El Ayuntamiento de Cádiz intenta desahuciar a 25 sintecho okupas en la Casa de Cádiz de Barcelona. Tras denunciarse se echa atrás

El frontispicio de la Casa de Cádiz da la bienvenida a los sintecho de Barcelona. Una estelada, una bandera andaluza con la estrella roja de cinco puntas y la rojinegra anarquista ondean sobre el dintel, señal de que el local vacío hasta hace poco ha recobrado vida.

La casa regional había caído en un profundo letargo, ajena al trajín que se da apenas 100 metros más arriba, donde los turistas pululan delante de la Sagrada Familia. “Este espacio llevaba más de 14 años abandonado”, explica Lagarder Danciu (foto adjunta), a la cabeza de la toma del inmueble de dos plantas. Personas sin hogar llevan un par de meses adecentándolo para convertirlo en un “hostal autogestionado” para gente que se ha visto abocada a la calle.

El local okupado hospeda a 25 habitantes que antes dormían en cajeros, en estaciones o incluso al raso algunas noches. La “gran sorpresa”, señala Danciu, ha sido toparse con una denuncia por usurpación en el juzgado que, según el abogado del colectivo, consta presentada por el Ayuntamiento de Cádiz, que es copropietario del edificio y está liderado por el alcalde de PodemosJosé María González, Kichi, quien se comprometió a luchar contra los desahucios.

“Este señor dice en su perfil de Twitter que es anticapitalista. ¿Qué anticapitalista es si ordena a los servicios jurídicos de su ayuntamiento poner una denuncia y desalojar a gente sin casa?”, reprocha Danciu, que se enroló a Podemos en sus inicios y se presentó como candidato para el Consejo Ciudadano del partido en Sevilla. “Me di cuenta rápido de que era propaganda y que había gente con ganas de ocupar sillones y no realmente de cambiar cosas”, reniega este agitador activo en clamar por los indigentes, conocido por irrumpir en un acto de Mariano Rajoy y la plana mayor del PP antes de las generales de 2016 y, últimamente, por reventar conferencias de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Consultado por este diario, el Ayuntamiento de Cádiz rebaja su responsabilidad en la denuncia, avanzada por el medio Tot Barcelona. El gobierno municipal responde que no ha interpuesto “ninguna denuncia judicial” contra los sin hogar. No obstante, admite que “ha actuado a requerimiento de los Mossos d’Esquadra”. Sostiene que la policía catalana avisó al Consistorio de la okupación, advertida por vecinos. La corporación gaditana comparte la propiedad de la finca con una entidad privada y aduce que desatender el requerimiento de los agentes podía suponer prevaricación. El Ayuntamiento se basa en eso para justificar por qué instó a los Mossos a intervenir, algo que asegura que buscaba “garantizar también la seguridad del edificio”.

“Puede que se deba a una cuestión burocrática, pero no es cierto que estén obligados a denunciar por la vía penal”, rebate el abogado de la rebautizada Okupa Casa Cádiz, Bernat Barceló. “El dueño de un inmueble tiene mil formas para hacer valer su titularidad. Puede acudir a la vía civil, iniciar una mediación o hacer una cesión de uso”, enumera el letrado, que reconoce que la denuncia les ha sorprendido “por el perfil del alcalde” de la ciudad andaluza.

Barceló ha contactado con el Gabinete de Alcaldía de Cádiz para tratar la situación. “Dicen que tienen el asunto sobre la mesa y estamos pendientes de que nos digan algo más”, afirma. Además, el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido a los okupas que paren las obras a raíz de “una queja vecinal”, indican fuentes municipales. En la segunda planta se ultima una zona de duchas para vagabundos.

El litigio que podría desembocar en expulsión se halla en una fase “muy inicial”, aclara Barceló. Precavidos, el candado suele estar echado en la Casa de Cádiz y hacen guardia por si acudiera la policía. “Pedimos al señor Kichi que se siente con nosotros, que negociemos y busquemos una solución. Nadie está en este local porque quiera, sino porque no tenemos casa”, subraya Danciu. Pretende que la estancia de los sintecho sea permanente en la finca, elegida por pertenecer a “un ayuntamiento del cambio”: “Quería ver si nos echaban. Siendo año electoral, pensaba que no se mojarían”.

El Juzgado de Instrucción 25 de Barcelona ha ordenado a la Guardia Urbana que identifique a los moradores. Uno de ellos es A. S., un refugiado que llegó a España hace siete meses tras huir del Líbano. Antes pasaba las noches en la estación de Sants, en paradas de autobús o en la escalinata de una iglesia con su madre, de 68 años, y su hermana, de 32 años y discapacitada psíquica.

