¿Por qué no son víctimas de terrorismo los jóvenes del caso Almería?

Francisco Javier Mañas tenía ocho años el día que se celebraba, en el pueblo almeriense de Pechina, su primera comunión. “Recuerdo perfectamente a mi familia rota por la noticia de la muerte de mi hermano”. Su hermano era Juan Mañas, de 24 años de edad, asesinado entonces junto a Luis Manuel Cobo, de 29 años, y Luis Montero García, de 33. El crimen, a manos de guardias civiles, se conocería como el caso Almería, del que se cumplen este mes de mayo 35 años.

El benjamín de los Mañas tiene ahora 43 y recuerda a andalucesdiario.es la vergüenza que han sufrido durante toda esta etapa, al “no pedirnos nunca perdón el Estado español por la atrocidad que cometieron”. La única disculpa recibida, afirma Francisco, se produjo únicamente en los medios por parte del entonces ministro del Interior en aquella primera legislatura democrática, Juan José Rosón: “Ha sido un trágico error”.

‘SE TRATA DE TERRORISMO DE ESTADO’

La familia Mañas no ha cejado en su empeño para lograr el reconocimiento como crimen de Estado de la muerte de los tres jóvenes el 9 de mayo de 1981. Francisco Javier ha solicitado en tres ocasiones el reconocimiento de su hermano Juan, junto al resto de compañeros, como víctima del terrorismo, pero las tres peticiones le fueron denegadas por el Ministerio de Justicia. Las formuló en los años 2000, 2003 y finalmente en el 2006. “En todos los casos, y con diferentes gobiernos del PP y PSOE, nos han comentado que nuestros familiares no entran dentro de los parámetros al ser víctimas colaterales de un atentado, no víctimas directas”. La indignación de Francisco Javier va creciendo ante la pasividad de las administraciones. “Se trata de terrorismo de Estado al ser la Guardia Civil quien cometió estos asesinatos”, apunta. “Y el Estado ha sido el que más culpa ha tenido al encubrir a los guardias civiles que cometieron el asesinato de estos tres jóvenes inocentes”.

Francisco Javeir Mañas, hermano de Juan.

Francisco Javier Mañas, hermano de Juan, asesinado en 1981.

El periodista granadino Antonio Ramos Espejo, autor del libro ‘El caso Almería. Mil kilómetros al Sur’, afirma con rotundidad que “el llamado caso Almería pasa por ser uno de los episodios más negros de la democracia española, cuando en la madrugada del 10 de mayo de 1981, tres meses después del golpe de Estado del 23F, los cuerpos calcinados de tres jóvenes aparecen en un barranco de la carretera de Gérgal (Almería)”. Juan, Luis Manuel y Luis, procedentes de Santander, son detenidos por la Guardia Civil en una tienda de souvenirs en la localidad de Roquetas de Mar cuando viajaban en un Ford Fiesta. Ninguno de los detenidos conocía la noticia de que la noche anterior el teniente general Valenzuela había sufrido un atentado de la banda terrorista ETA, que llevaría las autoridades a la detención equivocada de las tres víctimas.

¿ALGO QUE AÑADIR? ‘NO’

Ramos señala que 35 años después de los hechos, “no se me olvidan las últimas palabras de los responsables de los tres crímenes, cuando el presidente del tribunal que los estaba juzgando preguntó antes de pronunciar la sentencia si los acusados tenían algo que manifestar: el teniente coronel Carlos Castillo Quero, principal imputado, dijo escuetamente “No”. “No”, manifestó también el guardia Fernández Llamas. El teniente ayudante contestó: “Lo siento muchísimo”. Sólo estas últimas palabras parecían indicar un mínimo de arrepentimiento”.

Francisco Javier recuerda que “era muy pequeño cuando ocurrió todo, pero no se me olvida cómo mi familia quiso aislarme por el dolor tan grande que supuso para todos la noticia, llevándome a pasar unos días a casa de unos amigos”, relata. El dolor y la impotencia marcaron para siempre a la familia de Juan Mañas, que ha luchado sin descanso para que se reconozca su condición de víctima. “Nunca se nos quitará ese sentimiento de angustia de que no se ha hecho justicia en este caso”, destaca Francisco.

TORTURADOS, DESCUARTIZADOS Y QUEMADOS

Castillo Quero, junto a otros once guardias, torturaron sin descanso a los tres inocentes en un antiguo cuartel abandonado de la localidad de Casafuerte (Almería). Al descubrir el error, intentaron borrar todas las pruebas simulando primero un tiroteo. Más tarde despeñaron el vehículo por un barranco. La atrocidad no quedó ahí. Los cuerpos fueron carbonizados, comprando gasolina con el propio dinero que sus víctimas llevaban en el bolsillo. Ramos apunta que “después del juicio, lo que había quedado más claro es que Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero no eran etarras y, lo más grave, que sus cuerpos fueron acribillados a balazos y luego quemados para que se borraran las huellas del crimen. Sin embargo, la verdad sobre los responsables de la brutal tropelía no quedó resuelta”.

Francisco Javier relata que “han recibido en alguna ocasión una llamada anónima de un familiar de uno de los guardia civiles aportando algunos datos que tampoco añaden más de lo que nosotros conocemos, cuando el Estado siempre ha protegido a estos criminales”. Incluso el pequeño de los Mañas destaca que a algunos de los guardias civiles “se le dieron unas viviendas en el pueblo costero de San José”. Las condenas a tres de los guardia civiles fueron de 24, 15 y 12 años, quedando ocho de ellos impunes. “Imagínate la rabia y la impotencia de saber que esta gente sigue sin ningún tipo de condena. Por eso solo pedimos que haya algún reconocimiento por parte del Estado, al menos una disculpa oficial”.

LA ÚNICA ESPERANZA, LA LEY DE MEMORIA ANDALUZA

Ramos apunta que quedan muchas dudas por despejar. Entre ellas, éstas: “El empeño de la Guardia Civil en mantener detenidos a los jóvenes, sabiendo que la Policía había aclarado ya que no se trataba de tres etarras; dado que los hechos que ocurrieron durante el interrogatorio, por qué razón sólo fueron acusados tres guardias civiles de diferentes escalas y quedaron libres de cargos los demás guardias integrantes de la caravana de la muerte; o si Mañas, Cobo y Montero estaban ya muertos antes de que los subieran al coche en el que aparecieron sus cuerpos carbonizados”.

La única esperanza de que los Mañas consigan el reconocimiento de víctima de Juan, Luis y Luis Miguel, se centra ahora en la ampliación rango de “represaliado” dentro de la nueva Ley de Memoria Democrática, cuyo trámite de aprobación está en marcha en el Parlamento de Andalucía. La nueva ley andaluza contempla en su artículo 5 una ampliación de ese rango incluyendo como víctimas un período que incluye hasta la Transición y la posterior entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, un largo período histórico que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982. Si la ley se aprueba finalmente en los términos previstos, el caso Almería le sería aplicable.

Fuente: www.andalucesdiario.es

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