Los saudíes amenazaron a Sánchez: armas o contratos por 5.000 millones. España bate record de venta de armas a los saudíes

Recientemente, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados rechazó la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí con los votos de PSOE y PP, y la abstención de Ciudadanos y el PNV. El acuerdo no ha estado exento de polémica. De una parte, el Gobierno ha valorado los contratos con Riad por varios miles de millones de euros. De otro, la implicación de Arabia en la guerra de Yemen y la muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Estambul han puesto en entredicho el respeto de los derechos humanos de la monarquía saudita.

Fuentes de la Cámara de Comercio detallan que las presiones que ha sufrido el Ejecutivo para no suspender la venta de armas han sido “contundentes”. El mensaje era claro: no sólo estarían en juego los contratos militares que tiene España con Arabia Saudita, sino que la crisis pondría en peligro otros acuerdos comerciales, como señaló el embajador de Riad al Ejecutivo de Sánchez en una conversación informal que se produjo para abordar la cuestión.

Así, España firma cada año con la monarquía saudí operaciones por un valor superior a los 5.000 millones de euros. La relación comercial está aumentado, además, en los últimos años. Hasta agosto de 2018, las ventas se han incrementado a un ritmo del 6,9%, llegando a los 1.622 millones de euros, es decir, 104 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, según la última estadística del Ministerio de Economía e Industria sobre la exportación de armas, relativa a 2017, España autorizó el año pasado productos por valor de 21.084 millones de euros. Arabia Saudí fue el destinatario de ventas por valor de 496 millones. Entre el material que se vendió en 2017, el Gobierno detalla que se incluyeron “un avión de transporte, repuestos, aviones no tripulados, granadas de mortero, plataformas porta mortero y munición de artillería”, entre otros. Si se tienen el cuenta los datos de los últimos lustros, el montante total asciende a 1.337 millones de euros.

El volumen de negocio es tal que la industria militar española está integrada por unas 250 empresas que dan trabajo a 22.000 personas. Cuatro grandes compañías se reparten casi toda la tarta: Navantia (constructora de buques militares); Airbus Military (fabricante de aeronaves); General Dynamics (antes Santa Bárbara, privatizada y ahora en manos de la multinacional estadounidense), e Indra, suministradora de alta tecnología y electrónica. El sector factura unos 10.700 millones de euros y dice exportar el 83% de sus productos y servicios.

Estas cifras se verán incrementadas debido principalmente al contrato para construir cinco corbetas en los astilleros de Navantia que se firmó el pasado mes de julio tras la visita del príncipe heredero saudí a España en abril. Sólo este contrato supone 1.800 millones de euros. Este factor ha sido determinante a la hora de suavizar el embargo de armas a Arabia.  Los trabajadores de la compañía se pusieron en huelga el pasado septiembre cuando el Gobierno anunció que dejaría de vender bombas a la monarquía saudita. Las presiones empresariales e institucionales obligaron a Sánchez a echar marcha atrás.

Ahora, con la lección ya aprendida, el Ejecutivo ha preferido no poner en riesgo un contrato que generará cada año durante un lustro cerca de 6.000 empleos, de los que más de 1.100 serán directos, más de 1.800 para la industria auxiliar de Navantia y más de 3.000 indirectos generados por otros suministradores. Y menos todavía con las elecciones andaluzas, en las que la creación de empleo es un arma electoral fundamental en un bastión que el PSOE no puede permitirse perder.

La  presidenta Susana Díaz no está dispuesta a ceder terreno, y fuentes internas del PSOE confirman los roces que ha sufrido con Margarita Robles por la defensa a ultranza de la primera de la venta de armas a Arabia Saudí frente a las presiones, internas y externas, que está recibiendo el Gobierno. En una entrevista en Onda Cero aseguró que defiende siempre los derechos humanos y que su “unidad de medir es Naciones Unidas, que de momento no ha vetado la venta de fragatas, corbetas, armas o camiones militares a ese país”. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado más partidaria de examinar los contratos porque “no se puede permanecer impasibles ante la violación de los derechos humanos”.

Armas “made in Spain” para matar yemeníes

España batió un récord en la venta de armamento a Arabia Saudí el año en que estalló la guerra de Yemen. Así, en 2015, las exportaciones a ese país representaron un 14% del total y prácticamente duplicaron –crecieron un 86%– las cifras de 2014. La ley española prohíbe exportar material si existe el riesgo de que se emplee contra los derechos humanos, de que salga del país de destino o de que se revenda a terceros. Sin embargo, la plataforma Armas bajo control, integrada por Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, Greenpeace y FundiPau detectó el año pasado transacciones “de extrema gravedad”, en concreto a Arabia Saudí y a otros 18 países.

