Huelva: Archivan la denuncia de las migrantes trabajadoras de la fresa por acoso sexual sin escucharlas y asumiendo la tesis empresarial

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado ha acordado el archivo de la denuncia presentada por cuatro temporeras marroquíes por supuestos acosos y abusos sexuales de un empresario agrícola de Almonte, al considerar que de la investigación practicada se desprende que no ha quedado “debidamente justificada” la perpetración de los delitos denunciados.

La petición de sobreseimiento fue planteada por el penalista Francisco Baena Bocanegra, que representa al empresario investigado y quien alegó precisamente que la denuncia de las trabajadoras marroquíes no había quedado acreditada y se trataba de una “maniobra” para evitar su expulsión de España una vez finalizados los contratos de trabajo.

El juez le ha dado ahora la razón al empresario, en un escueto auto en el que en dos folios da carpetazo a la denuncia porque entiende que los hechos denunciados no han quedado acreditados a lo largo de la investigación practicada, en la que se tomó declaración “como prueba anticipada o preconstituida” a las cuatro súbditas marroquíes ante el riesgo de que concluyera su contrato de trabajo y regresaran a su país, todo ello con la idea de “salvaguardar sus derechos y adoptar las medidas oportunas con todas las garantías, explicaba el juez en el auto que acordaba la apertura de las diligencias previas. En el curso de la investigación también se tomó declaración como investigado al empresario denunciado.

Los hechos se destaparon como consecuencia de una visita que el diputado Diego Cañamero y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) realizaron a una finca agrícola en Almonte el 3 de junio pasado, donde una marroquí embarazada les comentó, entre sollozos, que quería denunciar al dueño de la finca porque le había realizado en numerosas ocasiones insinuaciones para mantener relaciones sexuales. Al mismo tiempo aparecieron otras tres temporeras, también marroquíes, que querían denunciar los mismo hechos.

Una de estas mujeres denunció en su declaración ante la Guardia Civil que el empresario le realizó tocamientos en sus genitales y en los pechos, mientras que las otras afirmaron que le había efectuado insinuaciones para que mantuvieran relaciones sexuales pagándoles a cambio cinco o cincuenta euros, añadiendo que estos hechos sucedían porque el empresario conocía perfectamente la necesidad y falta de dinero de estas trabajadoras. Una de ellas manifestó incluso que el empresario le había propuesto “hacer friqui, friqui” (sic) y ofreciéndole a cambio pagarle 50 euros.

(Fuente: Huelva Información)

Asume la tesis empresarial de ser una “maniobra para quedarse en España”

Sólo dos folios ha necesitado el juez de Primera Instancia e Instrucción de la Palma del Condado para dar a entender que las cuatro mujeres que denunciaron a Antonio Mato, propietario de la finca Doñana 1998 de Almonte, por haberlas acosado sexualmente, no dicen la verdad.

Según la documentación a la que ha tenido acceso La Mar de Onuba, el juez ha admitido la petición de sobreseimiento presentada por el famoso abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra, quien en su escrito asegura que las cuatro mujeres mienten como parte de una “maniobra para quedarse en España” tras ser despedidas de la finca.

Baena Bocanegra esgrime en su petición el insólito escrito -admitido por el juez- en el que 101 trabajadoras de la finca aseguran que el acoso denunciado es falso porque ellas ni lo han visto ni lo han sufrido, lo que vendría a constituir una prueba inapelable de la inocencia del patrono señalado como acosador, así como de la mala fe e interés espurio de las cuatro mujeres.

Así, el titular de juzgado numero 3 de Almonte ha decidido que de los testimonios coincidentes de las cuatro mujeres, que aseguran haber sido víctimas de acoso y amenazas, “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito”, por lo que ha procedido a archivar la causa.

La decisión del juez constituye todo un “disparate jurídico”, y será recurrida, según la abogada de las cuatro mujeres, Belén Luján, quien en conversación con esta redacción, ha manifestado su sorpresa por el archivo sin que se hayan practicado nuevas diligencias desde las que llevaron al mismo juez a incoar la causa hace ahora seis meses. Para Luján, el juez ha rechazado escuchar a las cuatro mujeres antes de decidir el archivo.

Precisamente el pasado día 7 estaba previsto que se practicaran dichas diligencias, habiendo solicitado la letrada Luján un aplazamiento por encontrarse convaleciente de una fuerte bronquitis. Sin embargo, el juez declinó aceptar el aplazamiento y ha procedido a archivar la causa, dando por buenos los argumentos de Baena Bocanegra, que señala a las trabajadoras marroquíes como urdidoras de un “perverso plan” que acarrea “gravísimos e irreparables daños” a “personas físicas inocentes y a la empresa Doñana 98, daño que se ha extendido”, sostiene Bocanegra, “a otras entidades del sector frutícola onubense, cuyo prestigio se ha visto gravemente comprometido ante sus clientes internacionales y nacionales, desde la aterradora, pavorosa y no menos falsa  y menos falsa imagen que a la luz de tales denuncias se viene maliciosamente difundiendo”.

El archivo de la causa por acoso sexual a las cuatro mujeres marroquíes ha sido recibida con indignación por la periodista Stefania Prandi, la periodista que. junto a Pascale Müller, firmó el artículo Él viene por la tarde, en el que daba a conocer el resultado de una investigación realizada durante dos años en explotaciones agrícolas de Italia, Marruecos y España, en las que detectaron situaciones de explotación laboral y sexual sufridas por las mujeres temporeras.

“Dicono: denunciate! E i casi vengono archiviati” (Les dicen ¡denuncien! Y los casos son archivados), ha escrito Prandi este viernes en su perfil de la red social Facebook. La periodista, que ha sido galardonada recientemente con importantes premios de periodismo y derechos humanos por su investigación, recogida en el libro Oro Rosso, ha considerado que la decisión del juez “cierra la puerta a cualquier acción legal contra el presunto autor”.

(Fuente: La Mar de Onuba)

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