La plataforma Andalucía por el Derecho a Decidir denuncia el carácter político de los juicios a presos políticos catalanes y pide su excarcelación
Ante los últimos acontecimientos políticos y judiciales desplegados tanto por la Abogacía del Estado como por la Fiscalía, desde la plataforma Andalucía por el Derecho a Decidir queremos:
- Pedir la inmediata excarcelación de todos los presos políticos catalanes.
- Denunciar por un lado el carácter parcial de sistema judicial y por otro lado la naturaleza represiva y antidemocrática de estos juicios políticos que el estado español pretende poner en marcha contra representantes políticos, sociales y nacionales del pueblo de Cataluña.
- Por tanto pedimos la paralización de todos los procesos judiciales iniciados, así como el archivo de todas las causas abiertas tanto contra todos los presos como contra todos los exiliados.
- Pedimos también la expulsión de los cuerpos represivos estatales del territorio de Cataluña como primer paso para que se puedan recuperar elementos claves de la soberanía nacional, hoy claramente amenazados o restringidos como la libertad de expresión, de reunión, asociación y manifestación.
En los últimos tiempos hemos sido testigos de una persecución política a los partidos y organizaciones sociales y culturales de Cataluña que han defendido derecho democrático a expresar la voluntad popular en referéndum en relación con el derecho de autodeterminación y a la independencia de Cataluña. Hemos visto cómo el Estado español ha practicado un sabotaje institucional en toda regla contra las instituciones de gobierno catalanas hasta su suspensión primero y sometimiento después por medio del arbitrio judicial y el tutelaje económico. El Estado español a través de su cuerpos policiales y militares ha reprimido al pueblo de Cataluña mientras este votaba masivamente. Todo un ejemplo del tipo de tolerancia que prevalece en el Estado y respeto que tiene a la participación democrática de la ciudadanía. Las manifestaciones populares de masas que se desarrollaron después del 1 de octubre de 2017 y que desarrollan hoy día son reprimidas con total impunidad. Al tiempo desde desde distintas instancias estatales son alentadas y amparadas sin el menor pudor expresiones fascistas y movilizaciones reaccionarias que se están desarrollada a lo largo de todo el territorio del Estado pero especialmente en Cataluña a instancias de los partidos más reaccionarios del arco político. Se han encarcelado a representantes políticos, sociales y nacionales catalanes por defender el derecho democrático a decidir y denunciar la represión. Se persigue a representantes y a militantes de organizaciones populares por salir a la calle a manifestarse pacíficamente. Así las cosas a pocos pueden ya sorprender las acusaciones de la abogacía del Estado y la Fiscalía. Pero que este estado de excepción se haya convertido en el estado normal de las cosas no significa ni mucho menos cerrar los ojos, tapar la boca, dejar caer los brazos. Hoy más que ayer hemos de insistir en la denuncia de estas injusticias y en extender la solidaridad entre los sectores populares de los pueblos del Estado y así poder estrechar lazos de unión en la defensa de derechos democráticos esenciales tales como el derecho a decidir.
Los hechos que se suceden en Cataluña no son un hecho aislado, responden a una lógica estructural de un sistema político y económico que tiene por objetivo defender los intereses de una minoría (de unas élites) en contra de los intereses populares de una amplia mayoría del pueblo de Cataluña.
Los últimos acontencimientos judiciales y políticos que denunciamos no hacen sino clarificar la esencia falsamente democrática del Estado español y dejan en el más absoluto descrédito a sus infames representantes. Revela la auténtica y centenaria farsa de la independencia de poderes.
Todos los poderes del Estado actuan coordinados, en el mismo sentido y con total interdependencia, en el sojuzgamiento de las demandas de derechos democráticos básicos y de las aspiraciones nacionales del pueblo de Cataluña.
El problema de falta de libertades políticas que padecemos está ligado a una estructura de poder no democrática en la que son las élites económicas quienes tienen el poder de decidir sobre todos los aspectos de nuestras vidas, por tanto del presente y del futuro de nuestros pueblos. España no es un país. España es un negocio en el que unos (muy pocos) que detentan el poder tienen a su disposición todos los mecanismos (y por tanto el derecho) para robar, para explotar y para oprimir a quienes sólo tenemos dos deberes: trabajar y callar la boca.
Estado español reprime la protesta política del pueblo, las aspiraciones nacionales de los pueblos, sus expresiones culturales y artísticas, las luchas sindicales… hasta el punto de poner entre rejas a quienes defendemos estas causas. Muy cerca, aquí en Andalucía, en nuestra tierra sin ir mas lejos tenemos preso Fran Molero, joven trabajador y militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores que cumplen pena de prisión por 5 años por haber participado en la protesta de Rodea el Congreso del año 2013.
La plataforma Andalucía por el Derecho a Decidir además de denunciar el carácter reaccionario de las últimas medidas del Estado, así como su permanente involución política, hacemos un llamamiento al pueblo trabajador así como a las organizaciones sindicales y populares a unificar esfuerzos y cerrar filas de forma unitaria frente a esta deriva represiva y autoritaria sobre la base de la defensa de principios democráticos irrenunciables en interés del pueblo.
Andalucía por el Derecho a Decidir
18 de diciembre de 2018
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