miles de hectáreas de cultivos ilegales”.

(Fuente: Diario de Huelva / Autor: R. Moreno)

Los agropiratas del agua imponen un régimen del miedo para mantener el expolio del acuífero de Doñana

Una combinación de impunidad y connivencia ha creado un régimen del miedo alrededor del Parque Nacional de Doñana. ¿El objetivo? Mantener el expolio del acuífero del que depende el espacio natural, por el que Europa ha llevado a España a los tribunales, y alimentar así el creciente sector de la agricultura de regadío. «Esa agua nos la roban a todos», sentencia el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez.

La realidad es que -mientras se abrían cientos de pozos, se multiplicaba la superficie de explotación y la cifra de negocio- los apenas diez inspectores encargados de supervisar la regulación de aguas patrullan incluso escoltados ante el acoso de los agropiratas, que utilizan agua extraída ilegalmente para sus campos. El Gobierno declarará el acuífero sobreexplado en la Junta de Gobierno de Doñana el 21 de febrero. La Confederación ha incoado 943 expedientes en los dos últimos años. Casi la mitad, 480, solo en la provincia de Huelva.

El proceso de clausura de pozos es lento. En febrero de 2019, 77 captaciones ilegales perforadas en suelo público de Lucena del Puerto siguen abiertas a a pesar de haber sido localizadas, expedientadas y sancionadas en 2014. Muchas están operativas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hizo firme la resolución en mayo de 2017 tras el recurso del Ayuntamiento de la localidad. Cinco años de prórroga llevándose el agua sin permiso.

En septiembre de 2018, cuando un inspector de la Confederación fue a comprobar si el Ayuntamiento había cumplido la orden de cerrar estos pozos -cosa que no había hecho-, un grupo de agricultores lo rastrearon y cercaron hasta acorralarlo en su coche. El funcionario pasó cinco días ingresado tras el shock.

«Fui a comprobar la ejecución de una resolución. A ver si los pozos seguían en el mismo estado porque se tenía que restaurar el área a la situación anterior a la apertura», cuenta a eldiario.es el inspector agredido que prefiere que su nombre no aparezca. «Por la zona en la que estaba, en el parque natural, entre pinares, me extrañó el movimiento. Allí no suele haber nadie. Pero es que ya son como una organización. Tienen sus puntos de control, sus avisos». Conducía un coche anónimo, sin distintivos. «Aun así dieron el aviso».

Lo que sucedió después en los pinares de Doñana fue una suerte de acecho al inspector. «Una auténtica cacería», rememora. «Yo conozco la zona y los caminos. Trabajo aquí desde 1994. Según me iba moviendo iban cerrando pasos. Iban rastreándome y cercándome las salidas».

El grupo con el que acabó enfrentado se coordinó para ir acumulando gente junto al inspector. Gracias a diferentes avisos entre ellos, consiguieron bloquear el automóvil de la Confederación en un paraje sin escapatoria. «Me cerraron en un sitio sin salida con un barranco a un lado y el lecho del río por el otro. Le tenemos acorralado, decían. Allí pretendían volcarme el coche con un tractor. No podía ni salir del coche. Llamé al 112 y la Guardia Civil apareció a los 45 minutos».

Eso fue el 21 de septiembre de 2018. «No era la primera vez. Tuve un episodio parecido en 2014». El pasado martes, cuatro meses después, eldiario.es recorrió ese campo de pozos junto a la Inspección de la CHG. Las captaciones están numeradas para no confundirlas o contarlas varias veces. Cada tubo tiene su equipo para alimentar la bomba que extrae el agua. «¿Están operativos?». «Claro. Nosotros no los podemos tocar sin una orden», explica un inspector. La Confederación ha decidido asumir la clausura y su coste: 65.000 euros que luego pasará al Ayuntamiento.

El clima ha provocado que los funcionarios deban extremar las precauciones al recorrer los campos. «Intentamos no ir solos. Acudir con agentes de la Guardia Civil…», cuentan al borde de una balsa de riego ilegal a la que llega sin cesar agua sacada sin permiso.

La balsa es una gran alberca vallada, con equipo de bombeo para enviar el líquido a las fincas. En su perímetro hay instaladas diversas tuberías de las que no para de manar agua.