Tal y como denuncia Amnistía Internacional, “incluso cuando existen indicios más que razonables de que se está quebrando la legalidad internacional, como ocurre con Arabia Saudí en su intervención en el conflicto en el Yemen, el Gobierno se escuda en compromisos y garantías reforzadas ofrecidas por la propia Arabia Saudí que nadie, ni el poder legislativo ni la ciudadanía, puede consultar ni conocer en detalle ni el Gobierno de España tiene capacidad de comprobar sobre el terreno”. De hecho, la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido este lunes que en un escenario de guerra como el de Yemen es “difícil” verificar si las armas españolas son usadas en el conflicto.

España vendió el pasado año material de defensa por más de 361 millones de euros a los países que forman parte de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí y que participa en la guerra de Yemen. Entre ellos, Arabia Saudí es el principal cliente de la industria de defensa española fuera de la OTAN y la Unión Europea. En concreto, España exportó al país 270,2 millones de euros entre los que se encuentran un avión de transporte, repuestos para aeronaves, drones, plataformas porta morteros, granadas de mortero, munición de artillería, equipos de detección y cámaras de infrarrojos, tal y como detalla el informe ‘Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso’ del año 2017.

Según Amnistía Internacional, los vehículos tácticos VAMTAC, de Urovesa y el lanzacohetes C90-CR, adquiridos por Arabia Saudí, o las granadas Alhambra, compradas por Bahréin, han sido identificadas en territorio yemení. La mayor parte de los ingresos en cuando a la venta de armamento desde España a Arabia Saudí corresponde a aviones de reabastecimiento y repuestos para aeronaves, pero también munición, bombas y granadas. En este sentido, las exportaciones a Arabia Saudí se han triplicado, al menos en lo que se refiere a munición. De 34,7 millones de euros se ha pasado a los 90,1 de 2017. Las consecuencias del uso de este tipo de armas son devastadoras.

Ante la creciente presión de ONG críticas con esta evolución, el Gobierno se ha comprometido a estrechar los controles del uso que hacen del armamento español los territorios que lo adquieren. Según estas asociaciones, son especialmente preocupantes las bombas vendidas a Emiratos Árabes Unidos, armas pequeñas a Bahréin, Colombia y Perú, las armas ligeras al Ministerio de Defensa en Irak o el material antidisturbios a la policía de Túnez.  Cuando un país quiere comprar armas a España, la solicitud debe ser aprobada por una junta adscrita al Ministerio de Economía y compuesta por Exteriores, Defensa, Hacienda e Interior. La mayor parte de ellas tiene luz verde. De esta manera, el Gobierno concedió el año pasado 1.560 autorizaciones de exportación, frente a solo cuatro denegaciones, que correspondieron a Israel, China y Myanmar, según un informe de la Secretaría de Estado de Comercio. Nada para los países que están implicados en la guerra en Yémen.

Según el Proyecto de Base de Datos sobre la Localización y los Acontecimientos de los Conflictos Armados (Acled, por sus siglas en inglés) “el número de yemeníes asesinados en la guerra es cercano a 50.000”, contando solo a los fallecidos directamente por armas y sin contar a los miles de civiles muertos por causas ajenas a la guerra incluida la malnutrición y el cólera. Arabia Saudí lleva bombardeando Yemen desde marzo de 2015, cuando entró en el conflicto interno del país vecino con un motivo oficial y otro oficioso. “El oficial: atender al requerimiento de ayuda del presidente de Yemen, Abdo Rabbu Mansur Hadi, exiliado en Arabia Saudí después de que un grupo rebelde adherido a la rama zaidista del islam chiíta, los huzíes, tomaran la capital. El oficioso: el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, está en plena campaña para demostrar su preponderancia en la región frente al poder de Irán, país que apoya a los rebeldes huzíes”, continúan desde Amnistía Internacional.

Ahora, en una población de 29,3 millones de personas, necesitan asistencia humanitaria 22,2 millones, es decir, más del 75 por ciento de los habitantes del país. Se estima que alrededor de 17,8 millones tienen problemas de acceso a comida y 16 millones no tienen acceso a agua en condiciones seguras de higiene ni a asistencia sanitaria. Tres millones de personas se han visto desplazadas de sus hogares. “Arabia Saudí vio en la empobrecida nación de Yemen el lugar perfecto en el que demostrar su poderío militar sin grandes intervenciones de la comunidad internacional que, en lugar de poner trabas, le sigue vendiendo armas. ¿Hasta cuándo se va a permitir?”, concluyen desde Amnistía Internacional.

(Fuente: Estrella Digital / Autora: Bárbara Barón)

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