Las 28 páginas secretas del informe estadounidense del 11-S

Estados Unidos debe a Arabia Saudí casi 117.000 millones de dólares. El Departamento del Tesoro ha hecho público el monto de la deuda de Washington con la monarquía petrolera del Golfo por primera vez en 40 años. El dato permanecía oculto en base a un acuerdo que data de los años setenta, según la agencia Bloomberg (se agrupaba en el total de las deudas a los países exportadores de petróleo, incluidos los Emiratos Árabes, Kuwait o Nigeria) y se ha conocido prácticamente coincidiendo con la luz verde del Senado a que los familiares de las víctimas de los atentados del 11-S puedan demandar al reino saudí.

En los últimos días se está produciendo una cascada de declaraciones y de rumores en Washington sobre la trama saudí ante la anunciada desclasificación de 28 páginas del informe del Congreso sobre el 11-S. 15 de los 19 terroristas que atentaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono eran saudíes.

Tras la aprobación del Senado, ahora es la Cámara de Representantes la que debe pronunciarse, pero Barack Obama ya ha advertido que impondrá su veto. El mes pasado, Obama visitaba Riad con este espinoso asunto entre manos, y The New York Times publicaba que Arabia Saudí podría liquidar 750.000 millones en valores que posee en Estados Unidos. El 3 de mayo el ministro saudí de Exteriores, Adel bin Ahmed al Jubeir (en la foto adjunta junto a Kerry), desmintió que su país estuviera ejerciendo semejante presión.

Sin embargo, el temor a esta amenaza –aunque sea “velada”- ha hecho fortuna, porque las sospechas sobre lo que ocultan las 28 páginas del informe del 11-S guardadas en el Capitolio no hacen sino aumentar. Y la posición del Gobierno saudí es la siguiente: no solo acepta sino que pide que el documento se haga público porque no tiene nada que ocultar, pero al mismo tiempo rechaza que ciudadanos estadounidenses puedan presentar demandas contra súbditos saudíes.

El ministro Al Jubeir dijo la semana pasada en Ginebra que “nuestra posición desde el 2002, cuando apareció el informe, ha sido que se difundan las páginas. Sabemos por altos funcionarios de Estados Unidos que las acusaciones hechas en las 28 páginas no se sostienen. Luego, sí. Publiquen las 28 páginas”.

Las 28 páginas del informe se han mantenido clasificadas por dos motivos, ambos oficiales: porque podrían revelar detalles de cómo se efectuó la investigación y porque su publicación podría afectar a personas inocentes. Se trata del informe de la investigación del Congreso, concluido en el 2002, y la decisión de censurarlo se tomó bajo la presidencia de George W. Bush.

Pero resulta significativo el comentario del ministro saudí Al Jubeir al reconocer que en el documento figuran acusaciones. Y es interesante el hecho de que otro informe, el de la Comisión nacional del 11-S, determinara en el 2004 que no había “ninguna prueba de que el Gobierno saudí, en tanto que institución, o que altos representantes saudíes, individualmente, financiaran a Al Qaeda”, la organización terrorista que se atribuyó –a través del propio Osama bin Laden- la autoría de los atentados.

Ahora, dos importantes miembros de una y otra comisión han roto el silencio señalando la trama saudí.

Primero fue, el mes pasado, el ex senador demócrata Bob Graham, quien como presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado fue vicepresidente de la comisión del Congreso que elaboró el informe del 2002. Graham pidió la desclasificación de las 28 páginas, apuntando a que diplomáticos saudíes habían financiado a los terroristas del 11-S.

Y el pasado 12 de mayo, el diario británico The Guardian publicaba cómo por primera vez uno de los 10 miembros de la Comisión del 11-S se desmarcaba del resto. John F. Lehman, un republicano que fue secretario de la Armada con el presidente Ronald Reagan, decía en una entrevista que “nuestro informe (del 2004) nunca tendría que haber sido visto como una exoneración de Arabia Saudí” y que “algunos de entre los muchos individuos saudíes que ayudaron a los secuestradores –de los aviones- trabajaban para el Gobierno saudí”.

En concreto, Lehman acusaba a 5 saudíes. La comisión tan solo señaló a un diplomático, Fahad al Thumairy, del consulado saudí en Los Ángeles, quien fue deportado a Arabia Saudí, donde no se le acusó de nada.

Los rumores más recientes en Washington, según France Presse, apuntan a que este hombre facilitó dinero a dos de los terroristas, los primeros en llegar a EE.UU., Nawaf al Hazmi y Jalid al Mihdar. Pero ese dinero le habría llegado de manos de la princesa Haifa al Faisal, nada menos que la esposa del entonces embajador en Washington, el príncipe Bandar, buen amigo del presidente George W. Bush, a cuyo rancho solía acudir. Otro sospechoso sería el agregado de aviación civil en California, Omar al Bayumi, también vinculado a los dos terroristas. Al Bayumi fue interrogado en Gran Bretaña diez días después de los atentados, sin mayores consecuencias.

Resulta interesante que la esposa del príncipe Bandar fuera mencionada en el informe del 2004: “No hay ninguna prueba de que la princesa saudí Haida al Faisal haya aportado fondos al complot, fuera directa o indirectamente”.

¿Y el príncipe Bandar? Embajador en Washington y más tarde jefe de los servicios de inteligencia saudíes, el príncipe Bandar bin Sultan al Saud es uno de los personajes más conspicuos –y oscuros- de la casa real saudí, cuya sombra se proyecta hasta ayer mismo.

En julio del 2013 se rumoreó que había visitado a Vladímir Putin para ofrecerle de todo a cambio de que aceptara una resolución contra el régimen sirio en el Consejo de Seguridad de la ONU: conservar la base naval de Tartus, garantías de que los terroristas chechenos no atentarían contra los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi, una compra de armas por 15.000 millones de dólares, inversiones en Rusia, un pacto para regular el precio del petróleo y la promesa de que Arabia Saudí no permitiría a Qatar exportar gas a través de Siria dañando los intereses de Rusia.

El terrorista encarcelado en EE.UU. Zacarias Moussaoui, cuya salud mental nunca ha estado muy clara, ha acusado al príncipe Bandar de ser un financiador de Al Qaeda.

Pero John F. Lehman no acusó a ningún miembro de la realeza saudí. Más bien señaló que detrás del diplomático Al Thumairy estaba el Ministerio de Asuntos Islámicos saudí… Según él, las dos comisiones se centraron en los mismos personajes, y en el informe de la que formó parte se borraron nombres. Algunos de sus miembros, a puerta cerrada, protestaron .

Según publicó The Guardian, el director ejecutivo de la comisión, Philip Zelikow, expulsó a uno de sus miembros por protestar y por haber obtenido fuera del cauce oficial una copia de las 28 páginas. Otros dos miembros se enteraron de que se habían borrado nombres de su informe y corrieron a medianoche a la oficina para comprobarlo. Philip Zelikow fue promocionado en la Administración Bush. El miembro expulsado era la única mujer, Jamie F. Fielding, vicefiscal general con el presidente Bill Clinton.

La Comisión del 11-S tenía en total 13 miembros. Sus responsables, Zelikow y el presidente y vicepresidente, Thomas H. Kean y Lee H. Hamilton, siguen defendiendo la versión oficial y se oponen a la publicación de las 28 páginas. Otros dos miembros, Timothy Roemer y Bob Kerrey, sí son partidarios, e incluso Kerrey apoya a las familias de las víctimas de los atentados que demandaran a Arabia Saudí.

((Fuente: La Vanguardia / Autor: Félix Flores)

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