Un hombre se acerca mientras este periodista observaba la infraestructura y no tiene reparo en admitir que es suya: «El dueño soy yo». Dice llamarse Francisco. Al tiempo que el presidente de la Confederación informa de que se trata de una balsa sin autorización, este agricultor replica en voz baja: «A mí me ha dado permiso el Ayuntamiento. Yo pago mis impuestos». Y se aleja. Uno de los agentes, tras despedirse, dice: «Qué mansito viene hoy, coño».

El Ayuntamiento al que se refiere es el de Lucena del Puerto. Uno de los cinco municipios –junto a Almonte, Rociana, Bonares y Moguer– de la corona forestal norte de Doñana. Sus regadíos fueron regulados en diciembre de 2014 en un plan especial que admite 9.300 hectáreas de cultivos de las que ya se han regularizado unas 4.500. No ha detenido el expolio.

Los gobiernos locales ceden el uso del suelo público a particulares a cambio de un canon anual de entre 300 y 600 euros. Y, según se desprende de diversas sentencias judiciales, se desentienden. Los agricultores perforan y conducen el agua sin pedir permiso. Es algo extendido, no exclusivo de un municipio.

Los tribunales han constatado cómo, una vez impuesta la sanción por parte de la Confederación, los Ayuntamientos repiten la misma argumentación en sus recursos: ellos solo ceden el terreno, no abren pozos. En Almonte, en Moguer, en Lucena, el Tribunal Superior de Justicia insiste: «El titular es responsable» y añade la responsabilidad de «no ejercer la vigilancia necesaria».

«Se pueden tirar una semana abriendo el pozo» y conectándolo con las balsas donde se acumula el agua robada. Un directivo de la CHG cuenta a eldiario.es que «he seguido conducciones durante más de tres kilómetros y no he sido capaz de encontrar dónde terminaban. Y si llegan a una carretera, la cruzan por debajo». Toda esa obra, aunque se ejecute rápidamente, no puede pasar desapercibida a los vecinos, al resto de trabajadores… ¿Pueden trabajar a escondidas una semana? «¿Por qué escondidos?», replican los encargados de rastrearlas. Esta situación exige, al menos, cierta connivencia. «Totalmente», remata el directivo que también exige el anonimato al hablar.

El inspector agredido en septiembre es de la zona. Algunos de sus compañeros vienen de comarcas más alejadas porque no dan abasto y por seguridad. «No tienen miedo porque saben que no les va a pasar nada», reflexiona el funcionario. «La situación se ha ido dejando, dejando y se han envalentonado. No he visto yo fincas cerradas tras las sanciones. Al contrario, hay más superficie».

Aparte del humedal más importante de Europa y Patrimonio de la Humanidad, los principales perjudicados por este clima son los agricultores 100% legales. La inversión para hacerse con suelo no baja de los 110.000 euros por hectárea, si tienen derechos de agua. Culpan a los piratas de «tirar para abajo de los precios». Y, sin embargo, no hay un movimiento para exponer a lo que pinchan el acuífero. Los técnicos explican que «muchos legales tienen también fincas irregulares». Y añaden que «donde plantó uno en una temporada, plantará otro a la siguiente». Se mantiene el silencio.

La agricultura de regadío a base de fresas, frambuesas o arándanos es un negocio de alta rentabilidad. Las exportaciones de estos tres frutos rojos pasaron de 522 millones de euros en 2011 a 1.067 millones en 2017. Más del 95% de la producción se concentra en Huelva. Toda esta situación podría pasar desapercibida, pero el agua que chupan los pozos es de la que vive el Parque Nacional de Doñana. Su entorno es el corazón del «oro rojo», como lo llaman.

Y esa agua es cada vez más escasa por el cambio climático. Las lluvias no reponen el acuífero al ritmo que se gasta. Esto ha hecho que la Comisión Europea haya llevado a España ante el Tribunal Europeo por el deterioro del parque. La próxima declaración de «en mal estado» del acuífero permitirá a la Confederación controlar más el agua que se saca. Reducir el volumen extraído a partir del máximo que permite la ley. Aún así, quedará pendiente lidiar con los agropiratas que han establecido ese régimen de temor. El inspector agredido remata: «Llevarme otra vez allí es llevarme al matadero».

(Fuente: el diario.es / Autor: Raúl Rejón)

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