Honduras: El fallo por el asesinato de Berta Cáceres deja impunes a los verdaderos responsables, denuncia el COPINH

La justicia de Honduras ha declarado culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados por el crimen el 2 de marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres. La familia de la víctima denuncia que estos son solo los “autores materiales” del delito, y exige que la investigación continúe para juzgar a quienes “ordenaron” el crimen que acabó con la vida de la activista.

“Con este fallo el Estado de Honduras no silenciará la demanda para una justicia integral a la compañera Berta Cáceres. No están juzgados los máximos responsables de este vil hecho”. Con estas palabras Berta Zúñiga —hija de la líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada el 3 de marzo de 2016— reiteraba la postura de la organización y la familia ante el resultado del proceso sobre la muerte de su madre. La Sala I del Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa dio por terminado el juicio el pasado 24 de noviembre. La sentencia se leyó ayer, día 29.

Zúñiga, actual coordinadora general del COPINH, interpelaba a la sociedad civil  y a la comunidad internacional a ejercer presión ante las autoridades hondureñas, horas antes de que se hiciera público un fallo que no ha sorprendido a nadie, pues los condenados suponen, en palabras de la joven activista, “el escalón más bajo de la estructura criminal”.

Siete son los hombres declarados culpables por el asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro, tres de ellos son sicarios Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte, otros cuatro están vinculados a la Empresa Desarrollos Energéticos (DESA) y al ejército hondureño: Sergio Rodríguez (gerente de comunicaciones de DESA), Mariano Díaz (mayor del ejército), Douglas Bustillo (teniente retirado y exjefe de seguridad de DESA), Henry Hernández (exmilitar). Un octavo acusado, Emerson Duarte, en cuyo domicilio se encontró la pistola con la que se perpetró el crimen, ha sido absuelto.

En un comunicado posterior a que se hiciera pública la sentencia el COPINH manifestaba su indignación ante un veredicto que “condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente con la empresa DESA”, algo que consideran insuficiente pues “las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune”. En concreto el COPINH viene señalando a la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, a quienes acusan de estar “detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres”.

Juicio irregular

El COPINH vienen denunciando las irregularidades que se han dado durante el juicio, que le ha dejado, junto a la familia, fuera de la acusación —que fue asumida por el Ministerio Público— no admitiendo pruebas ni testimonios que consideraban fundamentales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron estas maniobras de la Justicia hondureña. “La exclusión en la fase de juicio oral y público de la acusación privada socava significativamente el derecho de las víctimas a un acceso efectivo y equitativo a la justicia así como su derecho a la verdad”, afirmaban en un comunicado.

Ayer, mientras se leía la sentencia, Austra Flores recordaba, rodeada de periodistas, las múltiples pruebas, llamadas, mensajes de whatssap y otras evidencias que demostraban las conexiones entre lo directivos de DESA y quienes perpetraron el asesinato. “¿Qué intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto?” le preguntaba después el COPINH al estado hondureño. Hasta el 10 de enero no se conocerán las penas de cárcel que enfrentan los condenados. “La justicia para las víctimas será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen”, se había pronunciado la CIDH.

La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos”, sentenciaba el COPINH en su comunicado. La empresa DESA era titular de la concesión para el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, un embalse contra cuya construcción Berta Cáceres luchó a la cabeza del COPINH. Los grupos indígenas —principalmente el pueblo lenca— se enfrentaron así a los planes del Gobierno y la empresa para defender su territorio y su río. Tras el golpe de estado de junio del 2009, bajo el gobierno de Porfirio Lobo, se multiplicaron las concesiones para explotar el territorio hondureño. La violencia contra activistas y poblaciones que defienden sus territorios y la creciente pobreza están en el origen de movimientos migratorios como el de la Caravana Migrante que partió el 13 de octubre del país.

(Fuente: El Salto)

Por qué defender un río cuesta la vida

“Venimos de una lucha que se ha definido como una disputa anticapitalista contra todo lo que significa el capitalismo depredador. Damos un paso más, que es abrir un debate para empujar un proceso antipatriarcal y descolonizador”. Berta Cáceres

A Berta Cáceres la asesinaron porque defender un río es atacar los intereses del poder corporativo.

Cuando el pueblo indígena lenca se levantó contra la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) quería implantar en su territorio, el poder económico y político no tardó en poner en marcha sus estrechas alianzas. Los vínculos entre el personal directivo, gerencial y operativo de DESA, las empresas de seguridad privada al servicio de la compañía, funcionariado público y aparatos de seguridad del Estado hondureño tenían un objetivo claro: controlar, neutralizar y eliminar cualquier oposición a los intereses del megaproyecto. Para ello, desplegaron acciones de instrumentalización de las comunidades con el fin de romper el tejido social, campañas de desprestigio, infiltraciones, seguimientos, amenazas y sicariato. El asesinato de Berta fue planificado como una pieza más de esta estrategia. Lo dice el informe del caso elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), un equipo de expertos independientes.

