El “cambio progresista”: Borrell frena un debate en el Congreso sobre el Sáhara y niega en el Senado la responsabilidad española

El Ministerio de Exteriores, del que es titular Josep Borrell, emitió el pasado 25 de octubre un informe desfavorable sobre la celebración en el Congreso de un debate sobre el Sáhara al considerar que podría perjudicar las relaciones de España con Marruecos. Se trataba de un acto de la coordinadora del intergrupo por el Sáhara Occidental al que tenía previsto acudir diputados nacionales de diferentes grupos parlamentarios (Unidos Podemos, Ciudadanos o Mixto), diputados autonómicos y extranjeros de diferentes países de Europa y el Norte de África.

La importancia de las relaciones con Marruecos, según sostiene el informe al que ha tenido acceso este diario, haría que “cualquier acción por parte de poderes públicos conducente a respaldar las reivindicaciones de la RASD o del Frente Polisario puede tener efectos inmediatos en las relaciones bilaterales con el consecuente impacto en el interés general”.

Este informe negativo de Exteriores, en el que se basa otro posterior de Relaciones Internacionales de la Cámara, ha llevado a que PP y PSOE vetasen este martes en la Mesa del Congreso la celebración de dicha reunión, mientras que Unidos Podemos y Ciudadanos votaron a favor de que se celebrase. Desde la formación naranja, insisten en que apoyan el acto del Sáhara en el Congreso pero se han mostrado de acuerdo en que se haya pedido un informe a Relaciones Internacionales de la Cámara.

Desde Unidos Podemos han sido más beligerantes al considerar esta decisión una “violación de los derechos fundamentales”, según ha criticado el diputado Sergio Pascual. Este ha recordado que se trata de un acto “que pudo hacerse sin obstáculos en Asamblea nacional Francesa el pasado 22 de junio” y al que estaban invitados 65 parlamentarios autonómicos y más de un centenar de europarlamentarios.

El texto también hace hincapié para justificar su negativa en el “compromiso de España con el principio de integridad territorial como vector esencial del orden internacional”. A pesar de reconocer que “el caso del Sáhara Occidental no puede ser equiparado ni política ni jurídicamente con el de otros territorios que aspiran a un pleno reconocimiento como Estados independientes, un reconocimiento por parte de España a la RASD como sujeto de pleno derecho dentro de la comunidad internacional podría ser interpretado como una incoherencia o una ambigüedad en la posición de España en esta cuestión”.

Todos estos factores explicarían, según sostiene el informe que replica Relaciones Internacionales de la Cámara baja, que España haya colaborado con Marruecos “en cuestiones como la aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado mes de febrero, que deja sin aplicación el acuerdo pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos en lo referido a capturas practicadas en aguas correspondientes al Sáhara Occidental”.

La posición oficial que España ha expresado públicamente es que apoya “una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea libre determinación del pueblo saharaui” en el marco de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

(Fuente: El Confidencial / Autor: Iván Gil)

Borrel niega la responsabilidad española sobre el Sahara como potencia administradora

Poco más de un minuto. Es el tiempo que empleó el ministro de Asuntos Exteriores, para la Unión Europea y de Cooperación, Josep Borrell,  para  responder en el Senado a varias preguntas referentes a la política del Gobierno en el Sáhara Occidental, en concreto sobre la violación de los Derechos Humanos en la excolonia española, el expolio de sus recursos naturales y las sentencias internacionales que determinan que el Sáhara Occidental y Marruecos son territorios diferentes.

En un minuto y diez segundos el ministro Borrell despachó las preguntas que le formuló del senador  de la Agrupación Herreña Independiente (AHI-CC) Pablo Rodríguez Cejas, pero sin responder a ninguna de ellas.

En la comisión de Asuntos Exteriores del Senado del 25 de octubre el senador canario  Pablo Rodríguez Cejas (foto adjunta) preguntó al ministro si España defiende el cumplimiento de los Derechos Humanos y la legalidad internacional ,y si esto es una prioridad para España siempre y cuando no interfiera sus intereses económicos y políticos.

También planteó si España va a cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la comercialización de los recursos naturales del Sáhara Occidental -sentencias que establecen que Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios distintos y separados-,  “en las que se define esta comercialización como un expolio de los recursos de un país ocupado a la fuerza”.

El senador  expuso al ministro: “Sé que usted se siente muy cómodo con sus aliados estratégicos como Marruecos, pero le pregunto: ¿Sabe que de forma flagrante se violan los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental  por parte de las fuerzas militares marroquíes? ¿Sabe que en los territorios del Sáhara Occidental  ocupados ilegalmente por Marruecos la población saharaui es torturada, perseguida y oprimida?

Pero Borrell, el mismo que el 28 de junio pasado dijo en Rabat sobre el Sáhara Occidental que iban a continuar el camino de anteriores Gobiernos, no respondió a ninguna de estas preguntas y dijo que lo único que puede hacer España es apoyar los esfuerzos de Secretario General de la Naciones Unidas,  Antonio Guterres.

