Declaración de las prostitutas de Sevilla: Manifiesto contra la Ley de Igualdad de la Junta de Andalucía. ¡No a la Ley Mordaza andaluza!

Manifiesto contra la Ley de Igualdad de la Junta de Andalucía: ¡No a la Ley Mordaza andaluza!

Legislar por una sociedad más justa no puede ir contra los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales y la libertad de expresión.

La ley de igualdad de género de la Junta de Andalucía vulnera derechos fundamentales de las trabajadoras del sexo y de la ciudadanía. En primer término, queremos aclarar que estamos a favor de legislar en pos de la igualdad, para conformar sociedades más justas y que garanticen y salvaguarden los derechos de todas las personas. Por lo que nos parece que una ley de igualdad es pertinente y necesaria.

Sin embargo, hay aspectos de esta ley andaluza que consideramos que vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión, limitan la fluidez necesaria del debate social en torno a qué hacer en el terreno de los derechos de quienes ejercen la prostitución, y pueden conllevar un aumento de la criminalización de estas personas, así como un aumento del estigma que soportan y mayor dificultad para ejercer sus derechos ciudadanos.

Y es que el artículo 76, en su apartado g) sanciona la organización de “actos culturales, artísticos o lúdicos que por su carácter sexista o discriminatorio por razón de sexo, vulneren los derechos previstos de esta Ley o justifiquen o inciten a la prostitución o a la violencia de género”.

La sanción de actos de carácter sexista, discriminatorio y que vulneran los derechos ya está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. Lo novedoso y auténticamente problemático es que se pretendan prohibir manifestaciones públicas que justifiquen o inciten a la prostitución, pues con ello, quien legisla, tendrá capacidad para censurar cualquier discurso público que no se corresponda con su ideología, en este caso, abolicionista.

Para ejemplificar las vulneraciones de derechos fundamentales que las aprobaciones de esta ley suponen nos remitimos a un ejemplo reciente:

El 2 de junio de este año 2018 en Sevilla, y con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, se celebraron unas Jornadas bajo el título “Desmontando la prostitución: Las putas no piden permiso, piden paso”. Estas jornadas, que constituyeron toda una declaración de intenciones del colectivo de prostitutas que las organizó – el Colectivo de Prostitutas de Sevilla – fueron un importante hito para el movimiento por los derechos de los y las trabajadoras sexuales, al aunar en ellas diferentes voces que, desde muy diferentes ámbitos y con larga trayectoria, vienen defendiendo los derechos del colectivo y denunciando las consecuencias de la penalización de la prostitución en nuestro país.

Tras el anuncio de la celebración de estas jornadas, el Ayuntamiento de Sevilla emitió un comunicado en que dejó muy clara su intención de paralizarlas. Para ello, el consistorio pidió evaluación a los Servicios Jurídicos y trató de impedir el evento arguyendo que incumplía la Ordenanza Municipal para la erradicación de la prostitución vigente en la ciudad. Por suerte, y en orden a la ley, ya que la prostitución no es ilegal, y la libertad de expresión tampoco “fue resuelta desfavorable” y las jornadas pudieron celebrarse.

Si todo esto que estamos narrando sucediera estando vigente la ley de igualdad que el Gobierno de la Comunidad autónoma andaluza ha aprobado, estas jornadas podrían haberse considerado como un acto que justifica o incita a la prostitución, y, por tanto, podrían haber sido objeto de un procedimiento sancionador como infracción grave, con imposición de multa de 6.001 a 60.000 euros. Además, habría cabido la posibilidad de imposición de “sanciones accesorias”, como el cierre o suspensión de la actividad de la asociación hasta 3 años o la pérdida automática o prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la administración.

La Ley de Igualdad viene suscrita y fundamentada por un posicionamiento ideológico abolicionista sobre la prostitución. Con él se puede o no estar de acuerdo, pero imponerlo con un debate social no resuelto y sin contar con la opinión de quienes ejercen la prostitución, supone un ejercicio antidemocrático, erigiéndose la administración en ente legítimo para silenciar voces discrepantes.

La prostitución no es delito, pero sabemos que estamos en un momento en que el debate sobre el asunto será crucial para determinar el futuro de muchas trabajadoras sexuales en nuestro país. En estos momentos, las trabajadoras sexuales se encuentran organizadas y conforman asociaciones, sindicatos, secciones sindicales, dan ponencias en universidad…

Los colectivos de trabajadoras sexuales y organizaciones sociales (feministas, de derechos humanos, etc.) sabemos de la importancia que tiene trabajar por hacer visible una realidad y un discurso que ponga el acento en visibilizar los derechos vulnerados de aquellas personas a las que les afectan nuestras políticas. Nos parece fundamental alertar de los peligros de tratar de silenciar el debate, actualmente muy polarizado y que necesita ser desarrollado en condiciones de participación plena de todos los agentes implicados, con total libertad y con la presencia y protagonismo de quienes ejercen el trabajo sexual.

Denunciamos que esta ley pretende dotar a la administración pública de la Junta, declarada manifiestamente abolicionista/prohibicionista, de una capacidad sancionadora sin precedentes para amordazar las voces que aportamos experiencias, argumentos e informes que visibilizan las consecuencias nefastas que la aplicación de modelos prohibicionistas-abolicionistas tienen sobre el colectivo de trabajadoras sexuales (que ven vulnerados sus derechos fundamentales a través de la implantación de estos modelos). Su estrategia no es proponer un cambio sobre la realidad de las mujeres que ejercen, sino acallar las voces que pudieran aportar claves para enriquecer el debate sobre este asunto. Silenciadas las voces disidentes, el debate está cerrado.

