Médicos andaluces contra el envío de datos de migrantes a la Policía. “Firmamos unos principios deontológicos que se contradicen con esa medida»

Cuando se enteró de las intenciones de Vox y su acuerdo con el PP, Blanca Valls, que trabaja en un consultorio rural de Beas, Granada, pensó “que se trataba de una broma”. Después, dice, vino la rabia. “No cabe en la cabeza de nadie”, apuntala esta médica de familia sevillana ante la promesa de ambos partidos de compartir datos sanitarios con la Policía para facilitar las expulsiones de inmigrantes en situación irregular en Andalucía.

Se le viene a la cabeza el rostro de una joven del este de Europa a la que atendió en urgencias y trató de derivar a su centro de salud tras detectarle una patología crónica, a lo que ella respondió que no tenía médico de familia. O un chico de Senegal que «no existe en ningún papel» y que, debido a barreras administrativas como el idioma, deja de acudir al centro y tiene que «salir a buscarlo».

También recuerda a esos pacientes a los que ha metido en su consulta tras encontrárselos en la calle o en la puerta del centro de salud para sortear semanas de trabas burocrática. Y a quienes, mientras trabajaba en La Mojonera (Almería), no podía más que recetar Ventolin para sus hijos, aunque sabía que su problema real era que no tenían agua ni luz.

Varios médicos andaluces han mostrado su rechazo hacia la propuesta de Vox. «Se va a dejar fuera a gente que lo necesita, a quienes tienen menos recursos», considera Valls. Sienten indignación, cautela, y un poco de miedo pero, enfatizan, están dispuestos a desobedecer para garantizar el derecho a la salud, si hubiese algo en su mano.

Irene Fernández también es médica de familia en Granada. «Ninguno de nosotros podemos estar a favor, porque al acabar la carrera firmamos unos principios deontológicos que se contradicen con esa medida», indica sobre la propuesta de Vox en Andalucía introducida en el acuerdo del PP.  La doctora desconoce si alguno de sus pacientes se encuentra en situación irregular. Tampoco le importa, dice, a no ser que ellos lo quieran contar como desahogo. Por eso, en caso de que el Partido Popular impulsase la propuesta de Vox, teme que un día, de repente, alguno de sus muchos pacientes deje de ir por miedo a ser expulsado.

«Si se pone en marcha la propuesta de Vox de ceder los datos sanitarios, quizá deje de ver a algunos de los pacientes. Y si te preocupas por ellos, quizá podamos intuir qué ha pasado con ellos», indica Fernández. Nada dependería de ella, pero siente «indignación» solo de pensar «que eso pudiera llegar a o ocurrir».

Valls incide en esta idea. “Nosotros, los médicos, solo vemos a los que llegan a la consulta, pero sabemos que algunos se quedan en el paso de antes, el administrativo. En mi consulta, persona que venga, persona a la voy a atender, el problema es que lleguen”.

Aquí reside su principal temor, el mismo que vienen denunciando las organizaciones sociales: que la población inmigrante en situación irregular se lo piense dos veces antes de ir a su consulta. “Se va a dejar fuera a gente que lo necesita, quienes tienen menos recursos. Por el hecho de ser pobres y hablar otro idioma ya tienen una barrera muchísimo más grande que nadie. Aunque en Andalucía no se haya aplicado el Real Decreto, hay gente que ha dejado de venir por trabas administrativas. Si a todas las barreras se le suma esta, aunque no se lleve a cabo, el miedo de la gente de multiplica por 100%”, esgrime.

Javier Padilla, médico de familia sevillano, que trabaja actualmente en Madrid, también ve en el efecto disuasorio una de las consecuencias de propuestas como la de Vox. «Si Vox y el PP quieren que la sanidad sirva como detector de inmigrantes, irán a la administración. Será una medida inefectiva para aumentar las deportaciones, pero efectivo para crear una barrera a la asistencia sanitaria de las personas sin papeles», sostiene el también fundador del colectivo Silesia.

«Desde el Real Decreto de 2012, se habla de barreras informales y formales a la sanidad. Una de las barreras informales más fuertes es que el miedo de su contacto con las instituciones públicas le suponga una orden de devolución o de expulsión», continúa Padilla.

