Los pactos del PP con Cs y Vox supondrán la transferencia de millones de euros públicos a la Iglesia Católica y a las farmacéuticas

Los acuerdos que el PP ha firmado con Ciudadanos y con el partido de ultraderecha Vox en Andalucía para hacer presidente a Juanma Moreno, de ejecutarse a lo largo de los próximos cuatro años en toda su extensión, implicarán una importante transferencia del presupuesto público, que ahora se gasta en los institutos, centros de salud y hospitales públicos de Andalucía, a manos privadas.

Si Moreno cumple los pactos e impulsa a fondo dos de las reformas que tiene firmadas tanto con Vox como con Ciudadanos, liquidar la subasta de medicamentos y concertar el bachillerato, las empresas farmacéuticas y la Iglesia recibirán millones de euros públicos que en este momento no reciben. El presupuesto de la Junta en Educación y Sanidad ascendió el año pasado a más de 15.000 millones de euros.

El modelo que emerge del pacto de la Navidad entre PP y Ciudadanos es profundamente conservador en lo social, y profundamente liberal en lo económico. Rezuma confianza en los emprendedores, prevé bajos impuestos, y promete adelgazar la administración pública. Es pronto para asegurar nada y ningún detalle han dado PP y Ciudadanos, que formarán un gobierno de coalición la próxima semana, del cómo, del cuándo y hasta dónde van a ejecutar sus acuerdos. Pero de la lectura de los documentos se extrae que se producirá una merma en el Estado social que existe en Andalucía, con graves y evidentes deterioros en los últimos tiempos, después de 36 años de Ejecutivos de corte más o menos socialdemócrata.

Es imposible, por tanto, saber en este momento la factura final que le acabará pagando el Gobierno de Andalucía a las compañías farmacéuticas en los próximos años, pero existen cifras que pueden dar una orientación del negocio que estas se han perdido en estos años, y que, según ha defendido hasta ahora la administración socialista, ha evitado mayores problemas en la sanidad pública. Así, la subasta de medicamentos, según los cálculos de la Consejería de Salud, ha permitido ahorrar al Sistema Andaluz de Salud hasta 568 millones de euros entre 2012 (cuando la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la sazón consejera de Salud, implantó el modelo con el objetivo de hacer más eficiente el gasto en farmacia) y 2018.

Esta medida, desde que Montero la puso en marcha, con José Antonio Griñán (PSOE) como presidente, ha estado en el disparadero y ha recibido en este tiempo fuertes críticas de los farmacéuticos, de las empresas y del PP, que la rechazó desde el primer minuto al entender que provocaba desabastecimientos, algo que siempre ha negado la Junta de Andalucía. La subasta fue de hecho recurrida ante el Constitucional por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero esa vía fracasó, porque el tribunal legitimó su uso.

Concertar el bachillerato

Además de las empresas farmacéuticas y las farmacias, la Iglesia católica y las empresas educativas también recibirán una fuerte inyección de dinero público si Moreno ejecuta su programa hasta el final. Con Ciudadanos ha pactado proteger con fondos públicos “los dos modelos educativos”, el público y el concertado y habilitar “progresivamente la implantación del bachillerato concertado y la extensión del Bachillerato Internacional en Andalucía”. Luego, con Vox añadió también la previsión de mimar la que llaman educación diferenciada, la que segrega por sexos, y que el PSOE hasta ahora ha tratado por todos los medios de mantener fuera del sistema público. Pero en este tema, perdieron los socialistas. El Tribunal Constitucional terminó por concluir que la educación diferenciada puede recibir dinero público como “el resto de centros educativos” porque si no, “cercenaría de raíz, no solo el derecho de los padres a elegir centro docente, sino también el derecho de creación de centros docentes”. En Sevilla hay seis colegios que segregan.

Para encontrar una referencia del amplio margen que tiene el Gobierno sustentado por la triple alianza de PP, Ciudadanos y Vox, para aumentar el dinero público que hoy recibe la Iglesia católica por los conciertos, se puede acudir al informe Sistema estatal de indicadores de la educación 2018, que edita el Ministerio de Educación y que se puede consultar aquí. Ahí se lee que el gasto público en educación se elevó en toda España a 46.597,8 millones de euros para el año 2015. De ellos, 5.915,9 millones de euros se dedicaron a financiar la enseñanza privada concertada, lo que representa un 14,1% del gasto público total en educación.

En Andalucía la educación es hoy eminentemente pública. En ese año -el último en que se puede hacer la comparación entre CCAA- fue la cuarta comunidad que menos fondos transfirió a la escuela concertada, que, en su amplia mayoría, gestiona la Iglesia católica: un 10% -746 millones de euros- cuatro puntos menos que la media española. Solo Castilla-La Mancha (9,1 %), Canarias (8,1%) y Extremadura (8%), dedicaron hace tres años menos presupuesto a los conciertos. Las comunidades que más dinero transfieren a la Iglesia fueron: País Vasco (24,4%), la Comunidad Foral de Navarra (21,1%) y Madrid (19,6%).

Por tanto, los márgenes que tiene Moreno para ampliar el negocio de la Iglesia católica y de otros operadores minoritarios en el ámbito de la educación, es muy amplio. Por ejemplo, si PP, Ciudadanos y Vox decidieran elevar en 4 puntos el gasto en conciertos y, con ello, situarse en la media española, la transferencia de lo público a lo privado aumentaría por este concepto en Andalucía unos 300 millones de euros anuales, si se toman como referencia las cifras brutas del año 2015. Cada punto de aumento equivaldría por tanto a más de 70 millones.

Si a esto se le añade el concierto del bachillerato, tal y como tiene firmado el PP, las cifras de negocio crecen todavía más. Sirva como referencia un estudio que elaboró en el año 2012 el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y que estimó el coste de concertar el Bachillerato para las arcas del Estado en unos 250 millones de euros. Casi el 20% de los alumnos y alumnas en España que estudian Bachillerato lo hacen  en Andalucía, por lo que se puede estimar que entonces, de haberse concertado en aquel año, le hubiera costado a la Junta unos 50 millones.

(Fuente: Público / Autor: Raúl Bocanegra)

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