Libia: El Tribunal Penal Internacional ratifica los cargos contra Saif El-Islam. Mantiene que debe ser detenido y entregado al tribunal

El Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya ha rechazado el recurso del hijo del fallecido Coronel libio Muammar Gaddafi, Saif El-Islam, que había solicitado la retirada de la orden internacional de busca y captura que pesa sobre él.

En su informe más reciente al Consejo de Seguridad sobre la situación en Libia, la fiscal del TPI Fatou Bensouda mantuvo que el hijo de Gaddafi debe ser detenido y entregado a la justicia. La orden de busca y captura, emitida por el TPI  en 2011, acusa a Saif El-Islam de haber cometido crímenes de guerra como parte de su tarea de reprimir de forma violenta las supuestas manifestaciones contra el régimen.

Este año, Gaddafi ya había argumentado que no podría ser juzgado por el TPI debido al proceso que ya está en curso en Libia; hasta junio del año pasado había permanecido en cautividad, en manos de una milicia en la ciudad de Zintan. Sin embargo, este argumento fue rechazado por el tribunal.

Bensouda ha ordenado también la detención del comandante de las Fuerzas Saiqa Mahmoud Al-Werfalli. “Este consejo recordará que el 15 de agosto de 2017, la Sala de Cuestiones Preliminares de este Tribunal emitió una orden de búsqueda contra él, tras haber hallado motivos razonables para creer que es responsable de siete ejecuciones en las que fueron asesinados 33 individuos,” concluyó la fiscal, que instó a Al-Werfalli a entregarse a las autoridades.

Bensouda puso énfasis en la importancia de que los acusados sean llevados a juicio para garantizar la paz a largo plazo. “Lograr la entrega de fugitivos al TPI es un gran reto. No puede haber justicia para las víctimas hasta que los criminales sean entregados al tribunal,” concluyó, advirtiendo de que “si no se exigen cuentas, la impunidad seguirá reinando en Libia, causando un gran sufrimiento”.

Desde la actuación orquestada contra el régimen de Muammar Gaddafi en 2011, el país se ha sumido en una espiral de violencia e inestabilidad crónicas. En 2014, Libia se vio dividida entre dos facciones rivales: el general Jalifa Haftar se hizo con el poder en el este del país, alineado con un parlamento y un gobierno regionales, mientras que en la capital de Trípoli subsiste el gobierno internacionalmente reconocido, encabezado por el primer ministro Fayez Al-Sarraj.

Los leales a la familia Gaddafi también se han reagrupado, y uno de sus portavoces anunció este año que Saif Al-Islam se presentaría como candidato a la presidencia del país en las próximas elecciones. Sin embargo, los recientes estallidos de violencia han planteado la cuestión de un posible retraso de los comicios.

“Es posible que Libia no esté en condiciones de celebrar las elecciones legislativas previstas para diciembre”, declaró en este sentido el pasado mes de octubre el enviado de la ONU para el país norteafricano Ghassan Salame. “Queda mucho por hacer,” explicó Salame. “Puede que no sea posible respetar la fecha del 10 de diciembre,” advirtió, citando la violencia continuada en la que está inmerso el país, y una gran cantidad de legislación aún pendiente de aprobación.

No obstantes, las diversas facciones acordaron en mayo seguir adelante con la convocatoria electoral. Bajo los auspicios de una conferencia internacional organizada en París por el presidente francés Emmanuel Macron, el objetivo era unir al país tras años de enfrentamientos.

El Acuerdo de París estipulaba el 16 de septiembre como fecha límite para la aprobación de una ley electoral que formara una “base constitucional” para los comicios de diciembre. Sin embargo, tal y como señaló Salame, esta legislación todavía no ha sido implementada, y todo apunta a que todavía habrán de pasar tres o cuatro meses antes de que el pueblo pueda ser convocado a las urnas.

El atentado sufrido en mayo por la sede del Comité Supremo Nacional para las Elecciones en Trípoli ha causado además problemas logísticos. Los votantes no pueden ser registrados hasta que el Comité sea trasladado a un nuevo edificio. El enviado de la ONU especificó que se ha formado una comisión de militares y policías cuya función, con el apoyo de la ONU, será la de ordenar los datos de los votantes ya registrados en los ministerios de Interior y de Defensa.

Las declaraciones de Salame se produjeron después de que el ministro de Exteriores del Gobierno del Consejo Presidencial, Mohammed Sayala, le pidiera a la Asamblea General de la ONU la semana pasada que las Naciones Unidas se involucrasen más en el país, no sólo a nivel político sino también para garantizar la seguridad.

Sayala explicó a los diplomáticos que su gobierno está empleándose a fondo para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta, y elogió el papel de la Misión Especial de la ONU en Libia (UNSMIL) en la mediación de un alto el fuego en Trípoli. Durante las últimas semanas la capital había sido escenario de violentos enfrentamientos entre diversas milicias

(Fuente: Monitor de Oriente)

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