Como han denunciado ya varias organizaciones sociales, «el daño podría estar hecho» aunque la medida no llegase a aplicarse. «En cuanto se corra la voz dentro del colectivo se notarán las consecuencias. Probablemente el mero anuncio ya construye la barrera. Son colectivos para los que es muy fácil crearlas y es mucho mas difícil desmontarlas», cuestiona el doctor sevillano, quien tiene claro que, en el caso de que la Junta exigiese la colaboración de los facultativos para delatar a los inmigrantes en situación irregular esta «nunca se produciría».

Del mismo modo, ante la posibilidad de que los profesionales se vean obligados a facilitar este tipo de datos, Valls es tajante: «No es mi trabajo: yo no soy Policía ni jueza: mi labor es atender a la gente dentro y fuera de la consulta, yo tengo que dedicarme a esto”.

En la misma línea se posicionó el  presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de Andalucía en declaraciones para eldiario.es. «Nosotros, como médicos, lo que tenemos que hacer es atender a nuestros enfermos sin importarnos si son españoles o no, si son de una raza o de otra, si tienen unas ideas políticas u otras. Si las autoridades sanitarias quieren hacer distinción, eso a los médicos no nos incumbe ni tenemos que hacerlo», afirmó esta semana Emilio de la Torre.

«Tengo un poco de miedo», reconoce de pronto Fernández. ¿De qué? «De todo esto. Si tuviese que desobedecer para proteger a mis pacientes de una medida como esta, lo haría. Pero tampoco sé muy bien cuál es la base legal…», duda la doctora. Sabe que otros médicos se vieron empujados a hacerlo para defender el derecho a la sanidad universal, pero su comunidad autónoma se negó a aplicar la normativa.

Andalucía fue una de las primeras comunidades autónomas en rebelarse contra la reforma del Gobierno del PP de 2012, que excluía de la sanidad universal a los inmigrantes en situación irregular excepto embarazadas, menores y casos de urgencias. Aquel año, una instrucción del Servicio Andaluz de Salud reconocía el derecho a la asistencia a personas extranjeras en situación irregular y sin recursos en los centros públicos.

Padilla ve en la desobediencia de los médicos una de las posibles respuestas a este tipo de medidas, bajo el ejemplo del colectivo Yo Sí Sanidad Universal. «Si esto sucediera, la respuesta la han mostrado muy clara el colectivo Yo sí Sanidad Universal, por el que se aúnan migrantes indocumentadas, con personal sanitario  para identificar los huecos del sistema para poder entrar en ellos», recuerda el médico sevillano.

«No es el mismo caso, pero se podrían buscar también las grietas del sistema para que no pudiese identificarse su situación administrativa al atenderles», apunta Padilla.

Por su parte, sobre  la posibilidad de que desde las instituciones sanitarias compartan esta información, la Organización Médica Colegial de España se ha limitado a remitir al Código de Deontología Médica. En los apartados relativos al secreto profesional, el código hace hincapié en que los profesionales deben emplear “todos los medios disponibles a su alcance para preservar la confidencialidad de la información clínica, incluyendo el uso de la base de datos”.

Asimismo, establece que los médicos directivos deben velar “por una separación clara” entre la documentación clínica y la administrativa, “garantizando el nivel de acceso correspondiente en cada caso”. “El médico no debe colaborar en ninguna base de datos sanitarios si no está garantizada la preservación de la confidencialidad de la información depositada en la misma”, recalca el texto.

Por su parte, Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz, defiende que esta medida “entra de lleno en el terreno de la política” y recalca que desde su organización seguirán defendiendo la sanidad pública con el nuevo Gobierno. “Es un bien que hay que cuidar. Debemos ser muy celosos para tener un bien tan preciado como es la sanidad de calidad. Defendemos que cualquier ciudadano tenga acceso a ella y una atención con garantías”, responde. “Para nosotros lo que hay son pacientes”, sostiene Carrasco.

“Es un derecho, pero hablamos, además, de la gente más sana y que menos consultas y medicamentos consume”, recuerda Valls. En 2017, 47.445 personas en situación irregular y sin recursos fueron atendidas en el sistema andaluz de salud, lo que supone el 0,56% del número total de usuarios aquel año, que superó los ocho millones. “A mí me da mucho miedo el rechazo en la sociedad, que alguien esté en la consulta esperando y que se encuentren con estas actitudes y no pase nada”, concluye la médica, con los rostros de varios de sus pacientes clavados en la cabeza.

(Fuente: el diario.es / Autores: Icíar Gutiérrez y Gabriela Sánchez)

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