Denunciamos, además, que esta ley puede revertir en una mayor criminalización hacia las trabajadoras sexuales y, lo que es consecuencia de ello, el incremento del estigma que pesa sobre ellas. Cuanto más avancemos en el reconocimiento de la capacidad de agencia, participación y negociación de las cuestiones que les afectan directamente, más nos acercaremos a una sociedad que proteja todos los derechos, de todas las mujeres, todos los días.

MANIFIESTO FUNDACIONAL DEL COLECTIVO DE PROSTITUTAS DE SEVILLA

La prostitución no es delito. Las prostitutas no somos delincuentes.

Ninguna ley prohíbe en España la compraventa de servicios sexuales entre personas adultas.

La Ley Mordaza y las ordenanzas municipales de Sevilla no sancionan la prostitución, cosa que no pueden hacer. Ambas normativas vulneran el principio de legalidad, así como derechos básicos recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, al privar al colectivo de trabajadoras sexuales de derechos fundamentales como el derecho a la libre circulación y la restricción del uso del espacio público por medio de la represión . No hay ninguna diferencia jurídica entre las prostitutas, sus clientes y el resto de los viandantes; tan sólo el criterio arbitrario de policías nacionales y municipales convertidos en una especie de policía moral.

Las prostitutas somos mujeres dignas

La Constitución se legitima a sí misma al reconocer que “la dignidad de la persona humana, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Y el Tribunal Constitucional define la dignidad como “un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”.

Las prostitutas somos mujeres dignas porque autodeterminamos de forma consciente y responsable nuestras propias vidas y pretendemos el respeto por parte del conjunto de la sociedad. Quienes intentan convertirnos en niñas menores de edad necesitadas de tutela están atentando directamente contra nuestra dignidad, están intentando privarnos de nuestra capacidad de decisión, están intentando, en suma, arrebatarnos nuestra libertad.

Las prostitutas reivindicamos la totalidad de nuestros derechos sexuales como mujeres

Las prostitutas no consideramos el trabajo sexual como algo indigno ni las relaciones sexuales consensuadas entre adultos fuera del matrimonio como una lacra que debe ser erradicada. Esa es nuestra convicción, para la que exigimos el mismo respeto que tenemos nosotras hacia quienes piensen lo contrario. Reivindicamos nuestro derecho a vivir y hacer con nuestro sexo y sexualidad lo que decidamos, sin injerencias morales.

Las prostitutas somos trabajadoras sexuales

Trabajo sexual es trabajo. En España no está prohibida la prostitución; sólo nos niegan los derechos a las prostitutas. Bajo esta segunda situación, las trabajadoras sexuales nos vemos sometidas a una situación laboral carente de todo derecho. Sin embargo la hipocresía de esta sociedad suma el fruto de nuestro trabajo al Producto Interior Bruto al tiempo que nos niegan derechos laborales para “defender nuestra dignidad”.

La prostitución no es trata ni violencia de género

No se puede igualar a las víctimas de un delito como es el de la trata de personas con las mujeres que ejercen la prostitución libremente y por decisión propia. Haciendo esto solo se consigue simplificar una realidad que es mucho más compleja, contribuir al desconocimiento de esta realidad y discriminar y dañar a las personas que ejercen la prostitución vulnerando sus derechos.

La penalización de la prostitución llevada a cabo al margen del Parlamento por el Ayuntamiento de Sevilla (entre otros) y por el anterior gobierno del Partido Popular con su Ley Mordaza, sólo sirve para aumentar la marginación y debilidad social de las prostitutas, dejándonos así casi absolutamente indefensas ante las mafias de la trata de personas y amenazando con convertirnos en lo que las abolicionistas quieren que lleguemos a ser: víctimas necesitadas de salvadoras.

Es absurdo afirmar que se penaliza a los clientes y no a las prostitutas. Es absurdo decir que en un negocio se penaliza la compra, pero no la venta. Quienes en definitiva son penalizadas somos las prostitutas, que vemos peligrar nuestra supervivencia económica. Esa es la auténtica violencia contra la mujer que sufrimos las prostitutas: la violencia abolicionista.

Las prostitutas no pedimos ayudas para salir de la prostitución: exigimos la abolición de la pobreza

Ninguna mujer nace para ser pobre. La pobreza es degradante y coercitiva. Una sociedad que acepta la pobreza o considera que la pobreza es inevitable no respeta a las mujeres. La pobreza es una forma de violencia, una violencia que afecta de forma desproporcionada a las marginadas. La pobreza no puede ser considerada un lugar seguro.

En consecuencia, las prostitutas de Sevilla:

Exigimos:

—Derogación inmediata de la Ley Mordaza y de las ordenanzas antiprostitutas del Ayuntamiento de Sevilla.

—Reconocimiento por el Estado de la naturaleza laboral del trabajo sexual y aplicación inmediata del Estatuto de los Trabajadores y otras normas que garantizan los derechos de las trabajadoras.

—Cese de la campaña de odio contra las prostitutas del Ayuntamiento de Sevilla y asignación inmediata de los fondos destinados a esa campaña a la lucha contra la pobreza entre las mujeres de la ciudad de Sevilla.

 

¡LAS PROSTITUTAS HEMOS EMPEZADO A HABLAR Y YA NO VAMOS A CALLAR!

¡YA NO VOLVERÉIS A AVERGONZARNOS CON VUESTRAS INFAMES CAMPAÑAS!

 

En Sevilla, a 8 de diciembre de 2017

Colectivo de Prostitutas de Sevilla

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