Sevilla: Ecologistas en Acción pide imputar a toda la mesa del concurso que dio la mina de Aznalcóllar a Grupo México

El caso Aznalcóllar, que parecía dormido en los juzgados, amenaza con reactivarse y convertirse otra vez en quebradero de cabeza para la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en plena precampaña electoral.

Ecologistas en Acción, que está personada como acusación en la causa en la que se investigan irregularidades en la adjudicación de los derechos mineros del yacimiento sevillano, ha vuelto a la carga y ha pedido a la juez Patricia Fernández que amplíe aún más la nómina de imputados. En concreto, quiere que sean citados en calidad de investigados todos los miembros de la mesa del concurso que convocó el Gobierno andaluz y que hoy está bajo sospecha después de que la Audiencia de Sevilla viese “ilegalidades severas” en él.

En un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, Ecologistas en Acción solicita la imputación de tres funcionarios más de la Junta de Andalucía que participaron en el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Se trata de J.M.R., S.C.L. e I.M.V., para los que reclama que sean imputados por prevaricación y malversación o, alternativamente, por fraude a la Administración.

Además, la acusación habla de falsedad, encubrimiento y falso testimonio.Entienden los responsables de Ecologistas en Acción que todos los miembros de la mesa que participaron en el concurso de Aznalcóllar deben ser imputados. “No existen razones para que unos estén imputados y otros no”, argumentan en el escrito presentado en el juzgado.Sobre todo, reitera la organización, porque de lo que se trata aquí es de “un concurso de voluntades tendente a dictar una resolución injusta y contraria a Derecho”.

Pero los conservacionistas no se detienen ahí, puesto que alertan de que la adjudicataria de la mina, Minera Los Frailes, de la multinacional Grupo México, está llevando ya a cabo labores de investigación sin que haya recibido los permisos pertinentes de la Junta.

La Audiencia ve “ilegalidades severas” en el concurso

La Sección Séptima ordena reabrir la causa por la adjudicación de la mina al grupo Magtel y sus socios de Grupo MéxicoEl tribunal, con la magistrada Mercedes Alaya como ponente, ve indicios de prevaricación.

El concurso de adjudicación de los derechos mineros de Aznalcóllar no fue limpio. Ésa es la conclusión a la que ha llegado la Audiencia provincial de Sevilla tras examinar el procedimiento por el cual la Junta de Andalucía entregó el yacimiento al grupo cordobés Magtel y a sus socios de Grupo México. Y, por ese motivo, ordena que se reabra la investigación que en su día archivó el Juzgado de Instrucción 3, al entender que hay indicios evidentes de que se pudo cometer un delito de prevaricación.

En un durísimo auto del que ha sido ponente la magistrada Mercedes Alaya, la sala afirma que en el procedimiento se han cometido “ilegalidades severas y arbitrarias” por parte de los responsables de la Junta que lo promovieron y llevaron a cabo. No sólo no se respetó la legalidad, dice el tribunal, sino que ni siquiera cumplió la Junta de Andalucía las bases del concurso que ella misma estableció de forma discrecional y haciendo uso de sus competencias.

Hubo, señala el auto al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, un “elevado número de omisiones e incumplimientos”, hasta el punto de que no se puede en absoluto, añade, descartar un delito de prevaricación.Las irregularidades se extienden, en opinión de los magistrados de la Audiencia sevillana, a todas las fases del concurso, desde la admisión de las ofertas hasta la adjudicación final.Independientemente de que la licitadora fuese la empresa Minorbis (filial del grupo cordobés Magtel) o Minorbis-Grupo México, como figuraba en los papeles, la Audiencia entiende que nunca debió pasar de la primera fase del concurso, ya que incumplía las bases y no reunía los requisitos exigidos para hacerse con los derechos mineros.

Destaca el auto que los ganadores finales del concurso no acreditaron convenientemente ni la solvencia técnica ni la económica y recuerda cómo esta última la justificaron con un “pantallazo” de la página web de una filial de Grupo México, mientras que a los medios se aludió de forma muy vaga. Más aún, los magistrados ponen en duda que existiera un compromiso real entre Minorbis y Grupo México y rechazan el denominado «memorándum de entendimiento» que presentó la filial de Magtel.

En lugar de eso, creen que no había compromiso económico concreto y que sólo ha existido una vez que se adjudicó el concurso a pesar de que las bases lo exigían previamente. Ni Minorbis ni Minorbis-Grupo México cumplían según la Audiencia con los requisitos establecidos en el concurso internacional promovido por el gobierno de Susana Díaz, a pesar de lo cual la Dirección General de Industria y Minas -de la que dependía el proceso directamente- hizo la vista gorda y no sólo permitió que pasaran la primera fase, sino que finalmente la eligió como ganadora.

A esto hay que sumar las apreciaciones del tribunal en lo que se refiere a la valoración de las ofertas presentadas por Minorbis-GrupoMéxico y Emerita Resources, la otra aspirante que denunció el presunto amaño del concurso y que ha promovido el recurso contra el archivo de la causa. Los encargados de puntuar los proyectos, dicen los magistrados, podrían haberse dejado llevar por motivos que pueden no responder ni a la legalidad ni “al sentido común” y la aritmética.

Tanto es así, que dice la Audiencia que el procedimiento podría llegar a ser anulable porque no se respetó el principio de igualdad de condiciones.Una mera “intermediaria”. Las sospechas, el cúmulo de irregularidades, se extiende igualmente a la adjudicación, ya que los derechos de explotación de Aznalcóllar no fueron, en última instancia, otorgados ni a Minorbis ni a Grupo México, sino a una tercera empresa, Minera Los Frailes, que Grupo México había comprado poco antes y que no participó en el concurso.

Sin embargo, en el pliego de condiciones se establecía explícitamente que la aceptación de los derechos mineros la tenía que llevar a cabo el adjudicatario, lo que significa que se habría producido un “torcimiento del derecho” en el concurso a beneficio, «injusto», de Minera Los Frailes.

Todo lo anterior conduce a los magistrados a pensar que Magtel y su filial Minorbis no actuaron sino como mero “intermediario” en el concurso para que la mina acabara en manos de Grupo México. La Audiencia estima por todo ello el recurso y señala a la juez instructora la “relevancia” que tendría llamar a declarar a los miembros de la comisión técnica y a los dueños de Magtel, aunque, eso sí, como investigados.

Tras conocerse el auto, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio aseguró que la decisión de la Audiencia de reabrir la investigación “no afecta a la adjudicación de la mina, manteniéndose la actividad y el empleo”. Por su parte, el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, calificó la resolución como un “jarro de agua fría”.

(Fuente: El Mundo – Andalucía / Autor: Chema Rodríguez)

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