Este informe también señala que DESA no contaba con los recursos económicos suficientes para construir el megaproyecto, por lo que nunca habría podido emprender el proyecto Agua Zarca de no haber contado con fondos provenientes de instituciones financieras. Entre ellas, los del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del cual España es uno de sus socios extrarregionales.

Los fondos provenientes del sistema financiero, sostiene el GAIPE, fueron empleados para incrementar los niveles de violencia y atacar de forma sistemática a las organizaciones y personas defensoras. Por eso, el equipo de expertos responsabiliza también a las instituciones financieras de “negligencia deliberada” puesto que tenían conocimiento previo de las estrategias de presión y hostigamiento llevadas a cabo por DESA.

El caso de Berta pone en evidencia la connivencia entre actores corporativos, financieros, estatales y paraestatales que pueden llegar a actuar como “estructuras criminales” para eliminar cualquier obstáculo a la acumulación de capital.

Porque defender un río es atacar la esencia misma del capitalismo.

Por eso el de Berta no es un caso aislado. Desde que la mataron, hace ahora dos años, cerca de 600 personas han sido asesinadas por defender los derechos humanos. La mayor parte de ellas defendían la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de implementación de megaproyectos por parte de grandes corporaciones.

De acuerdo a Global Witness, casi el 40% las personas asesinadas por defender la tierra y el medio ambiente son indígenas. Y es que en sus territorios se encuentran con frecuencia los recursos naturales que resultan estratégicos para alimentar el metabolismo de la economía global. Las comunidades indígenas y campesinas asumen así los costes sociales y ecológicos de un modelo civilizatorio construido alrededor de un dogma que considera incuestionable: el crecimiento económico. Un modelo civilizatorio que no solo sostiene la acumulación económica de una élite global sobre la explotación y el despojo de los territorios y los pueblos, sino que además desprecia la posibilidad de preservar otras formas de entender la vida, otras formas de concebir el mundo y de situarnos en él.

Por eso, defender un río es atacar las estructuras más profundas del colonialismo.

La actuación de las empresas transnacionales no se puede desvincular de este contexto global de poder, violencia e impunidad generalizada. Tampoco la acción de las empresas españolas en el exterior, como recoge el informe “El IBEX 35 en guerra contra la vida” publicado por Ecologistas en Acción con el apoyo de OMAL-Paz con Dignidad y Calala Fondo de Mujeres.

El informe describe tres conflictos en Perú, Guatemala y México ocasionados por megaproyectos impulsados por compañías como Repsol, ACS, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, entre otras. Encontrar patrones sistémicos en todos los casos analizados ayuda a comprender que los beneficios económicos de las transnacionales se asientan sobre la generación de importantes impactos socioecológicos y la vulneración de derechos humanos.

El informe también muestra cómo el modelo que imponen las transnacionales en los territorios confluye, refuerza y reactualiza las desigualdades estructurales de género. En términos políticos, las grandes corporaciones fomentan la exclusión de las mujeres de los espacios de decisión al impulsar negociaciones individuales y selectivas con ciertos actores locales afines, todos ellos hombres, con el fin de debilitar el tejido social.

En términos económicos, la reconversión de las economías locales en función de la presencia central de las corporaciones genera una fuerte dependencia hacia una economía asalariada altamente masculinizada, dejando a las mujeres en un lugar de subordinación y dependencia económica. Además, las mujeres asumen una sobrecarga de trabajo cuando el agua, las tierras y los bienes comunes naturales se degradan o se privatizan como consecuencia de la irrupción de los megaproyectos.

Por otro lado, se produce un proceso de militarización del territorio por parte de fuerzas de seguridad públicas y privadas, y de masculinización del territorio por la conformación de grandes concentraciones de obreros. En este contexto, las mujeres ven incrementado el riesgo de sufrir agresiones sexuales, violencia machista y fenómenos de prostitución forzada.

Las mujeres que defienden el territorio y la naturaleza frente a los intereses corporativos lo saben bien. Por eso con frecuencia son las que mantienen un posicionamiento más firme en las luchas socioecológicas. Por eso también la violencia contra las defensoras no deja de crecer: entre 2012 y 2014 las agresiones hacia las defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica, por ejemplo, prácticamente se duplicaron de acuerdo a los registros de IM-Defensoras. En cerca del 40% de los casos, la violencia que se ejerce sobre ellas tiene patrones de criminalización diferenciada específicamente dirigidos a violentar su condición de género.

Y es que defender un río es atacar las bases más arraigadas del patriarcado.

(Fuente: El Salto / Autora: Miriam García-Torres)

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *