Catalunya: Mantienen en prisión a Tamara Carrasco (CDR) y retiran las acusaciones de rebelión y sedición a cargos del Gobern

Tamara Carrasco, detenida por pertenecer a un CDR, a quien acusan de instigar la movilización del 3 de diciembre con la apertura de los peajes y otros cortes de carreteras y comunicaciones, tendrá que seguir sin poder salir de Viladecans.

El juez así lo ha decidido, a pesar de la demanda de la defensa de levantar la medida cautelar. Y alega que los CDR todavía están actuando y realizando acciones. El juez basa su resolución en un informe emitido por la fiscalía, que aduce los mismos argumentos.

El abogado de Carrasco, Benet Salellas, ha lamentado este lunes que la privación de libertad de movimientos “no tiene ninguna base jurídica” y ha instado al juez a concretar qué delitos atribuye al activista, los cuales no están definidos seis meses después de su detención.

Tamara Carrasco, de 34 años, fue detenida el pasado 9 de abril en el marco de la operación Cadera acusada de liderar a los CDR y a instancias del Ministerio Fiscal. Durante el registro en su casa en Viladecans, los agentes requisaron las notas de cómo llegar al cuartel de la Guardia Civil en Barcelona.

Le atribuyen un audio que, según fuentes policiales, circuló por Semana Santa por redes sociales llamando al sabotaje. En el mensaje de WhatsApp informaba de lo que se estaba pensando hacer de cara a la operación retorno como acciones de protesta. Pero la gran mayoría de las que se explicaban no llegaron a realizarse.

Por todo lo anterior la acusaron de terrorismo, por eso su caso lo lleva la Audiencia Nacional, aunque este delito decayó y ahora mismo no existe concreción de los delitos por los cuales está investigada.

Lluís Salvadó (a la izquierda) y Josep Maria Jové (a la derecha)

Retiran las acusaciones de rebelión y sedición a los cargos de confianza del Gobern

El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha decidido retirar las acusaciones de rebelión y sedición para los cargos de confianza del Gobierno que mantiene bajo investigación desde hace más de un año, según han informado El Nacional fuentes judiciales.

El juez dice que no es competente para investigar estos delitos después de haber sido más de un año investigando la rebelión y la sedición y proporcionando todos los informes de la Guardia Civil tanto a la Audiencia Nacional como al Tribunal Supremo.

Juan Antonio Ramírez Sunyer admite que no puede investigar la rebelión y sedición en un escrito en respuesta a uno de los abogados. De hecho llega a justificar que él ya dio parte en el Supremo que tenía aforados investigados por rebelión pero que el Tribunal Supremo desestimó asumirlos en la causa del proceso. Es el caso de Josep Mª Jové.

De hecho Ramírez Sunyer llega a admitir que no hay indicios de estas delitos entre los suyos investigados, a la vez que explica que no ha dejado de investigar la rebelión y sedición. Un despropósito judicial que ha enojado a las defensas.

En la práctica la resolución afecta al proceso de los altos cargos que se detuvieron el 20 de septiembre y los investigados a partir de las declaraciones del ex juez y ex senador de ERC Santi Vidal sobre la hacienda catalana y los datos que supuestamente se estaban utilizando de los catalanes. Son: Josep Mª Jové, Lluís Salvador, Josué Sallent, Xavier Puig, Josep Maria Salvat, Jordi Graells, Jordi Puigneró, David Franco, Pau Furriol, David Palanca, Juan Manuel Gómez, Joan Ignasi Sánchez, Rosa Maria Rodríguez, Mercè Martínez, Pep Masoliver iSanti Vidal.

Desde el principio los abogados han denunciado que el caso de que se estaba investigando en el juzgado de instrucción 13 era una causa general contra el independentismo que pretendía para el referéndum del 1 de octubre y criminalizar todos aquellos que estaban formando parte de su organización.

Desde sumario del 13 es de donde sale el informe policial sobre Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y el hipotético delito de sedición que habrían cometido los dos dirigentes de la ANC y Òmnium Cultural el 20 de septiembre durante la concentración delante de el departamento de economía.

Toda la instrucción está basada en informes de la Guardia Civil y escuchas telefónicas, algunas de ellas al por mayor, y en el material que se requisó durante los cacheos del día 20. De hecho, la principal “prueba de cargo” donde el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena basa el procesamiento de parte de los acusados es el Enfocats, el documento que sale entre la documentación requisada en el despacho de Josep Mª Jové, o la ya famosa agenda Moleskine de la mano derecha de Oriol Junqueras.

