Málaga: LIMASA, una huida hacia adelante. Su futuro como los derechos de sus trabajadores y trabajadoras continúan en la cuerda floja

Los asuntos en torno a LIMASA, la empresa de limpieza y gestión de residuos de la ciudad de Málaga, constituyen el auténtico cuento de nunca acabar de la política municipal en la capital de la Costa del Sol. Tanto su futuro como los derechos de sus trabajadores y trabajadoras continúan en la cuerda floja. Son muchos años de conflicto enconado alrededor de ambas cuestiones, y no parece que desde el Ayuntamiento de Málaga, en manos del PP desde hace ya demasiado tiempo, se quiera llegar a una solución rápida y permanente.

La historia de LIMASA es una historia sin fin. Una historia de conflictos enquistados, de ineficacia institucional, de huelgas, de beneficios impropios y de condiciones que no se cumplen. El último episodio de este particular folletín de la política municipal malagueña, el encierro de los 23 miembros del comité de empresa dentro del edificio consistorial la pasada tarde-noche del 24 de octubre, frustrado a primera hora del día siguiente por la Policía Local de Málaga, viene marcado precisamente por las reticencias de la empresa (49% propiedad municipal, el otro 51% en manos de accionistas privados, entre ellos FCC y Sando) a aceptar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictada en junio del pasado año de 2017 mediante del cual se le instaba a pagar las cantidades atrasadas en función del convenio colectivo firmado en 2010, con vigencia hasta 2012.

“No nos vamos hasta que haya acuerdo”, sentenció Manuel Belmonte, presidente del comité de empresa. La plantilla de LIMASA está cansada de años sin una solución. Se siente engañada. Desde el Ayuntamiento señalan que esas no son las formas, que ese no era el momento de hablar. Pero es que, visto desde fuera, parece que nunca lo es.

La citada resolución del TSJA anulaba los acuerdos económicos que pusieron fin a la huelga de diciembre del año 2013, aceptados por los trabajadores y trabajadoras de LIMASA de manera temporal para evitar así el ERTE que sobrevolaba en aquellos momentos sobre la plantilla. En dichos acuerdos está el origen del conflicto actual, pues desde 2014 el objetivo de los gestores de la empresa, presidida por el alcalde Francisco de la Torre, no ha sido otro que buscar la consolidación de los mismos mediante su pretensión de convertir en convenio estable esos recortes salariales y laborales que se impusieron en el contexto de la crisis.

De hecho, la huelga de 2016 (la tercera en cuatro años) buscaba por parte del comité de empresa que la negociación del nuevo convenio tuviera lugar en base al de 2010-2012. Desde el pasado año, como se ha apuntado más arriba, existe una sentencia que lo avala, a pesar de lo cual ni la empresa ni el propio Ayuntamiento, que manifestó que acataría el resultado judicial, han terminado de aceptar el fallo, prolongando aún más el litigio. No hay que olvidar, en este sentido, que la empresa recurrió hace unos meses la decisión del TSJA, algo que, lógicamente, no sentó bien a la plantilla, aunque para su fortuna el Juzgado de lo Social nº 4 de Málaga acaba de instar a LIMASA a llevar a cabo “la ejecución de la sentencia”.

La postura municipal, en la línea de lo que marca otra sentencia paralela del Juzgado de lo Social nº 12, que dejaba igualmente sin efectos los recortes aplicados en el acuerdo de 2013, ha sido ofrecer a los trabajadores y trabajadoras parte de la cantidad adeudada, pero no toda. Se trataría de una paga consistente en una cuantía media de 1.550 euros, según la categoría profesional de cada empleado o empleada, la cual tiene previsto ser desembolsada de forma íntegra durante la primera quincena de este mismo mes de noviembre.

Pero este pago queda muy lejos de los entre 8.000 y 14.000 euros que reclama el comité de empresa solo en concepto de atrasos, que comprenden la paga de productividad (2014-2017), la paga de septiembre (2015-2017) y el abono de la cesta de Navidad (2014-2017). No se incluye aquí, en efecto, el ahorro conseguido por la empresa durante los últimos siete años de recortes con la eliminación del descanso los fines de semana, la alteración de los turnos de vacaciones y la prohibición a los fijos de poder trabajar en festivos. El cálculo de este ahorro, según las cuentas del propio comité de empresa, sería de algo más de 40 millones de euros.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, señala que “El Ayuntamiento de Málaga tiene miedo a la negociación. El alcalde no se puede poner de lado en este tema. Tienen que aceptar las sentencias judiciales y permitir que la plantilla cobre todo lo que, de manera ilegal, ha dejado de percibir”. Señala Torralbo que la solución es sencilla si hay voluntad política: “De la Torre tiene que negociar y dejar de marear la perdiz. Tiene que sentarse en la mesa de negociación y solucionar uno de los principales problemas que arrastra la ciudad. Si hubiera hecho esto en su momento no hubiera sido necesario que el proceso fuera a los tribunales”.

