Granada se encuentra a la cabeza, tanto a nivel andaluz como estatal, en lo referente a delitos de odio por ideología y origen étnico

Granada se encuentra a la cabeza de Andalucía y el Estado Español en lo referente a delitos de odio por ideología. La provincia ha experimentado un ascenso en este tipo de infracciones hasta el punto de convertirse en la que más ha registrado de todo el país en 2017, según indica un informe realizado por el Ministerio del Interior.

El Defensor de la Ciudadanía granadino  y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) sostienen que estos delitos son una de las formas más graves de discriminación contra inmigrantes, minorías étnicas, personas refugiadas y solicitantes de protección internacional, pues incitan a la discriminación, hostilidad y, en último término, a la violencia.

Dado este incremento, el Defensor de la Ciudadanía y la APDHA se mostraron preocupados tras el último caso acontecido en Granada, hacia una mujer de origen boliviano, que fue agredida en plena calle tras sufrir durante dos años acoso y amenazas continuadas por su origen.

En este caso concreto, la mujer ha presentado recientemente una denuncia ante la Policía Nacional tras ser agredida en la calle y requerir de asistencia médica. Las continuas amenazas que sufría por su origen la llevaron incluso a abandonar dos trabajos por miedo a encontrarse en la vía pública con el agresor, que ha sido detenido.

Tal es la dinámica negativa de Granada en este aspecto que el Defensor de la Ciudadanía ha expresado que “al ritmo que vamos, ya casi estamos adelantando a 2017” en cuanto al número de casos que han tenido lugar, aunque recuerda que “no se denuncian todos por miedo”.

Durante el año 2016, se registraron cuatro casos de delitos de odio por ideología en Granada, de los cuales todos fueron esclarecidos aunque no se realizó ninguna detención por ello, según refleja el informe del Ministerio de Interior. Con este número de delitos, Granada se encontraba dentro de cifras normales durante este año, pero en 2017 dio el comienzo de una preocupante evolución.

Fue en 2017 cuando Granada se convirtió en la provincia de España con un mayor número de casos de delitos de odio, registrando un total de 11, casi tres veces más que en el año anterior. Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Aunque el Defensor de la Ciudadanía destaca que “2018 no ha acabado todavía” y, por lo tanto, no se puede realizar un recuento aún, sí que indica que “ya casi estamos adelantando a 2017”, y reconoce que son cifras preocupantes.

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) define los “delitos de odio” como toda infracción penal, incluidas las cometidas contra las personas o la propiedad, donde el bien jurídico protegido, se elige por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo. Un grupo se basa en una característica común de sus miembros, como su “raza”, real o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, u otro factor similar”.

No todos los casos de delitos de odio son denunciados, tal y como destaca el Defensor de la Ciudadanía, principalmente por miedo a las represalias. Para evitarlo y que las víctimas se sientan libres a la hora de dar el paso, “hay un protocolo especial de seguridad de la Policía”.

Este protocolo consiste, según cuenta el Defensor de la Ciudadanía, en que “cuando se denuncia un caso, la Policía pone a la víctima en contacto con algún organismo dedicado para que reciba apoyo, se le da un asesoramiento, apoyo psicológico, se le busca un abogado de oficio etc.”, proporcionándole las herramientas para recuperarse, así como una protección necesaria.

(Fuente: Granada Digital)

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