“Cuando dormíamos en la calle, mi madre o yo nos quedábamos despiertos para cuidar a mi hermana y vigilar”, detalla. Revela que llevan más de cuatro meses esperando una plaza de albergue. “No nos dan ninguna esperanza de que nos vayan a ayudar. Siempre están completos”, lamenta. En el barrio del Poblenou se han comprometido a forzar la entrada de una vivienda deshabitada y entregársela a ellos. Otra familia con dos menores que escapó de la guerra en Ucrania lleva casi un mes en el recinto okupado, faltos de un cobijo prestado por la Administración.

“En los ayuntamientos cuelgan las pancartas que dicen welcome refugees, pero hay muchas personas refugiadas tiradas en la calle”, recrimina el activista Danciu. La cifra de sintecho, chabolistas y acogidos en servicios asistenciales en Barcelona creció de 2.017 personas en 2008 a 3.383 en 2017, según un informe en el que colaboró el Ayuntamiento, que habla de un incremento “alarmante en toda Europa” de gente sin hogar.

“La situación está empeorando. Cada vez hay más gente en la calle”, afirma Danciu, que arremete contra Colau y Kichi desde el interior de la cada okupada: “Son neoliberales disfrazados de progres. La verdadera izquierda está aquí dentro”.

Tras la denucia, ahora afirma ahora que no desalojará a los okupas

El Ayuntamiento de Cádiz ha asegurado, mediante un comunicado,  días después de denunciarse los hechos, “que no se ha ejecutado ni se ha dado orden de desalojo de la Casa Cádiz en Barcelona”, desmintiendo así “las informaciones aparecidas” tras hacerse eco EL MUNDO de que la Casa de Cádiz en Barcelona, ocupada por un colectivo, está inmersa en un expediente judicial por usurpación que implica el desalojo del inmueble, según las declaraciones del activista Lagarder Danciu y del abogado del colectivo Okupa Casa Cádiz, Bernat Barceló.

a portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, sostiene ahora que en el Ayuntamiento que lidera José María González ‘Kichi’ “ni se tiene, ni se ha tenido en ningún momento, la más mínima intención de desahuciar a las personas sin hogar de Barcelona. Eso es totalmente incierto”, incide, pese a la existencia de esa denuncia por usurpación en el juzgado que, según Lagarder, Barceló y el propio Ayuntamiento de Cádiz, la desmiente. Y asegura también la edil que “no sabemos con qué intención se ha buscado dañar no sólo la imagen de este Ayuntamiento, sino una de las sensibilidades por la que vinimos a las instituciones: velar por los colectivos más vulnerables”, y se ha preguntado “si alguien se cree que podemos abrir un nuevo centro para la atención a personas sin hogar en Cádiz y desalojarlas en Barcelona”.

La concejala ha explicado que, tras la denuncia realizada por los vecinos del edificio, “nos llegó un requerimiento de los Mossos que atendimos, ya que de no atender esta denuncia velando por el patrimonio de la ciudad estaríamos prevaricando. Algo que tampoco vamos a hacer”. Es ese requerimiento de los Mossos, tras una denuncia vecinal, el que ha activado un expediente, que se encuentra en una fase muy inicial, y cuyo culmen será, presumiblemente, el desalojo. “Entretanto debemos buscar una solución con este colectivo”.

Esta explicación sí concuerda con lo manifestado por Bernat Barceló, que explicó a EL MUNDO que la denuncia “puede que se deba a una cuestión burocrática, pero no es cierto que estén obligados a denunciar por la vía penal”. “El dueño de un inmueble tiene mil formas para hacer valer su titularidad. Puede acudir a la vía civil, iniciar una mediación o hacer una cesión de uso”, enumera el letrado, que reconoce que la denuncia les ha sorprendido “por el perfil del alcalde” de la ciudad andaluza.

Ana Fernández ha explicado que desde el servicio jurídico del Ayuntamiento de Cádiz “se han puesto en contacto con el representante y abogado del colectivo que se encuentra alojado en la Casa Cádiz para encontrar una solución, a través de una cesión temporal sin ánimo de lucro, para que estas personas tengan un techo”. Así, ha aseverado que “no vamos a ejecutar ningún desalojo”.

Respecto a la situación en la que se encontraba la Casa Cádiz, la edil ha señalado que “se trata de un inmueble cuya propiedad es compartida con una entidad financiera privada y que llevaba más de una década abandonado y sin el más mínimo interés del anterior equipo de gobierno del PP por encontrar solución”. El edificio “está en un proceso de venta y en búsqueda de comprador, porque dada la situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento de Cádiz no se puede permitir que la ciudad deje de ingresar la cantidad que supone un local de estas características”.

“Más allá del protagonismo en las redes sociales”, ha subrayado Ana Fernández, “se trata de una cuestión muy seria que hay que abordar con responsabilidad porque nos preocupan las personas sin hogar de Cádiz, de Barcelona y de cualquier parte del mundo”. Por eso, “nosotros hemos llevado este asunto directamente con el abogado y el representante de este colectivo, sin hablar con otras personas intermediarias”, ha apuntado.

(Fuente: El Mundo / Autores: Jordi Ribalaygue y Laura Garófano)

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