Tras su desalojo del Ayuntamiento, el comité de LIMASA ha anunciado que las próximas acciones a tomar se decidirán en asamblea, la cual no tiene fecha todavía. Una de las opciones que hay sobre la mesa es la presentación de demandas individuales para reclamar el dinero adeudado por la empresa a cada trabajador y trabajadora según la sentencia del TSJA de junio del pasado año 2017.

La empresa de limpieza de Málaga es a día de hoy una sociedad anónima de capital mixto. La parte mayoritaria de este accionariado mixto recae en manos privadas (51%), aunque es el Ayuntamiento, poseedor de la parte restante (49%), quien asume el papel más relevante en la gestión. Esto convierte a LIMASA en un negocio muy lucrativo para los participantes privados, no así para el Consistorio, sobre el que recaen la mayoría de los gastos y los problemas.

La parte privada que gestiona el 51% de LIMASA lo hace a través de Servicios Urbanos de Málaga S. A., una UTE integrada por FCC (51%) y por la empresa Urbana de Servicios Medioambientales, participada a su vez por Urbaser (70%), Sando (20%) y Unicaja (10%). No hay que olvidar que tanto FCC como Sando y Urbaser han sido relacionadas en los últimos años con la financiación ilegal del PP y los llamados “papeles de Bárcenas”.

Más llamativo resulta, si cabe, que en el año 2015 la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a FCC y Urbaser, junto a otras 37 empresas, una multa de 98,2 millones de euros por por prácticas monopolíticas y pacto de precios a la hora de acceder a ofertas entre los años 1999 y 2013, es decir, por “mantener un cártel”, en la prestación de servicios públicos urbanos (residuos, limpieza, jardinería, reciclaje), que afectó a todo el conjunto del estado. A pesar de ello, el contrato actual entre el Ayuntamiento y LIMASA, que vencía en abril de 2017, sigue vigente a través de una prórroga que, en el actual estado de las cosas, no tiene visos de finalizar antes de que acabe la legislatura.

Uno de los aspectos más controvertidos del citado contrato es el acuerdo existente desde el año 2005 entre el Ayuntamiento de Málaga y LIMASA para garantizar el 2% del beneficio de la facturación anual a los socios privados. De esta manera, el pasado año de 2017, con el contrato ya vencido, el Consistorio tuvo que inyectar 12,6 millones de más para compensar precisamente a la parte privada en función de ese acuerdo. Pero el auténtico fraude, como llevan tiempo apuntando desde Málaga Ahora, está en el denominado “canon de asistencia técnica”, mediante el cual la parte privada de LIMASA recibe el 2,5% de todos los ingresos de la sociedad, unos 2 millones de euros sin ningún tipo de contraprestación.

Nadie sabe a ciencia cierta en qué consiste dicho canon. Es más, la comisión de investigación sobre LIMASA impulsada por el Ayuntamiento de Málaga en 2016-2017, la segunda en toda su andadura democrática, acabó concluyendo no solo que el servicio de limpieza de la ciudad era “ineficiente” y que el sistema mixto, con mayoría privada, era caro y “nefasto” para la ciudad, sino que las teóricas funciones englobadas bajo el citado canon eran asumidas íntegramente por la parte municipal, no por los privados. La comisión también puso el acento en la flagrante falta de personal dentro de la empresa, lo que ha impedido un adecuado desarrollo de los trabajos de limpieza en la ciudad durante los últimos años, así como en la obsolescencia de su flota.

Los datos económicos manejados en la citada comisión arrojan luz sobre la magnitud del fraude. Desde abril de 2001, LIMASA ha facturado 1.160 millones de euros de parte del Ayuntamiento de Málaga. De este montante, los socios privados han ingresado más de 104,2 millones, de los cuales 66,1 millones corresponden a compensaciones económicas y 24,6 al canon.