“Solamente puedo decirles –afirmó- que nosotros estamos alineados con las Naciones Unidas y apoyamos la posición de las Naciones Unidas, del Alto Representante, del negociador. El Secretario General nos ha pedido ayuda para que se puedan desarrollar las negociaciones entre las partes”.

Después, y en referencia a una alusión de Rodríguez Cejas a que el Estado español sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental, Josep Borrell  aseguró que “España no es considerada potencia administadora en las resoluciones anuales de la Asamblea General  que se refieren a la descolonización del Sáhara Occidental, ni aparece como potencia administradora en la lista de Territorios no Autónomos de Naciones Unidas. Eso es importante saberlo para saber cuáles son nuestras responsabilidadescon respecto a ese territorio”.

En este punto Borrell no citó lo que estableció el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto de julio de  2014, presidida entonces por otro miembro del Gobierno, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, que estableció que de acuerdo a  “las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y los informes de su Secretario General, la Potencia Administradora del Sáhara Occidental sigue siendo España, aunque lo sea de “iure” pero no “de facto”  y concluyó el auto que como tal Potencia Administradora y “hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”.

En su breve respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores aludió a que se ha entrevistado con argelinos y con marroquíes” -no con saharauis-  y finalizó apoyando “los esfuerzos del Secretario General, que es prácticamente lo mejor, por no decir lo único, que podemos hacer”.

Para el senador canario lo que está pasando con el pueblo saharaui, “un pueblo hermano”, es muy serio pues se viola de forma sistemática la justicia internacional al alcanzarse acuerdos “en los que se comercializan los recursos naturales del Sáhara Occidental, sin el consentimiento de su único y legitimo representante: el Frente Polisario”.

También dijo al ministro que se debe respetar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación –a favor de la que se pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Asamblea General de la ONU el 28 de septiembre-  y su soberanía sobre las riquezas y los recursos naturales de su país,  conforme a la legalidad internacional  y lo que establecen las diferentes sentencias del TJUE “y si quieren negociar sobre los recursos naturales de Sáhara Occidental háganlo, pero con su propietario legitimo, el Frente Polisario”.

El Polisario recuerda a Borrell que  España sí es la administradora del Sáhara Occidental

El Frente Polisario ha dicho al ministro Josep Borrell que España es la potencia administradora del Sáhara Occidental, como establece la ONU y ha recogido la Audiencia Nacional, en contra de lo que afirmó el titular de Asuntos Exteriores en el Senado.

Borrell dijo el 25 de octubre en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado que España no es potencia administradora del Sáhara Occidental: “España no es considerada potencia administradora en las resoluciones anuales de la Asamblea General que se refieren a la descolonización del Sáhara Occidental, ni aparece como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Es importante saberlo para conocer cuáles son nuestras responsabilidades con respecto a ese territorio”.

Ante esta afirmación, la delegada del Frente Polisario en España, Jira Bulahi, ha expresado en un comunicado que aunque España se marchara del Sáhara Occidental y “abandonara  a su suerte al pueblo saharaui incumpliendo sus obligaciones en materia  de descolonización”, la doctrina de la ONU es muy clara “al establecer que la transmisión de la condición de potencia administradora no puede efectuarse nunca a favor de un tercero, sino en todo caso a favor de Naciones Unidas”.

La delegada saharaui es terminante: “España sigue siendo de iure, según Naciones Unidas, la potencia administradora del Sahara Occidental y según no tuvo más remedio que admitir la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional en su auto 40/2014”.

La intervención del ministro de Asuntos Exteriores en el Senado, que le ocupó un minuto y diez segundos en lo referente al Sáhara Occidental, fue en respuesta a varias preguntas de Pablo Rodríguez Cejas, senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI-CC) y otras de los senadores Jokin Bildarratz Sorron (PNV), Jordi Martí Deulofeu (ERC) y Jon Iñarritu García (Bildu).

Por el Grupo socialista intervino Rafael Lemus Rubiales, quien afirmó que “en las negociaciones y los diálogos que el Gobierno de España mantiene en la actualidad con el Gobierno de Marruecos —igual que han hecho posiblemente los anteriores— está encima de la mesa el respeto por los derechos humanos de los presos políticos, en este caso, del Frente Polisario”.

La del Senado no ha sido la primera vez que el ministro Josep Borrell ha excluido a España de responsabilidad como potencia administradora de su excolonia. El 4 de julio, en la Comisión de Exteriores del Congreso, dijo que la vinculación histórica y afectiva que tenemos con el pueblo saharaui “no debe interpretarse como una responsabilidad jurídica porque España no es potencia administradora del Sáhara Occidental”.

La delegada del Polisario ha lamentado que el ministro no hiciera referencia alguna en el Senado “a la explotación ilegal de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental a través de acuerdos que han sido anulados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

“No tiene ninguna lógica –ha señalado- que el Gobierno de España diga que respalda la posición de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, y que al mismo tiempo  promueva y defienda en la Unión Europea acuerdos que contravienen las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia de 2016 y 2018 y la propia doctrina de la ONU”.

(Fuente: Por un Sahara libre / Autor: Alfonso Lafarga)

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