Las resoluciones que ha hecho ahora el juez de instrucción 13 son graves y no tienen ningún tipo de sentido, más por el hecho que este mismo juez mantiene imputados todos los acusados por rebelión y sedición en una investigación que empezó en febrero del 2017 y cuando en julio del 2017 hizo la imputación formado por rebelión aparte de los acusados.

Todo el 20 de septiembre está basado en estos delitos así como la prueba que sirve de base en el Tribunal Supremo contra el consellers y los miembros de la Mesa que están pendientes de juicio.

El president Carles Puigdemont ha reaccionado a la decisión del juzgado de instrucción 13 de retirar las acusaciones de rebelión y sedición para los cargos de confianza del Govern después de haber estado investigándolo durante más de un año por considerar que no es competente para hacerlo.

Puigdemont ha recordado que a lo largo de un año el juez ha estado “perjudicando la vida de personas e instituciones”, para “descubrir ahora que no son competentes”. Para el president, este es un claro ejemplo del “retroceso del Estado de derecho” que se ha denunciado repetidamente.

Los investigados por el juzgado número 13 de Barcelona

Los agentes de la policía entraron en ocho edificios de la Generalitat y detuvieron personas clave en la organización del referéndum. En total, se detuvieron 14 altos cargos del Govern. Estos son todos los investigados por malversación de fondos, revelación de secretos y desobediencia por el juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer:

Josep Maria Jové, ex secretario general de Economia y actual diputado de ERC

Carles Viver i Pi-Sunyer, jurista y director del Institut d’Estudis de l’Autogovern

Joan Manel Gómez, coordinador en el Cesicat

Jordi Cabrafiga, exjefe del gabinete de Governació y actual dirigente de JxCat

Andreu Palacín, jefe de área TIC de la Agència Tributària Catalana

Antoni Molons, exsecretario de Comunicació del Govern

Josep Lluís Salvadó, exsecretario de Hisenda, ahora diputado de ERC

Francesc Sutrias, director de Patrimoni i Hisenda

Natàlia Garriga, directora de Serveis d’Economia

Lluís Domingo Anaya, adscrito a Governació

Sergio Bellido, consejero delegado a Novoprint SA

Joaquim Nin Borreda, secretario general de Presidència

Xavier Puig, área TIC del Departament d’Exteriors

Josuè Sallent, director de estrategia del Centr de Telecomunicacions y Tecnologies de la Informació (CTTI)

Pau Furriol, abogado, tiene una nave en Bigues i Riells, donde se encontraron papeletas

Valentín Arroyo, director corporativo del CTTI

Amadeu Alfataj, responsable de la Generalitat en la UE

Jaume Clotet, director general de Comunicació del Govern

Joan Ignasi Sànchez, asesor del Departament de Governació

David Franco, área TIC adscrito al Departament de Treball

Josep Masoliver, responsable del área de informática de la Fundació PuntCAT

Juan Martín Angulo, director gerente del CTTI

Aleix Villatoro, secretario general de Afers Exteriors

Núria Llorach, presidenta de la CCMA

Santiago Vidal, exsenador de ERC y juez

Rosa Maria Rodríguez, directora general de T-Systems Ibérica

Josep Ginesta, secretario general del Departament de Treball

Eduard Vila, director de la Agència Tributària Catalana

Pau Raventós, exdirector general de Unipost

Pere Aragonès, vicepresidente del Govern

Mercedes Martínez, responsable de proyectos organizativos de Vicepresidència

Màrius Gómez, trabajador de T-Systems

Felipe Andanuche, resposanble de proyectos organizativos de Vicepresidència

Daniel Gimeno, jefe del gabinete técnico de Economia

José María Reig, trabajador del CTTI

Sergi Aymerich, administrador de Global Solutions

Albert Royo, exsecretario general del Diplocat

Montserrat Vidal, exjefe del área de procesos electorales

José Oriol González, gerente de Buzoneo Directo SL

Ricard Martí, Marc Martí Publicitat

Daniel Gimeno, jefe del gabinete técnico de Vicepresidència, Economia i Hisenda

Rosa Vidal, interventora general de la Generalitat

Antonio Jesús Vargas, trabajador del CTTI

David Palancas, informático del Departament de Treball

José Oriol González, administrador de Buzoneo Directo SL

Enric Ocaña, miembro de procesos electorales

Marta Garsaball, directora de Servicios del Departament d’Exteriors

Francesc Udina, director de Idescat

(Fuente: El Nacional.cat / Autores: Gemma Liñán y Sergi Alcazar)

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