Por eso una de las conclusiones particulares de Málaga Ahora es que el servicio actual mixto cuesta a la ciudad de Málaga “entre 9 y 15 millones de euros más” de lo que se pagaría “en caso de municipalizar la empresa”. Para la candidatura municipalista, el contrato “supone de facto un mecanismo para garantizar, de manera encubierta, beneficios a los socios privados y que recaiga el grueso de los costes y las dificultades sobre la parte pública”. Por su parte, para Izquierda Unida, las condiciones firmadas con LIMASA resultan bastante dañinas “para los intereses municipales, puesto que pase lo que pase, y da igual si la limpieza de la ciudad es mejor o peor, se garantizan unos beneficios netos anuales no inferiores al 2% de la cifra de negocio para sus socios privados”.

Municipalización

Aunque el futuro de LIMASA aún no se ha resuelto del todo, no hay nadie en la capital de la Costa del Sol que defiende ya la gestión mixta para el próximo modelo. A pesar de que durante años el beneficio privado se impuso sobre el servicio público, hoy por hoy parece bastante claro que recuperar la gestión municipal de la limpieza es una tarea primordial. Para Ysabel Torralbo la limpieza de Málaga se debe regir “por unos principios básicos de transparencia, eficacia, sostenibilidad, eficiencia y participación ciudadana propios de un sector fundamental, el cual no debe quedar en manos de un cártel que busca su propio lucro”.

En este sentido, tanto Málaga Ahora como IU llevan años apostando de manera clara por la municipalización, algo a lo que se opone Ciudadanos, que en su tónica general defiende la externalización completa de los servicios de limpieza. En el PP, frente a la ambigüedad calculada del alcalde, no han faltado tampoco figuras de primera línea, como Raúl Jiménez, ex edil de Sostenibilidad y Medio Ambiente, o Elías Bendodo, presidente del partido en Málaga y de la diputación provincial, que se han mostrado férreamente a favor de la privatización.

Fue en el debate del estado de la ciudad, unos pocos días antes del pleno municipal que tendría lugar el pasado 28 de junio, en el que se votaron hasta cuatro mociones a favor de la municipalización de LIMASA (una presentada por el propio PP), cuando el alcalde Francisco de la Torre rompió su silencio y se decantó finalmente por apoyar la constitución de una LIMASA pública. Con su posicionamiento, habida cuenta de la ascendencia absoluta que Francisco de la Torre tiene sobre los suyos, el alcalde arrastró al resto de concejales del grupo popular a votar en favor de una medida que hasta hace poco rechinaba (y mucho) entre un buen número de ellos.

Ahora bien, aunque tras años de ambigüedades y cambios de opinión por parte del alcalde la propuesta de municipalizar LIMASA haya prosperado de una vez por todas, contando solo con los votos en contra de los tres concejales de Ciudadanos, una cosa es mostrar apoyo al proyecto y otra llevarlo a cabo de manera efectiva. De la Torre firmó hace apenas dos semanas, el pasado 16 de octubre, el decreto para crear la Comisión Técnica que estudiará cómo hacer pública la sociedad mixta que ahora constituye LIMASA. Su primera tarea es elaborar un informe económico de viabilidad.

Los trámites, pues, han empezado, pero tardarán mucho en concretarse. Además, el camino está repleto de dificultades: dentro de su propio partido no son pocos los que están en contra de la medida. También son muchos, por otro lado, los favores que el PP le debe a las empresas que hoy por hoy forman parte de la UTE que sigue gestionando LIMASA, quienes no estarán dispuestas seguramente a perder un contrato que les reporta tan pingües beneficios.

Y lo más importante: las elecciones municipales de 2019 están a la vuelta de la esquina y Ciudadanos Málaga, con una agenda abiertamente neoliberal, aspira a sacar tajada de los conflictos internos en el PP. Nunca han dejado de manifestar lo que esperan de LIMASA: una empresa 100% privada. El hecho de que el gobierno municipal haya movido ficha tan tarde les ha dado la oportunidad, dependiendo del resultado electoral en ciernes, de tener margen de maniobra para revertir cualquier decisión política que no se haya materializado de facto. Y este es el caso de LIMASA. Juan Cassá, el líder de los naranjas, ya ha avisado: “no perdemos la esperanza de convencer a otras formaciones o quién sabe si a otro alcalde en el futuro”. Bendodo, el eterno candidato, espera al acecho.

(Fuente: El Salto – Andalucía / Autor: Curro Machuca)

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